Santa Cruz de la Sierra
16 Noviembre 2014

La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez lamentó el proceder del Ministerio Público al concluir la audiencia de medidas cautelares contra los imputados por la muerte del bebé Alexander, porque a su criterio culpó a los galenos y personal médico de "delitos leves" que no ameritan la detención preventiva.

La juez Segundo de Instrucción Cautelar, Lía Cardozo, determinó la detención preventiva de tres imputadas quienes son funcionarios del hogar Virgen de Fátima y la detención domiciliaria de otras cuatro, galenos y personal médico, tras la audiencia de medidas cautelares que se desarrolló ayer.

"Nosotros no podemos querellarnos porque no somos víctimas directas, pero hemos presentado una denuncia donde incluimos otros delitos que se han dejado de lado, como el incumplimiento de deberes, que tiene una pena de cuatro años con detención preventiva a estas personas que gozan de detención domiciliaria (…) ha sido pésima la investigación de la Fiscalía", declaró la autoridad ministerial al concluir la audiencia.

No descartó que el Ministerio de Justicia asuma acciones legales en contra de equipo de fiscales, si bien se aceptó la decisión de la juez que actuó dentro del marco legal, se pidió revisar el cuaderno de la investigación del caso Alexander para su análisis "exhaustivo".

Gutiérrez informó también que se ha realizado la revisión médica a los niños del hogar y misma acción se continuará en otros centros de acogida del departamento de La Paz y a nivel nacional para prever estas situaciones.

Sobre el personal que trabaja en los hogares, la autoridad refirió que la admisión de personal depende de cada gobernación o municipio que tiene a cargo la administración de estos lugares y son ellos los que deberán revisar los requisitos de contratación.

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

24 Octubre 2014

Aparentemente el trabajador no estaba trabajando con arnés de seguridad. Cayó desde el piso 6. La Fiscalía hará una inspección al lugar donde ocurrió el accidente.

Tras la muerte de un albañil, Marcial Soliz López, que la tarde del jueves cayó desde el octavo piso de una construcción, el Ministerio Público ha citado a los propietarios del edificio en construcción situado en el cuarto anillo, al lado del parque de la Autonomía.

“Vamos a iniciar la investigación preliminar. Estamos recogiendo datos para saber las causas de la caída”, indicó el fiscal del caso a la red UNO.

El hecho se registró ayer jueves a las 17:40, cuando el trabajador realizaba un reboque en el sexto piso del edificio junto a otro albañil que  también se desplomó y quedó colgado, salvando así su vida.

“Aparentemente el albañil no estaba con el arnés de seguridad. La muerte se debe a un traumatismo craneofacial”, agregó el especialista.

La tarde de este viernes la Fiscalía hará una inspección donde ocurrió el accidente.

Por su parte, un dirigente de la Federación de Constructores de Santa Cruz exige que los empresarios otorguen la mayor seguridad a sus trabajadores.

“La víctima no contaba con las medidas de seguridad, eso ha sido una irresponsabilidad por parte de los ingenieros”, agregó.

Redacción Leo.bo

Fuente: Agencias

24 Octubre 2014

La víctima fatal del hecho fue identificado como Marcial Soliz López de 35 años, el cual murió a raíz de contuciones en la cabeza, otro albañil logró salvarse con la ayuda de sus compañeros, la Policía llegó para poder levantar el cadáver y llevarlo a la morgue.

El hombreperdió la vida tras caer de un octavo piso de un edificio en construcción ubicado en el cuarto anillo de las avenidas Roca y Coronado y Centenario. Los primeros informes que dieron a conocer indicaban que la persona estaba realizando trabajos de obra fina sobre un andamio y que presumiblemente se habría soltado la correa que la sujetaba provocando la caída fatal destrozándole el cráneo.

El fiscal José Parra, quien llegó hasta el lugar del lamentable accidente, informó que la tragedia ocurrió aproximadamente a las cinco de la tarde. Se investigarán las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Se conoce que eran dos obreros los que estaban sobre la estructura, el segundo habría quedado colgado salvando su vida, quien fue auxiliado por sus compañeros y se encuentra fuera de peligro.

El Ministerio Público convocará a los administradores de la empresa constructora para investigar si la obra contaba con todas las garantías y cumplían con todas las normas de seguridad que se exige para los trabajadores. Por su parte, los encargados de la obra no quisieron dar ninguna declaración a la prensa sobre lo sucedido.

La división de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) hizo el levantamiento legal del cadáver y lo trasladó hasta la morgue para realizarle la autopsia de ley correspondiente.

Redacción Leo.bo

Fuente: Agencias

20 Octubre 2014

El Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado presentaron este lunes en la ciudad de La Paz el Programa Piloto para la Aplicación de Delitos Flagrantes, con el objetivo de facilitar el desarrollo de destrezas en los fiscales y jueces para que puedan aplicar, con criterio uniforme y adecuado, el procedimiento inmediato en casos de delitos referidos a este tema.

“Este es un proyecto muy importante que está siendo aplicado en coordinación entre el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado. Nosotros valoramos y resaltamos este trabajo conjunto para agilizar la justicia en beneficio de la población”, dijo la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez.

La presentación del programa fue realizada en el Salón de Honor del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en presencia de la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani; el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero; entre otras autoridades y operadores de justicia.

En tal sentido, el fiscal general, Ramiro Guerrero, señaló que con esa iniciativa se pretende dar respuestas inmediatas en casos que ameriten la aplicación adecuada del procedimiento en delitos de flagrancia, que permitan una actuación competente en los escenarios del ejercicio de la función fiscal y judicial.

“Este es un trabajo conjunto para mejorar la justicia, para dar respuesta a esas demandas de la población que clama justicia todos los días. Que terminen esos procesos burocráticos, largos, pesados; que acabe la corrupción y la retardación, esa es la respuesta que queremos dar a nuestro pueblo”, manifestó Guerrero.
Por su parte, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, expresó que el programa será aplicado en los distritos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca,

“Estos cuatro distritos van a trabajar en temas de flagrancia, un tema que está estipulado en el Código de Procedimiento Penal pero que no se estaba aplicando a cabalidad. Queremos que se cuente con sentencia inmediata, no queremos investigaciones de seis meses, si es de flagrancia no hay qué investigar, no se puede seguir dilatando los procesos”, indicó Mamani.

Asimismo, señaló que el trabajo pretende uniformar criterios de jueces y fiscales de flagrancia para realizar un trabajo efectivo y ágil.

Redacción Leo.bo

Fuente: Ministerio de Justicia

17 Octubre 2014

La fiscalía de México anunció este viernes la detención del presunto líder de los Guerreros Unidos, un cártel narcotraficante acusado de colaborar con policías de la ciudad de Iguala (sur) en el ataque y posterior desaparición de 43 estudiantes hace tres semanas.

Fue capturado "Sidronio Casarrubias Salgado, líder máximo de este grupo delincuencial, en compañía de uno de sus operadores más cercanos", dijo en una conferencia de prensa Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía.

Casarrubias fue capturado en un retén policial de la carretera que comunica a Ciudad de México y la cercana Toluca (centro) después de presentar una identificación falsa, explicó Zerón.

El detenido es hermano de Mario "El Sapo Guapo" Casarrubias, supuesto fundador y anterior líder de los Guerreros Unidos, detenido en mayo.

El comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, dijo hace diez días a medios extranjeros que los Guerreros Unidos no tenían un jefe claro y que su actividad estaba fragmentada desde la captura de "El Sapo Guapo".

El fiscal, Jesús Murillo Karam, aseguró que la detención de Sidronio Casarrubias "es el principio de una nueva ruta de investigación que nos puede acercar más pronto y más fácilmente a la verdad".

El gobierno de México afronta una creciente presión en el país y el exterior para el esclarecimiento de este enigmático caso. Los jóvenes siguen sin aparecer y tampoco han sido identificados aún entre los cadáveres hallados en fosas clandestinas.

Hay más de 50 detenidos por este caso, incluidos 36 policías municipales y 17 presuntos miembros de Guerreros Unidos, un cártel creado en los últimos años y dedicado sobretodo al tráfico de amapola y marihuana a Chicago (Estados Unidos).

Redacción Leo.bo

Fuente: AFP

15 Octubre 2014

Carmen Luisa Dorado denunció a una mujer por estafa de 100.000 dólares. Ella contó que envió dinero desde España para la compra de un inmueble, un vehiculo y amoblarlo. Sin embargo, a su regreso no encontraron nada. El  fiscal Randy Dávalos ordenó la aprehension porque hace un año que es buscada.

Redacción Leo.bo

Fuente: Leo.bo

13 Octubre 2014

El fiscal pretende concluir las investigaciones sobre el fichaje del brasileño Neymar, por parte de Barcelona, antes de Navidad, a falta tan solo de un informe de Hacienda sobre la cantidad que el club azulgrana pagó a Santos y cómo se consignó ese dinero en las cuentas del club catalán.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, la intención del fiscal de la Audiencia Nacional, José Perals, es no pedir más diligencias tras la declaración, el pasado día 1 de octubre, del padre de Neymar y del director financiero de Barcelona, Néstor Amela, y con los datos de que dispone, el funcionario buscará dejar la causa preparada para que el juez Pablo Ruz pueda dar por concluida la investigación y, en su caso, abrir juicio oral.

Los delitos que se podrían desprender por el fichaje de Neymar (el club sostiene que costó 57 millones de euros, pero se sospecha que fueron varias decenas más) son fraude fiscal, imputable a Barcelona y a su expresidente Sandro Rosell como representante del club, así como apropiación indebida en su modalidad de gestión desleal o bien delito societario, en este caso solo contra Rosell.

El primero de los posibles delitos ya estaría suficientemente acreditado, ya que Barcelona no pagó nada a Hacienda en su momento y decidió, una vez había estallado el caso, abonar 13,5 millones a la Agencia Tributaria por consejo de su asesor fiscal, aunque las fuentes destacan que, pese a este pago, no ha reconocido el delito. En este caso, los hechos se tipificarían como constitutivos de hasta dos delitos fiscales por las cuotas impagadas en dos años, por lo que Rosell se podría enfrentar a una pena de dos años de cárcel (un año por cada delito).

La Agencia Tributaria confirmó en un informe que Barcelona cometió un delito fiscal al defraudar a Hacienda al menos 9,1 millones en el fichaje, cantidad que podría aumentar a 11,7 millones si se confirma la posible defraudación de otros 2,6 millones para el ejercicio del 2014.

El segundo delito es solo imputable a Rosell y corresponde al engaño que supuestamente cometió al afirmar a los socios que se le había pagado una cantidad por el fichaje cuando en realidad era otra mayor, y al consignar gastos del traspaso de Neymar por otros conceptos.

La Fiscalía duda si enmarcarlo en el delito societario o en el de apropiación indebida en la modalidad de gestión desleal, que contemplan penas diferentes: el de apropiación indebida se basaría en las declaraciones de Rosell ante la asamblea de socios de Barcelona, cuando afirmó que el fichaje costó tan solo 57 millones, mientras que el societario sería atendiendo a que el dinero que consignó en las cuentas lo fue con otro concepto.

La doctrina reciente del Tribunal Supremo se inclina por el delito societario cuando los hechos delictivos los cometen los gestores de una empresa, como podría ser aplicable en este caso a Rosell, han indicado las fuentes.

El fiscal no tiene previsto pedir que declare más gente en este caso y está pendiente de un último informe de Hacienda, en el que un perito podría acreditar que varias cantidades que se abonaron a Santos, por otros conceptos, en realidad eran para pagar el fichaje: se trata, por ejemplo, del pago de 7,9 millones de euros por un acuerdo para el fichaje de tres jugadores de Santos y 9 millones por dos partidos amistosos con ese equipo en Argentina, uno de los cuales no se disputó.

Los abogados de Barcelona intentaron un primer acercamiento con el fiscal hace meses para lograr un pacto, pero no han vuelto a contactar con la Fiscalía, aunque el club ha consignado 8,8 millones en los presupuestos del próximo año para pagar posibles multas derivadas del procedimiento.

Redacción Leo.bo

Fuente EFE

 

10 Octubre 2014

Ponce aseguró que la intención era trasladar a indígenas a sus pueblos de origen.

El fiscal de Distrito de La Paz, José Ponce, afirmó ayer que el  exsubcomandante de la Policía,  Óscar Muñoz Colodro, fue quien dio la orden de intervención a la marcha de los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Chaparina, el 25 de septiembre de 2011. Sin embargo, esta intervención tenía la finalidad de trasladarlos a sus lugares de origen, pero esta desmovilización se habría salido de control terminando en violencia.

"Él (Muñóz) es quién en algún momento ordena el desplazamiento de los efectivos de la Policía y allí se origina la represión”, afirmó Ponce a Cadena A.

El fiscal precisó que ese día se registró un amago de enfrentamiento en unas cabañas situada en una zona próxima a Chaparina (Beni). Unos indígenas, que hacían vigilancia de la marcha, estaban armados con palos y flechas y atacaron a los policías que tenían la intención de desmovilizar la marcha indígena.

Debido a este enfrentamiento entre policías e indígenas es que el ex jefe policial habría dado la instrucción de que  se "proceda a la represión”. Aunque esta instrucción era "trasladar a los marchistas” y trasladarlos a sus lugares de origen. Pero en esa intención es que la desmovilización se salió de control, dijo Ponce.

El 25 de septiembre de 2011, un contingente de al menos 500 policías intervino violentamente el campamento de la VIII marcha indígena del TIPNIS en la comunidad de San Miguel de Chaparina (Beni). Los uniformados golpearon a los marchistas  sin consideración, a mujeres y niños les taparon la boca con masking y les maniataron.

A más de tres años de la violenta represión que sufrieron los indígenas, el dirigente Adolfo Chávez demandó a la Fiscalía emitir una orden de detención  contra Sacha Llorenti, quien entonces era ministro de Gobierno, porque habría ordenado la represión a  los marchistas.

Redacción Leo.bo

Fuente: Página Siete

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