Santa Cruz de la Sierra
16 Mayo 2019

La comisión de fiscales que investiga al procesado por narcotráfico Pedro Montenegro Paz y sus vínculos en el país, presentó la ampliación de la investigación por los supuestos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa, confabulación y encubrimiento contra cuatro autoridades judiciales y un exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En una carta enviada al Juzgado Décimo de Instrucción Cautelar en lo Penal de Santa Cruz con fecha de ayer, los fiscales piden ampliar las pesquisas en contra de Gonzalo Hurtado Zamorano, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); Joyce Lizeth Choquerive Sosa, magistrada suplente Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); Darwin Vargas Vargas, vocal del TSJ de Santa Cruz; Juan José Paniagua, Juez 4to. de sentencia en lo penal de Santa Cruz y María Belén Laguna Rojas, exrepresentante del Consejo de la Magistratura en Beni.

En el caso de Choquerive el Ministerio Público analiza las fotografías que fueron tomadas para la realización de ese spot, que concuerdan con imágenes capturadas por los investigadores durante el allanamiento a la vivienda de Montenegro.

Por su parte, Hurtado fue acusado de reunirse con el narcotraficante Pedro Montenegro Paz.

A la ampliación de investigación se añade al exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Garvizu Janco, según el documento al que accedió el portal Detrás de la Verdad.

Esta mañana el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TJS), José Antonio Revilla, denunció que la supresión de una frase del Auto Supremo 075/2015 (sentencia máxima que emite ese tribunal) impidió la aprehensión del narcotraficante Montenegro Paz, por lo que pidió una investigación para conocer si ese cambio se produjo en el Tribunal o en un juzgado de la localidad de Cotoca, en el departamento de Santa Cruz.

En el caso de Garvizu fue diputado por la Circunscripción 46 del departamento de Santa Cruz por el MAS, durante la gestión 2010-2015. Desde el 2002 está vinculado al partido gobernante, cuando fue dirigente de las Juventudes del MAS en Yapacaní, municipio en el que también fungió como juez pero por cuestionamientos a su designación fue retirado del cargo.

Policías declaran

Esta mañana se presentaron en la Fiscalía Antinarcóticos de Santa Cruz, los policías Ismael Sánchez y el exjefe de la unidad de Trata y tráfico de personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Juan Carlos Villca, presuntamente vinculados al extraditable Pedro Montenegro.

Villca y Sánchez aparecen en fotografías y videos junto a Montenegro.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

 

 

20 Enero 2017

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, manifestó que a su criterio corresponde iniciar juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores y Neldy Andrade, por vulnerar la norma con la ratificación de un preaviso.

Ambos magistrados emitieron la sentencia 907/2016 en que ratificaron la legalidad de un preaviso otorgado por la empresa Petrobras a una trabajadora, cuya madre tiene discapacidad.

Borda explicó que en este caso los magistrados se manifestaron sobre el preaviso sin ser requeridos para este tema.

Asimismo, el diputado recordó que la Constitución Política del Estado protege la estabilidad laboral y prohíbe el despido injustificado, por lo cual a su criterio la sentencia 907/2016 “vulnera a la norma constitucional”.

La COB anunció que presentará al Legislativo una denuncia contra Flores y Andrade. Una vez realizado esto, la Cámara de Diputados hará la investigación y de hallar responsabilidad suspenderá de sus cargos a los magistrados y se iniciará un juicio de responsabilidades en el Senado.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

02 Junio 2016

El vicepresidente de la Cámara de  Diputados, Víctor Borda, advirtió que los actuales magistrados del Órgano Judicial buscan frenar la realización de la cumbre judicial con un recurso de inconstitucional, porque “no entienden nada de lo que significa meritocracia ni idoneidad” que se busca en el evento, ahora trasladado a la ciudad de Cochabamba.

Borda dijo que los magistrados tenían oportunidad de transformar y modificar la administración de justicia, pero “lo volvieron más corrupta y decadente. Ahora que vengan a decirnos nosotros somos incontables? Nos parece una verdadera aberración”, manifestó.

Sostuvo que no es casual que los magistrados del Tribunal Constitucional decidan no asistir a la cumbre, porque seguramente “a algún iluminado” se le ocurrirá interponer una acción de inconstitucionalidad  para frenar la cumbre y para no inhabilitarse en atender el caso, decidieron enviar delegados.

Borda afirmó que esas actitudes demuestran temor de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental “a perder sus cargos o ver que se ha destapado la olla de corrupción”.

“Emplazo al Consejo de la Magistratura a realizar una auditoría jurídica de los fallos y haber cuántos tienen la consistencia fáctica jurídica- legal. El otro temor es a perder sus cargos porque lamentablemente nuestros magistrados del Tribunal Supremo de meritocracia e idoneidad, poco o nada entienden ni conocen, entonces ellos mismos se van embolismar “, manifestó.

Indicó que ante esa situación, es importante la participación y la voluntad del pueblo porque más allá de cualquier precepto legal y de cualquier sentencia constitucional, debe estar la voluntad popular, porque si la cumbre se efectuara con cuatro o cinco organizaciones, los magistrados pueden frenar con un recurso de inconstitucionalidad.

“Ya nos están amenazando, tiene que haber una voluntad poderosa del pueblo para cambiar esta justicia corrupta no de ahora, sino desde la época de la república. Estoy sorprendido por las palabras del presidente del Tribunal Constitucional de ejercer control sobre la cumbre en una especie de controlar la voluntad del pueblo”, manifestó.

El diputado expresó su rechazo al cambio de la sede de la cumbre judicial a la ciudad de Cochabamba, debido al bloqueo de caminos y sugirió un compás de espera hasta el 6 y 7 de junio, hasta cuando se pueda solucionar el actual conflicto entre el transporte pesado y el ministerio de Economía.

“En un criterio personal, no comparto la opinión de la ministra de Justicia, Virginia Velasco. Se puede abrir un espacio de tolerancia hasta el 6 y 7 sin modificar la sede fijada en Sucre”, manifestó el asambleísta del gobierno.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

12 Febrero 2016

Los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional que viajaron a China con todos sus gastos pagados son los que deberán ahora revisar la acción de amparo que la empresa estatal china CAMC interpuso para evitar la ejecución de las boletas de garantía por un valor de Bs 158,8 millones. Ello podría implicar un conflicto de intereses.

Lo más saludable es que los magistrados “se excusen” de conocer este caso y convoquen a otros magistrados para conocer el amparo y pronunciarse en consecuencia, dijo el constitucionalista Williams Bascopé. “Los magistrados deben observar si ellos tienen algún conflicto para resolver ese tema”, añadió, al citar que son causas para la excusa el parentesco, el compadrazgo, tener procesos pendientes entre las partes, haber sido abogado de alguna de las partes, o tener alguna amistad íntima.

El Gobierno chino financió el viaje y estadía en ese país de los magistrados Ruddy Flores, Efrén Choque, Neldy Andrade y Mirtha Camacho, además de otros 16 funcionarios; el hecho se conoció el pasado 23 de noviembre cuando el magistrado Oswaldo Valencia denunció que sus colegas dejaron sin quórum la Sala Plena.

La empresa se halla en el centro de una polémica por supuesto tráfico de influencias debido a que en ella trabaja la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata. La oposición exige saber si CAMC se adjudicó millonarios contratos gracias a la relación entre Zapata y el Primer Mandatario.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

05 Enero 2016

El vicepresidente Álvaro García Linera admitió que hubo un error al nombrar a los magistrados que administran la justicia en el país. No obstante, dijo que este error fue cometido “de buena fe”.

“Admitimos nuestro error públicamente, nos equivocamos, pero podría decir que nos equivocamos de buena fe. Nuestro cálculo era que no lo hagamos a escondidas como era siempre, dijimos ‘hagámoslo delante del pueblo’ y tampoco ha funcionado. Ahora hay que buscar una salida multidimensional, las personas tienen que ser elegidas ahora también por mérito, no solamente por apoyo social, sino por la carrera y por la excelencia”, dijo el Segundo Mandatario en entrevista en un medio televisivo.

Para la etapa de preselección de magistrados, García Linera propone la conformación de una comisión que evalué los méritos de las nuevas autoridades judiciales, una comisión que sea imparcial y no partidaria.

“La Asamblea (Legislativa) tendrá que participar en algo, pero quienes definan la calidad de esa persona no tienen que ser políticos, solamente que sean instituciones colegiadas las que tengan que elegir”, acotó.

Asimismo, propuso un endurecimiento en el ejercicio de la profesión de los jueces. Planteó que el juez que no otorgue sentencia en un plazo de dos años irá preso, al igual que los fiscales que no avancen en la investigación de un caso.

“Uno de los ámbitos donde hay mayor corrupción y que apesta, es la justicia. Nos da vergüenza (…) La cumbre de justicia que se va realizar este año deberá brindar soluciones, admitimos nuestras equivocaciones y nos comprometemos que para el 2016 barreremos con todo esto, hoy estamos decepcionados con la justicia”, concluyó.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

04 Noviembre 2015

El exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Lima, consideró hoy que se podría lograr una verdadera reforma e independencia en la justicia boliviana evitando que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) esté por encima de los magistrados.

“Estamos en un momento de inflexión en el país, hay batallas que dar y otras que no, entonces pediría en algo que tenemos conciencia todos los sectores de la justicia y es que la independencia va estar en función a que el Parlamento (es decir el Legislativo) deje de ser el que esté por encima y juzgue a los magistrados, eso es un tema vital en una reforma judicial en serio”, afirmó Lima, en entrevista con Erbol.

Dijo que una democracia verdadera exige un Poder Judicial, con duración de los cargos de sus miembros, tal como ocurre en países como Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica.

“En estos países, los sistemas democráticos buscan que sus jueces tengan una estabilidad prolongada en el tiempo, pero contrariamente, los sistemas que no son tan democráticos, le ponen periodos a sus jueces, es una construcción de la democracia que tenemos que lograr en algún momento en Bolivia”, remarcó.

Afirmó que este punto es central para lograr la independencia de la justicia boliviana y la posibilidad de que sus jueces puedan controlar el poder al que pertenecen sin que otro órgano cuestione sus decisiones.

“En ningún país democrático, el Parlamento está por encima de la Corte Suprema, que es lo que se ve en nuestro país, no se pueden revisar las decisiones de los jueces, porque eso significa que por encima del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional Plurinacional, está la Asamblea Legislativa, tal como ocurrió con el caso de la doctora Soraide Chánez”, recordó.

Gualberto Cusi, Soraide Chánez y Ligia Velásquez, que formaban parte del TCP, fueron sometidos en el Senado a un juicio de responsabilidades acusados de haber incumplido sus deberes al ordenar la suspensión de la aplicación de la Ley del Notariado.

En ese sentido, Lima apuntó que la mayor parte de los magistrados son enjuiciados en el último tiempo y luego abandonados en la incertidumbre.

¿Dos grupos en la Justicia?

El exmagistrado también identificó dos sectores en la actual justicia boliviana. Dijo que un grupo está conformado por autoridades de una línea institucional y otro bando constituido por personas sin experiencia.

“Hay dos sectores que son claramente identificados, hay un sector institucional y un sector que no ha tenido nunca una experiencia judicial, con la cual no estamos de acuerdo los que venimos de la carrera judicial, creemos que nos está causando serios problemas de trabajo, el paradigma de ese (segundo) grupo es el doctor Gualberto Cusi, quien lamentablemente ha tomado un rol político en su cargo”, apuntó.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

08 Abril 2015

Telma Sacaca denunció que su propio abogado la engañó y presionó para que firme un documento en que ella desistió de continuar un proceso contra el magistrado del Tribunal Constitucional, Ruddy Flores, quien está implicado en la muerte de su esposo en un hecho de tránsito, reportó radio Aclo de la Red ERBOL.

“Unos papeles más me han hecho firmar, que era un desistimiento, pero yo no sabía nada. Ese mi abogado mismo ha hecho. (Me dijo) ‘si no firmas aquí no te voy dar esos 6.400 (bolivianos)’. Por eso he firmado”, relató la mujer.

El jueves de la anterior semana, Flores conducía su vagoneta en la carretera entre Sucre y Potosí y chocó con la moto en que viajaba Trujillo. El joven de 25 años perdió la vida. El magistrado fue aprehendido pero luego lo dejaron el libertad con medidas sustitutivas.

La esposa de la víctima aseguró que su intención no es desistir del proceso contra el magistrado, más bien pretende encarcelarlo. Relató que Flores causó el accidente al intentar sobrepasar un bus y arrastró el cuerpo de Marcial uno 10 o 15 metros.

“Pido justicia. Quiero que entre a la cárcel este hombre que ha matado como animal a mi esposo”, exclamó la mujer en medio de llanto.

“Mi esposo no era cualquier persona era un ingeniero. Teníamos un futuro grande, pero a mis hijas ahora quién va a mantener. Además estoy embarazada de siete meses”, agregó.

Redacción: Leo.bo      

Fuente: Erbol

20 Octubre 2014

El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, aseveró hoy que el juicio de responsabilidades contra dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) continuará pese a la posición de la Comisión Internacional de Justicia (CIJ), que consideró que el proceso atenta contra la independencia de poderes, además de violar derechos civiles y humanos.

Rojas, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), dejó en claro que el juicio que comienza el martes en el Senado, que cumplirá la tarea de Tribunal de Sentencia, no puede ser calificado de político porque la autorización se la hizo en apego a las leyes y a la Constitución Política del Estado (CPE).

"Se ha fijado la fecha y la hora, es para el día de mañana (martes), se ha notificado a todas las partes para que estén presentes en este juicio (…). Nosotros respetaremos todos los derechos que tiene cada ciudadano, cada persona (…). No conozco el documento, otros países no conocen nuestra realidad", afirmó Rojas a la ANF.

Las magistradas Ligia Velásquez y Soraida Chánez dieron a conocer públicamente el documento de CIJ, que en su parte conclusiva señala: "Si la Asamblea Legislativa Plurinacional no detiene estos procedimientos contra los magistrados cometería una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

Las acusadas pidieron la nulidad del juicio y se deje sin efecto los procedimientos penales como la suspensión de funciones y cese cualquier otra forma de injerencia en la independencia del poder judicial.

Redacción Leo.bo

Fuente: ANF

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