Santa Cruz de la Sierra
14 Enero 2019

La Fiscalía Departamental de La Paz conformó este lunes una comisión de tres fiscales: Miguel Aramayo, Samuel Lima y Willy Rojas, quienes llevarán adelante el proceso investigativo del caso de cobros irregulares en los exámenes de ingreso a la Academia Nacional de Policías (Anapol).

Según informó el titular de ese despacho, William Alave, el propósito de esta decisión es darle celeridad a la investigación en la que se encuentran involucrados empresas, personas particulares y efectivos policiales. “El Ministerio Público no va escatimar ninguna situación ajena a la investigación y va a tener que imputar a las personas que corresponda, no se va encubrir a nadie ni a ningún oficial de alto rango”, puntualizó.

El pasado 11 de enero, los fiscales designados al caso lograron que la autoridad jurisdiccional determine la detención preventiva del teniente Freddy T.H. y la doctora Fanny M.O. además se tiene previsto convocar a todas las personas necesarias para recabar y abundar con mayor prueba investigativa y realizar la imputación formal en contra de las personas implicadas a fin de esclarecer este caso.

La autoridad del Ministerio Público Departamental, afirmó que la tarea y la obligación del Ministerio Público es poner a los investigados ante la autoridad jurisdiccional competente.

La semana pasada el Ministerio Público junto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) inició un proceso de investigación, sobre pagos anómalos de exámenes de postulantes a la Academia Nacional de Policías.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Radiofides

08 Enero 2019

El Ministerio Público decidió iniciar la indagación por el presunto pago de sobornos en el denominado caso Lava Jato-Odebrecht. En el requerimiento hay al menos cuatro exfuncionarios investigados entre las gestiones 2007 - 2009 por vinculación directa.

El expresidente y candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, figura en otra lista de investigados por movimientos bancarios sospechosos.

El requerimiento de la Fiscalía General de Estado llegó a La Paz la pasada semana, donde se instruyó a realizar las investigaciones respectivas, confirmó el fiscal Departamental de La Paz, Williams Alave, en rueda de prensa.

El 14 de noviembre de 2018 el Legislativo -controlado por la mayoría oficialista- aprobó el informe de una comisión especial que se encargó de indagar el caso y decidió enviarlo al Ministerio Público ante la serie de sospechas que se encontraron de exfuncionarios que habrían recibido sobornos.

Alave precisó que se decidió dividir el caso en dos investigaciones. Por un lado se encuentran los cuatro exfuncionarios, quienes fueron identificadas de forma directa por el Legislativo como responsables de haber recibido pagos irregulares, y por otro, la segunda investigación se centra en quienes habrían tenido “movimientos bancarios inusuales o sospechosos detectados”.

 “Se está dividiendo la investigación a efectos, primero, de establecer las denuncias hechas por la Asamblea en contra de estas cuatro personas y posteriormente de estos autores se va a indagar los hechos que nos ha referido la investigación”, afirmó.

Una comisión de tres fiscales se encargará de la investigación y analizará las siete cajas que contienen la documentación con todos los antecedentes del caso y la investigación del Legislativo sobre el pago de sobornos.

"Por fines investigativos”, la autoridad evitó mencionar los nombres de las cuatro personas implicadas y tampoco mencionó los delitos por los que son acusadas, pero sostuvo que se trata de depósitos bancarios que presuntamente habrían recibido.

Las cuatro personas habrían tenido participación en el pago de sobornos para la construcción de las carreteras Roboré - El Carmen y El Carmen - Arroyo Concepción. El actual candidato a la presidencia por la alianza CC, Carlos Mesa, no se encuentra en la primera lista que la Fiscalía se apresta a investigar, pero sí en la segunda, de acuerdo con datos del informe de la comisión legislativa.

En el informe del legislativo figuran como directos responsables: Carlos Eduardo Mario Morales Landívar, ministro de Obras Públicas del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada; Jorge Nicolás Peredo Flores, exgerente General del Servicio Nacional de Caminos, Luis Humberto Landivar Pereira, exgerente de Construcción del Servicio Nacional de Caminos; y Mario Avelino Moreno Viruez, ministro de Obras Públicas del gobierno der Eduardo Rodríguez Veltzé.

En el caso de quienes deberían ser investigados por posibles sospechas de movimientos bancarios se encuentran: Carlos Diego de Mesa Gisbert, expresidente; Carlos Eduardo Mario Morales Landívar, ministro de Obras Públicas del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada; Carlos Silvestre Alarcón Mondonio, viceministro de Justicia y ministro interino de Obras Públicas en la gestión de Carlos Mesa.

Además de Carlos Silvestre Romero Mallea, viceministro de Energías Alternativas e interino de Obras Públicas en el gobierno de Carlos Mesa;  Luis Carlos Jemio Mollinedo, ministro de Hacienda del gobierno de Carlos Mesa; Luis Humberto Landivar Pereira, exgerente de Construcción del Servicio Nacional de Caminos; Jorge Nicolás Peredo Flores, exgerente General del exServicio Nacional de Caminos; y Mario Avelino Moreno Viruez, ministro de Obras Públicas del gobierno der Eduardo Rodríguez Veltzé.

En todo momento, el expresidente Mesa sostuvo que los contratos con la empresa brasileña Odebrecht para la construcción del tramo El Carmen-Arroyo Concepción “no entraron en vigencia” durante su gestión por carencia de contraparte presupuestaria, sino en la de su sucesor, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien adjudicó esa obra y el tramo Roboré-El Carmen a consorcios brasileros.

Se espera que en los próximos días ya se tenga una agenda tentativa de trabajo para comenzar con la investigación.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Noticiasfides

20 Diciembre 2018

El alcalde cruceño Ing. Percy Fernández Añez, firmó este miércoles un convenio interinstitucional  con el Ministerio Público para cederle un centro ubicado en el Distrito 5, zona séptimo anillo y Av. Cristo Redentor. En este lugar funcionará el  Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que presta atención a las víctimas de violencia.

“Entregamos este centro hermoso, yo como Alcalde de la ciudad deseo que la Fiscalía sea el edificio de la verdad y sea el soporte de los ciudadanos”, expresó la primera autoridad municipal.

Luego de la firma del convenio con los representantes del Ministerio Público, la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, junto  al Fiscal General, Dr. Fausto Lanchipa; el Fiscal de Distrito, Dr. Mirael Salguero y secretarios del Ejecutivo realizaron una inspección al centro donde funcionará el IDIF.

 “Felicidades a Santa Cruz y a nuestro querido Alcalde por esta acción, vamos a trabajar de la mano por una ciudad justa, con familias protegidas por sus autoridades a través de este convenio que da seguridad a las mujeres víctimas de violencia, es un centro que tendrá todas las condiciones”, indicó la autoridad edil.

Por su parte el Fiscal General, agradeció al burgomaestre cruceño  por brindar un espacio para que se concentren todas las unidades del IDIF en un solo lugar y con todas las condiciones.

“El Ministerio Público va trabajar para que en estas instalaciones funcione el IDIF, en este espacio se concentrarán todas las unidades del Instituto, de tal manera que todas las operaciones que hace la Fiscalía tendrán mejores resultados en estas instalaciones amplias que nos ha brindado el Gobierno Municipal”, manifestó el Dr. Fausto Lanchipa.

El Fiscal de Distrito, aseguró que el convenio firmado cubre una gran necesidad de la ciudadanía, especialmente para las mujeres que son víctimas de violencia.

“Agradecemos al Alcalde por otorgarnos este inmueble que va cumplir un gran servicio a la ciudadanía para mujeres víctimas de agresión física y sexual. Cubre una gran necesidad que tiene Santa Cruz, estamos satisfechos por el convenio, le vamos a dar funcionalidad al lugar”, expresó Salguero.

El centro está ubicado en el Distrito 5 en un terreno de casi 4.000 m2 con una superficie construida de 600 m2. En  este lugar se concentrarán  todas las unidades del IDIF como medicina forense, psicología forense, antropología forense y todas las especialidades. Además contará con laboratorios, salas de valoración e internación, consultorios, oficinas, sanitarios y morgue.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: GAM

 

09 Noviembre 2018

El fiscal departamental de Cochabamba, Juan de La Cruz Vargas Vilte, aclaró que el alcalde José María Leyes no puede retomar sus funciones como autoridad municipal.

En contacto con Los Tiempos, Vargas Vilte manifestó que la decisión del juez anticorrpución Iber Gonzales fue rechazar la solicitud de la defensa de Leyes y mantener "incólumes", es decir sin modificaciones, las medidas cautelares sustitutivas  que se le habían impuesto.

"Leyes puede ejercer cualquier otra labor que no tenga relación con la Alcaldía.", enfatizó Vargas Vilte y explicó: "Incluso los abogados de la defensa solicitaron una aclaración en la audiencia y el juez les indicó eso, que no se trataba de que pudiese trabajar (como alcalde) desde su casa. Es una interpretación errada, los motivos tendrá".

Sin embargo, justo después de finalizar la audiencia el abogado defensor de Leyes, Humberto Trigo aseguró que Leyes volvería a ejercer su función edil desde su domicilio."El juez ha determinado que no hay ninguna suspensión para el trabajo de Alcalde Municipal", dijo.

"El doctor Trigo, seguramente  tiene algún interés especial en tergiversar la realidad, esperemos que no", respondió Vargas Vilte al respecto.

El juez determinó también que se mantiene la restricción de Leyes de tener contacto con funcionarios y oficinas municipales.

Leyes  permanece con detención domiciliaria desde el 21 de abril después de que el Viceministerio de Transparencia inició la acusación por supuestas irregularidades en la compra de mochilas escolares para el municipio.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Lostiempos

08 Noviembre 2018

El Ministerio Público ha determinado levantar la apelación que había presentado la fiscal Susana Boyán para aumentar la sentencia contra Jhiery Fernández a 30 años de cárcel, dentro el caso Alexander.

El fiscal general Juan Lanchipa informó que se tomado esa decisión al evidenciar que la apelación presentada por el Ministerio Público no tenía la suficiente argumentación.

Explicó que para fundamentar una apelación tiene que haber existir una debida argumentación jurídica y se debe comprobar que se han agraviado los intereses del Ministerio Público, pero esos requisitos no se cumplido.

Lanchipa indicó que también se tomó en cuenta el informe del Defensor del Pueblo, en el cual se advierte que el trabajo de los fiscales en el caso Alexander careció de los principios de legalidad y transparencia.

Fernández fue condenado a 20 años de cárcel en marzo de este año. Luego se presentaron dos apelaciones: una de parte de la defensa que pidió anular la sentencia y la segunda de parte de la fiscal Boyán que solicitó aumentar el castigo.

Ahora, con el retiro de la apelación de la Fiscalía, sólo sigue en curso la apelación de la defensa de Jhiery Fernández.

El fiscal Lanchipa dejó en manos del Tribunal Departamental de Justicia determinar si la sentencia de primera instancia se mantiene vigente.

Respecto a los fiscales que abordaron el caso, como Boyán y Edwin Blanco, el Fiscal General señaló que se está esperando el informe de la comisión encargada de revisar el proceso, para tomar una determinación.           

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

06 Noviembre 2018

El exfiscal departamental Edwin Blanco explicó que ha renunciado al Ministerio Público, porque considera que su nuevo cargo en ventanilla de la Fiscalía fue una forma de hacerle “bullying”, al exponerlo a las burlas y críticas,.

“Ha sido una forma de hacer una especie de bullying hacia mi persona, porque me han exhibido, me han expuesto, aunque yo no tengo nada contra nadie, pero ustedes han visto cómo han sido ciertas agresiones a mi persona”, manifestó.

El exfiscal departamental explicó que entre esas agresiones que recibió están las burlas de la gente y las críticas de autoridades, las cuales más que dañarlo a él lastiman a su familia.

Blanco fue designado a la ventanilla de control biométrico por instrucción del nuevo fiscal departamental, William Alave. El lunes hizo noticias nacional porque se lo vio atendiendo directamente a los imputados.

Dijo que el trabajo dignifica, pero considera “un poco injusto” la designación que se le hizo. Acotó que Alave tendrá sus razones para haberlo hecho.

Su futuro

Blanco afirmó que tiene dos o tres ofertas de trabajo mejores y que está evaluando cuál aceptar. No quiso adelantar de dónde vienen los ofrecimientos por no pecar de “alevoso”.

“Es hora de caminar mi vida, de sanar las heridas que se ha caudado sobre todo a mi familia”, agregó el exfiscal departamental, según difundió ATB.  

Redacción: Leo.com       

Fuente: Erbol

05 Noviembre 2018

De manera sorpresiva, el otrora máxima autoridad de la Fiscalía en La Paz, Edwin Blanco, apareció este lunes trabajando en una ventanilla atendiendo a la población. Afirmó que no tiene porqué sentirse mal y renunciar, puesto que la labor en el Ministerio Público se puede hacer “arriba, abajo, al centro o adentro”.

Blanco fue enviado a la Unidad de Biométrico, Control de Firmas e Informaciones, por instrucción del flamante fiscal departamental William Alave. Se le vio atendiendo a los imputados que tienen la obligación de marcar el registro como parte de sus medidas preventivas.

Consultado cómo se siente en su nueva labor, Blanco dijo que “no hay ningún problema, precisamente porque el trabajo que se lo realiza en el Ministerio Público se puede hacer arriba, abajo, al centro o adentro”.

“El servicio a la sociedad no tiene límites. Yo no tengo por qué sentirme mal al desarrollar una función”, afirmó.

Dijo que más al contrario en su nuevo cargo se dio cuenta de los problemas que atraviesan los imputados que deben hacer su registro biométrico, como por ejemplo que la computadora se cuelga. En ese sentido, anunció que planteará sugerencias al nuevo Fiscal Departamental para mejorar el servicio.

Blanco recordó que en el Ministerio Público, trabajó como asistente, auxiliar, fiscal de materia y fiscal departamental, siempre desempeñando funciones como corresponde.

Manifestó que su nueva designación no es un castigo. Aseveró que si lo hubiesen mandado al área rural lo habría cumplido tranquilamente, porque antes ya trabajó en provincia por dos años. 

Dijo que cualquier trabajo en el Ministerio Público es amplio y complejo. Señaló que en su nuevo cargo ya tuvo que lidiar con una “enorme” fila de personas que pretenden marcar su registro biométrico.  

Descarta renunciar

Blanco aseguró que no renunciará porque considera que no ha hecho nada malo.

Respecto a los procesos que se le siguen por el caso Alexander, dijo que no le han notificado, pero él no se ha escapado y presentará sus descargos. Aseguró que en su gestión de Fiscal Departamental actuó con “absoluta legalidad” y no se ha desviado ningún caso.

Consultado sobre el encarcelamiento de la exjueza Patricia Pacajes, Blanco se negó a responder porque en su nuevo cargo opinar de esos temas sería extralimitarse.

 Redacción: Leo.com      

Fuente: Erbol

24 Febrero 2017

Humberto Claure Quezada, interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), declaró en el Ministerio Público y con él ya suman cinco las personas que brindan sus testimonios luego de ser vinculados en la crisis del agua, suscitada en la ciudad de La Paz, informó el fiscal del caso, Daniel Ayala.

“Debemos indicar que son cinco personas que ya han prestado declaraciones, (dos) exinterventores, uno actual, total tres y dos personas que eran directores de la AAPS”, señaló Ayala.

Dijo que la comisión de fiscales en el transcurso de las investigaciones hará una evaluación y si corresponde convocará a otras personas relacionadas al caso.

Agregó que algunas de las partes vinculadas pidieron la acumulación de procesos, situación que debe ser definida por la autoridad jurisdiccional, que de ocurrir todas las denuncias respecto a la crisis del agua se llevarían en un solo proceso.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

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