Santa Cruz de la Sierra
03 Noviembre 2016

La exclusión del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y todo su gabinete del juicio de responsabilidades por la capitalización de ENFE, desató malestar político en miembros de la Asamblea Legislativa. La oposición piensa que esa una prueba que el MAS y el MNR “son amigos” y un oficialista expresa su molestia y anuncia una investigación a la Fiscal General del Estado.

El fiscal en suplencia legal, Roberto Ramírez, firmó el 13 de octubre último la resolución de rechazo de la proposición acusatoria de la Asamblea, porque el Legislativo, de acuerdo al Art 304, numeral 3, no aportó elementos suficientes para fundar la acusación.

Por ese motivo, dispuso el archivo de obrados bajo advertencia que “la decisión que no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias que la han fundamentado” y no hay posibilidad de objeción porque no existe superior jerárquico al Fiscal General conforme al Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

El diputado Gonzalo Barrientos de la opositora Unidad Demócrata, dijo que llama la atención que durante tres años, el MAS haya acumulado una serie de antecedentes sobre la capitalización que solo sirven para fines electorales.

“Resulta extraño que no solo los rosados, sino también los azules estén contentos con el tema y esto explica por qué andan de amigos. Fueron aliados el 21 de febrero en el Beni y lo propio ocurre en la Cámara de Diputados”, dijo al anunciar que pedirán explicaciones a la Fiscalía General.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), sostuvo que la Fiscal General ha hecho “una interpretación errática sobre la naturaleza de la Asamblea Legislativa” y dijo que le gustaría conocer los fundamentos por los cuales Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín fue sobreseídos. A lo mejor puede ser que en interpretación en la Fiscalía, ambos gocen de caso de corte y no de un proceso ordinario”.

Borda manifestó que se debe recordar al Ministerio Público que los delitos de corrupción son imprescriptibles en cualquier tiempo, espacio y lugar, y conforme a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz si hay un sobreseimiento o rechazo de denuncia, la Fiscalía tiene que fundamentar debidamente la resolución, caso contrario los fiscales estarían cometiendo delito de incumplimiento de deberes.

Sostuvo que el rechazo da entender que la Fiscalía está totalmente parcializada y “da una mala imagen” al sobreseer a dos personas que hicieron daño al país, porque que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y no limitarse a decir que “la Asamblea ha investigado mal y por tanto se rechaza, ellos tienen que investigar”.

Por su lado, la diputada Norma Piérola (PDC) sostuvo que la resolución es una muestra que la alianza MAS-MNR funciona en todos los niveles y echa por tierra el discurso del presidente Evo Morales contra la capitalización, porque resulta que para la Fiscalía ese proceso no había sido ilegal.

Anunció que la próxima semana presentará ante la Cámara actos de fiscalización al accionar de la Fiscalía  porque la resolución “es una nota de aplazo para  la comisión de investigadores”. Además – dijo- hay que recordar que el Fiscal Ramiro Guerrero viajó a Estados Unidos, supuestamente a notificar a Sánchez de Lozada, pero volvió "con las manos vacías".

“Es una vergüenza para toda la Asamblea, aunque debemos aclarar que la oposición no participó de la investigación y sólo fue el trabajo de los masistas que emitieron y aprobaron el informe sobre la privatización, incluso cuando su mandato había fenecido en enero de 2015 y fue ilegalmente prorrogado por el vicepresidente Álvaro García Linera”, indicó la diputada Piérola.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

01 Noviembre 2016

La Fiscalía General del Estado rechazó un juicio de responsabilidades al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a exministro Carlos Sánchez Berzaín y todo su gabinete de ministros por el proceso de capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y su transferencia a la empresa Cruz Blanca, y  ordenó el archivo definitivo de  obrados, que inicialmente fueron aprobados por la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con la Resolución a la que  tuvo acceso ERBOL en fuentes de la Fiscalía de La Paz,  el Fiscal General en Suplencia Legal Roberto Ramírez, firmó el rechazo de la denuncia contenida en la proposición acusatoria y, en consecuencia, su archivo en favor de Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante.

La resolución también beneficia a José Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha de la Parra, Fernando Candia Castillo, Germán Reynaldo Peters Arzabe, Cristóbal Alfonso Revollo Thenier, Jaime Villalobos Sanjinés, Freddy Teodovic Ortiz, Moisés Jarmusz Levy e Irvin Alcaraz del Castillo inicialmente acusados por el delito de incumplimiento de deberes.

También levantó cualquier responsabilidad por los delitos de Contratos Lesivos al Estado,  contra Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, Fernando Candia, Reynaldo Peters, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos. Igualmente por los delitos de conducta Antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, contra Antonio Araníbar Quiroga, Jorge Otásevic, René Osvaldo Blattmann, Freddy Teodovic, Moisés Jarmusz e Irving Alcaraz.

La Fiscalía libera de culpa a José Luis Landívar Bowles y Rolando Suárez Montoya por el delito de contratos lesivos al Estado.

La resolución del 13 de octubre último, aclara que “la decisión que no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias que la han fundamentado. Al emitirse la presente resolución en el marco de la Ley N| 014 y no existiendo superior jerárquico en el Ministerio Público al Fiscal General conforme al Art. 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, no cabe objeción prevista en el artículo 305 del Código de Procedimiento Penal”.

El juicio fue autorizado el 13 de enero de 2016  por la Asamblea Legislativa en el marco de una investigación al proceso de la privatización/capitalización. Sin embargo la Fiscalía General desvirtuó el trabajo del Legislativo porque de acuerdo al Art 304, numeral 3, la investigación no aportó elementos suficientes para fundar la acusación.

De acuerdo a los antecedentes, Sánchez de Lozada,  mediante el decreto 24165 de 1995 convirtió a parte de ENFE en la Empresa Ferroviaria Andino SAM (FCA-SAM) con un valor –que figura en la norma- de 137 millones de bolivianos. Luego, mediante el decreto 24186, Sánchez de Lozada y sus ministros capitalizaron FCA-SAM a la empresa Cruz Blanca por 66 millones de bolivianos, la mitad de su valor real.

Se conoce que durante la etapa investigativa, ni Sánchez de Lozada ni Sánchez Berzaín ejercieron representación alguna para asumir defensa ante la acusación, por lo que el sobreseimiento absoluto fue más una conclusión de la fiscalía que un mérito de la defensa legal.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Erbol

28 Octubre 2016

El fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó que el lunes 31 de octubre  presentará su declaración el Defensor de Pueblo, David Tezanos Pinto sobre los hechos del 24 y 25 de agosto en el bloqueo de los cooperativistas mineros que acabó con la vida de cinco cooperativistas y el viceministro Rodolfo Illanes.

“La comisión de fiscales ha convocado al Defensor del Pueblo para que preste su declaración el lunes 31 de octubre a las 15.00. Estoy informado que se ha realizado la notificación y han confirmado su asistencia”, indicó Blanco a los medios de comunicación.

El Fiscal Departamental explicó que la declaración de Tezanos Pinto fue postergada en más de una oportunidad por “temas de agenda del Defensor” antes que por voluntad o intención del Ministerio Público.

Sobre el informe de la Defensoría del Pueblo que afirma la portación de armas de fuego por parte de siete oficiales Blanco indicó “la base de nuestro trabajo son las actas de declaración ante la comisión de fiscales y aún el Defensor no ha declarado”.

Aseguró que las declaraciones de los involucrados en este caso o en otros a los medios de comunicación no afectan la investigaciones ni a los investigadores, pues –reiteró- solo se trabaja con lo que declaran los convocados.

Tezanos Pinto adelantó el jueves que el 31 se presentaría a declarar sea o no convocado, porque ya tiene de respaldo el informe de la Defensoría del Pueblo.

Redacción: Leo.com.bo                                              

 

Fuente: Radiofides.com

26 Octubre 2016

En el marco del caso FOCAS, la Fiscalía encontró cinco cuentas bancarias de Samuel Doria Medina  en entidades financieras del país, que sumadas todas no superan un saldo de 3.500 bolivianos.  

La información se encuentra en la Resolución FGE/RART Nº 16/2016, a la que tuvo acceso Erbol, mediante la cual el Ministerio Público imputó al empresario por tres delitos y pidió su detención preventiva, además de la hipoteca legal de 21 de sus bienes.

En dicho documento se especifican las cinco cuentas bancarias que se encontró de Doria Medina:

Los pocos recursos que se halló en cuentas de Doria Medina fueron uno de los argumentos para que la Fiscalía solicite la detención preventiva del opositor en la cárcel de San Pedro de La Paz.

Para el Ministerio Público, el saldo en las cuentas del empresario son “montos tan escasos que no aseguran su presencia en el proceso al no garantizar un arraigo económico en el país”, lo cual podría implicar un peligro de fuga.

Doria Medina es un reconocido empresario que en 2014 vendió sus acciones de Soboce por 300 millones de dólares y la semana pasada compró el 80% de las acciones del Hotel Los Tajibos en 39 millones de dólares. Ambas transacciones se realizaron en la Bolsa Boliviana de Valores.   

El líder de Unidad Nacional (UN) fue imputado  por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica.

Según la denuncia, Samuel Doria Medina, cuando era Ministro de Planeamiento en 1992, habría desviado recursos de un crédito estadounidense para el proyecto FOCAS (Formación de Capital en Áreas Secundarias), para dárselo a una tasa de interés más baja a Funda-Pro.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente Erbol

 

25 Octubre 2016

Además de la detención preventiva en la cárcel de San Pedro, la Fiscalía General del Estado solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, autorice la hipoteca legal de 21 inmuebles de propiedad del  jefe opositor de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, para resarcir un supuesto daño económico de 21.061.277 dólares por el caso Focas.

La Resolución  FGE/RART Nº 16/2016 a la que tuvo acceso Erbol, recuerda al Tribunal que el pasado 1 de febrero de 2016, ya se dispuso a anotación preventiva,  que fue ratificada mediante Auto Supremo Nº 010/2016, de 11 de mayo de 2016 .

Argumenta que considerando que se tiene demostrado un daño económico certificado  por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, amerita la aplicación de medidas cautelares reales para garantizar la reparación del daño y los perjuicios, así como el pago de costas o multas.

La Fiscalía solicita al Tribunal autorizar la conversión de anotación preventiva ya dispuesta por la hipoteca legal, disponiendo su inscripción en el Registro de Derechos Reales de  los siguientes inmuebles:

1.- CASA inmueble con matricula 2010990157426, de 2 plantas, Nº 9 MZNA, “P”, Villa Ayacucho, Zona de Achumani, superficie 600.00 Metros2 – Murillo-ciudad de La Paz.

2.-  Inmueble LOTE DE TERRENO con matricula 2010990157427, Ubicación – Nº 17 MZNA. “P” (PRIMA) URBANIZACIÓN ACHUMANI, superficie 600.00 Metros2, MURILLO CIUDAD DE LA PAZ.

3.-  Inmueble LOTE DE TERRENO con matricula 2012010012500, Ubicación – E-18- URBANIZACIÓN “ANANTA”, superficie 1290.00 Metros2, MURILLO, MECAPACA.

4.- Inmueble LOTE DE TERRENO con matricula 2012010012501, Ubicación – E-21- URBANIZACIÓN “ANANTA”, superficie 1470.00 Metros2 MURILLO MECAPACA.

5.-  Inmueble LOTE DE TERRENO con matricula 2012010012502, Ubicación – E-19- URBANIZACIÓN “ANANTA”, superficie 2470.00 Metros2 MURILLO MECAPACA.

6.-  Inmueble LOTE DE TERRENO con matricula 2012010012503, Ubicación–E-17- URBANIZACIÓN “ANANTA”, superficie 1290.00 Metros2 MURILLO MECAPACA.

7.- Inmueble LOTE DE TERRENO con matricula 2012010012504, Ubicación – E-20- URBANIZACIÓN “ANANTA”, superficie 2272.00 Metros2 MURILLO MECAPACA.

8.- Inmueble LOTE DE TERRENO con matricula 2010990157428, Ubicación –#11, PLAYA DEL CURSO DEL RIO CHOQUEYAPU, superficie 2500.00 Metros2 MURILLO- CIUDAD DE LA PAZ.

9.- Inmueble LOTE DE TERRENO con matricula 2012010011771, Ubicación-PLAYA MUNICIPAL, LOCALIDAD DE MECAPACA, PROV. MURILLO, superficie 5150.00 Metros2 MURILLO MECAPACA.

10.- Inmueble LOTE DE TERRENO con matricula 2010990033038, Ubicación-URBANIZACIÓN JARDIN DE ACHUMANI-SECTOR SUR, superficie 11945.68 Metros2 MURILLO, CIUDAD DE LA PAZ.

11.- Inmueble LOTE DE TERRENO con matricula 2010990114171, Ubicación – PLAYA-POBLACIÓN DE MECAPACA, SOBRE EL CURSO RIO CHOQUEYAPU, designación LOTE Nº 22, superficie 2550.00 Metros2 MURILLO, CIUDAD DE LA PAZ.

12.- Inmueble LOTE DE TERRENO con matricula 2010990133714, Ubicación –URBANIZACIÓN JARDIN DE ACHUMANI-SECTOR SUR, Designación-MZNA. Nº 12-LOTE 1, CALLE 28 y 27 S/N, superficie 1165.94 Metros2 MURILLO, CIUDAD DE LA PAZ.

13.- Inmueble LOTE DE TERRENO con matricula 2010990133716, Ubicación – URBANIZACIÓN JARDIN DE ACHUMANI-SECTOR SUR, designación MZNA. Nº 12 – LOTE Nº 3 CALLE 28 y MIGUEL CARRASCO S/N, superficie 646.57 Metros2 MURILLO, CIUDAD DE LA PAZ.

14.- Inmueble LOTE DE TERRENO con matricula 2010990133717, Ubicación – URBANIZACIÓN JARDIN DE ACHUMANI-SECTOR SUR, designación MZNA. Nº 12 – LOTE Nº 4 CALLE MIGUEL CARRASCO Y CALLE 27 S/N, superficie 646.57 Metros2 MURILLO, CIUDAD DE LA PAZ.

15.- Inmueble LOTE DE TERRENO con matricula 2010990133718, Ubicación – URBANIZACIÓN JARDIN DE ACHUMANI-SECTOR SUR, designación MZNA. Nº 12  LOTE Nº 5 CALLE 27 S/N, superficie 650.00 Metros2 MURILLO, CIUDAD DE LA PAZ.

16.- Inmueble LOTE DE TERRENO con matricula 2010990133719, Ubicación – URBANIZACIÓN JARDIN DE ACHUMANI-SECTOR SUR, designación MANZA. Nº 13 – LOTE Nº 1 CALLE 27 y 26, superficie 1172.93 Metros2 MURILLO, CIUDAD DE LA PAZ.

17.- Inmueble LOTE DE TERRENO con matricula 2010990133720, Ubicación – URBANIZACIÓN JARDIN DE ACHUMANI-SECTOR SUR, designación MAZNA. Nº 13 – LOTE 2, CALLE 27-S/N, superficie 650.00 Metros2 MURILLO, CIUDAD DE LA PAZ.

18.- Inmueble LOTE DE TERRENO con matricula 2010990133722, Ubicación – URBANIZACIÓN JARDIN DE ACHUMANI-SECTOR SUR, designación MZNA. 13 – LOTE 4 CALLE 26 y CALLE MIGUEL CARRASCO S/N, superficie 646.57 Metros2 MURILLO, CIUDAD DE LA PAZ.

19.- Inmueble LOTE DE TERRENO con matricula 2010990133723, Ubicación – URBANIZACIÓN JARDIN DE ACHUMANI-SECTOR SUR, designación MZNA. Nº 13 – LOTE 5 CALLE 26 S/N, superficie 650.00 Metros2 MURILLO, CIUDAD DE LA PAZ.

20.- Inmueble LOTE DE TERRENO con matricula 2012010010668, Ubicación – EX COMUNIDAD YUPAMPA, designación LOTE Nº 6, Superficie 9360.37 Metros2 MURILLO, MECAPACA.

21.- Inmueble LOTE DE TERRENO con matrícula 2010990033038, Ubicación – URBANIZACIÓN JARDÍN DE ACHUMANI – SECTOR SUR, de 11945,68 Metros2, MURRILLO, CIUDAD DE LA PAZ.

La Fiscalía, a solicitud de la Asamblea Legislativa bajo control político del MAS, imputó a Doria Medina por los presuntos delitos de Incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

Acusan a Doria Medina de haber transferido a una entidad privada, el crédito de EEUU otorgado al Estado boliviano para la ejecución del Proyecto de Formación de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS). A través de un convenio de préstamo se entregó dinero a  FUNDAPRO sin ninguna autorización, para que esta entidad coloque créditos al mercado local.

El requerimiento de La Fiscalía recuerda el préstamo inicial fue de 20.652.832 dólares; capital adicional por 91.852 dólares e incorporaciones de deudas por venta de inmuebles por 316.592 dólares, haciendo un total de 21.061.277,7 $US.  De este monto hasta el 31 de diciembre de 2014, se ha cancelado entre capital e intereses 6.494.753 dólares, restando un saldo adeudado de 18.955.149 dólares.

La audiencia de medidas cautelares fue fijada para el 3 de noviembre en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de la ciudad de Sucre.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Erbol

20 Octubre 2016

El actual secretario general de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Walter Torrico, fue aprehendido en horas de la mañana por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, falsedad material, falsedad ideología y uso de instrumento falsificado. Torrico

El fiscal de distrito, Edwin Blanco, explicó que una comisión de fiscales hará una evaluación minuciosa para determinar la situación de Torrico.

“La comisión de los fiscales ha hecho una evaluación amplia,  exhaustiva ha decidido emitir una orden de aprehensión. Tocará ver el análisis y objetivo serio que haga la comisión para determinar la situación jurídica de esta persona, los fiscales tienen 24 horas”, explicó Blanco.

Los representantes de la  Universidad Mayor de San Andrés se apersonaron como parte querellante en este caso.

Torrico es el actual presidente de la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP), además que ejerce el cargo de secretario general de la FBF y es brazo derecho del actual titular federativo, Rolando López. Hace semanas atrás se lo acusó de no contar presuntamente con el título de abogado y ejerció esta profesión.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

19 Octubre 2016

Acompañado del Defensor del Pueblo, David Tezanos, el cooperativista Ángel Aparaya, se entregó a la Fiscalía de La Paz donde en sus declaraciones a la prensa se declaró inocente ante las acusaciones de ser supuesta autor de la muerte de la muerte del exviceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes.

Dijo estar dispuesto a demostrar que no estuvo presente en el lugar donde fue asesinado el exviministro Illanes. El Ministerio de Gobierno, con declaraciones y testimonios de otros testigos,  tiene la hipótesis que Aparaya es uno de los autores materiales del asesinato.

La captura de Aparaya se produjo tras una fuerte tensión que vivió la población de Viloco, donde los civiles denunciaron acoso, abusos y violencia policial que dejó cuatro heridos de balines de goma, ajenos al principal objetivo de detener al cooperativista minero.

Ángel se encuentra en dependencias de la Fiscalía de La Paz, donde espera que la comisión de fiscales tome sus declaraciones en torno a su posible participación en la comisión de los delitos que se le atribuye.

Tezanos informó ayer que existen varios testigos que aseguran la inocencia de Aparaya y pidió que las autotidades también los escuchen.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Erbol

14 Octubre 2016

La Fiscalía presentó este jueves imputación formal por el caso FOCAS contra 10 personas, incluido Samuel Doria Medina, como también en contra de 15 ciudadanos por el caso ENFE.

El fiscal superior José Manuel Gutiérrez informó que se pedirá a la autoridad jurisdiccional que contra los imputados se aplique medidas de carácter personal (para garantizar su presentación) y de carácter real (para que se asegure la reparación del daño económico).    

De acuerdo a los antecedentes del caso FOCAS (Formación de Capital en Áreas Secundarias), Bolivia recibió financiamiento de Estados Unidos para este proyecto; pero Doria Medina, en su calidad de Ministro de Planeamiento en 1992, dispuso que ese dinero pase a la entidad privada llamada Fundación para la Producción (Funda-Pro).

Según la denuncia impulsada por la Asamblea Legislativa, el opositor suscribió el 8 de octubre de 1992 un contrato de préstamo de 21 millones de dólares de dinero de FOCAS a favor de  Funda-Pro, con un interés menor al que pagaba el Estado a sus acreedores.

  Por tal motivo, el líder de Unidad Nacional (UN) fue imputado  por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica.

El exdirector de FOCAS, Arturo Beltrán, fue imputado por Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica.

También fueron acusados por la Fiscalía los exministros Germán Quiroga Gómez, Antonio Céspedes Toro, Enrique Ipiña Melgar, Jesús Herman Antelo Laughlin, Fernando Illanes de la Riva y Reynaldo Peters Arzabe por Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, debido a que firmaron el Decreto Supremo Nº 23632 del 3 de septiembre de 1993 que homologó préstamo a Funda-Pro.

Además, están imputados Raúl España y Juan Demeure Vander, ambos de Funda-Pro, por la presunta comisión del delito de Contratos lesivos al Estado.

Caso ENFE

En este caso, la Fiscalía investiga irregularidades en la venta de parte la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) a la empresa Cruz Blanca.

De acuerdo con la acusación de la Asamblea, el Gobierno de Goni convirtió parte de ENFE en la Empresa Ferroviaria Andino SAM (FCA-SAM) con un valor de 137 millones de bolivianos, pero luego esta compañía fue vendida por 66 millones de bolivianos, la mitad de su valor real.

Se presentó imputación formal en contra de los exministros Reynaldo Peters Arzabe, Alfonso Revollo Thenier, Jaime Villalobos Sanjinez, Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmusz Levy e Irving Remberto Alcaraz del Castillo. A todos ellos se los acusó por la presunta comisión de los delitos de Contratos Lesivos al Estado, Incumplimiento de Deberes, Conducta Antiecónomica y Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, puesto que firmaron el Decreto Supremo 24186 que adjudicó la FCA-SAM a Cruz Blanca.

Alfonso Revollo también está imputado por Uso Indebido de Influencias, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Conducta Antieconómica y Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, por la recomendación de la Comisión de calificación y Firma del Contrato de Suscripción de Acciones.

Los miembros de la comisión que recomendó la adjudicación también están imputados por los tipos penales de Uso Indebido de Influencias, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas y Conducta Antieconómica. Ellos son Édgar Saravia Durnik, Santiago Atsuro Nishizawa Takano y Jorge Harriague Urriolagoitia.

Los exmiembros del Directorio de la FCA-SAM, José Isaac Ardaya Calderón, Arturo Dávalos Yoshida y Ramiro Salinas Romero, fueron acusados por Uso Indebido de Influencias, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de las Funciones Públicas, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica.

Julio César Oropeza Bleichner, como representante del Sector Público, está imputado por Uso indebido de influencias, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Contratos Lesivos al Estado y Conducta antieconómica.

Franklin Mejía Ríos, por Conducta Antieconómica, Santiago Atsuro Nishizawa y José Isaac Ardaya Calderón por Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, y Conducta Antieconómica, según la Fiscalía.

Rechazos

En el caso FOCAS se emitió resolución de rechazo a favor de Flavio Escobar Llanos, exsubsecretario de Desarrollo Económico y Secretario Técnico del Consejo Nacional de Economía y Planeamiento, por el delito de Conducta Antieconómica.

En el caso ENFE, el fiscal superior José Manuel Gutiérrez informó que se ha emitido resolución de rechazo “parcial”.

Según nota de prensa de la Fiscalía, se emitió rechazo para Gonzalo Sánchez de Lozada por los tipos penales de Contratos Lesivos al Estado, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, por el Decreto 24165 de creación de la FCA-SAM. No obstante, la investigación continuará contra el exmandatario por su participación en otros aspectos de este proceso de

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Erbol

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