Santa Cruz de la Sierra

La reforma más importante de la justicia debe ser la garantía de su independencia, dicen expertos

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Expertos en la administración de justicia coincidieron que la injerencia política y la corrupción son la “madre de todos los vicios”, para la descomposición judicial. Advirtieron que si el Gobierno no dota de “independencia” al Órgano Judicial no sufrirá ninguna transformación, pese a la cumbre de justicia prevista para el mes de junio.

Dos exmagistrados del Tribunal Constitucional, Marco Baldivieso y Silvia Salame, y el exministro de Justicia, Carlos Alarcón, hicieron un análisis sobre el estado de situación de la justicia, los desafíos y la efectividad de la Cumbre Judicial.

La administración de justicia está en crisis desde el Estado republicano, se trata de una crisis estructural relacionada con la injerencia política y la creciente corrupción y que genera  consecuencias como la retardación de justicia, la aplicación correcta de la legislación. Pero también al deficiente presupuesto y a una excesiva tendencia de penalización de los casos.

“El gran problema es la falta de independencia con  relación al poder político y esta es la madre de todos los vicios, porque el poder político o el Gobierno instrumentaliza la justicia con fines políticos”, afirma el exministro de Justicia, Carlos Alarcón.

Baldivieso recuerda que la potestad de impartir justicia se sustenta en los “principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica…” según la Constitución Política del Estado, pero que en la actualidad la justicia está lejos de cumplir estos postulados.

Ambos abogados creen que la “descomposición” empezó cuando la Asamblea Legislativa preseleccionó a las autoridades judiciales con criterios políticos y no meritocráticos. Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura fueron electos con bajos porcentajes, entre 15% y 26% de los electores.

La legitimidad deteriorada de las máximas autoridades judiciales “agravó exponencialmente” el sistema de justicia, dice Alarcón, quien compara este estado con un “tumor cancerígeno metastásico”.

Corrupción y carrera judicial

Baldivieso insiste que la otra arista del conflicto es la “corrupción generalizada”, que se pone de manifiesto en casos como la red de extorsión (2012), el consorcio de abogados y las denuncias permanentes de litigantes contra fiscales y jueces vinculados a ilícitos.

La exmagistrada del TC, Silvia Salame, comenta que una de las causas de esta debilidad es la ausencia de una carrera judicial, que contribuya en la formación de jueces probos, honestos y comprometidos con el espíritu de la administración de justicia.

Ya que los jueces que no son altamente calificados son también más proclives a la dádiva o a permitir influencias del poder político, lo que genera este círculo de la corrupción. Aunque para Alarcón también se trata de mejorar sus condiciones salariales por su alta calificación profesional.

“Para que siga un juez que sea independiente y sea probo debe ser un juez de carrera”, sostiene la exmagistrada, quien no cree que este tema vaya a superarse cambiando la modalidad de elección de los magistrados, sino en la voluntad política para encarar una reforma judicial.

Alarcón y Baldivieso colocan en la discusión la legitimidad de los actores que pretenden impulsar las reformas, refiriéndose al Gobierno, a las organizaciones sociales afines al MAS y a los administradores de justicia a quienes atribuyen el estado “calamitoso” de la justicia.

Descalifica a las organizaciones sociales porque están vinculadas al Fondo Indígena, donde se cometió la mayor corrupción de los últimos años; al Gobierno porque busca un tipo de justicia como “instrumento político” de persecución y de criminalización de la política; y a los jueces porque también están vinculados a la corrupción. 

“Si se construye un sistema verdaderamente independiente para ello se requieren jueces independientes, pero bien remunerados altamente capacitados, los mejores juristas del país. Ese es el tipo de sistema independiente”, afirma el exministro Alarcón.

Lamenta que en la cumbre de justicia no se plantee un debate serio sobre la “independencia” judicial, sino sobre temas “funcionales” que hacen a la falta de un presupuesto o la carga procesal, cuando estos no son el eje de la crisis.

Presupuesto

Actualmente, el Estado otorga al Órgano Judicial un presupuesto de 0,56% del Presupuesto General del Estado que equivale a poco más de 825 millones de bolivianos. Los recursos se distribuyen entre el Tribunal Supremo de Justicia que se lleva la mayor parte, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

Mientras toda la estructura del Órgano Judicial recibe menos del 1% de PGE, el ministerio de la Presidencia recibe más de 2.836 millones de bolivianos, de los cuales, 2.100 millones son destinados a la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), de donde salen los fondos del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. En tanto, que el Ministerio de Comunicación percibe más de 367 millones de bolivianos.

Las consecuencias del escaso presupuesto que recibe el Órgano Judicial tienen que ver con la poca cantidad de jueces en los juzgados de los tribunales departamentales de justicia, quienes no pueden responder eficientemente al despacho de la carga procesal, generándose la retardación de justicia.

Salida a la crisis

Alarcón plantea cinco pilares para sacar a la justicia de la debacle y que responda al ciudadano y no al Gobierno: independiente, plural, accesible, eficiente y transparente. “Se trata de una revolución y cambio radical”, añade.

Por su parte, el abogado Baldivieso asegura que solo la “voluntad política” va a posibilitar un cambio en la justicia, aunque también dice que un Órgano Judicial independiente se va a convertir en una “piedrota en el zapato” metaforizando que será una incomodidad para el Gobierno.

Aunque existe escepticismo sobre la cumbre de justicia, la exmagistrada Salame sugiere que sea el espacio en el que se “desnude” al sistema judicial para construir un modelo de servicio a la población y no convertirlo en un espacio político que defenestre a los jueces.

Redacción: Leo.com.bo

Fuente: ANF

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