Santa Cruz de la Sierra
10 Febrero 2017

El Ministerio Público imputó este viernes al dirigente minero, Josué Caricari Quecaña, por el asesinato del exviceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, y solicitó su detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

“La comisión de fiscales determinó imputar a Caricari por los delitos de asesinato, robo agravado, organización criminal, tenencia y porte o portación ilícita (de explosivos) y atentados contra miembros de organismo de seguridad del Estado”, dijo el fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco.

Caricari se entregó ayer a la Policía y es el principal sospechoso del asesinato de Illanes porque es la persona que de manera pública advirtió con matar a la entonces autoridad gubernamental momentos antes de que se concrete ese extremo en medio de las movilizaciones de los cooperativas mineros en agosto de 2016.

Por eso “ante los indicios detallados en la imputación, la comisión de fiscales solicitó la detención preventiva del sindicado en el penal de Chonchocoro, toda vez que se presume su probabilidad de autoría y concurren los riesgos procesales”, cita un comunicado oficial de la Fiscalía.

Las investigaciones determinaron que Caricari se encontraba en la localidad de Panduro el 25 de agosto de 2016, cuando Illanes fue asesinado.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

02 Febrero 2017

La Fiscalía imputó al excomandante de la Policía de La Paz, coronel José Luis Araníbar, por incumplimiento de deberes y denegación de auxilio en el caso por la muerte de Rodolfo Illanes, informó el abogado del Ministerio de Gobierno, Marcelo Gutiérrez.

El entonces viceministro Illanes murió asesinado el pasado 25 de agosto de 2016 en Panduro, a manos de cooperativistas mineros quienes lo tuvieron secuestrado por varias horas en el marco de un conflicto con el Gobierno.

El coronel Araníbar era el responsable del contingente policial que estaba en el lugar de los hechos.

El abogado Gutierrez señaló que si bien se respeta la decisión de la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno tiene otra hipótesis puesto que Araníbar sólo siguió las órdenes del Comande General y el Ministerio de Gobierno.

Según el funcionario, la imputación contra el Coronel hace referencia no sólo al caso de la muerte de Illanes sino también a presunta vulneración de derechos de los cooperativistas mineros.  

Gutiérrez estimó que en los siguientes días un juzgado de El Alto llamará a una audiencia cautelar para definir el estatus jurídico de Araníbar.

El pasado septiembre, el fiscal Herlan Almanza explicó que Araníbar estaba siendo investigado debido a que no replegó las fuerzas policiales de Panduro, como lo había solicitado Illanes.

Ese 25 de agosto, la Policía no logró replegarse hasta horas de la tarde. En ese transcurso se produjo un enfrentamiento con los mineros, en el cual murió el cooperativista Rubén Aparaya.

Según la Fiscalía, los mineros asesinaron al Viceministro cuando se enteraron del fallecimiento de su compañero. El principal sospechoso del asesinato d Illanes es el primo de Rubén Aparaya, llamado Ángel.

Romero rechaza la imputación

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, expresó su rechazo absoluto a la imputación que hizo la Fiscalía. Dijo que no es justa y tampoco se apega a la legalidad.

También reprochó el actuar del Ministerio Público puesto que a su criterio fue “contradictorio”, debido a que ahora juzga a la Policía cuando el 25 de agosto la comisión de fiscales ni siquiera llegó a Panduro donde tenían rehén a Illanes.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

30 Enero 2017

Un total de 15 ciudadanos alteños, entre padres de familia y funcionarios ediles, fueron acusados formalmente por el Ministerio Público por el caso del incendio suscitado en la alcaldía de la ciudad del El Alto en febrero de 2016, que dejó un saldo de seis muertos y varios heridos, informó el abogado Frank Campero.

"Ya existe una acusación formal contra más de 15 personas por el tema del atentado que ha sufrido la Alcaldía municipal de la ciudad de El Alto y en el cual gozamos hoy con dos resoluciones emitidas por el doctor Paul José Miranda, fiscal de materia asignado al caso, en el cual a los funcionarios ediles de la alcaldía municipal", indicó Campero.

Los acusados son los siguientes: Víctor Hugo Tola, Miguel Ángel Cachi, Álvaro Kevin Calvimontes, Braulio Rocha, Fausto Loza, Wilmer Guido Sarzuri, Néstor Sergio Churqui, Daniel Nina, Hipólito Cutile, Flavio Altamirano, Dorian Ulloa, Teodoro Choquehuanca, Marcelo Plata, Rodrigo Gerardo Vélez y Félix Alberto Durán.

En febrero de 2016, un grupo de padres de familia y dirigentes sociales afines al MAS generaron una protesta que derivó en el incendio de la Alcaldía y la muerte de las personas. Abogados del municipio señalan que es "indignante" que se acuse también a empleados municipales que fueron "víctimas" de la situación.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

03 Enero 2017

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó que realizan trámites para la extradición de la exfuncionaria de Aasana Celia Castedo, para que responda ante la justicia boliviana sobre supuestas responsabilidades administrativas en la autorización del avión de LaMia que se estrelló en Colombia, dejando 71 personas fallecidas.

Explicó que coordinan con las autoridades judiciales para que Castedo “sea traída al país” a prestar declaración informativa dentro las investigaciones, sobre los hechos previos a la salida del avión desde Viru Viru rumbo a Colombia el pasado 28 de noviembre.

Anunció que en próximas horas se convocará al sobreviviente Edwin Tumiri y al ex director de Aasana Tito Gandarilla y al exdirector de la DGAC, Cesar Varela, para que presten sus declaraciones y ver la situación jurídica de estos funcionarios.

Actualmente Castedo goza de un refugio temporal otorgado por Brasil y vive en la población fronteriza de Corumbá, a donde huyó tras el accidente y al enterarse que estaba siendo procesada y corría el riesgo de ser detenida en la carcel de Santa Cruz, por un presunto incumplimiento de deberes.

"Se está haciendo los trámites en autoridad judicial que corresponde. Se ha pedido, sería bueno que esta señora pueda declarar ante las autoridades bolivianas, sin perjuicio de ello estamos haciendo todos los actos judiciales para que esta señora sea traída al país", declaró manifestó Guerrero.

Castedo concedió en pasadas horas una entrevista al matutino El Deber, al que declaró que Aasana no podía impedir la salida del vuelo, sino la DGAC que tiene atribuciones para impedir la salida de un vuelo con un plan irregular.

En su descargo afirmó que ella no autorizó ningún vuelo, sino al contrario planteó cinco observaciones que no fueron tomadas en cuenta por el tramitador de la empresa LaMia y piloto que decidió decolar sin salvar la observaciones al plan de vuelo y a la capacidad de combustible.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

07 Diciembre 2016

El Ministerio Público liberó a dos empleados de la empresa LaMia, pero su gerente general, Gustavo Vargas Gamboa, sigue aprehendido a la espera de una audiencia de medidas cautelares.

Néstor Higa, abogado defensor de los sospechosos, informó que la denuncia que recibieron es por homicidio culposo, lesiones graves y gravísimas, incumplimiento de deberes, entre otras figuras legales contempladas en el proceso.

"El Ministerio Público tenía (que recibir) las declaraciones de las tres personas que vinieron arrestadas. Ha determinado el cese de arresto para dos y se ha quedado el general Vargas, que es representante legal de la empresa Lamia", dijo a los periodistas según una versión de ABI.

Una aeronave de LaMia se estrelló la semana pasada en las cercanías de Medellín tras quedarse sin combustible y en la colisión murieron 71 personas, entre ellos 50 jugadores y dirigentes del club brasileño de fútbol Chapecoense.

La Policía arrestó el jueves a los tres funcionarios y fueron trasladados a la Fiscalía de Santa Cruz para brindar su declaración informativa, en la que Vargas se acogió al derecho al silencio.

También se indagará a Marco Rocha, que figura como socio de la empresa y que reside en Cochabamba. El otro socio de la empresa, Miguel Quiroga, era el piloto que falleció en la comisión.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

01 Diciembre 2016

A denuncia de vecinos de la zona Sur, la Fiscalía inició este jueves la investigación en contra de las ex y actuales autoridades de la Empresa Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) y de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable (AAPS) por el corte y racionamiento de agua en la ciudad de La Paz.

Edwin Sarmiento es el fiscal asignado al caso e informó que la investigación es por los delitos contra la salud pública, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, incumplimiento de deberes y asociación delictuosa.

“Aparentemente no se habrían tomado los recaudos o la previsiones necesarias para poder abastecer de agua a la población, tomando en cuenta que los ejecutivos de EPSAS ya conocían con anterioridad este hecho”, explicó.

En la demanda figuran los actuales ejecutivos de la AAPS, Víctor Hugo Rico; de EPSAS, Humberto Claure, y las exautoridades Benecio Quispe y Rudy Rojas.

Sarmiento explicó que la denuncia también contempla la distribución de agua turbia en los barrios afectados con el corte y racionamiento, por lo que anticipó un análisis laboratorial para determinar la existencia o no de algún elemento tóxico para la salud.

Más de 100 barrios sufren cortes y racionamiento debido a la disminución del caudal de las represas.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: La Razón

23 Noviembre 2016

El Ministerio Fiscal de España oficializó un pedido de prisión para Neymar da Silva Santos Junior, el delantero del Barcelona, y una multa de 10 millones de euros dando lugar así al reclamo por fraude del fondo de inversión DIS, grupo que era dueño del 40% de los derechos federativos del brasileño cuando se realizó su transferencia al club blaugrana, en mayo de 2013.

En su escrito, el fiscal José Perals, eximió de los cargos por negocios espurios a Josep María Bartomeu, actual presidente del Barcelona, club al que, sin embargo, le reclama el pago de una multa de 8,4 millones de euros como así también al Santos, institución de donde provino Neymar, al que le exige una suma de 7 millones de euros en concepto de castigo.

El órgano de Justicia también solicitó mediante el fiscal dos años de cárcel para el padre de Neymar y un año para su madre, ambos por el delito de corrupción en los negocios, el mismo que le imputa al hijo, y pide asimismo una multa de 1,4 millones de euros para la empresa familiar N&N, además de reclamar a cada uno de ellos la misma multa de 10 millones de euros que el fiscal ha pedido para el jugador.

El pedido de prisión para Neymar ocurre casi cinco meses después de que la propia Justicia española condenara a Lionel Messi a la pena de 21 meses de cárcel por fraude fiscal cometido en el marco de la no declaración de ganancias por derechos de imagen cometidos en los ejercicios de 2007, 2008 y 2009.

En dicho juicio también fue condenado su padre, Jorge Messi, pese a que la familia reconoció los cargos y pagó más de 5 millones de euros a Hacienda, el órgano fiscal de Barcelona, pese a que la suma defraudada fue de 4,5 millones de euros.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Mundodeportivo.com

18 Noviembre 2016

La Fiscalía de Santa Cruz no abre aún la investigación preliminar sobre una denuncia de violación presentada contra el líder de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Lucio Ayala Siripi,  y ayer postergó por segunda vez una declaración informativa del denunciado, informó a Erbol la abogada de la víctima Darly Franco.

En la primera oportunidad, Ayala hizo suspender porque argumentó asistencia a un congreso indígena y ahora la fiscal asignada al caso Hortensia Paniagua, argumentó falta de tiempo por, supuestamente, recargadas labores sin considerar que un caso de violación, por mandato de la Ley 348, debe ser atendido bajo el principio de celeridad procesal, indicó en contacto telefónico. 

La nueva declaración fue programada para el próximo 24, pese a que la denuncia fue presentada el pasado 15 de noviembre. “Esto es un caos, aquí en Santa Cruz las autoridades no aplican la ley”, indicó la abogada que defiende a la víctima, una mujer de 30 años que a la vez ocupa el cargo de Secretaria de  Género en la Central de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag)

Según explicó la abogada, la dirigente se comunicó con Ayala para transmitirle que hay un problema de tierras y pedía el asesoramiento. La mujer llegó el 4 de noviembre a las 02:00 de la mañana a la Casa Grande Indígena de la CIBOD en la ciudad de Santa Cruz, donde había sido citada y recibida por Ayala.

Sin embargo a esa hora de la mañana – según la denunciante -  fue obligada a mantener relaciones sexuales contra su voluntad en el segundo piso del edificio, donde estuvo encerrada en la habitación que ocupa el líder indígena.

Desde entonces buscó ayuda para sentar la denuncia que fue presentada ante la Fiscalía de Santa Cruz. El caso también es de conocimiento de la FELCV de la Villa 1 de Mayo, donde el pasado 14 de noviembre acudió a protestar por la demora en la investigación.

La abogada Franco negó que la denuncia tenga algún tinte político, tal como el denunciado entiende, tomando en cuenta que es un indígena afín al partido de Gobierno. Declaraciones al matutino El Día de Santa Cruz, el dirigente evitó dar explicaciones y dejó todo en manos de la investigación fiscal.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

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