Santa Cruz de la Sierra
13 Diciembre 2018

"Los cuadernos de la corrupción", un escándalo de sobornos que sacude a la clase política y empresarial de Argentina, tomó un giro inesperado con la citación ante tribunales de Franco y Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente Mauricio Macri.

Citados este jueves en Buenos Aires ante el juez Claudio Bonadio, solo se presentó Gianfranco Macri a primera hora de la mañana, según la agencia oficial de noticias Telam.

Sus abogados pidieron suspender la comparecencia de Franco Macri (88) por motivos de salud, solicitud que será evaluada por el tribunal luego de que se le haga una revisión médica.

Los Macri deben responder a denuncias de que la empresa Autopistas del Sol, parte del conglomerado Socma (Sociedad Macri), pagaba regularmente cuantiosas sumas para conseguir licitaciones de obras viales.

Prudencia en el gobierno

El presidente Macri, que tuvo cargos de responsabilidad en la empresa familiar antes de incursionar como dirigente del fútbol y luego en la política, no ha comentado el caso y sus ministros apenas han declarado que el gobierno respeta la independencia de la justicia.

"Es una decisión judicial, es el único comentario que tenemos para hacer", dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, enfatizó que el mandatario "no va a interceder de ninguna manera" en el caso.

En su defensa, los Macri alegan que para el momento de la investigación habían cedido ya buena parte de sus acciones en Autopistas del Sol, empresa en la que solo les quedaba una participación de 7% y por tanto no incidían en el nombramiento de directores ni en las decisiones, según informó la prensa.

Socma está actualmente bajo la conducción de Gianfranco Macri, el menor de los cinco hijos de Franco, pero sus negocios son mucho menos importantes que en el pasado y se concentran ahora en el sector de servicios a la industria petrolera y cuentan con la representación de la marca de los autos chinos Chery.

En las citaciones para este jueves ante el juez Bonadio figura también Eduardo Eurnekian, poderoso empresario a la cabeza del holding Corporación América, que maneja terminales de aeropuerto en Argentina y otros países de América Latina.

La archirrival

La causa, surgida de los cuadernos de apuntes que durante años llevó un chofer del ministerio de Planificación, indaga sobre el supuesto pago de sobornos en bolsos con dólares en efectivo por parte de empresarios a cambio de concesiones para la construcción de obra pública entre 2003 y 2015, periodo que corresponde a los mandatos de Néstor Kirchner, ya fallecido, y su esposa Cristina.

Según las primeras estimaciones, la trama de corrupción involucró al menos 160 millones de dólares. Hay unos 40 procesados.

La principal involucrada es Cristina Kirchner, presidenta entre 2007 y 2015, senadora desde 2017 y la principal rival política de Macri.

En septiembre, el juez pidió el desafuero de Kirchner, que el Senado no ha tramitado, y prisión preventiva por considerarla "jefa de una asociación ilícita". Semanas antes, ordenó el allanamiento de sus tres domicilios, uno en Buenos Aires y dos en la provincia patagónica de Santa Cruz (sur).

Por el despacho de Bonadio han desfilado exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas, así como varios de los más connotados empresarios argentinos, entre ellos Paolo Rocca, del grupo ítalo argentino Techint, de siderurgia y metalurgia.

Varios empresarios y algunos de los exfuncionarios se han acogido a la figura de arrepentido, que les permitió quedar en libertad a cambio de cooperar con la justicia. Sus testimonios han servido en los avances de la causa.

En este caso ya se vio involucrado Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri, por la supuesta participación en la trama de corrupción de su empresa IECSA, que hasta 2007 pertenecía al grupo Socma. Está procesado en libertad tras declarar que aportó dinero no registrado a la campaña presidencial del kirchnerismo en 2015.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: AFP

                                               

04 Diciembre 2018

La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, presentó este martes la renuncia a su cargo, en medio del escándalo de corrupción que la involucra.

"El país no merece esta inestabilidad", dijo Vicuña y señaló que se aparta del cargo para no prestarse "a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del Presidente o de grave conmoción interna".

La renuncia se da un día después que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aceptara un pedido de licencia, sin remuneración, que le fue solicitado por Vicuña, hasta el 31 de diciembre, para hacerse cargo de la defensa, por los delitos que se le acusan; solicitud que iba a ser analizada el próximo jueves en la Asamblea Nacional (Congreso).

Vicuña es investigada por la Fiscalía General de Ecuador por presuntos cobros de coimas a cambio de mantener puestos de trabajo a asesores cuando era legisladora.

La denuncia la oficializó ante la Fiscalía el exasambleísta Andrés Páez, luego que el abogado Ángel Sagbay, exasesor de Vicuña, declarara que la política le exigió pagos de entre 300 y 1.400 dólares, entre 2011 y 2013, para financiar el partido Alianza Bolivariana Alfarista (ABA); a cambio, lo mantenía en su cargo.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: RT

 

21 Noviembre 2018

El senador opositor Arturo Murillo, presentó una denuncia en contra de la exministra de Defensa, Cecilia María Chacon Rendon y el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Tito Roger Gandarillas Salazar, ante la Fiscalía General por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, contratos lesivos y daño económico millonario al Estado boliviano en la compra irregular de seis helicópteros chinos H425.

“La compra de seis helicópteros por un monto de 108 millones de dólares (tuvo un procedimiento anómalo). El contrato es irregular porque se hizo la suscripción del contrato, el 6 de agosto de 2011, que firmaron Chacon y Gandarillas; luego se rubricó el convenio del préstamo entre el Estado boliviano y la República de China, el 3 de diciembre de 2011; posteriormente, la ratificación del convenio mediante ley (en la Asamblea Legislativa) se hizo el 28 de marzo de 2012. Cuando, el procedimiento debía ser lo siguiente: primero la firma del convenio de préstamo, luego la ratificación mediante una ley en la Asamblea; posteriormente,  la emisión de la resolución ministerial autorizando el inicio de las adquisiciones de los bienes (helicópteros) y al final, recién, (debía efectuarse) la suscripción del contrato”, explicó.

El legislador opositor también denunció que llama la atención del gasto de 50 millones de dólares en los cursos, documentos técnicos, entrenamiento, asistencia técnica, sistemas adicionales, simulador, motores de repuesto y otros; casi el mismo costo de los seis helicópteros (58 millones de dólares), es decir, realizaron un gasto millonario en elementos secundarios.

“Cuando se compra un equipo técnico, todos sabemos que junto al costo principal, vienen incorporado la asistencia técnica, el entrenamiento del personal, los repuestos, los documentos y otros elementos necesarios para el funcionamiento de la máquina o el equipo”, argumentó.

Además, la exministra de Defensa, Cecilia María Chacon Rendon y el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Tito Roger Gandarillas Salazar, no tenían la atribución de firmar el convenio internacional y adeudar al Estado boliviano.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Radiofides

 

14 Noviembre 2018

Por primera vez en siete meses, cuando fue recluido en una prisión de Curitiba, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sale de su cárcel. Lo hace para declarar por tercera vez en el proceso que adelanta la justicia en su contra por corrupción.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dejó este miércoles por primera vez en siete meses la cárcel donde se encuentra preso por corrupción para declarar en otra de las causas que tiene abiertas en la justicia.

El exmandatario dejó la celda donde se encuentra recluido desde el pasado 7 de abril sobre las 13.30 hora local (16.30 GMT) y fue llevado en un vehículo de la policía hasta el tribunal de Justicia de la ciudad de Curitiba (sur), donde era esperado por decenas de seguidores.

Lula será interrogado hoy por la jueza Gabriela Hardt, quien sustituye provisionalmente a Sergio Moro en el caso Lava Jato después de que el magistrado aceptara ser el futuro ministro de Justicia del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro.

En este caso, las autoridades investigan las millonarias reformas realizadas por las constructoras OAS y Odebrecht, salpicadas por corrupción, en una casa de campo en la ciudad de Atibaia, en Sao Paulo, la cual la Fiscalía le atribuye a Lula.

Las autoridades quieren esclarecer si el exmandatario, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, es el verdadero propietario de la casa, la cual era utilizada frecuentemente por él y sus familiares como finca de recreo.

La de hoy es la tercera declaración que Lula hará ante la Justicia de Curitiba y la primera desde que fue ingresado en prisión por otro caso de corrupción.

Lula, de 73 años, fue condenado a nueve años y medio de cárcel en primera instancia por el juez Moro, pero su pena fue ampliada este año a 12 años y un mes por un tribunal de segunda instancia al dar por comprobado que el expresidente recibió un apartamento en el balneario de Guarujá (Sao Paulo) a cambio de favores a la constructora OAS durante el ejercicio de su mandato.

Moro se apartó recientemente de los procesos de la Lava Jato después de que aceptó ser el futuro ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, uno de los principales rivales políticos de Lula y quien llegó a admitir su deseo de que el expresidente se "pudra en la cárcel".

Tras el fichaje de Moro como ministro, la defensa de Lula resaltó la "la irremediable pérdida de la imparcialidad" del magistrado y presentó un habeas corpus ante el Tribunal Supremo de Brasil para conseguir la libertad del antiguo líder sindical.                 

Redacción: Leo.com                        

Fuente: EFE

 

09 Noviembre 2018

El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, negó este viernes que haya incurrido en el delito de encubrimiento, como lo denunció el diputado Amílcar Barral. Aseveró que él mismo ha denunciado a dos de sus hermanos que fueron involucrados en cobros irregulares.

Días antes el diputado Barral presentó ante el Ministerio Público un escrito en el cual denuncia que el ministro Cocarico encubrió a su hermano Rogelio - encarcelado por estafa a una comunidad menonita- porque conocía del caso el año pasado y no habría hecho nada al respecto.

El Ministro aclaró que ese delito de encubrimiento y el complicidad no se pueden aplicar a su persona, porque él sí presentó la denuncia al conocer que “ciertas personas y familiares estaban haciendo mal uso” de su nombre.

Afirmó que presentó las denuncias ante el Ministerio Público tanto en La Paz como en Santa Cruz.

Además, señaló que cuando le enviaron una carta en 2017 denunciando a su hermano Rogelio, él respondió que el proceso penal abierto debería seguir su curso.

El Ministro agregó que también ha denunciado a otro hermano suyo en Tarija. Se trata de Luis Cocarico, quien fue implicado en una estafa a una comunidad, usando su influencia como familiar de una alta autoridad.

César Cocarico afirmó que puso tres denuncias contras sus hermanos: una en La Paz, otra en Santa Cruz y la tercera en Tarija. “Soy el único que ha denunciado a su propio hermano”, sostuvo.

El Ministro aseguró que no cometió delito. Indicó que la responsabilidad penal es personal y él no puede pagar por lo que hizo su familiar.  

Advierte con proceso a Barral y lo llama “mafioso”

El Ministro de Desarrollo Rural aseveró que el “mafioso” y “maleante” es el diputado Barral. Recordó que el opositor fue suspendido de la Cámara Baja al descubrirse que había cobrado la mitad del sueldo a un funcionario suyo.

También llamó “cobarde” al diputado porque, según su explicación, sólo presentó una carta ante el Ministerio Público y no así una querella formal para acusarlo. Dijo que esperará hasta el lunes para que Barral haga su querella o, de lo contrario, él presentará una denuncia contra el legislador. 

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

 

08 Noviembre 2018

El candidato a la presidencia por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa, aseguró hoy que los sobornos referidos al caso Lava Jato en Bolivia, por la construcción del tramo Roboré-El Carmen a cargo de la empresa Brasilera Camargo-Correa, fueron pagados entre los años 2005 y 2008, en las gestiones del exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé y el actual jefe de Estado, Evo Morales.

Dijo que la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), presidida por la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Susana Rivero, tiene dos objetivos: la demolición política de su persona y alejar a los verdaderos responsables de las irregularidades.

Mesa, en un vídeo difundido en su canal de YouTube, dijo que la investigación que llevó adelante la Policía de Brasil estableció que la empresa Camargo-Correa pagó sobornos en Bolivia para facilitar su actividad en la construcción del tramo Roboré- El Carmen, parte de la carretera Santa Cruz Puerto Suarez.

“Esos sobornos se pagaron, de acuerdo a la investigación brasileña, entre septiembre del 2005 y agosto del 2008, es decir meses después de que yo dejé la presidencia. Yo dejé la presidencia en junio del año 2005, sobornos que desarrollaron en los gobiernos del presidente Rodríguez Veltzé y el gobierno del presidente Evo Morales”, detalló.

El expresidente explicó que en agosto del año 2005 se aprobó el financiamiento de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) para la construcción del tramo Roboré-El Carmen. "Yo ya no era presidente" agregó.

“El financiamiento de la CAF fue el que hizo posible la construcción de la carretera, ninguno de los tramites, financiamientos o contratos que yo intenté llevar adelante se concretó porque no pudimos cumplir una de las clausulas con Camargo-Correa”, mencionó.

Por otro lado, Mesa detalló que en la investigación de Brasil se identificó “arreglos” entre Camargo-Correa y parlamentarios bolivianos que estaban en el Congreso de 2005 “de partidos como el MAS, el MNR, la UCS, el NFR, el MIR y la ADN” para la aprobación de la ley que permitió a esa empresa construir el tramo carretero.

“Se establece que se iba a dar un fondo de 60 mil dólares para convencer a esos parlamentarios de que aceptaran aprobar ese contrato y así ocurrió, ese contrato garantizó a Camargo-Correa la construcción del tramo mencionado, no se hizo una licitación y se le entrego a Camargo-Correa la autorización para que construya ese tramo”, enfatizó.

El expresidente explicó que en el Gobierno de Rodríguez Veltzé aprobó el tramo corretero y que los desembolsos y la construcción fueron ejecutados en la gestión de Evo Morales.

Finalmente reiteró que “por tercera vez” el MAS intenta demolerlo y proteger su propia gestión “una gestión donde hubo corrupción. Es obviamente una persecución política”, concluyó.            

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Agencias

07 Noviembre 2018

El gobernador de Beni, Alex Ferrier, presentó este miércoles una denuncia penal contra el exprefecto Ernesto Suárez, acusándolo de que bajo se administración en 2006 se pagó más de 600 mil bolivianos por una “piscina fantasma”, es decir, que ni siquiera se comenzó a construir.         

“La piscina no se hizo nunca, se cobró y nunca se devolvió la plata a la Prefectura, es uno de los muchos robos y engaños que se hizo durante la administración de los Demócratas”, aseguró Ferrier, tras presentar la denuncia.

Explicó que la administración de Suárez contrató a una empresa para la construcción de la piscina y le pagó un adelanto de casi 500 mil bolivianos, además de una planilla de avance de obra de unos 150 mil bolivianos. Sin embargo, aseguró que la obra ni siquiera se instaló.

El gobernador, militante del MAS, aseveró que como este caso existen otros de obras “fantasmas” cuya responsabilidad es de los actuales miembros de Demócratas. 

“Si me van a a responder insultándome, que es lo que sabe hacer esa gente, que lo haga, pero que vayan y le digan al pueblo beniano dónde está esa piscina que se comieron”, expresó.

En su denuncia, Ferrier pidió al Fiscal General del Estado que disponga de una comisión de fiscales para investigar los casos de corrupción.

Aclaró que la piscina olímpica recién estrenada se trata de otra obra, que costó 50 millones de bolivianos y fue financiada con apoyo del Gobierno nacional.     

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

06 Noviembre 2018

Por un supuesto encubrimiento a su hermano implicado en un proceso de tráfico de tierras, el diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD) Amílcar Barral presentó este martes en la Fiscalía de La Paz una denuncia en contra del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico.

“Acabamos de presentar la denuncia ante el fiscal departamental William Alave contra el ministro César Cocarico por los delitos de incumplimiento de deberes, encubrimiento  y omisión a denuncia, todo esto en el caso Clan Cocarico”, anunció el legislador.

Recordó que el hermano del Ministro, Rogelio Cocarico Yana, guarda detención en Palmasola, sindicado de la “estafa agravada de $us 200.000” que cobró a múltiples víctimas de una comunidad menonita a quienes ofreció sanear “tierras ilegales” y fiscales en 2016. Dijo que Cocarico conocía de esta irregularidad desde el año pasado.

De acuerdo al cuaderno de investigaciones, ese monto era el anticipo de un total de $us 600.000.

La abogada de las víctimas, Marianela Bozo, denunció que Cocarico fue alertado del ilícito y de que se usaba su nombre, “pero él me colgó el teléfono y no quiso saber nada”.

 “Que el ministro haya reconocido que sabía del delito desde el año pasado y no haya hecho nada corresponde nomás iniciarle ese proceso, ojalá no se politice y esto tenga que llegar a buen puerto y los culpables de extorsiones estafas y tráfico de tierras sean sancionados de acuerdo a ley”, dijo Barral.

Varios legisladores de la oposición denunciaron que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) formaron “una red de corrupción” que solapó ese tipo de hechos.

“Aunque seamos hermanos, nada puedo hacer, no puedo aprovechar mi condición de autoridad nacional para influir de alguna manera. Si está involucrado de hechos ilegales, debe aclararse su situación”, escribió Cocarico en un comunicado de prensa divulgado el 26 de octubre.

En la misma nota admitió:  En “agosto del año 2017 recibí una nota escrita denunciando discriminación del INRA, pidiéndome que interceda en esta supuesta injusticia y advirtiéndome al final que tienen un proceso penal contra mi hermano”.

Redacción: Leo.com       

Fuente: Agencias

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