Santa Cruz de la Sierra
15 Septiembre 2014

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró la inconstitucionalidad de varios requisitos que se exigen a los postulantes a la Universidad Policial (UNIPOL), según nota de prensa de la Defensoría del Pueblo.

Los requisitos que ahora son inconstitucionales son los referidos a la exigencia de una estatura mínima, 1,70 metros para varones y 1,60 para mujeres; la soltería, que no estén casados o casadas ni tengan descendencia; que no tengan tatuajes, marcas o señales visibles en sus cuerpos; y que los postulantes no tengan antecedentes policiales ni sus progenitores.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien fue notificado de esta sentencia el pasado 5 de septiembre, expresó su satisfacción por este fallo y agradeció a los miembros del Tribunal Constitucional.

“Creemos que el fallo del alto Tribunal no es en contra de la Policía, sino a favor de los y las jóvenes bolivianos, especialmente de quienes optan, con todo derecho, a seguir estudios en los institutos de formación policial y esto les era impedido por situaciones inherentes a su condición, decisión o autoidentificación y constituían a nuestro criterio, vulneraciones a sus derechos humanos”, señaló.

En cuanto a los argumentos de la decisión del TCP, Villena explicó que en el caso de la estatura mínima exigida, no se tomaba en cuenta que el promedio de estatura en Bolivia oscila entre 1,60 metros para varones y 1,45 para mujeres y, por lo tanto aplicaba privilegios para un grupo reducido en relación a otro mayoritario, afectando especialmente a los y las postulantes provenientes de pueblos indígena originario campesinos de regiones donde la altura promedio es mayoritariamente menor.

En relación al requisito sobre ser soltera o soltero y no tener descendencia, el TCP considera que la exigencia no es adecuada ni necesaria para cumplir la misión constitucional asignada a la institución policial, puesto que las funciones pueden ser cumplidas por las personas con independencia de su estado civil y descendencia, al no menoscabar sus capacidades físicas, psicológicas y éticas.

Asimismo esta prohibición era lesiva a los derechos de las familias, a la educación y al libre desarrollo de la personalidad ya que “en vez de proteger a la familia, consideran a ésta como un obstáculo para lograr la formación profesional y, en vez de garantizar las condiciones sociales y económicas que, en el futuro, podrán coadyuvar al desarrollo integral de la misma, las limita”, señala la sentencia.

En relación a la presencia de tatuajes, marcas o señales adquiridas en lugares visibles, lo que se prohibía en los reglamentos policiales, el Tribunal consideró que esta prohibición lesiona el derecho al libre desarrollo de la personalidad. “La determinación se basaba en un prejuicio social vinculado a que sólo quienes ejercen actividades delictuales podrían tener tatuajes, señas o marcas”, indicó.

En cuanto a los antecedentes penales de los padres, se declara la inconstitucionalidad de dicho requisito en razón a que éste es contrario a las garantías del debido proceso pues extiende una sanción a terceros, sin considerar que la responsabilidad penal es personal, que no corresponde la medida los fines perseguidos y que la misma viola la presunción de inocencia.

Sobre la exigencia de presentar "antecedentes policiales" del postulante, el TCP ha considerado que afecta a la garantía a la presunción de inocencia toda vez que los antecedentes policiales no constituyen una prueba de la efectiva participación, responsabilidad y culpabilidad de la o el postulante en actividades delictivas. 

Aunque, también en este punto el Tribunal ha considerado que si bien los antecedentes policiales no deben constituirse en una causal de inhabilitación del postulante, estos pueden ser analizados y ponderados de manera integral de acuerdo a las circunstancias, la gravedad, la reiteración, etc., al momento de su incorporación.

Redacción Leo.bo

Fuente: Erbol

09 Septiembre 2014

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, anunció que ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) planteará la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) y códigos militares que permiten la violencia y la vulneración de derechos humanos.

Villena recordó la impunidad por las muertes de soldados en recintos militares y el amedrentamiento contra los suboficiales que se movilizaron por mejores condiciones de vida e indicó que “ante la evidencia de que estas acciones se cometen al amparo de una norma anacrónica y de naturaleza colonialista, he dispuesto que se realice un análisis jurídico de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, de los Código Penal Militar y del Procedimiento Penal Militar para plantear, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, la inconstitucionalidad de aquellos aspectos que permiten y viabilizan las acciones de violencia y vulneración de derechos”.

La LOFA fue actualizada hace 22 años, mientras que los Códigos Penal  y de Procedimiento Penal Militar fueron aprobados, mediante decreto, en 1976. 

Los tribunales militares utilizan estas normas militares para justificar sus acciones. Por ejemplo, se niegan a soltar a los suboficiales detenidos porque, según el Código Penal Militar, no existe la figura de libertad provisional para los acusados de delitos contra la seguridad del Estado, figura que también se desprende de la misma norma.
  
Silencio de autoridades

El Defensor reveló que ha solicitado reuniones al Comandante de las Fuerzas Armadas y al Presidente de la Asamblea Legislativa (Vicepresidente del Estado) para viabilizar un cambio en la entidad castrense, sin embargo enfrentó “una negativa sistemática, cuando no a un silencio incomprensible, que ha impedido cualquier acción para enfrentar estos temas de manera adecuada y efectiva”.
 
De acuerdo a los datos recogido por la Defensoría del Pueblo, existe un incremento en las denuncias recibidas que señalan como responsables de vulneración de derechos a miembros de las FFAA. El año pasado se registraron 119 quejas, de las cuales 14 corresponden a la figura de tortura y/o tratos crueles e inhumanos.

“Pese a las constantes demandas y reclamos, pareciera que la institución castrense no ha tomado ninguna acción para prevenir la reiteración de estas conductas  y la prevalencia de un sistema de formación que privilegia la violencia y desestima la necesidad de orientar las acciones en base al respeto a los derechos humanos”, agregó Villena.

No obstante, durante el conflicto por la descolonización de las FFAA, el Comando dispuso que mesas de trabajo dialoguen sobre los cambios en la LOFA, sin embargo aún no se conocen resultados de esta tarea.

Redacción Leo.bo

Fuente: Erbol

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