Santa Cruz de la Sierra
18 Marzo 2019

La situación de exdirigentes y dirigentes de los choferes federados de La Paz se complica. La tarde de este lunes la Fiscalía admitió la demanda presentada por dos diputados de oposición en contra de seis de ellos por el manejo en cuentas personales del dinero proveniente de los aportes de sus afiliados retenidos en el pago del peaje de la Autopista La Paz-El Alto.

La fiscal de materia Verónica Jara informó de la admisión. “La Unidad de Análisis (de la Fiscalía), haciendo la relación fáctica de los que se habría suscitado y de acuerdo a la denuncia, ha aceptado la denuncia y se ha mandado a la unidad especializada que corresponde (la querella)”, indicó.

Ismael Fernández, Rubén Sánchez, Fortunato Sirpa, José Antonio Choque, Crisostomo Choque y Mario Silva fueron acusados por la comisión de los delitos de apropiación indebida de bienes, malversación de fondos, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Según la denuncia, Vías Bolivia habría depositado entre 2008 y 2017 un total de Bs 11.905.191 a cuentas privadas de estos sindicalistas. El dinero es resultado de la retención de 0.20 centavos de boliviano del peaje, como aporte voluntario de los afiliados a la Federación de Choferes Primero de Mayo de La Paz para un fondo pro salud.

En los últimos días se filtró un audio en el que actuales dirigentes dicen desconocer sobre los cerca de Bs 12 millones provenientes de Vía Bolivia. El actual ejecutivo de los choferes de La Paz, Rubén Sánchez, dice en el audio que no conoce nada sobre el monto del que se habla y que únicamente tiene referencia de Bs 500.000 que dejó a la federación el dirigente Ismael Fernández, ahora ejecutivo nacional.

Sánchez y Silva, ambos en la denuncia presentada por los opositores Rafael Quispe y Wilson Santamaría, ofrecieron este lunes una conferencia de prensa en la que ratificaron que desconocen el destino de ese dinero. Sánchez aseguró que él y el directorio que lo acompaña son víctimas de un daño psicológico por las denuncias en contra de dinero que no manejaron.

“Mis compañeros de mi directorio ya no salen ni a trabajar, ni el chofer quiere manejar su carro, porque cuando llega a la parada le dicen ‘¿cómo es de los 12 millones que se ha robado tu jefe?’ O sea que aquí  se está causando daños psicológicos hacia la dirigencia, hacia los secretarios generales y hacia los dirigentes del autotransporte”, expresó.

Ahora deberán comparecer ante la Fiscalía, que una vez aceptada una denuncia cita a los denunciados para que presenten sus descargos.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: Agencias

 

 

 

 

18 Marzo 2019

La Fiscalía de Roma pidió reformar las sentencias en primera instancia y condenar a cadena perpetua a los 24 miembros de las Juntas militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay acusados de la desaparición de italianos en el Plan Cóndor, la operación represiva ejecutada entre 1970 y 1980.

 Los fiscales de Roma Francesco Mollace y Tiziana Cugini justificaron su petición en apelación asegurando que 23 italianos fueron asesinados en el marco de un "programa de exterminio abominable" y que todos los acusados son "responsables de todo de lo que se les acusa porque han sido ejecutores de muerte".

 El juicio en primera instancia concluyó el 17 de enero de 2017 con la condena a cadena perpetua de los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, el uruguayo Juan Carlos Blanco, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa, mientras que el resto fueron absoluciones y 6 sobreseimientos.

En el proceso solo se ha personado el militar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, de 69 años, único de los imputados residente en Italia tras escapar de la Justicia de su país y que hoy no acudió al tribunal, mientras el resto no participa en las vistas y se encargan de su defensa abogados de oficio.

De Troccoli, absuelto en primera instancia, la fiscal Cugini afirmó hoy que "fue en realidad el jefe de la S2 (el servicio de la inteligencia de la Marina militar uruguaya) en el FUSNA, la sede del Cuerpo de Fusileros Navales donde se llevaban a los prisioneros, y que de él dependía si vivían o eran asesinados".

 La lista de imputados ha ido menguando al morir algunos de ellos debido a su avanzada edad, los últimos el dictador de Bolivia Luis García Meza, el ex primer ministro de Perú Pedro Richter Prada y el exdictador uruguayo Gregorio Álvarez Armelino, encarcelado en su país desde 2007.

El Tribunal de apelación, presidido por la jueza Agatella Giufridda, programó otras cinco vistas, la última en julio cuando podría llegar la sentencia.

El resto de acusados son el exministro de Interior boliviano Luis Arce Gómez, de 80 años y detenido en La Paz y los chilenos: el exfuncionario Carlos Luco Astroza, el exsuboficial Orlando Moreno, el excoronel Hernán Jerónimo Ramírez, el exoficial de artillería Rafael Ahumada, el excapitán Manuel Abraham Vasquez Chahuan y el exprefecto Daniel Aguirre Mora.

Mientras que la acusación al antiguo jefe de la Inteligencia chilena Pedro Octavio Espinoza fue por el momento suspendida por problemas en las notificaciones.

Los peruanos acusados son el antiguo presidente Francisco Morales Bermúdez y los exmilitares Martín Martínez Garay y Germán Ruiz Figueroa.

Los uruguayos son Troccoli, el excanciller Juan Carlos Blanco, el exteniente Ricardo Eliseo Chávez, el excoronel Pedro Mato Narbondo, el excapitán José Ricardo Arab, el militar José Horacio Gavazzo Pereira y el marino Juan Carlos Larcebeau.

También el excapitán Luis Alfredo Maurente Mata, el exmilitar Ricardo José Medina, el excoronel Ernesto Ramos Pereira, el exgranadero José Felipe Sande Lima, el excoronel Gilberto Vázquez Bisio y los exmilitares Jorge Alberto Silveira y Ernesto Soca.

 La Operación Cóndor, ideada por el general chileno Augusto Pinochet, coordinó la represión de la oposición política entre 1970 y 1980 por parte sobre todo de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: EFE

 

 

 

 

12 Marzo 2019

El diputado de oposición  Rafael Quispe informó a Radio Fides, que la Fiscalía de La Paz rechazó la denuncia contra del presidente Evo Morales, por la presunta falsificación de sus datos para registro como militante del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“La comisión que revisa la documentación de las denuncias firmó una resolución de desestimación de la denuncia que realice, contra Juan Evo Morales, de acuerdo a procedimiento esta decisión  se puede apelar al Fiscal Departamental”, aseveró Quispe.

Presentará una apelación a la determinación, además solicitara una interpelación al Fiscal Departamental de La Paz  para que explique por qué se rechazó la denuncia cuando presentó pruebas, como el libro legalizado que reconoce que la firma no le pertenece.

“Yo veo un hecho real, falsificaron mi firma y sello y él es el presidente del MAS  la comisón de fiscales de admisión amarra guatos, llunquerio  que teniendo una prueba contundente no puedan iniciar el proceso”, dijo el diputado.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: Radiofides

 

08 Marzo 2019

El Ministerio Público pidió la condena a cuatro años de prisión para el teniente del Ejército, Juan de Dios O. B., quien en agosto de 2018 perdió la banda y la medalla presidencial tras visitar una zona de burdeles en la ciudad de El Alto.

 "El Ministerio Público ha presentado acusación formal contra el señor Juan de Dios O. B. en fecha 18 de febrero por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, abandono del cargo y peculado culposo. Se pide la pena máxima de estos tres delitos acusados, asimismo la confiscación del vehículo que ha servido como instrumento para el robo de la medalla presidencial", informó la fiscal Edna Montoya.

 El juicio contra el militar iniciará una vez se notifique a todas las partes del caso con la acusación formal y se sortee un tribunal para llevar adelante el proceso.

 La fiscal Montoya dijo que en este caso también estaba investigando a otros oficiales implicados pero no alcanzó el tiempo, debido a que el Juzgado Primero de Instrucción de El Alto conminó a finalizar la investigación porque ya se había cumplido el plazo de seis meses, tiempo establecido para las tareas de investigación de un caso.

 La noche del 7 de agosto de 2018, se produjo el robo de la presea presidencial cuando el militar custodio ingresó a dos lenocinios de la zona 12 de Octubre de la ciudad de El Alto y dejó dentro de una mochila en un auto la medalla y la banda del Presidente de donde fue sustraída por antisociales.

 Por ese hecho el uniformado fue detenido preventivamente en el penal de San Pedro y el Ejército dispuso su baja definitiva.

 El militar en varias ocasiones pidió la cesación a su detención, pero sus peticiones fueron rechazadas. Recién el 27 de febrero de este año, la Sala Penal Segunda le concedió la detención domiciliaria.  El teniente podrá salir de la cárcel una vez que cumpla con los requisitos judiciales establecidos por el juez, como presentación de garantes y arraigo.

 Los familiares del sindicado pidieron al presidente Evo Morales considerar el caso del uniformado y reincorporarlo a las FFAA, ya que no cometió ningún delito sino una falta que debería ser juzgada en la instancia militar.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: Noticiasfides

07 Marzo 2019

La Fiscalía española pidió hoy al Tribunal Supremo que los cinco hombres conocidos como "La Manada" sean condenados a 18 años de cárcel por delitos de agresión sexual contra una joven en 2016, frente a los nueve años a los que fueron condenados por abusos sexuales, un delito más leve.

 El Ministerio Público recurre así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región de Navarra (norte de España), que confirmaba la sentencia de una instancia inferior.

 Esa condena por abusos sexuales causó un gran rechazo tanto entre grupos políticos como sociales, al considerar que no se habían castigado de manera suficiente los hechos y se había cuestionado el testimonio de la víctima, una mujer que entonces tenía 18 años.

 En esa sentencia, emitida en abril de 2018, los jueces no apreciaron violencia ni intimidación (necesarias para considerarse agresión sexual) en los cinco hombres que atacaron a la joven, quien afirmó que se sometió a sus agresores por miedo.

"No es admisible forzar el derecho hasta extremos de exigir de las víctimas actitudes heroicas que inexorablemente las conducirán a sufrir males mayores", sostiene la Fiscalía en su recurso ante el Tribunal Supremo.

 Los hechos ocurrieron en julio de 2016 durante las famosas fiestas de los Sanfermines de Pamplona, capital de Navarra.

 La discrepancia de criterio de la Fiscalía respecto a las sentencias dictadas hasta ahora en dos instancias inferiores, radica en la intimidación ya que, a juicio del Ministerio Público, los hechos "fueron realizados mediante intimidación suficiente para anular la voluntad de la víctima".

"Intimidación no es otra cosa que causar o infundir miedo, miedo o pánico que, en casos como el analizado, se infunde con la sola presencia de cinco individuos de fuerte complexión rodeando a una víctima en un habitáculo cerrado y sin posibilidad alguna de escapar", añade el fiscal, quien describe así los hechos.

Los cinco condenados, entre ellos un militar y un guardia civil, están en libertad provisional, a la espera de una sentencia definitiva por parte del Tribunal Supremo.

Este caso y la consiguiente sentencia causó un gran impacto social en España, con un amplio seguimiento del juicio por parte de la prensa, y con manifestaciones en todo el país tras la sentencia.

Desde entonces se han denunciado más agresiones en grupo parecidas en España.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: EFE

 

22 Febrero 2019

La Fiscalía citará a 351 postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol) para que declaren en el caso de los cobros que se hicieron por los exámenes de ingreso, informó hoy el jefe de la División Especial de Lucha Contra la Corrupción, Miguel Ocampo.

"Hemos recibido 351 notificaciones para que los postulantes se hagan presente en la Felcc y presten su declaración en el marco de la investigación por delitos de corrupción", dijo a los periodistas.

Ocampo indicó que la comisión de fiscales que lleva adelante la investigación tomará la declaración a aquellos postulantes que fueron observados, labor que se cumplirá a partir de la próxima semana, pero también al grupo que no recibió cuestionamientos.

Señaló que se prevé recibir las declaraciones en al menos tres semanas, ya que muchos de los postulantes no viven en La Paz sino proceden de distritos del interior del país.

"Según el último cómputo hay 307 carpetas de postulantes observados a través del estudio pericial y el resto no tiene observaciones, pero las notificaciones son para todos", indicó.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: ABI

 

11 Febrero 2019

El médico de la maternidad Percy Boland, de la ciudad de Santa Cruz, que dio por muerto a un bebé recién nacido, fue imputado por el delito de lesiones graves y gravísimas, informó este lunes el fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero.

“Se lo ha imputado a ese médico (por la falta) de lesiones graves y gravísimas, porque el bebé está vivo y ha sido expuesto por el mal procedimiento, mal análisis que ha hecho el medico; su vida ha sido expuesta”, indicó.

El pasado jueves, en el Percy Boland nació un infante de 24 meses, el galeno que estuvo a cargo del parto lo dio por muerto e incluso firmó el certificado de óbito. Sin embargo, cuando la familia llevó al niño a su casa para iniciar con los preparativos del entierro, uno de los familiares se dio cuenta que estaba vivo.

Inmediatamente conocido, el caso el Ministerio Público inició con el proceso de investigación. En tal sentido el fiscal de materia asignado al caso, Lorgio Viveros, señaló que iban a citar a declarar a varias personas, las cuales comparecerán desde hoy ante la instancia judicial.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Radiofides

24 Enero 2019

El Ministerio Público rechazó la denuncia interpuesta por el senador opositor Oscar Ortiz contra la exministra de Comunicación, Gisela López, a quien acusaron por uso de dinero público en la difusión de una encuesta que favorece al presidente Evo Morales.

"La denuncia ha sido observada, notificada y después desestimada, notificada también en su despacho del senador Ortiz, toda vez que no contaba con los elementos necesarios", informó Verónica Jara, fiscal coordinadora de análisis criminal.

La fiscal explicó que la denuncia tenía falencias porque solo adjuntaron fotografías y un reporte de una encuesta, sin especificar el daño que se habría cometido y otros aspectos referidas a las partes procesales.

La pasada semana Ortiz presentó una querella contra López por uso indebido de bienes y servicios públicos, uso indebido de influencias e inducción al voto por difusión ilegal de propaganda y encuesta.

La denuncia fue hecha a raíz de la publicación de una encuesta que desató polémica y desde diciembre de 2018 la oposición denunció que la difusión de la encuesta vulneró la Ley de Régimen Electoral y además fue financiada con recursos públicos.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Noticiasfides

 

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