Santa Cruz de la Sierra
13 Septiembre 2019

La fiscalía venezolana anunció este viernes la apertura de una investigación penal contra Juan Guaidó por su presunta "vinculación" con una banda criminal colombiana que le habría ayudado a salir ilegalmente de Venezuela, tras la difusión de fotos en las que el líder opositor aparece con miembros de ese grupo.

"Ante las graves evidencias, hechas ya públicas (...), respecto a la vinculación del ciudadano Juan Guaidó con el grupo narcoparamilitar Los Rastrojos, este Ministerio Público ha decidido abrir una investigación penal", anunció el fiscal general, Tarek William Saab.

"Los medios de prueba saltan a la luz", agregó el funcionario, refiriéndose a fotografías en las que el opositor está acompañado por integrantes de esa banda, surgida de la desmovilización de grupos paramilitares en Colombia en 2006 y dedicada al narcotráfico.

"No pedimos antecedentes (penales) para tomar una foto", reaccionó Guaidó ante periodistas tras la difusión de las imágenes, negando conocer a esos sujetos.

La Fundación Progresar, una ONG colombiana de derechos humanos que monitorea la violencia en la frontera, publicó el jueves en Twitter dos fotos del opositor con Jhon Jairo Durán, apodado "El Costeño", y Albeiro Lobo Quintero, alias "El Brother", miembros de Los Rastrojos detenidos en Colombia.

La AFP comprobó la autenticidad de las fotos. Habrían sido tomadas la víspera del 23 de febrero pasado, día en que el opositor encabezó un fallido intento de ingresar a Venezuela "ayuda humanitaria" de Estados Unidos, como alimentos e insumos médicos.

Saab, de línea oficialista, ya ha abierto varias causas penales contra Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países.

Más temprano, el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol, denunció tener "elementos probatorios" suficientes al mostrar otras imágenes de Guaidó con otros dos integrantes de la banda.

"Evidencian una vez más su asociación en todas las acciones terroristas" para "atentar contra la estabilidad democrática", aseveró Reverol en una declaración transmitida por la televisora estatal VTV.

El gobierno de Nicolás Maduro acusa a Guaidó de haber sido custodiado por estos criminales al cruzar la frontera en febrero, violando una prohibición de salida del país impuesta después de que se autoproclamara presidente interino.

Saab asomó como "hipótesis" que Bogotá conocía la situación. "¿Sabía el gobierno de Iván Duque que estos paramilitares narcotraficantes del grupo Los Rastrojos iban a ser las guardias de honor de este ciudadano Guaidó? (...). Podemos suponer que sí", declaró.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

                                   

  

 

13 Septiembre 2019

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) calificó este viernes como delitos electorales los ataques violentos a las casas de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la ciudad de Santa Cruz y exigió a la Fiscalía la investigación del caso.

"La Sala Plena del TSE (...) pide al Ministerio Público realizar la investigación correspondiente debido a que estas acciones se constituyen en delitos electorales", cita un comunicado de prensa, emitido por la Sala Plena del Tribunal.

Asimismo, el ente electoral lamentó y rechazó de manera enfática los actos de violencia y consideró que atentan contra la democracia y el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía.

En horas de la tarde del pasado jueves, jóvenes con banderas cruceñas y del 21F se movilizaron en inmediaciones del segundo anillo de Santa Cruz y atacaron al menos tres casas de campaña del MAS, destruyendo todo lo que encontraron a su paso y golpeando a militantes oficialistas, que tenían previsto realizar una actividad denominada la "tarde azul".

En el hecho, varias personas resultaron heridas y decenas de jóvenes fueron arrestados, aunque esta mañana la Policía informó que 54 fueron liberados y 9 quedaron en calidad de aprehendidos.

El TSE recordó que las organizaciones políticas y colectivos ciudadanos deben realizar sus expresiones democráticas en el marco del respeto a los derechos individuales y colectivos.

 Redacción: Leo.com     

Fuente: Agencias

                                   

  

 

11 Septiembre 2019

El presidente, Evo Morales, anunció hoy la creación de una comisión especial mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tiene el objetivo de investigar los casos de feminicidio que tienen retardación en el proceso judicial y no llegan a una pronta sentencia.

“Hemos decidido conformar una comisión especial mixta de cinco miembros para investigar qué está pasando con los casos de feminicidio y dar solución”, dijo el primer mandatario en conferencia de prensa. 

En este sentido, Morales admitió que el sistema judicial continúa presentando falencias en la investigación de estos casos. Dijo también que hay una pérdida de valores en la sociedad.

“Lamentablemente la justicia no acompaña mucho en este tema y es una campaña de todos y todas. Será pérdida de valores, será soberbia de algunos hermanos contera la hermana compañera, la madre, la abuela, la hija”, lamentó.

Informó que en lo que va del año, en todo el país, se registraron 88 casos de feminicidios, de los cuales solo diez llegaron a tener sentencia.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

                                   

  

09 Septiembre 2019

La Policía de Santa Cruz investiga cinco casos de quemas provocadas, de los cuales uno derivó en una audiencia cautelar en la que la Justicia determinó medidas sustitutivas para un sindicado. Los uniformados dicen que hallaron una “importante cantidad” de material inflamable.

La información la dio el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Igor Echegaray, quien aseguró que su despacho tiene la “convicción suficiente para establecer que hay algunas personas que están de manera deliberada prendiendo fuego”.

“En esto vamos a ser implacables, hay cinco casos que se vienen investigando por cuerdas separadas; muy diferente el uno del otro, pero está en pleno proceso de investigación y si hay personas responsables, instituciones que resulten responsables, la certeza que va a caer con todo el peso de la ley porque no se puede permitir que en semejante desastre ecológico estemos sumando, realizando este tipo de hechos de carácter delictivo”, señaló en una entrevista en radio Patria Nueva.

La afirmación del jefe policial se da 24 horas después de que el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, advirtiera que por lo visto en la Chiquitanía actúan “saboteadores” que “siembran fuego de forma intencional” y advirtió que este “juego macabro puede terminar muy mal”, más cuando también hay la reactivación de chaqueos para la agricultura.

Echegaray detalló que además del proceso del que ya se instaló la audiencia de medidas cautelares, existen otros cuatro que siguen el curso de las investigaciones “para establecer la autoría, el grado de participación y la complicidad o encubrimiento que pudiera existir”.

“Algunos arguyen que evidentemente han realizado en su propiedad chaqueos, eso ha generado que se desborde y obviamente tenga otro tipo de connotaciones. Hay otros que han sido sorprendidos no en su propiedad, sino  en lugares despoblados que corresponde al monte, eso sí se está investigando, se ha encontrado importantes cantidades de combustible, de llantas y de otros elementos inflamables que son fácilmente utilizados para causas incendios”, dijo el jefe policial.

Mostró su sorpresa por la repentina reactivación del fuego en zonas de Roboré donde se habían extinguido por completo las llamas.

En una conferencia de prensa que dictó al mediodía de este lunes, el presidente Evo Morales se mostró preocupado por el incremento de los focos de calor e incendios en Concepción, San Ignacio de Velasco, Charagua y San Matías que “estaba casi totalmente controlados”. Se calcula que se aproxima a los dos millares.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

  

 

06 Septiembre 2019

Una coalición de fiscales generales de EEUU abrió este viernes una investigación sobre si Facebook puso en peligro los datos de los consumidores o si violaron la ley antimonopolio, estrechando así el cerco sobre uno de los gigantes de Silicon Valley.

"Estoy empezando una investigación sobre Facebook para determinar si sus acciones pusieron en peligro los datos de los consumidores, redujeron la calidad de las elecciones de los consumidores o aumentaron el precio de la publicidad", dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado.

"La plataforma de redes sociales más grande del mundo debe cumplir con la ley", agregó James, que lidera el grupo bipartidista de fiscales generales que manejan estas pesquisas.

La investigación aumenta la presión para la plataforma de redes sociales, que ya está bajo la lupa de la Comisión Federal de Comercio (FTC), el Departamento de Justicia (DOJ) y el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU.

El mes pasado, Facebook acordó pagar un 5.000 millones de dólares como parte de un acuerdo con la FTC por cargos de violaciones de privacidad.

Los fiscales generales señalaron este viernes que analizarán si la posición de Facebook puede haber permitido que la compañía se aprovecha de sus clientes o anunciantes.

Además de James, los fiscales generales de los estados de Colorado, Florida, Iowa, Nebraska, Carolina del Norte, Ohio, Tennessee y el Distrito de Columbia participan en la investigación.

Facebook posee tres de las principales plataformas de comunicaciones del mundo, incluyendo Instagram y WhatsApp, así como la plataforma de Facebook.

Según datos de la propia empresa, Facebook tenía más de 2.410 millones de usuarios activos mensuales.

De acuerdo con medios especializados, Facebook y Google son conocidos como el "duopolio digital" del ecosistema de publicidad en línea, y algunas estimaciones indican que las dos compañías controlan casi el 60 por ciento del mercado de publicidad en Internet.

De hecho, se espera que otro grupo de fiscales generales estatales anuncie una investigación antimonopolio sobre Google el próximo lunes.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

  

08 Agosto 2019

La Defensoría del Pueblo realizó una investigación en la que identificó fallas en el control e inspecciones que debe realizar el Organismo Operativo de Tránsito y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Transporte y Telecomunicaciones (ATT), Viceministerio de Transportes, además de contradicciones en la emisión de licencias e incumplimiento por parte de los operadores del servicio de transporte.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, durante la presentación del estudio manifestó que preocupa el aumento en los hechos y accidentes de tránsito. Durante el primer trimestre de 2019, que llegaron a 1.106, dejando 260 personas fallecidas y 1.556 heridas. En el 2018 cuando se reportaron 3.240 hechos de tránsito; 622 muertes y 4.059 heridos.

Entre los principales hallazgos durante la investigación defensorial, figuran fallas en el control realizado por el Organismo Operativo de Tránsito antes de autorizar la salida del bus y en las trancas; control de requisitos básicos omitiendo su obligación de revisar otros aspectos fundamentales relacionados al vehículo y al conductor, previstos en la norma; la acreditación de conductores y designación de “Pasajero Seguro” son los requisitos menos controlados; revisión incompleta de la documentación por parte de las oficinas de Tránsito.

Los operativos de Tránsito a nivel nacional no incluyen el control de la tarjeta de operación, el certificado de acreditación de conductores, el cumplimiento del rol de relevos, el control de alcoholemia, la visibilidad de la cabina, el transporte de carga en los asientos, y pasajeros en los pasillos, cabina o buzones, omitiendo el control de los operadores y conductores que prestan el servicio, así como la seguridad de los pasajeros.

En tanto, de los 46 buses verificados, 34 (74%) no contaban con conductores acreditados; de 42 operadores verificados, solo 5 (12%) tenían listas de conductores acreditados, lo cual da lugar a designaciones de conductores improvisados no idóneos.

En el control sobre el exceso de velocidad, la intervención defensorial evidenció que de los 46 buses verificados a nivel nacional, solo 24 (52%) contaban con algún tipo de dispositivo de control de velocidad y 22 (48%) no portaba ninguno.

“El hecho de tránsito ocurrido en el ruta a Apolo el pasado domingo, en el que murieron 15 personas y otras 20 quedaron heridas, luego que el bus en el que viajaban se embarrancara, muestra la realidad que preocupa a la Defensoría del Pueblo por la pérdida de vidas humanas, la situación de discapacidad de las personas heridas y el costo económico, porque afecta a las familias y al Estado”, manifestó la Defensora.

La investigación, realizada en febrero y marzo de este año, y plasmada en el Informe Defensorial “Seguridad vial como garantía del derecho a la vida en el transporte automotor público terrestre interdepartamental”, igualmente, evidenció que las principales causas de los accidentes son la imprudencia del conductor, exceso de velocidad, no acatar disposiciones de tránsito, conducir en estado de embriaguez, vía en mal estado y falla mecánica entre otros, "panorama ante el que propone modificar normativas y recomienda el cumplimiento de deberes legales de las instancias competentes en la seguridad vial", dice la Defensoría.

Ante esta realidad, la institución defensorial, como parte de sus conclusiones y determinaciones,  sugiere a la Asamblea Legislativa Plurinacional modificar la Ley General de Transporte para incorporar el requisito obligatorio para que los buses de servicio de transporte interdepartamental cuenten con limitadores de velocidad calibrados a 100 Km/hora.

Asimismo, sugiere que el Servicio General de Licencias para Conducir (Segelic) modifique su Reglamento Técnico Operativo de Licencias para Conducir Vehículos Terrestres, para garantizar que los conductores tengan una antigüedad mínima de 5 años en cada categoría profesional y se cumpla la secuencia obligatoria de categoría a categoría como establece la norma.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

 

02 Agosto 2019

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) emprenderá una investigación de los depósitos en efectivo que habría recibido la televisora PAT, por los cuales se sospecha que Carlos Mesa hubiese “vendido” su candidatura vicepresidencial en 2002.

Los presuntos depósitos fueron revelados por el investigador Emilio Martínez, quien en su blog publicó documentos y aseveró que entre mediados de 2002 y antes de octubre de 2003, PAT entonces de Carlos Mesa recibió en efectivo “más de 6 millones de bolivianos, exactamente 831.454 dólares”.

La documentación divulgada por Martínez, consistente en 111 páginas de documentos y 53 boletas de depósitos, serán objeto de investigación por parte de la UIF, según anunció este viernes su directora Teresa Morarles.

“Cuando hay dinero en efectivo que se deposita -dijo Teresa Morales- es una alerta siempre para la UIF y estamos obligados a investigar, por lo tanto los cuadros que están publicados en internet y los depósitos hechos por funcionarios  de PAT van a ser efectivamente investigados por la UIF”.

La directora de la UIF recalcó que esta investigación se hará en base a la información en fotocopias, que publicó Emilio Martínez en internet.    

En los documentos difundidos por Martínez está una lista de funcionarios de PAT y los montos que habrían depositado a la televisora.

Teresa Morales señaló que la UIF rastreará el origen de ese dinero, porque es llamativo que se deposite esa cantidad de dinero en efectivo y no en cheques o con transferencias.

La directora de la UIF aseveró, sin embargo, que no tiene idea de la conexión de esta investigación con Carlos Mesa.

No obstante, la publicación de Emilio Martínez, en la cual se basará la UIF, tiene en su texto referencias explícitas a Mesa y una supuesta “venta de candidatura”.

El presunto pago fue denunciado por Mauricio Balcazar, eministro y yerno de Goni, quien públicamente aseveró que se entregó dinero para PAT, a cambio de que Mesa sea candidato vicepresidencial en 2002 con el MNR.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Erbol

 

13 Noviembre 2018

El informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de Sobornos, que indagó el caso Odebrecht en Bolivia y será tratado el miércoles en la Asamblea Legislativa Plurinacional para remitir el documento al Ministerio Público, ratifica que se detectó movimientos de dinero inusual en las cuentas bancarias de nueve exautoridades, entre ellas Carlos Mesa.

El documento detalla que el proceso de “investigación detectó movimientos inusuales o sospechosos de dinero en las cuentas bancarias” de Carlos Eduardo Mario Morales Landivar (exministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada); Carlos Diego de Mesa Gisbert (expresidente de Bolivia); Carlos Silvestre Alarcón Mondonio (exviceministro de Justicia e interino de Servicios y Obras Públicas del gobierno de Carlos Mesa); y Luis Carlos Jemio Mollinedo (exministro de Hacienda del gobierno de Carlos Mesa).

Asimismo –según la Comisión– se detectó movimientos sospechosos en las cuentas de Carlos Silvestre Romero Mallea (exviceministro de Energías Alternativas e interino de Servicios y Obras Públicas del gobierno de Carlos Mesa); José Antonio Galindo Neder (+) (exministro de la Presidencia del gobierno de Carlos Mesa); Luis Humberto Landivar Pereira (exgerente de Construcción del Servicio Nacional de Caminos-SNC); Jorge Nicolás Peredo Flores (exgerente general del SNC); y Mario Avelino Moreno Viruez (ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda del gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé).

De todos los proyectos carreteros investigados por la Comisión Mixta también se encontraron “indicios suficientes para sospechar presuntos sobornos pagados” de manera directa por parte de la empresa brasileña Camargo Correa para la construcción de la carretera Roboré-El Carmen.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Noticiasfides

 

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