Santa Cruz de la Sierra
15 Mayo 2015

Los estudiantes chilenos se movilizaron luego de que los profesores rechazaran el proyecto de ley de carrera docente planteado por las autoridades y a pocos días de que la presidente Michelle Bachelet dé su cuenta pública ante el Congreso el 21 de mayo, plazo en el que debería presentarse la nueva iniciativa de educación pública que retira la tutoría de los colegios desde los municipios.

La reforma a la educación es una de las principales promesas de campaña de la presidente Bachelet y se centra en mejorar su calidad, eliminar la selección de alumnos y garantizar la gratuidad en todos sus niveles.

Sin embargo, por delante vienen las iniciativas más controvertidas, que son las que pretenden devolver la administración de los colegios públicos que actualmente está en manos de los municipios al Estado, y un sistema de gratuidad progresiva en la enseñanza universitaria.

El Gobierno enfrenta esos desafíos en momentos en que la popularidad de Bachelet ha caído a cerca de un 30% y cuando la mandataria acaba de realizar un profundo cambio de gabinete, en medio de escándalos de corrupción.

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, se refirió a la muerte de los dos estudiantes tras la marcha estudiantil en Valparaíso. Señaló: "Se trata de un hecho criminal que, a mi juicio, no tiene relación con las demandas estudiantiles". Además, agregó que se está investigando de donde proviene el arma con la que se dio muerte a los universitarios identificados como Diego Guzmán (25) y Exequiel Borvarán (18).

"Me parece evidente que si una persona tiene droga en su casa y algunas otras cosas, y además supuestamente usó un arma de fuego, uno podría conjeturar desde el principio que se trata de una persona que no es muy pacífica", subrayó Aleuy.

Mónica Arancibia, la fiscal designada para investigar la muerte de los dos estudiantes, señaló, en una entrevista con CNN Chile, que el presunto asesino de los jóvenes "sólo habría ejecutado dos disparos".

También ratificó el hallazgo de una pistola presuntamente utilizada para el ataque en contra de los universitarios. "Todo se dará cuenta en la audiencia", sostuvo en declaraciones recogidas por La Tercera.

Sobre la información preliminar que maneja personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), la fiscal manifestó que "habría habido un grupo grande de gente y en ese contexto se produce un altercado previo". Arancibia añadió que el "imputado amenazó a las personas y luego procedió a disparar".

El principal sospechoso de haber matado a los dos estudiantes en Valparaíso negó ser el autor de la masacre. Giuseppe Antonio Briganti Weber, de 20 años, está detenido desde la tarde del jueves.

"Me están echando la culpa de que maté a dos tipos. Soy inocente, soy inocente", afirmó anoche a los medios locales luego de salir arrestado de un cuartel de la PDI en la región de Valparaíso.

De acuerdo con lo que publica Emol, fuentes policiales señalaron que el joven registra varias detenciones desde el año 2010 por agresiones y que vive con su padre en el inmueble en el que ocurrieron los hechos, en la calle Molina 350, frente a la plaza Victoria.

En el interior del domicilio, la PDI encontró el arma presuntamente usada por el sospechoso de asesinar a dos jóvenes que participaban de marcha estudiantil en Valparaíso.

Redacción: Leo.bo

Fuente: La Tercera

10 Abril 2015

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, completa este viernes los primeros 100 días de su segundo mandato con su popularidad por los suelos, acosada por los escándalos de corrupción y obligada a sortear las turbulencias económicas y disputas permanentes con el Congreso.

La frágil situación económica y la crisis política han colocado a Rousseff en una delicada situación, inédita para un gobernante brasileño en el inicio de un periodo presidencial, e incluso ha tenido que enfrentar manifestaciones multitudinarias en su contra y eludir presiones de sectores que piden abiertamente su destitución.

Rousseff está bajo el fuego cruzado de una oposición que salió reforzada de las urnas, de unos socios de Gobierno que le han puesto ingentes trabas en el Congreso para conseguir contrapartidas y de los grupos de izquierda descontentos por sus políticas económicas, que tachan de "neoliberales", y por considerar que ha relegado algunas banderas de los movimientos sociales.

Las tensiones con sus propios socios de Gobierno le han forzado a Rousseff a relevar a cuatro ministros y a delegar las funciones de coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso a su vicepresidente, Michel Temer, lo que según algunos sectores críticos ha supuesto una importante renuncia de poder político.

Temer es un eminente dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), fuerza de centroderecha aliada a Rousseff, pero que en el Congreso ha votado varias veces en contra de los intereses del Partido de los Trabajadores (PT) de la mandataria.

En su rifirrafe con la jefe de Estado para obtener prebendas, los socios de Gobierno frenaron en la Cámara de los Diputados los planes de ajuste de la economía -lo que contribuyó al hundimiento del real frente al dólar- y están llevando adelante una polémica reforma laboral que ha soliviantado a los sindicatos.

El panorama económico es delicado, el PIB se estancó en 2014 (0,1 %) y según todas las previsiones sufrirá una recesión este año, la inflación es la más elevada en una década (8,13 % interanual) y las cuentas públicas están en números rojos.

Para corregir el déficit, Rousseff dio plenos poderes en la política económica al ministro de Hacienda a Joaquim Levy, de perfil tecnócrata, quien está desarrollando un plan de austeridad que ya ha comenzado a ralentizar la actividad económica y está presionando al alza el desempleo.

El plan de ajuste contempla un drástico corte de gastos, la subida de impuestos e intereses y el corte de varios subsidios y pensiones, lo que ha desagradado especialmente a los sindicatos y a los sectores más a la izquierda.

Este complicado escenario se ha enredado en exceso por el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que ha tenido repercusiones económicas y políticas de gran calado.

La tasa de aprobación del Gobierno ha caído al 13 %, según una encuesta divulgada el mes pasado, un mínimo histórico para una nueva administración.

El descontento de los brasileños se plasmó en una manifestación multitudinaria ocurrida el pasado 15 de marzo, que congregó a cerca de dos millones de personas en decenas de ciudades del país en contra de la corrupción y de la propia Rousseff.

Varios grupos opositores, con el apoyo explícito de los principales partidos contrarios a la presidenta, han convocado una nueva manifestación similar para el próximo domingo.

Mientras, los sindicatos convocaron a una huelga nacional para el próximo miércoles contra el proyecto de ley aprobado en la Cámara de los Diputados que permite a cualquier empresa, pública o privada, tercerizar toda su actividad económica.

El PT y la propia Rousseff se oponen a ese proyecto de ley, que temen que puede aumentar la precariedad laboral, pero en plena crisis con sus socios de Gobierno y después de delegar poderes en su vicepresidente, la mandataria se ha quedado con escaso margen de negociación.

Para mejorar su imagen, Rousseff ha concentrado sus esfuerzos en las últimas semanas en enfocar su discurso en el área social, la que más rédito le ha granjeado, en especial entre los más pobres, por las exitosas políticas de distribución de renta y de construcción de viviendas populares desarrolladas en los últimos años.

Asimismo la presidenta presentó un paquete de medidas contra la corrupción y prometió castigar a todos los responsables del caso Petrobras, que de momento ha salpicado a cerca de 50 políticos, entre ellos el tesorero del PT, Joao Vaccari.

El centésimo día de su segundo mandato Rousseff está en pleno viaje hacia Panamá, donde participará en la VII Cumbre de las Américas.

Redacción Leo.bo

Fuente: AFP

01 Abril 2015

El ministro de Gobierno Hugo Moldiz informó hoy que en coordinación con la Fiscalía se han emitido requerimientos para buscar los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz en la hacienda de Hugo Banzer en San Javier. Adelantó que existen resultados preliminares alentadores.

 “Tenemos algunos resultados que yo diría que son algo alentadores en términos de haber encontrado algunos testimonios que nos alientan, nos dan esperanza que nos podríamos estar acercando”, explicó el Ministro.

Aclaró, sin embargo, que de acuerdo a un análisis del terreno también hay razones para mantener la incertidumbre.  

El exdictador Luis García Meza declaró recientemente que la muerte del líder socialista fue planeada por Hugo Banzer Suárez y que éste también pidió que le envíen los restos de Quiroga a Santa Cruz, donde tenía una hacienda en San Javier.

Moldiz indicó que al día siguiente de hacerse pública esta declaración se coordinó con la Fiscalía para emitir requerimientos contra tres haciendas. Explicó que la propiedad de Banzer se dividió en tres diferentes y que una de ellas ya no pertenece a la familia del expresidente.    

La autoridad anunció también que ha decidido formar un equipo de inteligencia dedicado exclusivamente a hallar los restos del líder socialista.

Moldiz reveló que busca una reunión con el exdictador Luis García Meza y su ministro del Interior Luis Arce Gómez, con el objetivo de indagar mayores datos sobre el paradero de los restos del líder socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz.

“A mí me interesa reunirme con Luis García Meza y Arce Gómez porque nos interesa sobre todo poder dar con el paradero de Marcelo Quiroga Santa Cruz”, dijo el Ministro.

El 17 de julio de 1980, se produjo el golpe militar que llevó a García Meza a la Presidencia. Ese día, uniformados irrumpieron en la Central Obrera Boliviana (COB), donde estaba Quiroga, y se presume que lo mataron.

Moldiz indicó que en la reunión no otorgará una “carta de impunidad” a las exautoridades. Más bien buscará que ambos “tengan el mínimo acto de sensibilidad y de arrepentimiento para darnos pistas y decirnos con precisión, porque que uno de los dos tiene que saber, dónde está el cuerpo”.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: Erbol

24 Marzo 2015

El Comité pro Santa Cruz logró el compromiso del Gobierno central para solucionar los problemas carreteros del departamento hacia el occidente del país, sobre todo en la ruta a los valles, que sufre graves deterioros.

La Comisión de Carreteras, conformada por el Gobierno Moral de los cruceños, los Comités Cívicos Provinciales, la Cámara de Exportadores, Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Cámara de Transporte del Oriente, Cámara de la Construcción de Santa Cruz, y Colegio de Ingenieros Civiles, se reunió este lunes con el ministro de Obras Públicas, Milton Claros Hinojosa y directores de la Administradora Boliviana de Carreteras, ABC, en instalaciones del Comité pro Santa Cruz.

El líder cívico, Roger Montenegro Leite, informó que el Ministerio de Obras Públicas anunció que hasta fin de año se tendría lista la licitación para la construcción del tramo de La Angostura-Comarapa, con una inversión aproximada de $us 130 millones. El estudio para esta carretera se terminará en el mes de mayo.

El presidente del Comité Cívico explicó que el Gobierno brindó un informe sobre los trabajos de mantenimientos viales en el cerro Mandarinas, la construcción del puente de 20 metros en la quebrada Petacas en un tiempo de seis meses, asimismo se han destinado Bs 2,5 millones para atender la reparación de la plataforma en riesgo de los tramos afectados, y la construcción del puente Banegas sobre el río Grande.

Montenegro dijo que la reunión de trabajo con el Ministerio de Obras Públicas tuvo el objeto de asumir compromisos, elaborar una agenda de trabajo y aunar esfuerzos en la búsqueda de una mejor transitabilidad en las carreteras antigua y nueva a Cochabamba.

En el encuentro que duró aproximadamente dos horas, se ratificó el convenio suscrito entre la ABC, Comité pro Santa Cruz, autoridades cívicas y provinciales de fecha 19 de enero de 2015, resaltando el inicio de obras de la nueva carreta Angostura-Comarapa en el transcurso de este año.

Se comprometió aumentar el presupuesto de mantenimiento en la antigua carretera hacia Cochabamba, cuya ejecución presupuestaria se encuentra ya en un 95%, asumiendo adicionalmente el compromiso de habilitar la nueva ruta hacia Cochabamba.

Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas priorizará la construcción de 23 puentes en la carretera nueva al occidente (ruta 4), sobre la base de un estudio elaborado por la ABC; además de implementar la logística necesaria para dar cumplimiento al control de peso establecido por ley, asumiendo el compromiso de licitar hasta el mes de abril 17 balanzas de control de peso.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: Redacción

20 Marzo 2015

La rendición de cuentas del sector hidrocarburos mantiene en la opacidad  la retribución a las transnacionales, mientras el gobierno continúa sin difundir reportes claros sobre unos 5.600 millones de dólares (MM$us) en costos recuperables reconocidos y por aprobar, en desmedro de la porción nacional.

A falta de información oficial eficiente, según datos procesados por separado en la Fundación Jubileo y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), la tajada de las petroleras extranjeras bordea 11.000 MM$us en los últimos nueve años, incluidos 5.400 millones en  utilidades.

Desde el 2006, en que el nuevo Estado convirtió determinados costos de producción y otros gastos de las empresas, en ingresos y retribución principal de las transnacionales, el aumento gradual de los costos recuperables generó diversos cuestionamientos sobre secretismo, fraudulencia por montos de inversión “inflados” y cesión de mayor renta a las privadas.

Estos temas serán considerados la próxima semana en Guatemala, durante la segunda parte del programa TRACE Transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas), impulsado por Publish What You Pay-Noruega, con participación de delegaciones de Ecuador, Colombia, Bolivia y Guatemala y expertos de otros países.

Las observaciones coinciden con la baja de la cotización internacional del petróleo, en momentos en que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)  reajusta sus inversiones a 2.400 MM$us respecto de 3.000 millones programados el año pasado y de los cuales sólo ejecutó 2.050 millones de dólares, sin explicar las causas de los declives.

Igualmente se derrumbaron las previsiones del presidente Evo Morales sobre la renta petrolera del 2014, calculada por él en la campaña electoral en 7.000 MM$us, y que no sobrepasó los 5.600 millones.

El valor de la producción en el primer mes del 2015 bajó en 35 %, y la estimación del nuevo presidente de Yacimientos, Guillermo Achá, es que los ingresos por comercialización disminuirán a 4.500 MM$us este año, respecto de los 5.800 percibidos el 2014. 

Para contrarrestar las caídas, YPFB planea mayor producción, de 60 a 70 millones de metros cúbicos diarios, monetizando con más intensidad aún las reservas de gas natural que quedan, levemente incrementadas.

Sin embargo, no se tienen nuevos mercados asegurados ni otros contratos firmados, ni acuerdos acelerados, al margen de dos recientes “ininterrumpibles” ya suscritos con Argentina y Brasil por cantidades precisas, y opciones para ampliar en mínima cuantía la exportación de gas licuado de petróleo (GLP), según el análisis de especialistas convocados por Jubileo hace tres semanas para la presentación de su más reciente estudio sobre la renta petrolera estatal.

Mediante la ingeniosa transformación negociada hace nueve años, buena parte de los costos e inversiones reconocidas y por devolverse, se ha tornado en ingresos significativos  para las empresas que efectúan los gastos, se advirtió, al tiempo que su crecimiento e ineficiencia erosionan la renta nacional.

El volumen e incremento de los costos recuperables declarados y obtenidos por las transnacionales  “afectan al país en gastos e ineficiencia”, afirmó el economista del CEDLA, Carlos Arze en su último trabajo sobre la apropiación del excedente.

Al superar el incremento de la producción develan “una creciente ineficiencia productiva y económica de la operación en manos privadas”.

Por ejemplo, YPFB “compra activos usados a precio de nuevos: los activos son usados sin costo alguno por los titulares hasta que finaliza el contrato, no sólo hasta que se amortizan totalmente”, reveló.

“Bajo el eufemismo de una ‘adecuada recuperación de inversiones’ el capital petrolero oculta su naturaleza rentista”, previno por su parte Juan Carlos Guzmán en su trabajo sobre la renta de los hidrocarburos, que reunió a otro conjunto de especialistas.

“Más de la mitad de los costos recuperables incrementados en 17 % por año, corresponden a amortización de inversiones mientras los costos de administración y de personal crecieron anualmente en  62 y 25 %”, sin que haya un informe gubernamental que explique dichas tasas de crecimiento y participación, por lo que subsiste  “la interrogante acerca de qué fenómeno da cuenta del incremento de los costos de producción”.

Los precios de producción ya incluyen una tasa de ganancia “normal” y salvo algunas excepciones, las empresas no sufren pérdidas en la producción sino, más bien, no obtienen las rentas, diferenciales y de monopolio, que obtendrían bajo las condiciones del monopolio internacional, describió Guzmán.

Así, la obtención de rentas es más favorable a las transnacionales que cualquier contrato a precios internacionales, razón demás para haber mantenido sus actividades a pesar de su persistente inconformidad: “obtienen más beneficios aquí, que en cualquier otro lugar en que las rentas son calculadas con  precios internacionales”

Cada centavo retribuido a las empresas extranjeras es uno perdido para el país, y viceversa, pero esa pulseta va siendo ganada, según  otros análisis, por las operadoras extranjeras: “El Estado y las petroleras pelean por cada dólar”, dijo hace siete meses el vicepresidente Alvaro García Linera: "Hay acuerdo en los ítem grandes (de las inversiones), pero viene el regateo por los ítem pequeños”.

Pese al tira y afloja,  el gobierno reconoció 4.798 millones de los 4.931 MM$us reportados como recuperables entre mayo del 2007 y julio del 2014, habiendo observado 133 millones, por lo que resolvió reconocer para su pago el 97.2% de estos costos.

La renta de los hidrocarburos, de la que participan las empresas y el Estado, recordó la fundación católica Jubileo –que sugiere crear un fondo de ahorro para contrarrestar la volatilidad de los beneficios – es el resultado de los ingresos por comercialización de estos recursos naturales, menos los costos incurridos para su explotación y venta.

La porción de las empresas, “debido a la falta de información suficiente, no es posible calcularla”, dijo Jubileo, “aunque en investigaciones anteriores estableció que se aproxima al 15 % de los ingresos por la venta de hidrocarburos”, estimó su estudio efectuado por Célica Hernández y Raúl Velásquez.

Durante la polémica sobre las ganancias de las transnacionales, entre agosto y septiembre pasados, el presidente Morales afirmó que la participación extranjera promedia el 25 % del negocio. Luego, el vicepresidente Alvaro García Linera precisó que, en utilidades sumaba 10,9% y en costos recuperables 14,4%.

El 74, 7 %  de la porción estatal estaba conformada en 50 % por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías, en  14,1% por la participación de YPFB  y en 10,6% por patentes e impuestos para el Tesoro General de la Nación (TGN).

Quedó así oficialmente desterrado el efímero logro, vigente sólo algunos meses, de aumentar a  82 % la porción estatal y reducir a un 18 % la parte de las transnacionales, tan publicitada con la nacionalización del 2006.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: Erbol

18 Marzo 2015

La ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, informó el miércoles que las organizaciones productivas y de empresarios ya tienen listas las propuestas que presentarán en la cumbre agropecuaria 'Sembrando Bolivia', que se desarrollará el 26 y 27 de marzo en Santa Cruz.

"Las organizaciones productivas como los empresarios están listos para emprender el reto de ampliar la frontera agrícola (...) en la ocasión se expondrán las tres propuestas que han salido de las organizaciones de pequeños productores, del Pacto de Unidad y de los medianos y grandes productores agropecuarios", indicó.

Aseguró que luego de consensuar y acordar la realización de la cumbre, ésta se efectuará "sin más retrasos", en las fechas previstas.

La autoridad dijo que las fechas fijadas para la cumbre se convierten en "un tiempo propicio", puesto que en esos días concluirá la campaña electoral y comenzará la campaña agrícola de esta gestión, motivos que a su juicio, permitirán que la cumbre "se realice con plena tranquilidad".

El Pacto de Unidad, que aglutina a organizaciones sociales y productivas originarias, campesinas e interculturales del occidente, pide una producción primaria, transformación de subproductos y la apertura de mercados campesinos y acceso a créditos para fomentar al sector.

La Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia, prevé poner en discusión, la solución al saneamiento de tierras, la implementación de sistemas de cosecha de agua, manejo, conservación y recuperación de suelos y la diversificación, transformación, promoción y comercialización de la producción ecológica.

Mientras que el sector productor del oriente, pedirá analizar la seguridad jurídica, liberación de las exportaciones, tecnología e infraestructura, y la Función Económica Social sobre sus tierras.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: ABI

18 Marzo 2015

El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, anunció el miércoles que se prevé reforzar la vigilancia del ex asesor del presidente Ollanta Humala y empresario peruano, Martin Belaunde Lossio, que guarda detención domiciliaria en la ciudad andina de La Paz, para evitar una posible fuga.

"En cuanto a nosotros lo que nos corresponde es garantizar que este señor no se fugue, seguramente reforzaremos más de lo que hemos hecho hasta ahora su custodia", dijo en declaraciones a la prensa en Palacio Quemado.

Recordó que Perú solicitó la ampliación de esa detención por 60 días más y le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia aprobar o no ese pedido.

Belaunde Lossio está acusado en Perú de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales.

Según, la Cancillería de Estado Belaúnde "ingresó ilegalmente" a Bolivia el 1 de diciembre pasado, después, el 16 de ese mismo mes solicitó refugio a la Conare nacional, y a partir del 17 de diciembre recibió el certificado de solicitante de refugiado.

Sin embargo, al no sustentar que en su país es un supuesto perseguido político, la Conare, el 20 de enero, dictó una Resolución negando la solicitud de refugio.

El martes por la noche, el ministro de Justicia de Perú, Fredy Otárola, informó que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de ese país aprobó solicitar la extradición de Belaunde, y precisó que el documento oficial llegará a Bolivia el viernes.

Indicó, según la agencia peruana Andina, que el cuaderno de extradición será remitido, a más tardar, el próximo 20 de marzo a Bolivia, antes de que culmine el plazo de detención impuesto contra Belaunde Lossio (21 de marzo) y mencionó que con el expediente se puede, incluso, prolongar el plazo de detención del empresario peruano.

En ese sentido, Moldiz dijo que corresponde a las autoridades peruanas solicitar la extradición de ese empresario para evitar el riego de fuga o quizá se solicite su traslado a un recinto penitenciario.

"Siempre es posible  intentar una fuga desde un domicilio, vamos a ver si se oficializa la extradición y va a ser como cerca de seis meses que duraría ese proceso", explicó.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: ABI

13 Marzo 2015

En plena crisis política y económica, Dilma Rousseff copia lo peor del populismo latinoamericano: dividir a la sociedad brasileña. Ante los reclamos sociales que inundan las calles, Dilma apuesta por radicalizarse, una jugada arriesgada que podría tener consecuencias incluso peores que las conseguidas hasta el momento e impulsaría una mayor movilización opositora convocada para este domingo 15 de marzo.

Prueba de que la marcha es impulsada por el gobierno está dada en el pedido expreso que el ex presidente Lula Da Silva hizo a un pope sindical, Joao Pedro Stédile, coordinador del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST). Hace casi un mes, Lula le pidió a Stédile que sacara a su "ejército" a las calles si fuera necesario. Ese día llegó.

Para hoy, la Central Única de Trabajadores (CUT) organizó dos actos e intentó aclarar que ninguno de ellos son en apoyo al gobierno. Sin embargo, la movida es clara. La marcha prevista por el sindicato tendrá el apoyo absoluto del Partido de los Trabajadores (PT), el espacio gobernante desde hace más de 12 años. La organización se precipita dos días antes de que cientos de miles de brasileños salgan a las calles impulsados por las desigualdades sociales, los problemas económicos y los escándalos de corrupción que salpican a la administración central.

Los actos convocados por la CUT están previstos en 27 capitales de todo el país contra la "ruptura democrática" que según los sindicalistas se está planificando desde la oposición. El acto del #15M convocado desde las redes sociales y alentado por sectores opositores promete ser multitudinario. A esa movilización los gremios la acusan de "rupturista" del sistema republicano.

Según el diario Estado de San Pablo, los sindicatos trasladarán a su público en ómnibus a los diferentes puntos del país, distribuirán comida, pósters y pancartas identificatorias. La CUT recibe una gran ayuda anual del gobierno de Dilma, y hoy se la retribuirá: más de 52 millones de reales van de las arcas estatales a la central obrera. Una suma que ningún gremio despreciaría.

La Central de los Trabajadores de Brasil (CTB), mediante su vicepresidente Joílson Cardoso, se mostró a favor de la marcha de hoy. "Defenderemos Petrobras, a la democracia y el derecho de los trabajadores". Y añadió, según el Estado de San Pablo, que las marchas convocadas para el domingo 15 de marzo próximo es "patrocinada por el PSDB, que no acepta haber perdido las elecciones".

Para no quedar identificados con Dilma, los sindicalistas "disfrazan" las movilizaciones con el slogan: "Ni con el gobierno el 13 (por hoy), ni con el impeachment el 15", señala una de las entidades que también fue "autoconvocada" para las marchas en todo Brasil.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: AFP

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