Santa Cruz de la Sierra
19 Noviembre 2019

La representante de la Defensoría del Pueblo, Teresa Zubieta confirmó esta tarde el fallecimiento de tres personas y al menos otras 22 heridas tras el operativo para el paso de al menos 45 cisternas de carburantes desde la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) y la acción de los manifestantes que derribaron dos muros de estas instalaciones.

La primera víctima sería Deyby Posto Cusi (31) quien murió por impacto de arma de fuego. El segundo fallecimiento corresponde a otro varón N.N. "Tenemos el reporte en la morgue", explicó.

"Estamos muy preocupados por los acontecimientos que se están dando en nuestra ciudad de El Alto, valerosa e histórica", dijo la autoridad de esta repartición.

La Defensoría reportó 10 heridos en el Hospital Boliviano Japonés, 7 en el Hospital Panorámico y otros 5 en el hospital Corazón de Jesús Kenko.

Zubieta pidió que se investiguen a los autores de las víctimas de esta jornada y cuestionó el ingreso del contingente policial y militar a la planta

Los enfrentamientos ocurrieron en el Distrito 8 de la ciudad de El Alto, en Senkata, tras el traslado de cisternas para abastecer de combustibles a La Paz y El Alto.

Grupos de bloqueadores se reorganizaron con el fin de reanudar el bloqueo y atacaron con dinamitas dos muros de la estación de Senkata. Los vecinos y medios locales en El Alto reportaron que los movilizados afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) quemaron cisternas y automóviles de YPFB por lo que se ecucharon al menos tres explosiones.

La Defensoría pidió la colaboración de médicos para el auxilio de los heridos.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

08 Agosto 2019

La Defensoría del Pueblo realizó una investigación en la que identificó fallas en el control e inspecciones que debe realizar el Organismo Operativo de Tránsito y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Transporte y Telecomunicaciones (ATT), Viceministerio de Transportes, además de contradicciones en la emisión de licencias e incumplimiento por parte de los operadores del servicio de transporte.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, durante la presentación del estudio manifestó que preocupa el aumento en los hechos y accidentes de tránsito. Durante el primer trimestre de 2019, que llegaron a 1.106, dejando 260 personas fallecidas y 1.556 heridas. En el 2018 cuando se reportaron 3.240 hechos de tránsito; 622 muertes y 4.059 heridos.

Entre los principales hallazgos durante la investigación defensorial, figuran fallas en el control realizado por el Organismo Operativo de Tránsito antes de autorizar la salida del bus y en las trancas; control de requisitos básicos omitiendo su obligación de revisar otros aspectos fundamentales relacionados al vehículo y al conductor, previstos en la norma; la acreditación de conductores y designación de “Pasajero Seguro” son los requisitos menos controlados; revisión incompleta de la documentación por parte de las oficinas de Tránsito.

Los operativos de Tránsito a nivel nacional no incluyen el control de la tarjeta de operación, el certificado de acreditación de conductores, el cumplimiento del rol de relevos, el control de alcoholemia, la visibilidad de la cabina, el transporte de carga en los asientos, y pasajeros en los pasillos, cabina o buzones, omitiendo el control de los operadores y conductores que prestan el servicio, así como la seguridad de los pasajeros.

En tanto, de los 46 buses verificados, 34 (74%) no contaban con conductores acreditados; de 42 operadores verificados, solo 5 (12%) tenían listas de conductores acreditados, lo cual da lugar a designaciones de conductores improvisados no idóneos.

En el control sobre el exceso de velocidad, la intervención defensorial evidenció que de los 46 buses verificados a nivel nacional, solo 24 (52%) contaban con algún tipo de dispositivo de control de velocidad y 22 (48%) no portaba ninguno.

“El hecho de tránsito ocurrido en el ruta a Apolo el pasado domingo, en el que murieron 15 personas y otras 20 quedaron heridas, luego que el bus en el que viajaban se embarrancara, muestra la realidad que preocupa a la Defensoría del Pueblo por la pérdida de vidas humanas, la situación de discapacidad de las personas heridas y el costo económico, porque afecta a las familias y al Estado”, manifestó la Defensora.

La investigación, realizada en febrero y marzo de este año, y plasmada en el Informe Defensorial “Seguridad vial como garantía del derecho a la vida en el transporte automotor público terrestre interdepartamental”, igualmente, evidenció que las principales causas de los accidentes son la imprudencia del conductor, exceso de velocidad, no acatar disposiciones de tránsito, conducir en estado de embriaguez, vía en mal estado y falla mecánica entre otros, "panorama ante el que propone modificar normativas y recomienda el cumplimiento de deberes legales de las instancias competentes en la seguridad vial", dice la Defensoría.

Ante esta realidad, la institución defensorial, como parte de sus conclusiones y determinaciones,  sugiere a la Asamblea Legislativa Plurinacional modificar la Ley General de Transporte para incorporar el requisito obligatorio para que los buses de servicio de transporte interdepartamental cuenten con limitadores de velocidad calibrados a 100 Km/hora.

Asimismo, sugiere que el Servicio General de Licencias para Conducir (Segelic) modifique su Reglamento Técnico Operativo de Licencias para Conducir Vehículos Terrestres, para garantizar que los conductores tengan una antigüedad mínima de 5 años en cada categoría profesional y se cumpla la secuencia obligatoria de categoría a categoría como establece la norma.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

 

15 Julio 2016

El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, nombró este viernes al abogado Jorge Paz Yabeta como nuevo Representante Departamental de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz. La nueva autoridad desempeñó diversos cargos en el sector público, privado, sindical y vecinal.

Tezanos Pinto destacó la experiencia del nuevo representante departamental en labores por la defensa de los derechos humanos e invocó al profesional a trabajar de manera conjunta con vocación de servicio en favor de los más vulnerables.

“Nuestro hermano ahora tiene la misión de ejercer una gestión sensible con los más desfavorecidos, involucrarse en la detección temprana de necesidades sociales y en la gestión pacífica de la conflictividad; además, a desarrollar un trabajo conjunto con vocación de servicio al pueblo e impulsar una gestión preventiva”, sostuvo el Defensor.

Paz Yabeta tendrá la misión de llevar adelante la tarea de defender los derechos las personas en situación vulnerable como niños, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, originarios, campesinos y miembros de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisesexuales, Transexuales y Transgénero (LGBTI), así como otros grupos de alta vulnerabilidad del departamento.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: La Razón

 

16 Mayo 2016

La Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Rolando Villena, presentó el informe denominado "Presos sin sentencia”, que es resultado de una investigación realizada por dicha institución en convenio con la Embajada de Inglaterra.

El informe sostiene que según la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, hasta febrero de 2016, había en Bolivia 13.940 privados de libertad en 14 centros de reclusión: 1.113 mujeres y 12.827 hombres.

Según la misma institución, el total de privados de libertad sin sentencia es de 9.545, lo que significa que el 69% del total de los privados de libertad no cuenta con sentencia.

La informalidad de la sociedad, principal causa de la detención preventiva

Como parte de la investigación realizada por la Defensoría, se realizaron 2.060 encuestas entre los reclusos privados de libertad que no tienen sentencia, que representa una muestra del 18% del total de reos.

De la información recolectada a través de las encuestas resulta que el 16% de las personas con detención preventiva corresponden a acusados de violación, el 14% a robo agravado, el 8% a delitos de la Ley 1008, el 7% a robo, el 6% asesinato, el 4% a estafa y el resto por otros delitos en menor porcentaje.

El 86% de los encuestados señala que se encuentra detenido porque no tuvo suficiente tiempo para adjuntar la documentación suficiente para la audiencia de medidas cautelares.

La informalidad que caracteriza a la mayor parte de la sociedad boliviana es una causal que impide a los imputados conseguir, entre otros, contratos de alquiler o anticrético de sus domicilios o certificados de trabajo, y en consecuencia aporten elementos que le den argumentos al juez para verificar el arraigo de los imputados.

La mayor parte de los reclusos privados de libertad preventivamente se encuentra en los centros de Palmasola en Santa Cruz y San Pedro en La Paz, la suma de ambos representa el 50% del total.

Hacinamiento en los centros de reclusión

Esta situación se agrava por los altos niveles de hacinamiento que existen en los centros de reclusión, donde se llega hasta el 600% de hacinamiento en algunos centros.

El nivel de hacinamiento en Bolivia es del 302%, ya que los centros de reclusión tienen capacidad para albergar a 4.884 reclusos, no obstante hay un total de 13.940.

Los casos más graves de hacinamiento se dan en Quillacollo (Cochabamba) donde el centro de reclusión tiene capacidad para 30 personas y alberga a 320, en el centro de reclutamiento de San Roque (Sucre) que tiene capacidad para 60 y están recluidas 494 personas y en el centro de Palmasola que tiene 5.450 personas recluidas y capacidad para 600. En San Pedro existen 2.300 reclusos y la capacidad del recinto es de 800.

Recomendaciones

Entre las seis recomendaciones que hace la Defensoría como resultado de la investigación, piden al Ministerio de Gobierno en coordinación con la Dirección General de Régimen Penitenciario, de elaborar e implementar una política de prevención de situaciones críticas en centros penitenciarios.

También recomiendan al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas incorporar en el Presupuesto General del Estado la asignación de recursos necesarios a fin de garantizar el respeto al ser humano.

Finalmente, reiteran a la Presidencia del Estado Plurinacional, disponga la intervención inmediata de la Dirección Nacional del Régimen Penitenciario a fin de realizar una reestructuración y reorganización institucional. Ante su evidente ineficiencia y profunda crisis en la que se encuentra. 

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Página Siete

 

02 Mayo 2016

La Defensoría del Pueblo sugirió este lunes al gobierno reconducir la solución del conflicto con los discapacitados y lamentó que luego de dos meses de movilización, las autoridades no se hayan sensibilizado con este sector altamente vulnerable.

El jefe de la Unidad de Conflictos del Defensor del Pueblo, Gregorio Lanza, dijo a Erbol que el gobierno  escogió el camino más fácil de negociar con dirigentes afines, con los que señalarona los discapacitados como si fueran enemigos políticos.

Indicó que el gobierno utilizó una serie de mecanismos represivos  como la detención de personas y otras que se solidarizaron, como los estudiantes, que afortunadamente fueron liberados, o el ofrecimiento de dinero para que los marchistas retornen a sus lugares de origen.

“Este tipo de medidas parecen comunes en el pasado pero se vuelven a repetir, sin considerar que no resuelven los problemas de fondo del sector”, manifestó al hacer votos para que por lo menos lo que firmaron se cumpla.

Recordó que en el pasado similar acuerdos se trancaron por la burocracia y la ineficiencia de la gestión pública en el manejo de recursos manejaron por el Ministerio de la Presidencia y por eso hasta ahora no existen resultados ni información transparente de cómo se utilizaron el dinero.

Redacción: Leo.bo
Fuente: Erbol

 

08 Abril 2016

El vicepresidente Álvaro García Linera justificó este viernes la posibilidad de que un ciudadano o ciudadana con militancia política o que haya sido dirigente sindical pueda ser elegido Defensor del Pueblo porque ninguno de esos aspectos son causales de unhabilitación para las candidaturas.

“En el fondo (la convocatoria) habilita una militancia de base. Anula cargos altos, anula candidatos, anula ministros y viceministros que estuvieron en gestión en los últimos 10 años. Pero sí se da la opción que un militante de base de un partido indianista, katarista de los años 70 defensor del movimiento indígena quiera postularse, tiene el derecho. O un militante de izquierda. No se olvide que Waldo Albarracín fue militante del Partido Socialista 1”, afirmó García Linera.

La Constitución Política del Estado no establece como causal de inhabilitación la militancia política a excepción de los cargos para el Órgano Judicial, por lo que en cumplimiento del derecho constitucional “están habilitados militantes de base”, insistió.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

04 Abril 2016

Una verificación realizada por la Defensoría del Pueblo en 20 centros detención  de adolescentes privados de libertad de todo el país concluyó que el 60% de los internos está preso sin sentencia.

La entidad defensorial contabilizó en total a 480 adolescentes en estos centros de detención, de los cuales 440 son varones y 40 (menos del 10%) son mujeres.

Advirtió que sólo el 40 % está detenido con sentencia. “En La Paz, el 78% no tiene sentencia y en Santa Cruz el 75% se encuentra en esta situación, superándose la cifra que registran las personas mayores privadas de libertad sometidos a esta irregularidad”, señala el informe.

“Existe retardación de justicia, los adolescentes no conocen a sus abogados y no existen mecanismos efectivos para garantizar a los adolescentes acceso a un proceso pronto y oportuno que logre el fin último de la justicia restaurativa, asumir el daño causado y retribuir a la víctima en la manera de lo posible”, explicó el defensor Rolando Villena.

La Defensoría también señaló que hay incumplimiento de plazos procesales y existen adolescentes que han estado por más de dos años con detención preventiva, cuando la norma exige un proceso de no más de ocho meses.

OTROS DATOS

La mayoría de los adolescentes privados de libertad está en Santa Cruz con 37%  (176 personas), luego está Cochabamba con el 21% y La Paz con el 11%.

En cuanto a edad, el 29% tiene entre 13 y 15 años, mientras que el 71% tiene entre 16 y 19 años. La Defensoría también identificó a cuatro privados de libertas de 13 años  y 26 de 14 años.

La verificación también da cuenta de que el 37% de los adolescentes en estos centros está detenido por robos, el 34% por delitos sexuales, el 20% por delitos contra la vida y la integridad y el 6% por casos de narcotráfico.

No obstante, la Defensoría advirtió que “adolescentes privados de libertad por delitos de robo que conviven con acusados de asesinato o violación” y que aquellos con “detención  preventiva  comparten  ambientes  y  actividades  con adolescentes ya sentenciados”.

En el informe se sostiene que la situación más grave se identificó en Cobija y Riberalta. En la primera ciudad, los privados de libertad deben vivir junto a víctimas de violencia, abandono o en medida de protección; mientras que en Riberalta los adolescentes detenidos se encuentran en la carceleta de esa población conviviendo con adultos.   

Redacción: Leo.bo
Fuente: Erbol

 

16 Marzo 2016

La Iglesia Católica de Santa Cruz y la representación del Defensor del Pueblo instaron a las personas con discapacidad a que eviten tomar medidas extremas para sentarse a dialogar con el Gobierno, reportó radio Santa Cruz de la Red ERBOL.

Este martes en Santa Cruz, un grupo de discapacitados se colgó en el edificio de la Brigada Parlamentaria y se sacó sangre como protesta para que el Gobierno acceda a su pedido de establecer un bono de 500 bolivianos para su sector.

“Con todo respeto pedirles a los dirigentes que no tomen medidas extremas como colgarse y sacarse sangre, debido a sus situación de vulnerabilidad”, dijo el representante defensorial, Hernán Cabrera.

“Con ese tipo de peligro, esos mismos hermanos, los discapacitados pueden sufrir por eso es mejor que puedan bajar y llegar a una conversación”, señaló Estanislao Dowlaszewicz, Obispo Auxiliar de Santa Cruz.

Dowlaszewicz y Cabrera coincidieron en pedir a las personas con discapacidad y al Gobierno que dialoguen. El sacerdote dijo que incluso la Iglesia estará dispuesta a mediar. 

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

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