Santa Cruz de la Sierra
07 Septiembre 2018

El Gobierno, mediante el Viceministerio de Transparencia, denunció un hecho de “megacorrupción” de parte del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, y sus colaboradores, respecto al proyecto “Ciudad Segura”, en el cual se calcula un daño económico al Estado de al menos 29 millones de bolivianos.

El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, sostuvo que este hecho es “mucho más grave” que las compras de mochilas escolares, y que con esto se observa que Demócratas ha puesto en marcha en Cochabamba una red dedicada de manera de manera sistemática a la corrucpción.

La nueva denuncia es por las adquisiciones de cámaras de seguridad con sus aditamentos y torres de telecomunicaciones con enlaces de fibra óptica, que la Alcaldía realizó en el marco del proyecto “Cochabamba Ciudad Segura”.

Respecto a las cámaras de seguridad, Jiménez explicó que en ese proyecto la Alcaldía de Cochabamba, teniendo un presupuesto de 14 millones de bolivianos en 2016, contrató de manera directa en tiempo “récord” (27 días) a la empresa Huawei por 69 millones de bolivianos, en dos lotes, uno de más de 64 millones y otro que supera los 4 millones.                             

El Viceministro observó que también el pago del primer lote de 64 millones de bolivianos se hizo en tiempo “récord” el 28 de diciembre de 2016, pero no existe el acta de recepción definitiva, es decir, el documento que certifique que los equipos entregados se adecúan a las especificaciones.

Señaló que además, el Viceministerio realizó cotizaciones de varios ítems de esa contratación y logró establecer que hubo precios “inflados”, como por ejemplo el hecho que se pago 7 millones de bolivianos por 200 cámaras domo, cuando éstas se pueden conseguir a 4 millones.

Señaló que en la evaluación parcial de los precios en la compra de las cámaras y sus aditamentos, el daño económico es superior a los 22 millones de bolivianos.

Respecto a las torres de telecomunicación, el Viceministro señaló que la Alcaldía de Cochabamba contrató a la empresa Hansa por 38 millones de bolivianos, con similares irregularidades en el tiempo de contratación, habiendo pagado los adelantos el 22 de diciembre de 2016.

Indicó que en el caso de las torres el daño económico calculado es superior a los 6 millones de bolivianos, que sumados a los más de 22 millones de las cámaras, suman los 29 millones que se habría afectado al Estado por parte de la administración de Leyes.

Jiménez infirmó que este viernes se está presentando la denuncia penal por los delitos de malversación, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, en contra de José María Leyes, quien está con detención domiciliaria; Velka Krellac, que era directora de Seguridad Ciudadana; Diego Moreno, que era secretario de Finanzas; además de otros 12 funcionarios.

El Viceministro indicó que se dependerá del Ministerio Público determinar si investiga a las empresas.

Redacción: Leo.com                      

Fuente: Erbol

13 Agosto 2018

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recusó el lunes por parcialidad al juez y al fiscal argentino que llevan adelante la investigación de una amplia red de millonarios sobornos descubierta hace semanas, en un caso que involucra a importantes empresas y políticos, como la exmandataria.

La causa judicial, que estalló hace dos semanas gracias a los cuadernos con anotaciones que llevaba el chofer de uno de los involucrados, provocó ya la detención de varias personas y disparó dudas sobre la economía argentina, ya que afecta a muchas empresas de construcción involucradas en obras actuales.

A través de un escrito presentado por su abogado, Fernández -actual senadora- consideró que ni el juez Claudio Bonadio ni el fiscal Carlos Stornelli se han mostrado imparciales en la investigación hasta el momento, debido a antiguas disputas.

“Vuestra Señoría fue denunciado penalmente por mi representada el día 6 de julio de 2016”, señala el texto presentado por el abogado de Fernández, al que se puede acceder mediante la red Twitter.

“La Dra. Cristina Fernández de Kirchner requirió ante el Consejo de la Magistratura de la Nación que se iniciara un juicio político en contra de Vuestra Señoría a mérito de graves irregularidades (…) De modo que no puede continuar al frente de esta investigación”, de acuerdo con el documento.

Medios argentinos informaron que el juez evalúa pedir al Senado que le quite los fueros legislativos -que le dan inmunidad judicial- a Fernández para avanzar con la investigación y con su eventual detención por considerarla líder del esquema de corrupción.  

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: Clarin

07 Agosto 2018

El kirchnerismo vive un verdadero calvario judicial, madurado durante años en decenas de investigaciones. Un tribunal federal ha firmado hoy la primera sentencia de alta relevancia política, un disparo a la línea de flotación del movimiento que durante más de una década gobernó Argentina. Amado Boudou, exministro de Economía entre 2009 y 2011 y vicepresidente durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenado a cinco años y 10 meses de prisión por corrupción. Los jueces lo encontraron culpable en el “caso Ciccone”, un expediente que investigó el rescate poco claro de una imprenta en quiebra que obtuvo jugosos contratos para la emisión de billetes de 100 pesos. La condena a Boudou coincide con una semana negra para el kirchnerismo, acosado en los tribunales por la difusión de ocho cuadernos manuscritos con detalles de una supuesta red de cobro de sobornos a empresas dedicadas a la obra pública.

Boudou se ha convertido hoy en el más alto cargo del kirchernismo condenado en una causa por corrupción. Los jueces encontraron probado que en 2010, cuando era ministro de Economía, intercedió para que la oficina de impuestos (AFIP) levantara un pedido de quiebra contra Ciccone, la imprenta privada más importante del país, acorralada por una deuda millonaria con el fisco. A cambio, Boudou se quedó con el 70% de la empresa, según el fallo, a través del empresario Alejandro Vandenbroele, quien operó como su testaferro. En ese esquema, Vandenbroele se limitó a “acatar las órdenes” recibidas por Boudou a través de intermediarios. Tras el rescate, Ciccone consiguió el certificado fiscal que le permitió convertirse en la principal proveedora de billetes del Estado, por encima incluso de la Casa de la Moneda.

La causa Ciccone se inició en febrero de 2012 con el testimonio ante la prensa de Laura Muñoz, exesposa de Vandenbroele. La mujer dijo que su marido era un testaferro de Boudou y que la conexión entre ellos llegó a través de José María Núñez Carmona, amigo personal del exvicepresidente. Vanderbroele fue una pieza clave de la investigación porque estaba vinculado al fondo de inversión The Old Fund, que se hizo con la propiedad de Ciccone tras el fin de la quiebra, al menos en los papeles. Para los jueces, el verdadero dueño de la imprenta fue Boudou, algo que el acusado negó de plano en sus últimas palabras ante los jueces.

“Jamás negocie por mí o a través de terceros el 70% del paquete de Ciccone. El supuesto de cohecho no tiene asidero porque no existió”, dijo. Y luego se declaró un perseguido político. “Hay una cuestión de revancha de clase. También de aleccionar, para que nadie se atreva a cambiar las cosas. Los políticos que deciden transformar la realidad son perseguidos, primero en forma mediática y luego en los tribunales”, dijo.

Ascenso y caída

Boudou no es un político nacido del riñón del peronismo, pero consiguió un ascenso vertiginoso en la estructura del poder kirchnerista. Inició su carrera en la ANSES, la oficina que administra el dinero del sistema jubilatorio, y previo paso por un cargo menor en un municipio de Buenos Aires saltó al ministerio de Economía. A su cargo estuvo la nacionalización del sistema de jubilación privada (AFJP) que Carlos Menem había creado en los años 90. En 2009 y con 47 años, se convirtió en el compañero de fórmula de Cristina Kirchner para la relección. La dupla alcanzó el 54% de los votos, el mayor caudal electoral jamás alcanzado por el kirchnerismo.

El cargo de vicepresidente en Argentina se limita a presidir el Senado. Sin peso político alguno, la estrella de Boudou se fue apagando mientras sumaba problemas en los tribunales. La investigación más grave fue siempre el caso Ciccone, pero, en algún momento, Boudou sumó 54 causas, desde acumulación de infracciones de tránsito (110 por exceso de velocidad) hasta el uso indebido de un helicóptero del Estado para viajes proselitistas. En noviembre del año pasado fue arrestado en una causa por enriquecimiento ilícito. El juez lo liberó dos meses después y Boudou pudo esperar en libertad el fallo de este martes.

La sentencia contra el exvicepresidente encuentra al kirchnerismo en su peor momento judicial. La semana pasada, el juez Claudio Bonadio ordenó 17 detenciones de exaltos cargos del gobierno de Kirchner y empresarios vinculados a la obra pública. El listado salió de ocho cuadernos manuscritos por el chófer del número dos del ministerio de Planificación, Roberto Baratta, involucrado, según su empleado, en una red de cobro de sobornos en efectivo por sumas que pueden ascender a los 200 millones de dólares. La investigación costó la cárcel a varios excargos, pero también a los empresarios que realizaron los pagos a cambio de contratos millonarios. El nombre más relevante de la investigación es Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y desde el lunes imputado arrepentido de la presunta red.

Está por verse ahora hasta donde escalará Bonadio en la cadena de responsabilidades. El 13 de agosto escuchará a Fernández de Kirchner, a la que el juez considera la cabeza de una posible asociación ilítica para apropiarse de fondos públicos. La expresidenta no puede quedar presa porque sus fueros de senadora la protegen, pero las consecuencias políticas de la investigación son aún imprevisibles.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: Clarin

03 Agosto 2018

El escándalo de corrupción del Gobierno kirchnerista que sacude a Argentina ya salpica a Bolivia. El Consorcio Ar.Bol. (Argentina-Bolivia) y la empresa española Isolux-Corsán Corviam están involucradas en la presunta red de sobornos denominada Lava Jato argentino y firmaron contratos por un total de 791 millones de dólares durante el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Las presuntas coimas se descubrieron a través de los cuadernos de anotaciones del chofer de un alto funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En los manuscritos se describe cómo el conductor llevaba bolsas de dinero que empresarios pagaban como sobornos a autoridades gubernamentales.

Uno de los empresarios capturados por este caso es Gerardo Ferreyra, vicepresidente de la compañía Electroingeniería, la misma que formó parte del consorcio Ar.Bol. (Argentina-Bolivia), que fue contratada por el Gobierno boliviano en enero de 2010 por 257 millones de dólares para construir la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey.

En el acto de firma de contrato, en palacio de gobierno, el mismo Gerardo Ferreyra estuvo junto al presidente Evo Morales y elogió la construcción de la equidad social en Bolivia. Ahora, el empresario está detenido, cita la Red Erbol.

Según el periódico La Nación de Argentina, la compañía Electroingeniería era una pequeña empresa (pyme)  que a partir de 2003, con el kirchnerismo, se convirtió en una de las grandes jugadoras de la obra pública en Argentina.

En Bolivia, el consorcio Ar.Bol. no cumplió con el contrato para la construcción de la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey. En agosto 2015, el Gobierno anunció que decidió rescindir el contrato, después de advertir mucha demora en las obras.

Tras la rescisión de contratos, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC),  se hizo cargo del proyecto de infraestructura vial.

La otra empresa involucrada en el escándalo de sobornos argentino es la española Isolux-Corsán Corviam, que fue conocida en Bolivia por abandonar en 2017 dos obras multimillonarias que le adjudicó el Gobierno: la construcción de la hidroeléctrica Miguillas y la carretera Ixiamas-San Buenaventura (534 millones de dólares por ambas obras).

El empresario implicado es este caso es el argentino Juan Carlos de Goycoechea, expresidente de la filial argentina de Isolux, quien al menos hasta la tarde de ayer estaba prófugo de la justicia . Según La Nación, el acusado mandó a decir al juez que se presentaría después, porque estaba de viaje esquiando.

No es la primera vez que el nombre de Goycoechea surge vinculado al de Bolivia. En 2017, el periódico español El Mundo publicó que Isolux había montado una red de sobornos en Sudamérica.

Según la publicación, Goycoechea se contactó, el 30 de marzo de 2015, por correo electrónico con diversos cargos de Isolux para aconsejar el pago de “un millón de dólares que sería prudente dejar en Bolivia para atender una serie de compromisos que ayudan y mucho”.

El proyecto hidroeléctrico de Miguillas, hasta el abandono de obras de Corsán Corviam, sólo registró  un avance de 7 por ciento, pero con la ejecución de las boletas de garantía el Estado no perdió los recursos que desembolsó inicialmente.

Redacción: Leo.com                                                         

Fuente: radiofides

 

15 Mayo 2018

El director ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), general Celier Aparicio Arispe Rosas, formalizó una denuncia contra el funcionario Jhery A.C.J. de la Unidad de Aeronavegabilidad de la Jefatura Regional de la DGAC en Santa Cruz por presunto hechos de corrupción.

Tras una indagación realizada por la Unidad de Transparencia de esa institución la denuncia fue realizada el pasado 9 de mayo y el 14 de mayo se procedió al allanamiento de las oficinas de dicha regional, además se secuestró documentación de la Unidad de Aeronavegabilidad de la oficina Regional, según una nota de prensa.

Tras el allanamiento, la policía y lo fiscales aprehensión del funcionario Jhery A.C.J., de quien en las siguientes horas se definirá su situación procesal.

Se presume que desde dicha unidad se otorgó “un certificado AIR de una aeronave vulnerando el procedimiento debido según la Ley 2902 de Aeronáutica Civil y Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB 21 en su Apéndice 3”.

El funcionario es acusado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y uso de instrumento falsificado.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: radiofides

25 Abril 2018

La jueza Anticorrupción de Cochabamba, Sarah Céspedes, determinó este miércoles, medidas sustitutivas para la funcionaria, Carolina Ayala, quien fungió como Responsable del Proceso de Contratación (RPC) en el proceso para la compra de más de 91.000 mochilas escolares por la Alcaldía de Cercado.

La autoridad judicial determinó también arraigo, cambio de oficina, prohibición de acceso a los documentos del proceso y una fianza de 100 mil bolivianos.

Ayala, sustituyó en el cargo al exsecretario de Finanzas, Diego Moreno, quien renunció después de la denuncia de sobreprecios en los seguros que adquirió el municipio cochabambino.

La Juez determinó las medidas sustitutivas porque la imputada acredito familia, trabajo y domicilio. Sin embargo, existe riesgo de que pueda manipular la documentación o a los testigos.

La representación del Viceministerio de Transparencia señaló que apelará la decisión de la Jueza, mientras que el representante del Ministerio Público dijo que analizarán esta decisión.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: radiofides

 

20 Abril 2018

El alcalde José María Leyes se encuentra en calidad de aprehendido tras su declaración informativa sobre el caso de la compra irregular de mochilas escolares  ante la Fiscalía Anticorrupción. La autoridad todavía no fue trasladado y permanece en dependencias del Ministerio Público.

Tras conocerse la noticia se registró hechos de violencia en puertas de  la Fiscalía. Seguidores del burgomaestre lanzaron petardos contra el edificio y efectivos de la policiales procedieron a utilizar agentes químicos para dispersar a la multitud.

 Sus seguidores permanecen en vigilia a la espera de la salida del burgomaestre. "No vamos a permitir que se consuma el golpe municipal", dijo uno de los dirigentes.

La polémica se abrió tras la denuncia de la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina, que destapó el proceso. Según las pruebas presentadas el material adquirido a la Asociación 26 de Febrero se dio con 104 días de anticipación, con un presunto sobreprecio de 10 millones de bolivianos y los logos de la Alcaldía ya estampados.

Hay tensión en la ciudad porque diversos sectores sociales, que respaldan la gestión de la autoridad edil, expresan su apoyo con movilizaciones y bloqueos.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: Lostiempos

20 Abril 2018

El Tribunal Tercero de Sentencia de Sucre determinó excluir del proceso de malversación de fondos en la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) por motivos de salud, al expresidente de la institución, Carlos Chávez, informó la presidenta de la instancia judicial, Beth Vásquez.

“Por temas de salud y una vez certificado su estado por los médicos forenses que viajaron a San Pablo, Brasil, se ha determinado excluir al señor Carlos Chávez del proceso de malversación en la FBF”, explicó Vásquez.

Después aclaró que Chávez “no se encuentra en capacidad para asistir a las audiencias del proceso que se realizan en este tribunal y por eso es excluido, pero con los otros procesados continuará el juicio y las próximos actos serán el 17 y 18 de mayo en la ciudad de Santa Cruz a pedido de los acusados”.

La Magistrada dijo que Chávez volverá a ser procesado una vez regrese del Brasil y tenga el alta médica respectiva.

Carlos Chávez está detenido desde el 17 de julio de 2015 acusado de malversación de recursos de la FBF y desde enero de 2018 se encuentra internado, para un tratamiento de cáncer, en una clínica de Brasil.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: radiofides

 

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