Santa Cruz de la Sierra

Estafa agravada: Dueño de instituto ilegal, sin sanciones

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Jesús Cuellar Ortiz, propietario del instituto de formación superior ‘Generación 2000’ quedó sin ninguna sanción tras prestar su  declaración ante la Fiscalía Departamental por las denuncias de Estafa agravada y ejercicio ilegal de la profesión, presentadas en su contra por más de una treintena de jóvenes que pagaron y estudiaron en ese centro, sin saber que el mismo no contaba con resolución ministerial.
José Morales, uno de los abogados de las víctimas, informó que la audiencia en la que Cuéllar prestó sus declaraciones se realizó hace dos semanas y que la fiscal Consuelo Severiche exhortó al demandado a conciliar una solución con la parte afectada, pero que hasta la fecha no existió ningún tipo de acercamiento.
“Se presentó a declarar, reconoció que el instituto no tenía resolución porque había caducado el 2007, pero de todas formas fue puesto en libertad”, explicó el jurista. 
Por su parte,  la abogada,  Lilian Cartagena aseguró que se presentaron todos lo documentos que confirmaban los hechos irregulares. Acusó a la fiscal de no haber realizado una correcta valoración de las pruebas presentadas.
“Luego de que el presunto médico prestó su declaración decidieron dejarlo en libertad pese a las pruebas documentales que se presentaron, lo correcto era que lo aprehendan y lo remitan ante un juez cautelar”, sostuvo la defensora a tiempo de manifestar que como defensa, no descartan solicitar el alejamiento de la fiscal de ese caso.

ANTECEDENTES
Los afectados se presentaron ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), al iniciar este mes para sentar la denuncia por estafa agravada.
Luego de haber culminado dos años de estudios en la carrera de Prótesis Dental,  en el Instituto Superior Generación 2000, más de 30 jóvenes y señoritas se llevaron una gran decepción cuando se enteraron que el mismo no contaba con la Resolución Ministerial que aseguraba tener, dejando invalidadas las certificaciones que les otorgaron.
“Nosotros nos inscribimos para ser profesionales y nos emitieron un título que no tiene valor, que es falso, pagamos 260 bolivianos mensual durante dos años y ahora estamos frustrados porque perdimos nuestro tiempo”, dijeron algunas de las afectadas, asimismo, denunciaron amedrentamiento de parte del director del referido instituto.
Por otro lado, se denuncia a Cuéllar por ejercicio ilegal de su profesión, toda vez que firmaba como odontólogo cuando recién en octubre de 2006 obtuvo su título como tal.

 

TEXTO: mABEL PERICON
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