Santa Cruz de la Sierra

Resolución del TCP: Johnny Fernández puede asumir como concejal

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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una resolución en la que habilita a Johnny Fernández para ejercer el cargo de concejal en el municipio de Santa Cruz de la Sierra.
De acuerdo a la sentencia constitucional conocida en las últimas horas, se está ordenando a la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que ministre posesión a Fernández en el plazo de 48 horas, computables a partir de la notificación legal.
En los considerandos de la referida sentencia constitucional, se establece que la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, al haber rechazado la solicitud de juramento y posesión en el cargo de concejal titular, vulneró los derechos políticos de Johnny Fernándes Saucedo, concretamente su derecho a ejercer la función pública, ya que ante la solicitud formulada, sin mayor predicamento debió cumplir el mandado legal de posesión, máxime si la solicitud fue acompañada por la credencial otorgada por el Órgano Electoral Plurinacional, documento que lo habilita para ejercer las funciones de concejal municipal en Santa Cruz.
Es por ese motivo que el Tribunal Constitucional revocó toda la resolución pronunciada por la Sala Penal Segunda de Santa Cruz, que suspendió el derecho político de Johnny Fernández
Además, en las consideraciones del TCP, sostiene que las disposiciones legales constriñe a las autoridades jurisdiccionales a posesionar en el cargo a sola acreditación de haber sido electo en las urnas para el cargo de alcalde o concejal municipal, por cuanto lo contrario implica contradecir y obstaculizar la realización de la voluntad popular del titular de la soberanía.
Las disposiciones legales a las que hace referencia la sentencia constitucional son la Ley del Órgano Electoral Plurinacional y la Ley del Régimen Electoral en vigencia, donde se establecen las regulaciones para el desarrollo de los procesos electorales.
 El Órgano Electoral es responsable de otorgar las respectivas credenciales en favor de quienes resultaron electos y el Órgano Judicial solamente debe ministrar posesión, según se desprende de la sentencia, pero que fue interpretada erróneamente, quitando la potestad de quienes tienen la obligación de realizar los comicios.

 


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