Santa Cruz de la Sierra
10 Diciembre 2019

Aviones y barcos de rescate de varios países buscan frenéticamente la aeronave de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) que desapareció la víspera con 38 personas a bordo cuando sobrevolaba el mar al sur de Sudamérica rumbo a la Antártida.

"Estamos haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles para poder encontrarlos a pesar de que las condiciones son extremadamente difíciles", afirmó el martes el presidente Sebastián Piñera, que debido a la emergencia suspendió un viaje que tenía previsto a Buenos Aires para asistir a la posesión de Alberto Fernández.

El avión Hércules C-130 despegó a las 16:55 (19:55 GMT) del lunes desde la base Chabunco de las FACH en Punta Arenas (3.016 km al sur de Santiago, en el extremo austral de Chile) rumbo a la base Eduardo Frei en la Antártida, y "perdió comunicación radial" a las 18:13 (21:13 GMT), según la FACH.

La aeronave fue declarada "siniestrada" tras siete horas de ocurrido el incidente. El avión tenía combustible para mantenerse en el aire hasta las 00H40 (03H40 GMT) del martes.

"Es posible un amarizaje", declaró a periodistas Eduardo Mosqueira, comandante de la IV Brigada Aérea en Punta Arenas, durante la madrugada.

En un último reporte la mañana de este martes, la FACH informó que a partir de esta jornada "se han intensificado las labores de búsqueda", con la ayuda de 13 aviones, entre ellos dos aeronaves C-130 de la Fuerzas Aérea de Uruguay y la de Argentina, dos buques mercantes y dos de la Marina de Chile.

A las labores de búsqueda se suman, además, dos aviones de la fuerza aérea de Brasil y un barco polar de la Marina de ese país, tras un ofrecimiento de ayuda del presidente Jair Bolsonaro.

"Acabo de hablar con Presidente @jairbolsonaro quien nos ofreció toda la ayuda de Brasil en las tareas de búsqueda del avión de @FACh_Chile. Con la ayuda de muchos estamos haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles en las tareas de búsqueda del avión", dijo Piñera en su cuenta de Twitter.

A bordo del C-130 Hércules viajan 38 personas -17 tripulantes de la aeronave y 21 pasajeros- de las cuales 15 eran uniformados de la FACH, tres del Ejército, dos de la empresa privada de construcción Inproser y un funcionario de la Universidad de Magallanes.

Iban a cumplir "tareas de apoyo logístico" en la base Eduardo Frei, la más grande de Chile en la Antártida, para la revisión del oleoducto flotante de abastecimiento de combustible de la base y realizar tratamiento anticorrosivo de las instalaciones.

Familiares de los ocupantes se reunían la mañana del martes en la base aérea Los Cerrillos, en Santiago, aguardando noticias de la búsqueda.

Condiciones climáticas buenas

La aeronave perdió comunicación cuando sobrevolaba el mar de Drake (o de Hoces), un paso marítimo entre el continente americano y la Antártida considerado por los navegantes como uno de los más tormentoso del planeta.

"Las condiciones meteorológicas para volar eran buenas, por eso se planificó el vuelo", dijo Francisco Torres, director de Operaciones de la FACH.  El operativo de búsqueda "a fin de rescatar a posibles sobrevivientes" se concentra dentro del radio de 60 millas de la zona en la que se perdió el contacto con la aeronave.

El avión tiene sistema ELT que indica su posición satelital, pero durante la madrugada había sido infructuoso para ayudar a localizar el avión.

El último accidente de estas características en Chile ocurrió en septiembre de 2011, cuando un avión militar con 21 personas a bordo se precipitó cerca de la isla Robinson Crusoe, en medio del océano Pacífico, a unos 700 km del continente. En la aeronave viajaba un equipo de televisión, entre ellos el famoso conductor local Felipe Camiroaga, cuya muerte fue muy sentida por los chilenos.

Ese accidente fue sujeto de investigación y la FACH formuló cargos administrativos contra 13 oficiales, entre ellos dos generales que fueron llamados a retiro, por su responsabilidad en el fatal accidente.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias        

21 Noviembre 2019

Amnistía Internacional (AI) instó este jueves a las autoridades chilenas a cesar de forma urgente la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y recomendó llevar a cabo una "reforma profunda" de la Policía, muy cuestionada por su violenta respuesta al estallido social.

 La directora para las Américas de AI, Erika Guevara, presentó en Santiago un documento con las principales conclusiones de una misión de ese organismo que lleva tres semanas en el país investigando y documentando las denuncias de abusos policiales y violaciones a los derechos humanos.

Desde que el 18 de octubre se intensificaron las protestas, AI constató casos de uso letal de la fuerza, tortura, malos tratos y lesiones graves, por lo que recomendó al Gobierno de Sebastián Piñera dar "órdenes precisas" a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la "máxima restricción" en el uso de la fuerza.

 "Las autoridades deben además ser muy enfáticas en el uso excepcional de armas letales y aquellas consideradas como potencialmente letales para que nunca se usen como medio de disuasión", indicó la organización en el informe.

También subrayó que la Justicia debe investigar la "responsabilidad de mando" en las violaciones a derechos humanos y crímenes cometidos por miembros del Ejército y Carabineros, a quienes se atribuye la muerte de cinco personas durante la crisis.

 Según Guevara, la responsabilidad penal no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo, sino que es necesario sancionar a "los mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día".

AI consideró en su informe que las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado "no son hechos aislados o esporádicos", sino que responden a un patrón y muestran un "grado de coordinación" que  "conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel".

Y destacó que durante y después del estado de emergencia decretado por el Gobierno, el alto mando de Carabineros (Policía militarizada) y sus responsables políticos permitieron que sus subordinados siguieran actuando con violencia en las calles del país.

 Hasta el momento, AI ha documentado 23 casos de violaciones a los derechos humanos en ocho regiones de Chile ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre.

 Además ha obtenido evidencia del uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por su equipo de expertos en verificación digital, armas y municiones.

Uso letal de la fuerza

Amnistía Internacional ha documentado cinco muertos a manos de agentes del Estado -4 del Ejército y uno de Carabineros- durante el estado de emergencia que estuvo vigente más de una semana y que cedió a las Fuerzas Armadas la tarea de resguardar el orden público.

A través del análisis de imágenes, la entidad ha confirmado que el Ejército usó "armamento letal de forma indiscriminada" contra los manifestantes desarmados, algo que también hicieron, en menor medida, agentes de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Destaca el caso de Romario Veloz, un joven ecuatoriano de 26 años que murió después de que un militar la disparara en el cuello mientras participaba en una marcha en la ciudad de La Serena.

Tortura y malos tratos

AI ha documentado hasta ahora un caso de muerte por maltrato policial y tres de tortura, incluyendo la tortura sexual.

La Fiscalía de Chile, por su parte, ha registrado 16 denuncias por violación o abuso sexual a manos de las fuerzas de seguridad, como en el caso de Josué Maureira, que fue violado con un bastón cuando estaba detenido y fue golpeado e insultado por su orientación sexual.

Además de los casos documentados, AI verificó más de 30 piezas audiovisuales que demuestran que carabineros y militares se han ensañado contra civiles, incluidos niños y adolescentes, "de forma injustificada y sin razón aparente".

Armas que pueden ser letales

 El equipo de trabajo de AI ha registrado el uso "constante e inadecuado" de escopetas de perdigones para reprimir las manifestaciones, un tipo de armamento que causó la muerte de una persona y que el derecho internacional establece que solo debe usarse de forma excepcional.

También se ha corroborado el uso de gas lacrimógeno "en cantidades alarmantes" y de granadas de humo, que son extremadamente tóxicas y están diseñadas para ser empleadas en conflictos armados.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

19 Noviembre 2019

Más de 3.500 hectáreas fueron consumidas por las llamas y al menos ocho viviendas quedaron destruidas por varios focos de incendios que afectan la región chilena de Valparaíso (centro), que aún se mantienen activos y ante los que las autoridades acusan que hubo intencionalidad.

El incendio de mayores dimensiones es el denominado "Cuesta Llampaiquillo", que consume una superficie aproximada de 2.250 hectáreas, informó la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior de Chile (Onemi).

El segundo gran foco es el del incendio denominado "Melosilla", que consume una superficie aproximada de 1.100 hectáreas.

Para controlar ambos trabajan 20 brigadas de bomberos y 11 aeronaves de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), además de retroescavadoras y maquinaria terrestre para tratar de crear cortafuegos y que las llamas no avancen.

Por otro lado, el incendio forestal "La Planchada", que consume una superficie de 2.5 hectáreas, ha destruido cinco viviendas y ha obligado a la evaluación de personas de la zona.

Sobre este incendio, el alcalde de Valparaíso dijo que "es claramente intencional".

"Es un incendio completamente independiente, partió muy violentamente hace poquito más de una hora en muy extrañas circunstancias", explicó a la Televisión Nacional de Chile.

Se mantiene también activo el incendio "Mesana", que consume 10 hectáreas y que ha dejado tres viviendas destruidas.

Desde el sábado han sido evacuadas 500 familias, aunque algunas ya han vuelto a sus casas.

Otros tres incendios forestales en la zona consumen unas 165 hectáreas.

Cerca de Valparaíso, en Viña del Mar, el incendio forestal "Miraflores El Raulí" consume una superficie de 0,1 hectáreas y la Onemi advierte que presenta "un comportamiento extremo y amenaza inminente a viviendas".

El intendente (gobernador) de la región de Valparaíso, Jorge Martínez, dijo a la prensa que se han encontrado pruebas que inducen a pensar que los incendios han sido provocados. H

"Hay elementos de prueba están siendo periciados y esperemos que los tribunales nos digan que intencionalidad tenían estos canallas que están haciendo este daño", comentó Martínez.

La autoridad agregó que "la gente que está provocando estos incendios sabe dónde provocarlos y cómo provocarlos".

"Ha sido un día muy triste para la región de Valparaíso, sabíamos que era complejo por las condiciones climáticas, muy altas temperaturas y más viento que días anteriores", expresó.

La zona central de Chile está viviendo en 2019 la peor sequía de los últimos 60 años y seis regiones se encuentran bajo emergencia agrícola, siendo Valparaíso la más afectada y considerada "zona de catástrofe" por la ausencia de precipitaciones.

El año pasado se duplicaron las hectáreas quemadas hasta alcanzar casi las 80.000, según datos de la Conaf.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

15 Noviembre 2019

El acuerdo alcanzando esta madrugada entre las fuerzas políticas oficialistas y opositoras de Chile para abrir un proceso constituyente mediante un plebiscito aspira a lograr la paz social tras cuatro semanas de convulsión e inicia el camino hacia la construcción de un nuevo modelo de país.

Los chilenos decidirán en un plebiscito en el mes de abril de 2020 si quieren una nueva Constitución nacida en democracia que sustituya a la actual, aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Esta Constitución concedió al Estado un rol subsidiario en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización, y se ha convertido en el centro de las protestas sociales que vive el país desde el pasado 18 de octubre y que han dejado al menos 22 fallecidos.

  Con el acuerdo alcanzado, el Gobierno y la clase política esperan poder apaciguar la agitación social, que junto a masivas manifestaciones está generando fuertes disturbios, vandalismo y múltiples incendios y saqueos.

Además, sobre las fuerzas de seguridad recaen cientos de denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos y la economía corre el peligro de entrar en recesión en 2020 ante la disminución de la actividad y los daños que ha sufrido el comercio.

 "Este acuerdo es un primer paso, pero un primer paso histórico y fundamental para empezar a construir nuestro nuevo pacto social. Estamos seguros de que nos permitirá reencontrarnos y construir un mejor país, un país más justo, más inclusivo y, lo más importante, un país más unido", dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

"Convención constitucional o convención mixta"

En el plebiscito de entrada, además de elegir si quieren o no una nueva Constitución, los ciudadanos deberán pronunciarse sobre qué tipo de órgano debiera redactarla, una "convención mixta constitucional", compuesta al cincuenta por ciento por parlamentarios y por ciudadanos electos para la ocasión; o una "convención constitucional", en la que todos sus integrantes serían electos para este efecto.

El nuevo texto será redactado desde una "hoja en blanco", sin tener como base la actual Constitución, como defendía parte del oficialismo para los casos en los que no se alcance el quorum de dos tercios que se estableció para aprobar todas aquellas normas y reglamentos que se quieran introducir.

La elección de los miembros del órgano constituyente se realizará en octubre de 2020 conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal.

Este órgano tendrá un plazo de nueve meses para redactar la nueva Constitución, prorrogable una sola vez por tres meses más.

Una vez redactada la nueva Carta Magna, esta será sometida a su ratificación en otro plebiscito mediante sufragio universal obligatorio.

 "Queremos ponernos a la vanguardia de un verdadero contrato social con una Constitución cien por cien democrática", dijo el presidente del Senado, Jaime Quintana, al anunciar a los medios de comunicación el acuerdo, bautizado "Por la paz social y la nueva Constitución".

El pacto fue comunicado a las 2:24 hora local (5.24 GMT) y se logró tras dos largas jornadas de conversaciones entre las fuerzas políticas oficialistas y las opositoras, a excepción del Partido Comunista y del Federación Regionalista Verde Social, que no quisieron participar.

El camino al acuerdo

El Gobierno que preside Sebastián Piñera fue abriéndose poco a poco a la posibilidad de iniciar un proceso constituyente, hasta que el pasado domingo el ministro Blumel anunció la disposición del Ejecutivo a elaborar una nueva Carta Magna, que sería redactada por el Congreso y ratificada mediante un plebiscito.

El pacto por la nueva Ley Fundamental llegó también precedido del llamado a la unidad por la paz, por la justicia social y por la nueva Constitución que hizo Piñera el martes tras una jornada de masivas movilizaciones sociales en la que se produjeron algunos actos de extrema violencia.

La propuesta gubernamental de redactar una nueva Constitución en el Congreso chocaba con la opción preferida por la oposición y una parte de los ciudadanos, la asamblea constituyente, pero a lo largo de esta semana las partes fueron acercando sus posiciones hasta llegar a este acuerdo.

Finalmente, no se incluye la denominación de "asamblea constituyente", pero sí una opción de su misma naturaleza, en la que la Ley Fundamental es redactada por ciudadanos electos.

"Los plebiscitos legitiman estos procesos"

La académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile María Cristina Escudero dijo a Efe que "los plebiscitos de entrada en los que los ciudadanos eligen si quieren una nueva constitución y cuál es el camino para redactarla revisten de legitimidad estos procesos".

"Es un acuerdo histórico. Hacía mucho tiempo que el pueblo reclamaba un proceso constituyente, pero no había consensos entorno al mecanismo", comentó Escudero.

 "No es la solución final, pero sí es el camino", agregó.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

13 Noviembre 2019

Una "misión de urgencia" en Chile impulsada por el grupo Izquierda Unitaria (GUE/NGL) ha concluido que el país sufre "parámetros de represión similares a los ejercidos durante los tres últimos años de la dictadura de Pinochet", informó hoy el eurodiputado de Unidas Podemos Miguel Urbán.

Durante su visita al país latinoamericano Urbán redactó, junto a la también eurodiputada de Unidas Podemos Idoia Villanueva, un informe y una carta dirigida a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini.

 En esta misiva se pide a Mogherini que exija a las autoridades chilenas el fin de la represión de la protesta social y solicite información y explicaciones sobre la actuación de las fuerzas armadas y cuerpos policiales, además de pedir una manifestación pública de la "solidaridad" de la UE con el pueblo chileno.

También insta a la UE a hacer valer la cláusula de democracia del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) que mantiene con Chile, donde se contempla la suspensión del pacto si en uno de los países no se respetan los derechos humanos o no se ejerce una "buena gobernanza".

Urbán y Villanueva piden, además, que el Gobierno de Chile no presida la COP25, que se celebra este diciembre en Madrid después de que se decidiera anular su convocatoria en Santiago de Chile.

 Según Villanueva, es importante señalar que Chile "solo es un ejemplo más dentro de una tendencia global de criminalización de las protestas y persecución de defensores de los Derechos Humanos", una problemática que "se está silenciando".

 Para Urbán, este silencio se debe a que "Chile ha sido el alumno aventajado de las políticas liberales" y Europa no quiere reconocer el "agotamiento del neoliberalismo", un "modelo insostenible que genera desigualdad", en palabras del eurodiputado.

Urbán dijo, por otra parte, que peleará por que el debate que tendrá lugar este miércoles en la plenaria en la Eurocámara incluya una resolución sobre Chile.

 "La Unión Europea no puede mirar hacia otro lado", señaló Urbán, quien lamentó que el resto de grupos europarlamentarios "se nieguen a condenar la represión en Chile" y pidan un debate sin resolución.

Según los datos oficiales de las instituciones chilenas, en concreto los del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en un mes han sido detenidas 5.629 personas y se han contabilizado 2.009 heridos en los hospitales

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

21 Octubre 2019

La Fiscalía de Chile anunció hoy que hay un total de 2.151 detenidos en todo el país como consecuencia de los violentos desmanes que se registran desde el viernes pasado y que provocó la movilización del Ejército en varios puntos del territorio. Los apresados por saqueos y destrucción de bienes muebles sumaron 921 en la Región Metropolitana según informó la misma dependencia oficial. “2.151 detenidos por desmanes, a lo largo del país, son pasados hoy por la Fiscalía a control de detención”, publicó en su cuenta de Twitter la oficina judicial.

Lo hizo mientras aún se viven momentos de suma violencia y descontrol en la capital nacional, Valparaíso y otras regiones. Para intentar cubrir todos los hechos delictivos que se desarrollan por estas horas, se dispuso que 215 fiscales estén a la orden para hacer frente a las “contingencias”. Las cifras de la crisis que se desarrolla por estas horas en el país andino no terminaron allí: 67 carabineros resultaron lesionados y 819 personas presentaron cierto grado de heridas, según información oficial. Luego de 72 horas de violencia el saldo de muertos asciende a 11 personas.

Por cuarto día consecutivo, las calles de Santiago viven una renovada jornada de protesta por reclamos contra el gobierno de Sebastián Piñera, que mantiene el decreto de estado de Emergencia para hacer frente a las manifestaciones. Organizaciones estudiantiles habían lanzado la convocatoria para el mediodía en Plaza Italia, uno de los centros de reunión de la ciudad. Poco después de la hora señalada, comenzaron a aglomerarse grupos de ciudadanos y las autoridades intentaban dispersarlos con algunos incidentes y detenciones.

Las cadenas locales mostraron cómo vehículos policiales antidisturbios buscaban mantener a raya a los manifestantes, luego de dos noches con toque de queda en Santiago, Concepción y Valparaíso.

El presidente Piñera declaró el domingo que su país estaba “en guerra contra un enemigo poderoso”, luego de habilitar la intervención militar para controlar las protestas, que han dejado al menos 10 muertos y millonarios daños en el sistema del Metro. Por su parte, la ex mandataria chilena Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió a los manifestantes que salgan a las calles “de forma pacífica” y a las autoridades que “se aseguren" de que el derecho a la libertad de expresión sea “respetado”.

Por su parte, el ministro del Interior Andrés Chadwick confirmó desde La Moneda que hubo 110 saqueos a supermercados y 13 incendios a distintos edificios.

Además, manifestó que dos de las personas fallecidas ayer murieron calcinadas producto de un incendio en una tienda que minutos antes había sido saqueada por vándalos. Y recalcó: “Estamos en una situación extraordinariamente especial donde se tiene que resguardar el orden público. La guerra la están haciendo a través de la violencia los grupos vandálicos", condenó Chadwick.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

21 Octubre 2019

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, exhortó este lunes al diálogo en Chile, donde las protestas del fin de semana dejaron ya 11 muertos, y pidió a los manifestantes que salgan a la calle "de forma pacífica".

"Exhorto al gobierno a que trabaje con todos los sectores de la sociedad hacia soluciones que contribuyan a calmar la situación", dijo Bachelet, que es chilena, en un comunicado.

Las protestas en Chile estallaron el viernes, cuando se anunció una alza en el precio del pasaje del metro, pero muy rápidamente las manifestaciones derivaron en un furioso estallido social que denuncia la desigualdad social, las bajas pensiones o el alto precio de los servicios básicos, entre otros.

Bachelet pidió a los manifestantes que salgan a las calles "de forma pacífica" y a las autoridades que se "aseguren" de que el derecho a la libertad de expresión sea "respetado".

La responsable admitió que hay "acusaciones inquietantes del uso excesivo de la fuerza" por parte de las fuerzas del orden y pidió que todos los actos que han derivado en heridos y muertos sean objeto de "investigaciones independientes, imparciales y transparentes".

"También estoy alarmada por las denuncias de que a algunos detenidos se les habría denegado acceso a abogados, tal y como es su derecho, y que otros han sido maltratados en detención", citó, pidiendo a las autoridades a que actúen respetando "los estándares internacionales de derechos humanos".

El presidente chileno, Sebastián Piñera, declaró el domingo que su país estaba "en guerra". El estado de emergencia está en vigor en buena parte del país y en las últimas dos noches ha imperado un toque de queda.

"Cualquier aplicación del estado de emergencia debe ser excepcional y en base a la ley", opinó Bachelet.

En lo que parece ser una clara alusión a Piñera y las medidas decretadas por su gobierno, la Alta Comisionada consideró además que "el uso de una retórica inflamatoria solo servirá para agravar aún más la situación y se corre el riesgo de generar miedo en la población".

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

               

15 Octubre 2019

La selección de Chile jugó como local en el estadio José Rico Pérez de Alicante, España, contra su similar de Guinea ante sólo cien espectadores, la gran mayoría de nacionalidad chilena, en un encuentro amistoso de preparación para las eliminatorias mundialistas.

El contexto en el que se disputa el partido contrasta con el vivido hace apenas tres días, cuando Chile se enfrentó en este mismo escenario a Colombia ante 20 mil espectadores.

Sin embargo el centenar de aficionados chilenos se ha hecho notar con gritos de ánimo a sus jugadores, a los que se ha podido escuchar perfectamente comentar las acciones durante el partido ante la ausencia de ruido ambiental.

A pesar de la simbólica presencia de espectadores, el encuentro comenzó respetando el protocolo de la FIFA, con árbitros internacionales y la interpretación de los himnos.

El recinto alicantino, con capacidad para 29 mil espectadores, solo ha permanecido abierto a público chileno que disponía de invitación.

Al final encuentro terminó 3-2 a favor de los sudamericanos con goles de Jean Meneses, Felipe Mora y Arturo Vidal.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

 

 

 

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