Santa Cruz de la Sierra
14 Noviembre 2018

La investigación del caso Odebrecht en Colombia se asoma desde al abismo de una red criminal que va más allá de los sobornos pagados por la constructora brasileña a cambio de concesiones. La muerte fulminante de un testigo clave y, al cabo de tres días, la de su hijo, envenenado, ensombrecen las indagaciones de un escándalo que se remonta a la financiación de las campañas presidenciales de 2010 y 2014.

Este nuevo capítulo comenzó el pasado jueves, cuando el ingeniero Jorge Enrique Pizano, interventor de la Concesionaria Ruta del Sol, un proyecto en el que participó la compañía, falleció en su finca de Subachoque, a unos 40 kilómetros de Bogotá. Pizano, cuya muerte se atribuyó desde el principio a un infarto, era una de las piezas más importantes para recomponer el caso. Detectó varias irregularidades relacionadas con la obra, en la que trabajó desde 2010, y en 2015 informó al actual fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aunque este asegura que no tenía la certeza, según el propio relato del testigo, de que se tratara de sobornos. Martínez era entonces abogado del Grupo Aval, conglomerado bancario que controlaba la mayoría de las acciones de Corficolombiana, una empresa de soluciones financieras.

El hijo de Pizano, el arquitecto Alejandro Pizano Ponce de León, se enteró el viernes por la mañana del fallecimiento de su padre y de inmediato viajó a Bogotá desde Barcelona, donde se encontraba. El pasado domingo, según ha adelantado este martes Caracol Radio, fue hasta la finca familiar y, en presencia de su hermana Juanita, se desmayó repentinamente. ¿Qué sucedió? Según ha confirmado el Instituto de Medicina Legal, "la causa del deceso fue envenenamiento por ingesta de cianuro".

"Las pruebas recaudadas en la residencia de sus padres indican que la víctima habría encontrado el cianuro en una botella de agua saborizada que se hallaba en el escritorio de su padre, de la cual ingirió un sorbo", señala el informe. "Según personas cercanas a la familia, después de la ingesta del agua, la víctima advirtió un mal sabor e intentó expulsar el líquido; pocos minutos después presentó fuertes molestias estomacales y falleció de camino al hospital". Así lo determinan las pesquisas. La hermana relató que "dijo que sabía inmundo y se desmayó".

"Los investigadores", continúan las conclusiones de Medicina Legal, "recibieron por parte del personal médico la botella de agua saborizada a la cual se le realizan los análisis correspondientes". La Fiscalía General de la Nación ha informado de que también ha abierto una investigación penal para determinar las causas por las cuales se encontraba esa sustancia en la casa del padre de la víctima. De momento, la evolución de este caso, que siembra dudas también sobre las circunstancias de la muerte de Jorge Enrique Pizano, ha conmocionado al país y amenaza con provocar un terremoto político.

Los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia garantizaron, por ejemplo, que el gigante brasileño de la construcción fuera la única firma habilitada para la licitación de un tramo de la Ruta del Sol. Esa cantidad asciende a  84.000 millones de pesos, más de 28,5 millones de dólares. El escándalo, que estalló a principios de 2017, salpicó a las campañas de los principales candidatos en dos elecciones presidenciales y hasta la Administración de Álvaro Uribe. Cuando se empezaba a conocer la magnitud de lo sucedido, el exmandatario Juan Manuel Santos solicitó a la Fiscalía una investigación de los contratos correspondientes a esos comicios. Meses después se produjo la primera detención. Las autoridades capturaron a Gabriel García Morales, antiguo viceministro de Transporte de Uribe, en los años 2009 y 2010. El político recibió, según la investigación, 6,5 millones de dólares de Odebrecht por la concesión de esa obra.

Más tarde llegó la captura del excongresista Otto Bula debido a su presunta participación en el millonario caso de corrupción. Es acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. La Fiscalía estableció también que la constructora contribuyó a la financiación de las campañas del propio Santos y de su principal rival en las urnas, el uribista Óscar Iván Zuluaga.

A pesar de las ramificaciones del caso, Odebrecht lleva meses intentando llegar a un acuerdo económico con el Estado colombiano para volver a operar con normalidad como ha ocurrido en otros países. El 6 de noviembre, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, los organismos representados en el juicio, rechazaron una oferta que superaba los 33 millones de dólares y que la constructora consideraba suficiente para dejar atrás el perjuicio causado al país.             

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Elespectador

 

13 Noviembre 2018

Con más de dos tercios en la Asamblea, el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) se dispone a aprobar este miércoles el informe de la Comisión Mixta Especial que investigó el caso de corrupción Odebrecht – Lava Jato para que la Fiscalía active un proceso de investigación en contra del expresidente Carlos Mesa, uno de los ocho exfuncionarios identificados como sospechosos.

El informe se mantiene en reserva, pero la presidenta de la comisión, la oficialista Susana Rivero, anticipó a la prensa cuatro nombres, entre ellos Mesa, de personas que presuntamente tienen algo que ver con los sobornos que pagaron firmas brasileñas para la construcción, en dos tramos, de la carretera Roboré-Arroyo Concepción, en Santa Cruz.

Movimientos bancarios irregulares, viajes a Perú que coinciden con la estadía de los ejecutivos de la constructoras, decretos supremos vinculados con las obras y dos tomos de "cables" de la Cancillería de Brasil y otros documentos están entre las pruebas del ampuloso legajo.

El diputado oficialista Víctor Borda anticipó que la Comisión no tiene facultad para sancionar y, por el contrario, “pedirá que se remita al Ministerio Público para iniciar un proceso penal”.

 “Ahí será que presentará sus pruebas de descargo que deslinden su grado de responsabilidad, No es tarde, que (Mesa) revise el procedimiento”.

Mesa envió este martes una carta al vicepresidente y presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García, para defender su inocencia y, además, solitar que se le autorice presentar descargos en la sesión que se instalará a las 09.00.

En la misiva, al igual que otra que envió a Rivero, el exmandatario apunta a los gobiernos de Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales como los responsables de la edificación de la vía y, por ende, del cobro de sobornos.

Esto motivó la molestia del presidente Morales, quien de inmediato replicó y conminó a Mesa a presentar, en un plazo de 24 horas, las pruebas de esas denuncias, caso contrario, advirtió, debe atenerse a las “consecuencias”.

Por su lado, su colega Elmar Callejas, dijo que el exmandatario “va tener todo el derecho de defenderse una vez que se apertura algún tipo de proceso”.

Al igual que Borda, Callejas anticipó que se aprobará el informe de la comisión legislativa y posteriormente a ello, la Fiscalía “va a ver qué trabajo va hacer” con el  informe de la comisión.

“El que nada hace, nada teme. Si él (Mesa) está nervioso y está preocupado es porque algo sabe o algo tiene y creo que hay pruebas para poder iniciar una investigación más a fondo”, sentenció Callejas.

Además de Mesa, Rivero mencionó al fallecido exministro de la Presidencia José Galindo y a los exviceministros de Electricidad Carlos Romero Mallea y al exviceministro de Justicia y Ministro interino de Obras Públicas Carlos Alarcón.

La legisladora explicó con anterioridad que en el informe se pide al fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, que abra una investigación en este caso y se contacte con su par de Brasil para gestionar la toma declaraciones a los principales acusados en esa nación con el fin de que revelen a quiénes, en Bolivia, se pagaron los sobornos.  

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Agencias

 

12 Noviembre 2018

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tratará el miércoles el informe de la Comisión que investiga el caso Lava Jato y Odebrecht en Bolivia y que involucra de manera directa al expresidente Carlos Mesa.

La décimo sexta sesión ordinaria de la ALP empezará el miércoles a las 9 de la mañana, según la convocatoria.

La semana pasada, la presidenta de la Comisión Legislativa que investigó a la empresa  Odebrecht y el Lava Jato, Susana Rivero, aseguró que en el gobierno de Mesa hubo “serios indicios” de corrupción.

Rivero aseguró que no hubo acciones de corrupción en el Gobierno de Evo Morales.

Aclaró que la comisión no pide que enjuicien a  Mesa, y ratificó que constató indicios que se deben investigar con mayor profundidad tomando en cuenta que es una denuncia grave, al recordar que esos casos de soborno han sucedido en todo el continente y han sucedido en Bolivia.            

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Radiofides

09 Noviembre 2018

Ayer el expresidente Carlos Mesa difundió un video en el que denuncia que el oficialismo comenzó una persecución en su contra para neutralizarlo políticamente con el caso Odebrecht - Lava Jato. Hoy, la diputada Susana Rivero respondió sus acusaciones con otro video en el que identifica al menos cinco indicios de que los sobornos pagados en este escándalo de corrupción implican a su gobierno (17 de octubre de 2003 – 9 de junio de 2005).

Rivero, presidenta de la comisión legislativa que investigó este caso, lamenta en el video que el exjefe de Estado no mencione en sus argumentos de defensa las irregularidades detectadas durante su administración y concluye que quienes quieren demoler su imagen “son sus propios colaboradores, que no dan explicaciones y miran a otro lado”.

El primer punto que identifica la legisladora es la firma de seis decretos que en la gestión del expresidente abrieron las puertas para que las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo-Correa se hicieran cargo en Bolivia de la construcción, en dos tramos, de la carretera Roboré-Arroyo Concepción.

Uno de ellos el que autorizó la división en dos tramos del proyecto que inicialmente contemplaba sólo uno y otro de adjudicación con un sobreprecio de 42,5 millones de dólares, que finalmente fue modificado en el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé.

Además de los contratos, Rivero menciona la investigación denominada Castillo de Arena, que se realizó en Brasil, y que concluyó que los sobornos fueron pagados entre 2005 y 2009, pero a partir de la vigésimo segunda cuota, lo que en su criterio motiva la pregunta lógica de cuándo se pagaron las restantes 11. “Indiscutiblemente tuvo que ser antes y el gobierno anterior fue el suyo”, concluye la legisladora.

Un tercer elemento que menciona son las reuniones "de alto nivel" que se realizaron entre funcionarios del gobierno de Mesa y ejecutivos de Odebrecht para resolver los pedidos de la empresa brasileña y que fueron revelados por el embajador brasileño Antonio Mena.

Además, refiere las coincidencias en lugar y fecha de los viajes que en ese entonces realizaron ministros y viceministros del gobierno de Mesa y empresarios de la firma brasileña, quienes habitualmente se encontraban en constantes traslados de un lugar a otro, justamente cerrando negocios.

Como quinto indicio menciona los movimientos "inusuales y sospechosos” en las cuentas bancarias de algunos de los colaboradores de Mesa, entre ellos el abogado Carlos Alarcón, entonces ministro interino de Obras Públicas. “Tiene 15 cuentas en siete diferentes bancos de Bolivia”, afirma Rivero.

Tras esta exposición concluye: ¿Un soborno, cuando se paga? Se paga al inicio, para asegurar el negocio, en este caso para asegurar estas carreteras que iniciaron en su gobierno”.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Agencias

 

06 Noviembre 2018

La comisión legislativa que investigó el caso Odebrecht, tras una investigación de cinco meses, concluyó que existen “serios indicios” de irregularidades respecto a sobornos, viajes y movimientos de dinero irregular de parte de ocho exfuncionarios, incluido Carlos Mesa.

La información fue difundida por la presidenta de la Comisión, la diputada Susana Rivero, quien indicó que existen suficientes elementos para constatar movimientos “inusuales y sospechosos”, que requieren de más investigación.

La acusación contra Mesa se basa en que, por Decretos, el expresidente instruyó la suscripción de contratos para la construcción de los tramos carreteros Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción, el primero que recayó en la empresa brasileña Camargo Correa y la segunda en Odebrecht.

Tres indicios

Según la diputada Rivero, se encontraron tres indicios de que hubo irregularidades en las contrataciones de empresas brasileñas.

El primer indicio, según la oficialista, es el modus operandi. Explicó que las contrataciones autorizadas mediante decisiones altas esferas, como el Decreto Supremo, son una práctica que realizaron las empresas brasileñas en otros países donde hubo sobornos.

Afirmó que ese modus operandi fue revelado en el juicio por el caso Lava Jato en Estados Unidos, con la confesión de Marcelo Odebrecht. De acuerdo con la diputada, en ese proceso en el exterior se reveló que las empresas brasileras pagaban coimas en paquetes, maletines o transferencias.

El segundo indicio consiste en las coincidencias de funcionarios de Gobierno en lugares donde estaban empresarios brasileños, en particular Marcos de Moura Wanderley, exrepresentante de Camargo Correa en el Perú, y Jorge Barata de Odebrecht, quienes son acusados de operar los esquemas de sobornos.

Rivero aseveró que mesa tuvo 16 coincidencias de viajes en el periodo investigado.

El tercer indicio, y más preocupante según Rivero, son los movimientos de dinero que, de acuerdo con la comisión, no tienen justificación económica ni legal, ni se explican por ingresos privados.

Afirmó que en el reporte de cuentas de Carlos Mesa, quien levantó su secreto bancario, se encontraron movimientos sospechosos que merecen mayor investigación.

Los implicados

La diputada presidenta de la Comisión indicó que hay ocho implicados con los “serios indicios”.

Señaló el nombre de Carlos Mesa. A los demás los mencionó como un exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, dos viceministros de Mesa, un exministro Mesa, un exministro de Eduardo Rodríguez Veltzé y dos exgerentes del Servicio Nacional de Caminos.

Indicó que el informe de la Comisión se pasará a la Asamblea con la recomendación de que se remitan los antecedentes al Ministerio Público, para que investigue y viaje a Brasil a entrevistar a los que pagaron sobornos.

Redacción: Leo.com       

Fuente: Erbol

08 Marzo 2016

El poderosos brasileño deberá pagar una pena de más de 19 años de prisión por los delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal.

La justicia brasileña condenó este martes al poderoso empresario brasileño Marcelo Odebrecht a 19 años y cuatro meses de cárcel por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal en el multimillonario fraude a la estatal Petrobras, un bebchornoso episodio en el que se habla del desvío de 8 milo millones de dólares

El empresario, en prisión desde hace casi nueve meses, fue hasta diciembre pasado presidente de la constructora que lleva su apellido. "Entre los crímenes de corrupción, lavado y asociación criminal hay concurso material, motivo por el cual las penas sumadas llegan a 19 años y cuatro meses de reclusión, que reputo definitivas", señaló la sentencia del juez Sergio Moro, que tramita la causa, y que fue distribuida a la prensa.

Se trata de una de las primeras condenas de otro tanto que se espera en medio de la investigación conocida como Operación Lava Jato, que comenzó en 2014 con la detención de más de 20 personas, entre políticos, altos ejecutivos de empresas constructoras involucradas en un esquema de pago de sobornos por contratos, así como directivos de la petrolera.

 

El caso de corrupción ya estaría tocando incluso al expresidente Luí Inacio Lula da Silva, a quien la policía brasileña le allanó su domicilio la semana pasada y lo llevó a declarar. Y es que aunque el exmandatario calificó este hecho como un show mediático; lo cierto es que de por medio hay una importante suma de dinero que habría recibido su fundación de cinco de las empresas más implicadas en este escándalo.

Redacción Leo.bo

Fuente: elespectador.com

14 Agosto 2015

La Policía Federal de Brasil informó hoy que investiga hechos de supuesta corrupción en la adjudicación y ejecución de las obras del estadio Arena Pernambuco, uno de los doce usados en el Mundial de fútbol celebrado en el país el año pasado.

El comisario Felipe Barros Leal confirmó en rueda de prensa que hoy fueron realizadas varias operaciones policiales en Recife, donde se sitúa el estadio, así como en otras seis ciudades del país, que han incluido allanamientos a oficinas de la empresa Odebrecht, a la que en 2010 le fueron adjudicadas las obras.

El portavoz policial explicó que existen "fundadas sospechas" de que hubo "fraudes" en el concurso público para la concesión de las obras y también que el valor del contrato fue inflado irregularmente en 42 millones de reales (12 millones de dólares), con lo cual llegó a un total de unos 700 millones de reales (200 millones de dólares).

Odebrecht confirmó que varias de sus oficinas fueron visitadas por agentes de la Policía Federal pero, en una nota divulgada hoy mismo, garantizó que tiene "plena convicción de la plena regularidad y legalidad" de ese proyecto.

También señaló que, "en bien de la transparencia" que la compañía "siempre ha tenido, igual que sus ejecutivos", está "a disposición de las autoridades para prestar esclarecimientos y presentar documentos siempre que sea necesario".

La nota agrega que, por esa razón, Odebrecht considera injustificables las medidas adoptadas" hoy por la Policía Federal.

Odebrecht, una de las constructoras más importantes de Brasil y América Latina, forma parte de un grupo de 20 empresas privadas del país investigadas por su supuesta participación en una vasta red de corrupción detectada en la petrolera estatal Petrobras.

Por ese asunto, el presidente del grupo, Marcelo Odebrecht, está detenido desde el pasado 19 de junio, bajo la acusación de haber pagado sobornos para adjudicarse contratos con la petrolera, un asunto que la constructora también ha negado.

Las investigaciones sobre las corruptelas en Petrobras también alcanzan a medio centenar de políticos, en su mayoría de la base de apoyo al Gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.

Según la Policía Federal, las compañías privadas implicadas en el asunto obtenían contratos amañados con Petrobras, luego inflaban sus valores y repartían las diferencias con directivos de la petrolera y los políticos que facilitaban esas corruptelas.

Redacción Leo.bo

Fuente: EFE

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