Santa Cruz de la Sierra
15 Mayo 2018

El director ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), general Celier Aparicio Arispe Rosas, formalizó una denuncia contra el funcionario Jhery A.C.J. de la Unidad de Aeronavegabilidad de la Jefatura Regional de la DGAC en Santa Cruz por presunto hechos de corrupción.

Tras una indagación realizada por la Unidad de Transparencia de esa institución la denuncia fue realizada el pasado 9 de mayo y el 14 de mayo se procedió al allanamiento de las oficinas de dicha regional, además se secuestró documentación de la Unidad de Aeronavegabilidad de la oficina Regional, según una nota de prensa.

Tras el allanamiento, la policía y lo fiscales aprehensión del funcionario Jhery A.C.J., de quien en las siguientes horas se definirá su situación procesal.

Se presume que desde dicha unidad se otorgó “un certificado AIR de una aeronave vulnerando el procedimiento debido según la Ley 2902 de Aeronáutica Civil y Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB 21 en su Apéndice 3”.

El funcionario es acusado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y uso de instrumento falsificado.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: radiofides

25 Abril 2018

La jueza Anticorrupción de Cochabamba, Sarah Céspedes, determinó este miércoles, medidas sustitutivas para la funcionaria, Carolina Ayala, quien fungió como Responsable del Proceso de Contratación (RPC) en el proceso para la compra de más de 91.000 mochilas escolares por la Alcaldía de Cercado.

La autoridad judicial determinó también arraigo, cambio de oficina, prohibición de acceso a los documentos del proceso y una fianza de 100 mil bolivianos.

Ayala, sustituyó en el cargo al exsecretario de Finanzas, Diego Moreno, quien renunció después de la denuncia de sobreprecios en los seguros que adquirió el municipio cochabambino.

La Juez determinó las medidas sustitutivas porque la imputada acredito familia, trabajo y domicilio. Sin embargo, existe riesgo de que pueda manipular la documentación o a los testigos.

La representación del Viceministerio de Transparencia señaló que apelará la decisión de la Jueza, mientras que el representante del Ministerio Público dijo que analizarán esta decisión.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: radiofides

 

20 Abril 2018

El alcalde José María Leyes se encuentra en calidad de aprehendido tras su declaración informativa sobre el caso de la compra irregular de mochilas escolares  ante la Fiscalía Anticorrupción. La autoridad todavía no fue trasladado y permanece en dependencias del Ministerio Público.

Tras conocerse la noticia se registró hechos de violencia en puertas de  la Fiscalía. Seguidores del burgomaestre lanzaron petardos contra el edificio y efectivos de la policiales procedieron a utilizar agentes químicos para dispersar a la multitud.

 Sus seguidores permanecen en vigilia a la espera de la salida del burgomaestre. "No vamos a permitir que se consuma el golpe municipal", dijo uno de los dirigentes.

La polémica se abrió tras la denuncia de la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina, que destapó el proceso. Según las pruebas presentadas el material adquirido a la Asociación 26 de Febrero se dio con 104 días de anticipación, con un presunto sobreprecio de 10 millones de bolivianos y los logos de la Alcaldía ya estampados.

Hay tensión en la ciudad porque diversos sectores sociales, que respaldan la gestión de la autoridad edil, expresan su apoyo con movilizaciones y bloqueos.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: Lostiempos

20 Abril 2018

El Tribunal Tercero de Sentencia de Sucre determinó excluir del proceso de malversación de fondos en la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) por motivos de salud, al expresidente de la institución, Carlos Chávez, informó la presidenta de la instancia judicial, Beth Vásquez.

“Por temas de salud y una vez certificado su estado por los médicos forenses que viajaron a San Pablo, Brasil, se ha determinado excluir al señor Carlos Chávez del proceso de malversación en la FBF”, explicó Vásquez.

Después aclaró que Chávez “no se encuentra en capacidad para asistir a las audiencias del proceso que se realizan en este tribunal y por eso es excluido, pero con los otros procesados continuará el juicio y las próximos actos serán el 17 y 18 de mayo en la ciudad de Santa Cruz a pedido de los acusados”.

La Magistrada dijo que Chávez volverá a ser procesado una vez regrese del Brasil y tenga el alta médica respectiva.

Carlos Chávez está detenido desde el 17 de julio de 2015 acusado de malversación de recursos de la FBF y desde enero de 2018 se encuentra internado, para un tratamiento de cáncer, en una clínica de Brasil.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: radiofides

 

19 Abril 2018

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, manifestó hoy que el alcalde José María Leyes intenta evadir su responsabilidad judicial en el caso de las mochilas chinas  echando la culpa a un funcionario, refiriéndose al exsecretario de Atención al Cliente, José Miguel Padilla.

Pidió aclarar a la población de Cochabamba, los  procesos de licitación de mochilas escolares a la Asociación 26 de Febrero, cuando 104 días antes del contrato se tenían los logos del municipio estampados.

“Aquí lo que se debe explicar son hechos de corrupción, aquí no hay intermediación de situaciones políticas, se debe establecer cómo una empresa compra mochilas 104 días antes de su licitación. Cómo un Alcalde pretende que se defina algo tan técnico diciendo a la gente que vayan al mercado a ver si una mochila cuesta 26 bolivianos, tratando de confundir a la opinión pública”, dijo.

Esta mañana Leyes manifestó que Miguel Padilla en su solicitud de vacación presentó su renuncia, el mismo 2 de abril cuando inició el caso de las mochilas chinas.

En esa fecha la concejal del MAS Rocio Molina presentó una denuncia ante el Ministerio Público por seis delitos vinculados a la adjudicación de 92 mil mochilas chinas por 12, 4 millones de bolivianos. En ese entonces se evidenció que la empresa había comprado el lote de mochilas y estampado los logos del municipio en agosto  y noviembre del 2017.

El 15 de abril este medio mostró que una de las empresas que conformó la Asociación, MSPC SRL  también se adjudicó contratos de cemento asfáltico a la Alcaldía, desde 2015. Al respecto Montaño pidió que se investiguen estos hechos.

“Los mismos medios publicaron pruebas de que esa misma empresa se adjudicó 15 veces licitaciones en provisión de asfalto y se adjudicó por tres gestiones la venta de mochilas a la Alcaldía, eso hay que investigar, hay algo que no está bien y Leyes lo sabe”.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: Agencias

 

13 Abril 2018

El Ministerio Público de Oruro decidió el viernes imputar formalmente al alcalde Edgar Bazán Ortega por el caso de sobreprecio y otras irregularidades en la adquisición de mochilas como parte del Programa Mi Carpeta, el año 2016.

La determinación fue comunicada por el fiscal Departamental, Mario Rocha, luego de que el caso fue denunciado a nivel nacional y llegó a oídos del Ministerio de Justicia.

Con el escándalo que se armó, con otro caso similar contra el alcalde cochabambino José María Leyes, llovieron críticas para el Ministerio Público orureño, que en un principio había señalado que el alcalde Bazán no estaba involucrado.

“Ante las denuncias efectuadas, hemos revisado el cuaderno de investigaciones y se comprobó que hubo manipulación de los tres investigadores que estaban a cargo del caso. Ya hemos decidido su separación, además que en su institución: la policía, tendrán que ser sometidos a proceso disciplinario”, explicó.

“Se ha evidenciado daño económico eso es lo más grave”, enfatizó. En este caso, ya era imposible tapar el sol con un dedo.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: radiofides

12 Abril 2018

La presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, aseguró  que según la comparación entre los documentos de la Aduana y el precio de la licitación de las mochilas escolares, la Alcaldía de Cochabamba adjudicó la compra con un sobreprecio del 500 por ciento, situación que resulta "extraña”.

"Hay una ganancia del importador de 400 a 500 por ciento y eso es extraño (...) esto se tiene que someter a un proceso de investigación. No es lógico es bastante irregular", sentenció a tiempo de explicar que regularmente la ganancia oscila como máximo el 100 por ciento.

En una entrevista con Radio Patria Nueva, la titular de la Aduana aseguró que “es evidente" que los importadores ya sabían que iban a obtener  la adjudicación "si ellos perdían la licitación era perder 2,7 millones”.

Oobservó que en 2017 se produjo la misma figura. Ese año, la factura comercial de la importación de mochilas equivalía a 923.550 bolivianos. En tanto, esta gestión llegó a 2,7 millones. Los pagos en Aduana se realizaron a través del Banco Bisa y el Banco Unión.

En suma se evidenció que de las 47 importaciones que realizó la empresa 45 fueron de asfalto y solo dos de mochilas y material escolar exclusivo para la Alcaldía de Cochabamba.

Según la presidenta de la ANB el costo por cada mochila con el pago por importación y legalización a  Aduana alcanza solamente los 19.86 bolivianos  y para el nivel primario 31.70 bolivianos. Mientras que, la compra unitaria por la que se adjudicó el municipio de Cochabamba es de 140 bolivianos.

Ardaya reveló ayer que la factura comercial para las mochilas tiene como fecha 7 de noviembre de 2017 y del material escolar 16 de agosto de 2017.

Por su parte, el alcalde José María Leyes anunció el martes  que no se pagará a la Asociación Accidental 26 de Febrero los 12,4 millones de bolivianos por más de 91 mil mochilas escolares hasta que finalice la investigación. Leyes debe declarar el 20 de abril en el Ministerio Público por la denuncia presentada por la concejal Rocio Molina, quién destapó la compra de mochilas chinas.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: Agencias

05 Abril 2018

Un tribunal brasileño de segunda instancia mandó hoy un oficio en el que autorizó al juez federal Sergio Moro a decretar la prisión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel de corrupción, para que comience a purgar su pena.

Inmediatamente, Moro decretó la prisión del expresidente brasileño, relacionado con la trama destapada en la petrolera estatal Petrobras, según EFE.

De acuerdo con reportes de medios brasileños, Lula da Silva tiene plazo de entregarse hasta mañana a las 17:00, hora de Brasil, para que comience la ejecución de la pena de 12 años que le fue impuesta por corrupción.

La decisión del Tribunal Regional Federal de la 4 Región, con sede en Porto Alegre, llega menos de un día después de que la Corte Suprema negara al exmandatario un "habeas corpus" para evitar su prisión antes de agotar todas las apelaciones en instancias superiores.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: Agencias

 

Últimas Noticias

Prev Next

Dos años de Temer

Al asumir, hace dos años, Temer prometió armar un gobierno “de notables”. Lo que hoy...

Lava Jato

La corrupción pareciera de nunca acabar. Es el mal que puede corromper a toda la...

Durante al zafra forestal Estiman produc…

Durante al zafra forestal Estiman producir 1,4 MM de metros cúbicos de madera

El sector forestal se encuentra optimista por cuanto proyecta llegar a producir 1,4 millones de...