Santa Cruz de la Sierra
13 Septiembre 2016

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que pedirá a la Fiscalía que lo convoque a declarar por el conflicto con las cooperativas mineras, que derivó en la muerte de seis personas, incluido el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.      

“Yo voy a mandar un memorial pidiendo que me fijen día y hora, porque yo me he ofrecido a presentarme voluntariamente ante la Fiscalía y ante cualquier instancia que me convoque”, dijo el Ministro.

El conflicto de las cooperativas, que se suscitó en agosto pasado, dejó un saldo de cinco mineros muertos (cuatro por arma de fuego y uno por manipulación de explosivos), el asesinato de Illanes, y más de un centenar de policías heridos.

Opositores pidieron que el Ministro sea convocado a declarar, luego de que circulara un video en que Illanes, en medio de su secuestro, pidió por teléfono a Romero  que se paralicen las operaciones policiales de desbloqueo.

Romero aseguró que, mientras Illanes estaba como rehén de los mineros, se ordenó el repliegue de la Policía, pero los cooperativistas atacaron a los efectivos y desataron un enfrentamiento.

Contratos de cooperativas con empresas privadas

El Ministro señaló que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) aprobó algunos contratos entre cooperativas y empresas privadas, los cuales están prohibidos por ley, sin embargo, aclaró que estos convenios se firmaron antes de la vigencia de la actual Ley Minera.

Recordó que él ha identificado 31 contratos de estas características, de los cuales 27 siguen vigentes, pero advirtió que puede haber más de estos convenios que se realizaron en Notarías, sin conocimiento de autoridades.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

07 Septiembre 2016

El Ministerio Público mostró su desacuerdo con la determinación de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que rechazó la apelación del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno y ratificó que el general Gary Prado Salmón debe ser juzgado de forma separada a los demás 15 implicados en el caso Rózsa.

Ante esta determinación, el Ministerio Público analiza plantear un recurso constitucional, informó el fiscal de materia, Marco Rodríguez.

“La decisión del Tribunal de alzada es una decisión en la cual el Ministerio Público no está de acuerdo, en cuanto se ha apelado justamente la decisión del Tribunal Primero de Sentencia, y al verse ratificado no estamos de acuerdo con la misma”, señaló Rodríguez.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

30 Agosto 2016

A poco menos de una semana de la muerte de tres mineros cooperativistas, los peritos en balística que trabajan bajo las órdenes de una comisión de fiscales, no logran determinar el tipo de calibre de las balas que dieron muerte a esos trabajadores que cayeron en el enfrentamiento con la Policía, en las poblaciones de Sayari, Pongo y Viloco.

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, declaró en Cochabamba, que el proyectil que dio fin a uno de los cooperativistas mineros no se ha quedado en el cuerpo de la persona fallecida, por lo que habría dificultades para identificar el calibre.

Sin embargo, en el segundo caso “sí, efectivamente, hay el proyectil, se ha hecho la autopsia, se ha desarrollado un trabajo pericial para determinar el tipo de calibre que existe, estamos precisamente esperando esa información”. En ambos casos la autoridad no precisó de quién se trataría.

El miércoles 24 de agosto en Sayari, falleció Fermín Mamani de la cooperativa Centro Patacallani, supuestamente, por un impacto de bala en el pecho.  El segundo fue Severino Ichota de la cooperativa El Progreso de Kami por un impacto de bala en la cabeza en cercanías a una antena de telecomunicaciones en Pongo.  Y el jueves, 25 agosto en Viloco, murió Rubén Aparaya Pillco de la cooperativa San Pedro,  víctima de dos heridas de bala, una a la altura del riñón y otra a en la cabeza.  

La diputada opositora Norma Piérola del PDC manifestó que la demora de las investigaciones revela una intención de la Fiscalía de parcializar el trabajo destinado a identificar a los responsables de la muerte de los tres mineros. 

Aplaudió la celeridad para identificar a los supuestos autores de la muerte del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, pero criticó la lentitud de la Fiscalía para investigar a la Policía y encontrar a los responsables de la muerte de los tres mineros, tomando en cuenta que los hechos ocurrieron hace una semana.

El fiscal Guerrero dijo en Cochabamba que hubo un grupo de actores que desarrolló toda una estrategia de bloqueo, que generó violencia y tiene un grado de responsabilidad. Por ese motivo, decidió reconformar la comisión de cuatro fiscales para investigar los dos casos de homicidio y anunció que en las siguientes horas citarán a las personas identificadas para que se presenten de manera voluntaria a declarar y entreguen información.

Entre tanto, la diputada Piérola anunció que junto a otros miembros de la oposición política, plantearán en la siguientes horas ante la Cámara de Diputados,  una petición de informe oral al ministro de Gobierno Carlos Romero, y de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por cuanto, ambos habrían tenido en sus manos, el manejo del conflicto donde murieron cuatro personas.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Erbol

26 Agosto 2016

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, instruyó la conformación de dos equipos de fiscales para investigar  los hechos de sangre producidos en la localidad en Sayari, Pongo, Panduro e impulsar diez procesos penales contra a 29 cooperativistas mineros por los delitos de secuestro  y otros.

Guerrero sostuvo que existen diez mineros aprehendidos en Arque, once en Tapacarí, ocho en Sipa Sipe. También se abrieron dos procesos por homicidios de dos mineros por impacto de proyectil de bala. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) ya evacuó informe de médico forense.

En Cochabamba hay cinco procesos abiertos, con diez mineros aprehendidos en Arque, once en Tapacarí y ocho en Sipe Sipe. Hay dos procesos por homicidio a causa de la muerte de dos mineros por impacto de proyectil.

La autoridad informó que en el caso del cooperativista German (Fermín) Mamani Astepi, el protocolo de autopsia señala como causa de la muerte,  hemorragia interna, laceración de cayado y arteria aórtica,  traumatismo torácico penetrante por proyectil de arma de fuego

En el caso de Severino Ichota Poma, se estableció lesión de centros encefálicos superiores, traumatismo encéfalo craneano severo, perforante por proyectil de arma de fuego.  Sin embargo precisó el tipo de calibre de ambos proyectiles.

Dijo que los peritos balísticos realizan la valoración de este proyectil que ocasionó la muerte de estas dos personas.

Guerrero informó que una vez recibida la información sobre el secuestro del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, despachó un equipo de tres fiscales a la zona de Panduro para que pueda verificar en el terreno sobre la situación.

De hecho instruyó abrir proceso penal por delito de secuestro contra él o los autores del posible homicidio y asesinato. Adicionalmente, desplazó otro equipo de cinco fiscales para abrir un proceso de investigación y trabajar en base a una información del servicio de Inteligencia y de la Policía. 

Redacción: Leo.com.bo

Fuente: Erbol

 

 

23 Agosto 2016

El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, y el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, indicaron que son falsas las órdenes de aprehensión que cooperativistas mineros denunciaron que se habían expedido en contra de sus principales dirigentes.

Más antes el abogado de los cooperativistas, Jaime Zambrana, dijo que había órdenes de captura contra cinco dirigentes, entre ellos Carlos Mamani y Agustín Choque de Fencomin,  Federico Escobar de Fedecomin y el presidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol), Alvino García.

Como prueba, Zambrana facilitó la foto de una documento supuestamente firmado por el fiscal José Luis López Goitia, en el cual se ordena la aprehensión de Federico Escobar.

Blanco advirtió que el documento presentado por el abogado no corresponde al formato que usa el Ministerio Público, y que el supuesto fiscal que firma tampoco existe en la base de datos.

Illanes manifestó que el defensor de los mineros fue sorprendido en su buena voluntad.

“No existe orden de aprehensión contra esta personas”, acotó el fiscal departamental.

La Concobol exige que el Gobierno atienda su pliego de 10 puntos y que anule la ley que reconoce a los sindicatos al interior de las cooperativas. Con ese pedido anunció que retomaría bloqueos desde este lunes, pero no se registraron cierres de carreteras.

Entretanto, el Gobierno denunció que los mineros cooperativistas presionan para que se les permita arrendar sus concesiones a empresas transnacionales y vivir del rendimiento de ese alquiler.

Supuesta orden de aprehensión contra Federico Escobar facilitada por el abogado Zambrana.

 

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

19 Agosto 2016

Un operativo de la Fiscalía descubrió este jueves una instalación donde se procedía a la falsificación de cervezas Paceña, en la zona Santiago II de El Alto.

En este inmueble, que funcionaba como agencia de venta de cerveza, se encontró botellas de Paceña y Taquiña.

El fiscal Javier Flores indicó que los presuntos delincuentes se dedicaban a sacar artesanalmente las etiquetas  de ambas marcas, para luego poner los rótulos de Paceña en Taquiña.       

También se halló material de serigrafía para estampar el logotipo de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) en tapas coronas.

Además, el fiscal informó que en el lugar había máquinas destinadas a sellar las tapas en las botellas.

En el operativo se arrestó a una persona que conducía el vehículo de la agencia de cervezas, pero el titular del negocio no fue encontrado.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol 

 

18 Agosto 2016

A pesar de haber eximido de culpa a Gabriela Zapata en cuatro delitos, el Ministerio Público mantiene imputación contra la expareja de Evo Morales en seis tipos penales, y pedirá a la justicia que se le dicte 12 años de cárcel.

La información fue proporcionada por el fiscal general Ramiro Guerrero, quien convocó a una conferencia de prensa para explicar la investigación en el caso por supuestas ventajas económicas que habría tenido la joven al usar la oficina de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia.

La joven fue librada de culpa en los delitos de: uso indebido de influencias en grado de complicidad, falsedad material, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Sin embargo, sigue acusada por los tipos penales de asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegitimas, y uso indebido de bienes y servicios públicos.        

Guerrero sostuvo que entre estos seis delitos el más grave es legitimación de ganancias ilícitas, que tiene una pena de hasta 10 años, pero anunció que por concurso con los otros cinco tipos penales “el Ministerio Público va a pedir una pena de hasta 12 años para la señora Zapata”.

Aseguró que la Fiscalía tiene todos los elementos para probar en un juicio que la joven incurrió en los delitos que se le imputa.

Justificación del sobreseimiento

El Fiscal General recordó que en una primera instancia se imputó a Zapata por 10 delitos, pero se le eximió de cuatro bajo los siguientes argumentos:

En cuanto al uso indebido de influencias, indicó que el mismo no se aplica a Zapata porque no es funcionaria pública.

Guerrero señaló también que no se puede acusar a una sola persona de falsedad material y falsedad ideológica, porque son delitos que se excluyen entre sí.

Sobre el enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, explicó que no se pudo establecer un daño económico al erario público porque  Zapata sonsacaba dinero a empresarios privados para supuestamente darles contrataciones.  

Aclaró que la Fiscalía no investigó los contratos de la empresa china CAMC, donde trabajaba Zapata, porque esa fue una tarea de la Asamblea Legislativa.  

Guerrero agregó que la resolución de sobreseimiento puede ser apelada por los querellantes, que no estén conformes con la misma.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol 

 

17 Agosto 2016

El diputado Rafael Quispe (UD) protestó este miércoles porque desde el mes de febrero, cuando amplió la denuncia en contra del ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, por las irregularidades en el Fondo Indígena, la Fiscalía no asumió acciones sobre el caso.

Quispe sostiene en su denuncia que el ministro Arce incurrió en los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, infidencia económica. 

“Este año, en febrero, hemos ampliado nuestra denuncia en contra del ministro de Economía, Luis Arce Catacora y hemos presentado elementos, pero hasta ahora no fuimos convocados a ratificar nuestra denuncia y establecer más pruebas”, protestó el diputado.

Los ministerios de Economía, de la Presidencia, Producción y Planificación, además de Desarrollo Rural, tenían representación en el directorio del Fondo Indígena, los delegados de los ministros eran nombrados mediante resolución ministerial.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

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