Santa Cruz de la Sierra
01 Agosto 2019

Rosa Lagarrigue, propietaria de la empresa RLM, S.A., que trabajó como representante alrededor de 25 años con Alejandro Sanz, presentó una demanda por incumplimiento de contrato en su contra. Lagarrigue exige alrededor de $10 millones de dólares.

El cantante español se presentó en Madrid para atender la denuncia en su contra, según reportó la revista Diez Minutos.

El portal de La Botana, explica que la demanda expone que el músico terminó la relación laboral en el año 2016, cuando éste aún tenía contrato hasta 2019. Los abogados de Sanz solicitaron llegar a un acuerdo por cuatro millones, sin embargo la petición ha sido completamente rechazada por parte de Rosa Lagarrigue.

Según dichos medios, Rosa lamenta enormemente haber trabajado alguna vez con Alejandro Sanz.

“Alejandro ha sido lo más triste que me ha pasado en la vida”, declaró Lagarrigue.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

27 Junio 2016

La Coalición contra la Tortura lamentó que hasta la fecha el Gobierno no haya conformado un Mecanismo Nacional de Prevención, independiente de las instancias gubernamentales, para combatir ese flagelo, luego de que el Ejecutivo se comprometiera ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) a hacerlo en octubre de 2014.

“Hasta la fecha no se cumplió ese compromiso, siendo una necesidad imperiosa en nuestro país, toda vez que la tortura, los tratos, penas crueles, inhumanos y degradantes siguen siendo una práctica cotidiana en el seno de la policía, la justicia y las Fuerzas Armadas”, se lee en el comunicado emitido con motivo del Día Internacional de las NNUU en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.

La Coalición contra la Tortura está integrada por seis organizaciones de derechos humanos como el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la Comunidad de Derechos Humanos, el Capitulo Boliviano de Derechos Humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz y la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses.

La institución denuncia que la tortura y otros malos tratos “son utilizados con fines de investigación y confesión” a defecto de un sistema de investigación policial, judicial y forense competente, imparcial, con fondos, infraestructura e instrumentos de investigación adecuados.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

06 Junio 2016

Asegurando que "el artículo VI del Tratado de 1904 ha sido cumplido escrupulosamente por Chile", la Cancillería respondió a las acusaciones del gobierno boliviano por un supuesto incumplimiento de dicho acuerdo por las alzas de tarifas y otras medidas impuestas en el puerto de Antofagasta.

Mediante un comunicado, el gobierno agregó que del Tratado de 1904 "no emanan obligaciones como las que sostiene  Bolivia, y las tarifas portuarias y servicios a la carga boliviana, se ciñen a parámetros públicos e informados oportunamente.

Así, el listado de tarifas publicado por Antofagasta Terminal Internacional (ATI) para los años 2016 y 2017 –que se aplica a todos los usuarios del puerto, sin discriminación- guarda plena concordancia con el contrato de concesión de 2003, y con el marco jurídico vigente".

Además se indicó que en el caso de la empresa minera Sierra Gorda, "se trata de un caso donde se ha invertido más de 60 millones de dólares en un galpón cerrado, ubicado en un sector concesionado del puerto, y donde las exigencias ambientales han implicado implementar un sistema de transporte ferroviario medioambientalmente adecuado para concentrados de cobre desde la mina al puerto".

En el documento se señala además que los acuerdos de libre tránsito entre ambos países contemplan la aplicación de normas para la protección de la salud pública y el medio ambiente, por lo que esto "no vulnera el libre tránsito según el Tratado de 1904".

Finalmente, el gobierno hace un llamado "a que las declaraciones bolivianas se atengan a la realidad de los hechos, donde la modernización de los servicios portuarios, que beneficia a los usuarios bolivianos y a quienes trabajan para su comercio exterior, es garantía de eficiencia y no discriminación, junto con respetar plenamente los principios y propósitos del Tratado de 1904".

Ayer, el gobierno altiplánico anunció que recurrirá a la vía diplomática por el alza de las tarifas puntualizando que "si Chile continúa en esta actitud soberbia de poco diálogo, de poca comunicación, recién se van a ver los otros mecanismos".

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: La Tercera

 

29 Enero 2016

El gerente de la Empresa Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB), David Sánchez, aseguró la noche del jueves que se constató el incumplimiento del Tratado de 1904 por parte de Chile y que de manera operativa, en el marco de la ALADI, se ha ido mostrando denuncias concretas.

"Hemos constatado como empresa, también tenemos el papel de agente aduanero en los puertos de Arica, Antofagasta y otros puertos, que lo que se dijo desde altas esferas de nuestro país, es verdad y tiene total razón, no se cumple el tratado de 1904", dijo en entrevista en el programa Tres en Línea de Bolivia Tv.

Sánchez explicó que la empresa comenzó a hablar de las necesidades que tiene el país para un comercio internacional con la fortaleza planteada por el liderazgo del presidente Evo Morales en el escenario internacional.

Aseguró que dicha situación permitió que, a través de la Cancillería, se generen reclamos respecto al libre tránsito en el puerto de Arica y posteriormente en el puerto de Antofagasta, que según el Tratado de 1904 señala la libertad de tránsito hacia y desde territorio boliviano a ultramar.

El Gerente de la ASPB explicó que el 17 de junio de 2015 el presidente Morales firmó un decreto que le da atribuciones particulares para que la empresa se dedique a las estrategias del comercio exterior, fundamentalmente buscando puertos para las importaciones y exportaciones bolivianas, con la posibilidad de generar acuerdos, contratos, alianzas y participar en convocatorias internacionales.

Asimismo, le permite trabajar en la logística de puertos secos, plataformas logísticas, lugares donde se pueda concentrar la carga para recuperar la soberanía y mejorar el comercio internacional boliviano.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ABI

01 Septiembre 2014

La empresa española Endesa rechazó el lunes una multa de más de 7 millones de dólares impuesta por el gobierno de Chile por incumplir normas medioambientales en la central termoeléctrica Bocamina, al sur de Santiago.

La multa "no se ajusta a derecho", indicó la reclamación presentada ante el tercer Tribunal Ambiental de la ciudad de Valdivia (sur).

"Solicito tener por interpuesta la presente reclamación, admitirla a tramitación y, previa tramitación de rigor, acogerla en todas partes la resolución reclamada", explicó el texto.

La superintendencia de Medio Ambiente -el ente estatal fiscalizador- multó con 7,6 millones de dólares a Endesa el 11 de agosto, por incumplir en su central termoeléctrica Bocamina las condiciones, normas y medidas establecidas en su permiso ambiental para operar.

Endesa solicitó al tribunal "rebajar sustancialmente las sanciones aplicadas" y que se declare que la compañía española es titular de un permiso ambiental que le permite operar Bocamina II, una de las dos centrales que se encuentran en este complejo termoeléctrico ubicado en la bahía de Coronel, a 550 km al sur de Santiago, y que actualmente se encuentra paralizada por orden judicial.

Ahora, el tribunal deberá determinar si acoge la reclamación de Endesa.

La termoeléctrica ha sido blanco de las protestas tanto de los habitantes de Coronel como de organizaciones ambientalistas, que acusaron a esta central de dañar el ecosistema marino de la bahía.

Bocamina I actualmente está en funcionamiento, mientras que Bocamina II se encuentra paralizada desde el 17 de diciembre por orden de la justicia chilena mientras resuelve un recurso de protección presentado por pescadores y vecinos de dicha localidad.

Redacción Leo.bo

Fuente: AFP

 

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