Santa Cruz de la Sierra
14 Agosto 2019

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que se estudia la posibilidad de incorporar un nuevo tipo penal para sancionar con 20 años de presidio, sin derecho a indulto, a los policías que encubran actividades vinculadas al narcotráfico.

"Queremos incorporar una nueva tipología jurídico penal, con la experiencia de los casos (Gonzalo) Medina, (Fernando) Moreira y otros involucrados; que nos hizo pensar y trabajar técnicamente en la necesidad de incorporar un nuevo tipo penal que sea muy drástico, probablemente 20 años de prisión sin derecho a indulto para agentes de seguridad que protejan, encubran y den cobertura a actividades vinculadas al narcotráfico", dijo a los periodistas.

El titular de Gobierno indicó que amerita una sanción drástica contra malos uniformados porque son los encargados de perseguir a las organizaciones criminales, por lo que no deberían actuar al revés.

"Estudiamos la posibilidad de presentar una ley corta que además recupere la parte punitiva respecto a las sustancias controladas que quedó en suspenso por la abrogación del Código Penal", añadió.

A fines de abril se hizo pública una fotografía en la que Robin Justiniano, hijo del excoronel de Policía y exdirector de la FELCC cruceña, Gonzalo Medina; el excapitán Fernando Moreira y el extraditable a Brasil por narcotráfico, Pedro Montenegro, disfrutaban de un viaje en Cartagena de Indias, Colombia.

Las pesquisas desvelaron que Medina y Moreira protegían a Montenegro a fin de que realice sus actividades vinculadas al tráfico de drogas, a pesar que en 2015 se emitió una orden de captura en su contra.

Según las investigaciones, los archivos que ordenaban la aprehensión de Montenegro fueron eliminados de la lista de Interpol.

La relación entre Medina y Montenegro, ambos encarcelados preventivamente, era tan estrecha, que incluso el presunto narcotraficante fue varias veces condecorado por la fuerza anticrimen cruceña.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

 

 

 

14 Agosto 2019

 El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, manifestó que el paro nacional convocado por el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y los comités cívicos el 21 de agosto será un "fracaso".

"Ese paro nacional del 21 va a fracasar porque no tiene sentido, es una demanda antidemocrática que no haya elecciones que se suspendan las elecciones", declaró el viceministro a los medios de comunicación.

Minimizó la capacidad de convocatoria de los cívicos por estar contaminados de "politiquería" y que en el caso de Conade no ofrece "ninguna certeza" al país, porque es un grupo de activistas que se autodenominan ser representativos del pueblo.

"Pero no tienen propuestas, se limitan a protestar y de eso está cansado el país. Las medidas van rumbo al fracaso", declaró Rada.

El Conade, los comités cívicos, partidos políticos y plataformas ciudadanas resolvieron un paro nacional de 24 horas para el 21 de agosto y paro indefinido, acompañado de un cerco a La Paz, desde el 10 de octubre hasta la renuncia de su postulación de Evo Morales y Álvaro García.

Las medidas de presión fueron decididas en una reunión que se realizó el pasado mes de julio, en la que participaron integrantes del Conade, representantes de los comités cívicos del país y plataformas ciudadanas, así como organizaciones políticas.

Exigen la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral porque no garantizan un proceso electoral transparente, asimismo, la renuncia del binomio oficialista por no haber respetado los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

 

14 Agosto 2019

El senador Yerko Núñez, jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD), denunció que el Gobierno, mediante la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE)  “regaló” más de 100 millones de bolivianos de los recursos públicos para la construcción de sedes sindicales de sus “amigos” y “aliados” del MAS.

“Continúa el despilfarro de los recursos de los bolivianos. Imagínense más de 100 millones de bolivianos utilizados para hacer sociales para sus amigos, para sus aliados”, criticó el opositor.

Núñez presentó una lista de 40 proyectos adjudicados por la UPRE por contratación directa, cuyo objeto es la construcción de sedes sociales de sindicatos, federaciones y otras organizaciones similares. El monto total es de 104,8 millones de bolivianos.

Entre estos casos, destacó que el Gobierno destinó más de Bs6 millones para la sede de la Federación Bartolina Sisa y Túpac Katari, casi Bs5 millones para el edificio de la Federación del Trópico de Cochabamba, Bs3,7 millones para la sede y coliseo para las Seis Federaciones del Trópico, casi Bs5 millones para la sede de la Federación de Cooperativas Mineras de Cochabamba, Bs2,4 millones para la sede de la federación de autotransporte de Pando, entre otros.

El senador observó que se hagan esas contrataciones por invitación directa, pero además pidió investigar si las sedes cumplen un fin o simplemente benefician a los dirigentes.

En ese entendido, Núñez informó que está pidiendo a la Contraloría que se audite esos 40 proyectos. Criticó que se despilfarre dinero público en sedes para “amigos” del Gobierno y no haya recursos para enfermos de cáncer.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Erbol

09 Agosto 2019

Activistas y políticos protestaron en contra del Gobierno por "utilizar" la violencia hacia las mujeres y los feminicidios en una marcha a la que calificaron de "electoral" y en la que participarán el presidente Evo Morales y la presidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa.

La organización Mujeres Creando llegó a la Casa Grande del Pueblo y arrojó pintura a sus paredes en un acto de rechazo a la movilización convocada por el Gobierno, este viernes a las 19.00, además por el "uso electoral" de la violencia hacia las mujeres.

"Nosotros proponemos soluciones profundas, soluciones pensadas. No somos un juguete electoral", arengó la activista María Galindo en la puerta de la Casa Grande del Pueblo.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Noticiasfides

08 Agosto 2019

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Henry Montero, anunció la decisión de otorgar un plazo hasta el próximo lunes a la Ministra de Salud Gabriela Montaño,  para que firme el convenio de ConSalud vía municipio y destinar recursos a los hospitales de tercer nivel, caso contrario amenazan con un paro departamental de 72 horas a partir de la próxima semana.

“La situación es crítica y la ministra de salud Gabriela Montaño sigue haciéndose la burla de los galenos, exigimos que se firme este acuerdo intergubernativo y sobre todo que se haga la cancelación vía municipio, los profesionales estamos unidos paro confirmar un paro de 72 horas”, declaró Montero a Radio Fides.

Para el vicepresidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, existen muchas deficiencias que se evidencian en la implementación  del Sistema Único de Salud  (SUS) que afecta a los hospitales de primer segundo y tercer nivel del país.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

01 Agosto 2019

El ministerio de Trabajo dispuso jornada continua para el lunes 5 de agosto, en la administración pública, y ratificó el feriado nacional para el martes 6 de agosto en conmemoración al CXCIV Aniversario por el Día de la Independencia de Bolivia.

El feriado se constituye "con suspensión de actividades públicas y privadas en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia" , señala el comunicado del Ministerio, en apego al Decreto Supremo 2750.

Ese despacho aclaró que la jornada continua debe ser coordinada y supervisada por las oficinas de Recursos Humanos de las instituciones públicas.

En el sector privado, esa disposición se debe adecuar a un acuerdo entre partes, considerando sus modalidades y horarios de trabajo.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

31 Julio 2019

Hace aproximadamente un año, con base en un estudio de la firma canadiense Sproule International Limited, el Gobierno informó que al 31 de diciembre de 2017 las reservas probadas de gas en Bolivia llegaban a 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF).

Hoy, el senador y candidato a la Presidencia por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, dijo que tuvo acceso a ese documento y que la cifra es incorrecta, por lo que acusó al Ejecutivo de haber mentido al país en complicidad con esa empresa. Demandó una auditoría y que el documento se haga público.

De acuerdo al legislador, el informe de Sproule “habla solo de 5,6 TCF de reservas probadas en producción, a lo que agrega 3,4 TCF de reservas probadas no desarrolladas, sumando 9 TCF, y en ninguna parte del informe hay una justificación de dónde sacan 1,7 TCF de reservas adicionales para llegar a los 10,7”.

Observó además que no toma en cuenta aspectos como la invasión de agua en los campos de petróleo o que en el caso de las reservas no desarrolladas la experiencia señala que muy pocas veces estas se convirtieron en reservas reales de producción.

Bajo este panorama, concluyó que “básicamente las reservas no alcanzan, no alcanzan ni para cumplir el contrato con Argentina ni alcanzarían para renovaciones con Brasil. O el país no tendría asegurada su seguridad energética para los próximos años”.

Por ello, anunció que solicitará al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, que en cumplimiento de la ley haga público el informe  y que además contrate “una auditoría técnica, especializada, independiente e internacional” para que evalúe el informe de Sproul.

También anunció que presentará una denuncia ante la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos para que se investigue el proceso de contratación de Sproul y los resultados que fueron entregados a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

22 Noviembre 2018

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, aseguró el jueves que el Gobierno dará una respuesta “ejemplar” en los procesos iniciados por dos linchamientos que se registraron en la última semana en las localidades de San Julián, de Santa Cruz, y Uncía, de Potosí, con un saldo tres muertos.

“Esto ha ameritado que en reuniones con el Comandante General de la Policía Boliviana y siguiendo instrucciones también del ministro de Gobierno, Carlos Romero, tenemos que dar una respuesta realmente ejemplarizadora”, dijo Quiroga.

Recordó que en el caso de San Julián la víctima fue el ciudadano brasileño, Vinicius Chagas Maciel, de 32 años de edad, quien fue ahorcado el 19 de noviembre tras ser capturado por una turba de vecinos del lugar, por supuestamente cobrar con un arma de fuego una presunta deuda que tenía un poblador de esa región.

El linchamiento de Uncía se registró el 21 de noviembre y tuvo como víctimas a Alex Quispe (19) y José Luis Ibarra (16) quienes fueron apedreados hasta la muerte por el robo de un vehículo en la localidad de Sacaca.

Quiroga aseguró que se emitió una instrucción a la Policía Boliviana, para que realice un trabajo de investigación “exquisito”, en los dos casos.

Anunció que en el ámbito judicial se iniciarán procesos penales contra los autores por la comisión de delito de asesinato y se pedirá una sentencia con una “pena máxima”, porque en los dos linchamientos hubo muertos.

“Que realmente sepan que este tipo de incidentes son constitutivos de delito y que las consecuencias de los delitos son, justamente, penas privativas de libertad”, sentenció.

El funcionario manifestó que se pedirá, además, al Ministerio Público que en coordinación con el Ministerio de Justicia se garantice la realización de un proceso penal “rápido, oportuno y transparente”.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Radiofides

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