Santa Cruz de la Sierra
31 Marzo 2015

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, presentó hoy a la Fiscalía una denuncia por delitos informáticos contra el responsable de supuestamente hackear su cuenta de Twitter y compartir un mensaje de un candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Estamos presentado la denuncia oficialmente ante la Fiscalía por el delito de hackeo, contra él o las personas que hubieran cometido el hackeo de mi cuenta de Twitter”, indicó.

El 5 de marzo, desde la cuenta de Chuquimia se retuiteó un mensaje de campaña del candidato del MAS, Guillermo Mendoza. Ese hecho se hizo público pocos días antes de las elecciones subnacionales.    

La Vocal indicó que el supuesto ataque cibernético que sufrió la perjudicó porque sus colegas del TSE decidieron excluirla del proceso electoral.

Anteriormente, Chuquimia expresó su sospecha de que el diputado por Unidad Demócrata (UD) Amílcar Barral sea el responsable del supuesto hackeo.

El opositor negó esa versión y respondió con una demanda contra la Vocal por el delito de injurias y calumnias.

Asimismo, pidió que el Órgano Electoral destituya a Chuquimia. Explicó que el TSE, con la determinación de excluirla del proceso electoral, reconoció que la Vocal incurrió en una falta grave tipificada en la Ley 018.

El artículo 91 de dicha norma dice, en su inciso 11, que una falta muy grave cometida por las autoridades electorales es “adoptar militancia partidaria o realizar activismo político comprobado en el ejercicio de sus funciones”. La Ley dispone que aquella persona que incurra en este tipo de faltas sea destituida.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: Erbol

30 Marzo 2015

El fiscal Gomer Padilla informó el lunes que el Ministerio Público imputará a tres de 12 detenidos por la venta de rosetas falsificadas del Tribunal Departamental Electoral (TED) para circular libremente en la jornada de las elecciones subnacionales.

"Estamos querellando a tres personas porque fueron detenidas en flagrancia, el resto serán investigados para ver su implicancia en el hecho y han sido derivados a otras instancia del Ministerio Público", explicó.

 La sanción, en caso de ser hallados culpables, es de tres años de cárcel, según el Código Penal.

"Sabemos que no es una condena por muchos años, pero de igual manera la sanción es ejemplar y quedará como antecedente en el archivo de estas personas", acotó el fiscal.

 Por otra parte, una treintena de choferes arrestados por circular con esta roseta coinciden en que fueron engañados por tramitadores que les vendieron en las calles y en la misma puerta del edificio del Tribunal Departamental Electoral.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: ABI

24 Marzo 2015

El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Gary Medrano, y el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, firmaron hoy un convenio interinstitucional, que establece el intercambio de información, mediante el sistema B-Sisa, para combatir los ilícitos inscritos en la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley 100 de Desarrollo y Seguridad de las Fronteras.

"El presente convenio marco de cooperación interinstitucional, entre el Ministerio Público y la ANH tiene por objeto establecer mecanismos de cooperación y asistencia recíproca para promover y fortalecer el cumplimiento de sus objetivos institucionales, en el marco del Constitución Política del Estado, Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley 100", dijo el Director de la ANH después de rubricar el convenio.

Según Medrano el acuerdo establece, entre otros puntos, que la ANH transferirá al Ministerio Público información recabada por el sistema informático B-Sisa para fines investigativos sobre la tenencia de vehículos, pero de manera confidencialidad.

Por su parte, el Fiscal General del Estado dijo el convenio "es en realidad la formalización de un trabajo que lo veníamos desarrollando ya hace tiempo atrás, en la lucha contra contrabando y por la defensa de los intereses de la sociedad y del Estado".

Guerrero destacó que la información recibida del sistema B-Sisa ya permitió al Ministerio Público encarar investigaciones, como encontrar el vehículo del periodista desaparecido hace más de un año, Cristian Mariscal.

También señaló que la información del B-Sisa permitirá a la Unidad de Investigación Patrimonial del Ministerio Público, hacer seguimiento al número de bienes, como vehículos, que tienen los investigados por corrupción, en una suerte de pesquisa sobre el patrimonio acumulado de manera ilegal.

Según datos de la ANH, el acuerdo suscrito tiene vigencia de dos años a partir de su suscripción.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

23 Marzo 2015

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, intervino hoy el Misterio Público de la ciudad de La Paz para mejorar el trabajo de esa instancia y agilizar los procesos judiciales.

"Estamos interviniendo los diferentes despachos de fiscales, en este momento me encuentro en la unidad de denuncias de causas y análisis fiscal viendo los flujos de ingreso, el acceso a la justicia, el curso que sigue, por qué hay mucha demora en algunos casos", señaló en un contacto telefónico con la Red Patria Nueva.

Aseguró que tras ese análisis se asumirá medidas "urgentes y drásticas" para mejorar el trabajo de la Fiscalía en La Paz e identificar a los administradores de justicia denunciados por corrupción.

Según Guerrero, se realizará una "revisión y auditoria" a los cuadernos de investigación para realizar una reingeniería en la Fiscalía de La Paz a fin de dar señales de cambio.

"Vamos a mejorar el acceso de los casos, las denuncias la querellas para que de manera inmediata se le asigne un fiscal para la investigación de los casos", dijo.

Asimismo, el Fiscal General sostuvo que se efectuará un trabajo similar en el Ministerio Público en la ciudad de El Alto.

Guerrero anunció que la próxima semana se dará a la prensa el detalle de los fiscales procesados, suspendidos y sancionados por faltas graves.

"El trabajo que vamos a desarrollar en La Paz será de un seguimiento pormenorizado de la Fiscalía General", remarcó.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

23 Marzo 2015

La FELCC recuperó al menos 64  llantas que fueron robadas de una importadora de llantas ubicada en el tercer anillo mercado Chiriguano. No hay aprehendidos, informó la fiscal Milenca Rodas, pero hay personas sospechosas que están siendo interrogadas.

Redacción Leo.bo

Fuente: Leo.bo

17 Marzo 2015

La misma presidente chilena, Michelle Bachelet, confirmó que hace dos semanas la Fiscalía incautó un ordenador y un celular utilizados por su hijo, Sebastián Dávalos, en el palacio de La Moneda, sede del gobierno.

La diligencia fue ordenada por el fiscal de Rancagua, Luis Toledo, pero tanto el Ministerio Público como el Gobierno habían mantenido hasta ahora en reserva la incautación, realizada por agentes policiales en la Dirección Sociocultural del gobierno, que Dávalos encabezó hasta su forzada dimisión el pasado 13 de febrero.

Dávalos, quien es investigado por presunto tráfico de influencias y uso de información privilegiada, renunció tras salir a luz el negocio inmobiliario que hizo Caval, una pequeña empresa de la que su esposa, Natalia Compagnon, es una de las propietarias.

Caval adquirió en noviembre de 2013 unos terrenos rurales que eventualmente serían destinados a fines inmobiliarios en el equivalente a unos 10,4 millones de dólares y tiempo después los vendió con una ganancia neta de unos 4,8 millones de dólares.

La compra fue financiada con un préstamo del Banco de Chile, otorgado personalmente por Andrónico Luksic, vicepresidente de la entidad financiera, en una reunión con Dávalos y su esposa celebrada inmediatamente después del triunfo de Bachelet en las elecciones presidenciales.

Un par de semanas antes de la incautación en La Moneda, la Fiscalía allanó la casa de Dávalos, en el sector santiaguino de La Reina, de la que retiró otros ordenadores personales y diversos documentos.

Preguntada por la pesquisa realizada en la sede del gobierno tras una actividad pública este martes, Bachelet dijo que al estar el caso en manos de la Fiscalía, no le corresponde opinar, pero aseguró que su gobierno "ha dado todas las facilidades y la Fiscalía ha recibido toda la información que pidió".

Respecto de por qué el gobierno no había informado antes de la diligencia, Bachelet afirmó que "no corresponde que la Moneda informe, es la Fiscalía la que pide las diligencias e informa lo que corresponde".

Este martes, por otra parte, se informó de la designación de Paula Fortes como nueva directora Sociocultural del Gobierno, en reemplazo de Dávalos. La trabajadora social se desempeñaba hasta ahora como delegada presidencial para la reconstrucción tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: EFE

09 Marzo 2015

La Fiscalía chilena allanó la casa de Sebastián Dávalos, hijo de la presidente Michelle Bachelet, el pasado 6 de marzo. La diligencia fue encabezada por el fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, quien acudió al domicilio de Dávalos y su esposa, Natalia Compagnon, en el sector santiaguino de La Reina, acompañado de carabineros, según reveló hoy el diario electrónico El Mostrador.

La información fue luego confirmada por fuentes oficiales y, de acuerdo con el periódico, el allanamiento se realizó "cuando todo el país observaba atento" la audiencia judicial del caso Penta, que involucra a un poderoso grupo financiero local.

El fiscal incautó "diversos soportes técnicos y documentación relacionados con la investigación que busca determinar la existencia de eventuales ilícitos en el proceso de compra y venta por parte de la empresa Caval, ligada al matrimonio", señala la información.

Precisa que el miércoles de la semana pasada el Juzgado de Garantía de Rancagua emitió la resolución con la "orden de entrada, registro e incautación", en el marco de la causa que lidera Toledo que investiga eventuales delitos de uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

La orden autoriza a "abrir correspondencia cerrada", "incautar todos los elementos que pudieran relacionarse con la comisión del delito" y hacer "uso de la fuerza pública en caso de oposición, con allanamiento y descerrajamiento".

Tras hacerse pública la incautación, el ministro de Gobierno, Álvaro Elizalde, aseguró que el allanamiento no afectará la imagen de la mandataria chilena. "El liderazgo de la presidente es claro, los chilenos conocen su trayectoria de servicio público de toda la vida, así que no creo que tenga un impacto sustantivo", afirmó.

Caval, una pequeña empresa en cuya propiedad participa Natalia Compagnon, esposa de Dávalos, obtuvo con intervención de éste un préstamo del Banco de Chile por el equivalente a unos 10,4 millones de dólares para comprar unos terrenos que tiempo después vendieron con una ganancia de 4,8 millones de dólares.

En la concesión del préstamo, gestionado en noviembre de 2013, cuando Bachelet ganó las elecciones presidenciales, participó Andrónico Luksic, vicepresidente del Banco, cuya propiedad está controlada por su familia.

La repercusión del caso ha golpeado duramente la popularidad de Bachelet, que en un año ha caído 18 puntos, hasta el 34%, según una encuesta difundida hoy por la consultora Plaza Pública Cadem.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: EFE

11 Febrero 2015

El fiscal de Materia de la zona Sur de La Paz, Marcos Andrade, informó el miércoles que esa instancia judicial emitió una orden de aprehensión para el ex fiscal Humberto Quispe Poma, porque no se presentó a una audiencia en el proceso por supuesta corrupción.

"Las investigaciones no se pueden paralizar y se está sacando el correspondiente mandamiento de aprehensión del ciudadano Humberto Quispe Poma", explicó.

El Fiscal dijo que Quispe, a través de sus abogados, sólo presentó un memorial para justificar su falta a la audiencia, que estaba programada para las 11h00 de la mañana de esta jornada.

"Se le ha notificado y no se presentó y simplemente presentó un memorial citando que se tuvo una actividad", respaldó.

El 4 de febrero, el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, destituyó a Quispe de su cargo de Fiscal de la jurisdicción de La Paz, por supuestos delitos de corrupción.

Según medios locales, en la ciudad de La Paz se conformó una Asociación de Víctimas de Humberto Quispe, que hasta la fecha, inició 31 procesos penales y 12 disciplinarios en contra del jurista, por presunto mal ejercicio de funciones en el Ministerio Público.

Redacción Leo.bo

Fuente: ABI

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