Santa Cruz de la Sierra
08 Marzo 2019

La justicia en Santa Cruz determinó la detención domiciliaria del ex presidente de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz  (COTAS), Iván Nicolás Uribe por el robo millonario a la telefónica cruceña.

Otto Richter, abogado del sindicado reitero la inocencia de su defendido y acuso a uno de los ex funcionarios de COTAS que guarda detención preventiva en la cárcel de Palmasola de tratar de involucrar  a Uribe solo para justificar el ilícito.

El Ministerio Publico  investiga el robo en cotas de más de 7,75 millones de dólares. A la fecha al menos 4 ex funcionarios de la cooperativa  tienen detención preventiva en el penal de Palmasola

Uribe deberá pagar una fianza de 300 mil bolivianos.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: Radiofides

01 Marzo 2019

El Ministerio Público en acción coordinada con la Policía aprehendió el viernes a Huber G. A., Richard Willians A. Ch., Jesús Heberto J. A., Javier V. M., implicados en el caso Cotas R.L.

La información fue proporcionada por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma, quien señaló que una vez que tomó conocimiento del caso se conformó una comisión de fiscales que actuaron de forma inmediata.

De acuerdo a la información, el 16 de febrero del presente año se recibió la denuncia por los presunto delitos de Estafa, Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado, dentro de la promoción “Cotas en cuotas” de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz R.L. Cotas.

En fecha 21 de febrero la denuncia fue ratificada, indicando que no se cumplió con ninguno de los objetivos de la promoción “Cotas en Cuotas”, asimismo dentro de este programa existen varias irregularidades que afectan de forma directa al patrimonio de los socios de esa cooperativa.

Salguero manifestó que la comisión de fiscales está encabezada por la fiscal Fanny Alfaro Vaquila, con el objetivo de llegar a la verdad material e histórica de los hechos y dar la sanción correspondiente ya que no se tolerará hechos de corrupción de ninguna índole.

A su turno la fiscal Alfaro señaló que el día de ayer se tomó las declaraciones a los ciudadanos Huber G. A., Richard Willians A. Ch., Jesús Heberto J. A., Javier V. M., la misma que duró más de 5 horas y se aplicó la aprehensión de los sindicados bajo el artículo 226 del código de procedimiento penal.

“El Ministerio Público presentará en la próximas horas la imputación formal por la presunta comisión de los delitos de Estafa Agravada con Víctimas Múltiples”, manifestó Mirael Salguero.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: Agencias

 

22 Febrero 2019

La Fiscalía citará a 351 postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol) para que declaren en el caso de los cobros que se hicieron por los exámenes de ingreso, informó hoy el jefe de la División Especial de Lucha Contra la Corrupción, Miguel Ocampo.

"Hemos recibido 351 notificaciones para que los postulantes se hagan presente en la Felcc y presten su declaración en el marco de la investigación por delitos de corrupción", dijo a los periodistas.

Ocampo indicó que la comisión de fiscales que lleva adelante la investigación tomará la declaración a aquellos postulantes que fueron observados, labor que se cumplirá a partir de la próxima semana, pero también al grupo que no recibió cuestionamientos.

Señaló que se prevé recibir las declaraciones en al menos tres semanas, ya que muchos de los postulantes no viven en La Paz sino proceden de distritos del interior del país.

"Según el último cómputo hay 307 carpetas de postulantes observados a través del estudio pericial y el resto no tiene observaciones, pero las notificaciones son para todos", indicó.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: ABI

 

20 Febrero 2019

El fiscal departamental de La Paz, Williams Alave, informó el miércoles que ayer en la ciudad de Santa Cruz se aprehendió a dos personas que son investigadas por el caso Lava Jato-Odebrecht, para quienes solicitó la detención preventiva.

“En Santa Cruz se aprehendieron a Luis L.P. y Roberto S.R., quienes fueron trasladados a la ciudad de La Paz, donde se los investiga por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado”, dijo a los periodistas.

Alave explicó que ambas personas están implicadas en la firma irregular del contrato con empresa de Brasil para construir el tramo ‘El Carmen Rivero Torres-Arroyo de Concepción’, entre Santa Cruz y Puerto Suárez.

Indicó que el exgerente de construcciones del Servicio Nacional de Caminos y el otro detenido después de prestar sus declaraciones fueron conducidos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: Radiofides

12 Febrero 2019

A diecinueve días de concluir su mandato que ejerció durante 11 años continuos y para no perder su fuero sindical, el secretario general de los trabajadores de YPFB-Aviación Marcos Melgarejo, busca prorrogarse en el cargo en un acto de aclamación, pese a estar enjuiciado penalmente por uso indebido de bienes del Estado y enfrentar una demanda de desafuero solicitado por la empresa estatal, denunció este martes el diputado opositor Tomás Monasterio (UD).

Dijo que la aclamación fue programada para este viernes en Santa Cruz, bajo la anuencia del secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Petroleros de Bolivia, José Domingo Vásquez, y del líder de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, Rolando Borda Padilla.

Sostuvo que Melgarejo cumple el próximo 3 de marzo, 11 años de dirigente sindical sin rendir cuentas ni llamar a elecciones internas, porque ya antes optó por el mecanismo de “asambleas amañadas para una supuesta aclamación de sus bases, que ahora piden ir a las urnas y elegir democráticamente a sus representantes”.

Lamentó que ambos dirigentes asuman una línea de encubrimiento a la corrupción sindical porque Melgarejo enfrenta un juicio penal por haber utilizado a fines de enero de 2018, una movilidad de YPFB-Aviación para transportarse a un motel en la ciudad de Santa Cruz.

Monasterio sostuvo que la justicia es también cómplice de proteger la corrupción, porque hace un año que no resuelve los delitos imputados por la Fiscalía a solicitud de YPFB. Melgarejo recibió la orden de detención domiciliaria que fue apelada por el afectado bajo el argumento que YPFB-Aviación es una sociedad anónima privada.

La justicia falló en primera instancia en favor del dirigente y puso al descubierto que YPFB-Aviación no fue nacionalizada, por tanto, no se puede aplicar la Ley 004 de Lucha Anticorrupción, porque no es funcionario público, recordó Monasterio. 

Advirtió que Melgarejo sólo busca protegerse con el fuero sindical para no ser despedido sin goce de beneficios sociales y lamentó que “Borda y Domínguez favorezcan a un dirigente que practica el abuso sindical y alardee tener influencia política en su calidad de militante del MAS para mostrarse inmune ante sus bases y ante la justicia”.

En criterio del diputado tanto el juicio penal instaurado por YPFB como la apelación de Melgarejo para evitar su desafuero, tiene “amarrado de pies y manos” al gobierno, porque si en la etapa de apelación la justicia falla a favor al dirigente estará probado que no hubo nacionalización. Pero si falla a favor de YPFB, el dirigente estará con un pie en la cárcel y “eso quieren evitar”, acotó.

Monasterio anunció que en las próximas horas visitará a la Fiscalía y el despacho judicial en Santa Cruz para hacer seguimiento al proceso.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

11 Febrero 2019

El diputado del Movimiento al Socialismo  (MAS) y representante de los choferes, Franklin Durán, fue expulsado de su gremio por cuestionar el traspaso de recursos de Vías Bolivia a cuentas personales de la dirigencia de los choferes.

Durán remarcó que los recursos de instituciones deben ir a las cuentas institucionales de la Federación de Choferes, y no a las cuentas personales de los dirigentes, y que en este caso se ha vulnerado la ley.

Sobre su expulsión determinada el viernes en un ampliado de los choferes, indicó que pedirá conocer los motivos de esa decisión.

"Estoy pidiendo a través de mis abogados una copia legalizada del acta de la asamblea (de choferes) del viernes, quiero saber por qué se me ha expulsado, el hecho de que yo pida un informe a través de mi facultad de diputado, no quiere decir que esté traicionando al gremio", apuntó Durán.

El pasado martes, el diputado Wilson Santamaría mostró un informe de Vías Bolivia sobre un acuerdo suscrito con los choferes para retener 20 centavos de boliviano adicionales a la tasa de rodaje para atención médica para los transportistas de la urbe alteña. La tasa de peaje es de 1,80 bolivianos, de los cuales 1,60 bolivianos son para Vías Bolivia y 20 centavos para un  Fondo Prosalud del sector.

Los recursos depositados por Vías Bolivia por un monto de 11,9 millones de bolivianos, en 10 años, fueron a cuentas particulares de los dirigentes del sector como Rubén Sánchez, Mario Silva, Fortunato Sirpa, José Antonio Choque e Ismael Fernández.

Para Durán, el hecho de que los dirigentes tengan ese dinero en cuentas personales, implica que jurídicamente es una "apropiación indebida de recursos".

 Redacción: Leo.com                       

Fuente: Noticiasfides

07 Febrero 2019

Después de que el ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, pidió que le muestren la denuncia sobre depósitos a cuentas particulares de dirigentes de los choferes, los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe remitieron a esa autoridad gubernamental las constancias de los desembolsos y un informe realizado por Vías Bolivia en que se confirma esas transacciones.

El diputado Santamaría denunció públicamente que Vías Bolivia había depositado sumas millonarias a cuentas particulares de dirigentes de la Federación Departamental de Choferes 1º de Mayo, debido a que desde 2008 ambas entidades tienen un acuerdo para transferir parte de la recaudación del peaje en la Autopista (20 centavos por cada vehículo liviano de transporte sindicalizado), para un fondo Pro-Salud. El monto de las transferencias hasta 2017 llegaba a casi 12 millones de bolivianos.

El ministro Coca, en conferencia de prensa, consideró malicioso que le pregunten del tema, y manifestó que si existe la denuncia que le muestren, porque cualquiera puede hacer acusaciones, pero se deben sustentarlas.

Ante las declaraciones del Ministro, los diputados opositores le mandaron una nota con las pruebas de los depósitos. Santamaría criticó a Coca, le dijo que no ve televisión porque los mismos choferes reconocieron los desembolsos.

“Desde que estaba en Entel (Coca) está acostumbrado a ocultar información, a no transparentar la gestión y lo que ha demostrado ayer es que ni siquiera sabe lo que funciona bajo su dependencia. A diferencia de Entel, aquí no va a ser lo que le da la gana”, afirmó el diputado.

Santamaría señaló que “para salvar un poco la ignorancia del Ministro” se le ha enviado “un legajo de alrededor de 40 páginas donde están todas estas constancias de depósito, una por una, señalando las fechas y los bancos”.

Indicó que el detalle de los desembolsos le fueron proporcionados por la propia Vías Bolivia, que es una entidad bajo dependencia del Ministerio de Obras.

Asimismo, adjuntó al legajo una copia del acuerdo entre Vías Bolivia y la Federación de Choferes 1º de Mayo.

El diputado señaló que no se puede depositar dinero del Estado en cuentas particulares, y recordó que por esa irregularidad dirigentes fueron encarcelados en el caso Fondo Indígena.

Advirtió que si el Ministro no le responde en 10 días, se activará una petición de informe oral y, si persiste en ocultar información, se le interpelará. Si aun así no da detalles, se le iniciará un juicio de responsabilidades.

La nota con los sustentos también se remitieron el Ministerio de Justicia y Transparencia. Además, los diputados analizan la figura legal para presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

La diputada del MAS, Mireya Montaño, dijo que no es correcto el depósito a cuentas particulares, pero considera que no es veraz la denuncia, porque a ella no le consta. Señaló que los opositores deben comprobar su acusación.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

06 Febrero 2019

La Justicia brasileña condenó hoy al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel en un segundo proceso penal por los delitos de corrupción y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

Lula (2003-2010) ya cumple condena desde el pasado abril por otro caso de corrupción, después de que la Justicia diera por comprobado que recibió un apartamento en una playa de Sao Paulo a cambio de sobornos.

En la nueva causa, la jueza federal Gabriela Hardt consideró que Lula se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 271.000 dólares) que tres empresas -Odebrecht, OAS y Schain- hicieron en una casa de campo en Atibaia, municipio en el interior del estado de Sao Paulo.

La casa está a nombre del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, que la cedió temporalmente al expresidente en 2010 para que pudiera disfrutarla con su familia.

No obstante, según la Justicia, pese a no ser el propietario de la casa de campo, Lula se benefició ilegalmente de las reformas en la misma por parte de empresas que fueron favorecidas en su Gobierno con contratos amañados con la petrolera estatal Petrobras.

Además de Lula, la jueza Hardt condenó a algunos empresarios, entre ellos al expresidente de OAS José Adelmario Pinheiro Neto (1 año y 7 meses de prisión); a Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht (3 años y 3 meses de cárcel), y a su hijo Marcelo Odebrecht (5 años y 4 meses de detención).

Se trata de la segunda sentencia en menos de dos años contra Lula, de 73 años, quien se encuentra detenido desde el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, por orden del entonces magistrado Sergio Moro.

Moro comandó en primera instancia la operación que destapó las corruptelas en Petrobras, si bien dejó el cargo a finales del año pasado para poder asumir en enero el Ministerio de Justicia en el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

El juez fue sustituido entonces por Hardt, quien interrogó a Lula el pasado noviembre sobre el caso por el que ha sido condenado este miércoles.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: EFE

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