Santa Cruz de la Sierra
08 Noviembre 2018

El presidente del Senado Milton Barón (MAS) aseguró que todos los ciudadanos entre ellos los policías tienen derecho de expresar libremente sus opiniones, sin embargo en el caso de la Iglesia eludió responder si tienen el mismo derecho, pero recomendó que se dediquen a la fe.

La autoridad criticó a la Iglesia que en los últimos días pidió al Tribunal Supremo Electoral que haga respetar el referéndum del 21 de febrero de 2016 y que actúe sin presiones. “La Iglesia que se dedique a hacer lo suyo en materia de fe y de religión”, afirmó.

Mientras que los temas políticos “que nos dejen a nosotros, a los partidos políticos y a los actores políticos”, manifestó, al insistir que los sacerdotes tienen tareas y actividades específicas vinculadas a la religión y a la fe.           

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Noticiasfides

04 Marzo 2017

“Es una constante persecución y judicialización de la política, cuando meten juicio a los que cumplen la ley”, expresó el Gobernador Rubén Costas apuntando a su nuevo proceso que enfrenta por los predios del Parque Industrial.

Los loteadores me han emitido un juicio a mí y a los abogados de la Gobernación, siendo que la anterior vez un juez determinó y rechazó la denuncia, y ahora se abre un nuevo proceso mediante otros fiscales, “esta situación es aberrante y todo tiene un límite”, aseguró Costas, al recordar que ya lleva años enfrentando diferentes procesos.

El Ministerio Público imputó formalmente al gobernador Rubén Costas y a cuatro autoridades de la Gobernación dentro del proceso por predios del Parque Industrial. Los otros imputados son el secretario de General, Roly Aguilera, y los funcionarios Nelson Quintana, Luis Fernando Roca y Guillermo Saucedo.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: GAD

 

10 Octubre 2016

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó que no coincide con la demanda que impulsan dirigentes de El Alto de destitución de autoridades municipales, puesto que un pedido de esa naturaleza adquiere un carácter político.

“No coincidimos con el propósito de la movilización en sentido de pedir la destitución de autoridades, la renuncia de la alcaldesa, porque cuando una movilización pide la renuncia de autoridades adquiere una connotación política”, dijo.

Este lunes, organizaciones sociales de El Alto realizan un paro cívico en demanda de la destitución de subalcaldes y contra la gestión de la alcaldesa Soledad Chapetón. 

Romero explicó que la designación de subalcaldes es una protestad del ejecutivo municipal y una movilización no debería pedir la destitución de los mismos.

Asimismo, recordó que la alcaldesa Chapetón es una autoridad electa y que, de acuerdo a la Constitución, sólo se puede revocarla mediante voto después de cumplir la mitad de su gestión.

Chapetón asumió en junio de 2015 y lleva un año y tres meses de una gestión de cinco años. El Ministro señaló que sólo después de la mitad del mandato se puede tener elementos objetivos para que la ciudadanía opte por un revocatorio.          

Exhortó a las partes en conflicto a entablar diálogo para solucionar las demandas legítimas vecinales, como el mejoramiento de escuelas y las obras.  

Puntos de bloqueo

Romero reportó que se registró más de 30 puntos de bloqueo, pero la Policía está garantizando el tránsito por la autopista, el ingreso al aeropuerto y rutas alternas para el transporte terrestre interdepartamental.

Anteriormente la alcaldesa Soledad Chapetón exigió al Gobierno que garantice el orden y las vías libres.

El Ministro respondió que no se puede cargar la “factura política” al nivel central por la “ineficiente gestión” y la falta de solucionar conflictos con el dialogo. Acotó que de reprimir la movilización la misma se multiplicaría.           

Romero también denunció que los bloqueadores usan a niños en su medida de presión.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

24 Agosto 2016

La movilización reivindicativa de los cooperativistas mineros se configura en una acción política y conspirativa debido a que ese movimiento incurre en una cadena de hechos delictivos y busca bajas, afirmó el miércoles el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

"Vemos que otra vez se convoca a bloquear caminos, se agrede a periodistas, se actúa con violencia y de forma desmedida y se comunican  para utilizar fusiles, se configura en acción política y conspirativa", señaló en conferencia de prensa.

Ayer, los cooperativistas retomaron el bloqueo de caminos en demanda de respuesta a un pliego de más de 10 puntos y la liberación de 10 mineros  recluidos en el penal de San Pedro.

Según el reporte que brindó la autoridad la jornada dejó heridos a 17 policías, un camarógrafo de Cadena A y un cooperativista minero, a quien se le amputó una mano y se le practicó una cirugía reconstructiva del estómago, daños que sufrió por la mala manipulación que hizo de la dinamita.

Romero explicó que de acuerdo con el informe de Inteligencia se conoció de un plan de los cooperativistas para instalar un bloqueo en las cercanías de Sayari, en Cochabamba, que contemplaba el uso de fusiles máuser.

"Tenían la misión en la madrugada de instalarse en serranías cerca de la población de Sayari con el elemento grave de que deben llevar fusiles máuser y de acuerdo con el reporte que tenemos de Inteligencia hasta anoche se había reportado 10 fusiles", mencionó.

Insistió en que distribuir fusiles máuser no es parte de una movilización reivindicativa sino "política", por lo que es obligación del Gobierno -dijo- alertar sobre esos hechos para un balance adecuado de la magnitud que adquiere el movimiento.

El Ministro de Gobierno aseguró que la dirigencia de los cooperativistas mineros maneja de manera irresponsable la movilización porque se dio a la tarea de difundir "mentiras" mediante su radio para socializar que la Policía utiliza armas de fuego, que existen mineros gravemente heridos y que hay militares camuflados entre los efectivos del orden, extremos que desmintió.

En el caso del camarógrafo herido, mencionó que tras recibir una denuncia del director de la casa televisiva a la que pertenece se pidió al Ministerio Público que efectúe la investigación correspondiente para dar con el responsable material e intelectual de la agresión.

Así también manifestó que una comisión de fiscales acompaña los operativos que realiza la  Policía en las carreteras.

Reiteró que el Gobierno nunca "interrumpió" el diálogo con el sector y está a la espera de una respuesta a la carta enviada en la que se puntualiza cada una de las demandas presentadas.

Señaló que la Policía proseguirá con su labor de mantener expeditas las vías y descartó por el uso de helicópteros.

Informó que existe un bloqueo en Panduro y otros que se instalaron en las salidas a Potosí.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ABI

26 Julio 2016

El exgobernador de La Paz y actual ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, negó el martes que se haya procedido a la reducción de los recursos económico de la Gobernación de La Paz, y calificó de "política" la huelga de hambre que inició el gobernador, Félix Patzi, en demanda del 4% de coparticipación tributaria.

"Como autoridad departamental se tiene que hacer gestión uno sabe antes de ser candidato cuánto de presupuesto tiene, y en el departamento de La Paz no podemos decir de ninguna manera que se ha disminuido, (...) hay estos componentes más que hace que esta huelga que ha iniciado el gobernador es absolutamente política más de figuración mediática que está haciendo", explicó en conferencia de prensa.

Cocarico recordó que cuando él ocupaba el cargo de Gobernador recibía un presupuesto inicial de 260 millones de bolivianos y estos se incrementaban hasta llegar a los más de 340 millones de bolivianos, por iniciativas para captar más recursos.

Dijo que durante su administración (2010-2015) se incentivó la captación de recursos a través de las regalías mineras.

Informó que entre 2010 y 2012 por las regalías mineras se obtenían solo 50 millones de bolivianos de recursos adicionales, pero con más controles este se incrementó hasta los 210 millones de bolivianos acumulado hasta el 2015.   

"Cuanto hemos recuperado de extra, 40 millones de bolivianos solamente controlando a las comercializadoras de oro, el año 2014 hemos recaudado 160 millones de bolivianos extra, y en el 2015  ya teneos hemos acumulado 210 millones de bolivianos de regalías mineras para el departamento de la paz", detalló.

La exautoridad aseguró que se pueden ejecutar diferentes proyectos para captar más recursos económicos en beneficio del departamento.

"Se puede controlar los recursos forestales algo más de recursos se puede tener, había la posibilidad del comercio de los recursos minerales tradicionales, estaño, zinc, mucho mineral que sale del departamento van hacia Oruro, se registra como mineral de Oruro, hay que controlar y para que haya ingresos para el departamento de La Paz", apuntó.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ABI

 

06 Julio 2016

John Jairo Velásquez, alias 'Popeye', el ex jefe de sicarios del capo colombiano Pablo Escobar, sorprendió a Colombia al anunciar que quiere dedicarse a la política y convertirser en senador, al igual que los jefes de la guerrilla colombiana de las FARC que se desmovilizarían dentro de poco.

"Si 'Timochenko' va a tener curul, yo también tengo derecho. Yo pagué mis años de cárcel", dijo a los medios locales 'Popeye', quien quedó libre en 2014 tras purgar 24 años de prisión.

Velásquez se refirió a la situación de 'Timochenko', alias de Rodrigo Londoño, el máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo guerrillero que firmó un acuerdo de paz con el Gobierno tras cinco décadas de confrontación con el Estado.

Según 'Popeye', si los jefes guerrilleros se dedicarán a la política y posiblemente tendrán escaños en el Congreso, él puede pretender lo mismo porque también se enfrentó al Estado y arregló sus líos con la Justicia.

El ex jefe del aparato terrorista del cartel de Medellín dijo hace unos días que su plan es someterse al sistema de justicia transicional que se aplicará en el marco del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC, con el objetivo de terminar de arreglar sus problemas judiciales y poder ocupar un asiento en el Senado.

"Cuando la justicia transicional se haga en el país yo me voy a lanzar al Senado (...) Tengo muchas cosas por las que trabajar", dijo 'Popeye'. "Tengo una fuerza muy grande en redes sociales, me he convertido en un activista político", agregó Velásquez , tras indicar que luchará "contra la corrupción y a favor de los derechos de los presos".

'Popeye' es considerado por los organismos de seguridad de Colombia como el jefe de sicarios de la banda criminal que dirigió Escobar, abatido por la policía en 1993, quien en los años 80 y 90 protagonizó una sangrienta "guerra" contra el Estado mediante atentados terroristas contra múltiples blancos.

Escobar ocupó un escaño en el Congreso en los años 80, pero pasó a la clandestinidad cuando las acusaciones de que lideraba una banda criminal se hicieron irrefutables. Uno de los políticos que más lo encaró en el Congreso fue el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara, quien en 1984 se convirtió en uno de los primeros funcionarios en ser asesinado por la banda mafiosa.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: AFP

30 Enero 2015

Un abanico de inusuales personajes como payasos, boxeadores y actores se han lanzado a la arena política de México en busca de convertirse en candidatos para las elecciones locales de junio, capitalizando el desprestigio de los grandes partidos políticos.

Ya sea representando a alguna agrupación o inaugurando las recién aprobadas candidaturas independientes, los atípicos aspirantes salieron a las calles para recabar firmas de sus simpatizantes, un requisito para convertirse en postulantes.

“Nos hartamos de ellos (los políticos). Tantos escándalos y mentiras. Tiene que haber un cambio, y por eso nos decidimos”, dijo Guillermo Cienfuegos, el payaso “Lagrimita”, quien con su cara pintada de rosa y el contorno blanco de su sonrisa quiere ser candidato independiente a la alcaldía de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, tierra del tequila y el mariachi.

México renovará el 7 de junio casi mil alcaldías, más de 600 legisladores locales y federales, así como gobernadores de nueve estados. El proceso será una prueba para el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto porque en algunas regiones estará marcado por la presión del narcotráfico.

Ninguno de los tres principales partidos políticos del país ha escapado a los escándalos de corrupción.

En estados azotados por la violencia del crimen organizado, como Michoacán, una decena de alcaldes está en prisión por supuesta complicidad con bandas dedicadas al tráfico de drogas, extorsión y secuestro.

El gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue salpicado por un escándalo desatado tras conocerse que Peña, la primera dama y su secretario de Hacienda, compraron casas que pertenecían a un grupo empresarial ganador de una millonaria licitación, para un tren bala, que finalmente fue suspendida.

Pero el conservador y opositor Partido Acción Nacional (PAN) también está desgastado por luchas internas y denuncias de que varios de sus miembros pidieron dinero a empresarios para ayudarlos a obtener contratos con el Gobierno.

El izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) no es la excepción, porque quedó seriamente lastimado luego de que su ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador abandonara la agrupación y creara su propio partido. Y la masacre de 43 estudiantes en una región donde gobierna el PRD terminó de perjudicar al partido.

El trágico caso de los estudiantes conmovió a México. Los jóvenes fueron detenidos por la policía de la ciudad de Iguala, en Guerrero, por órdenes del alcalde perredista y fueron entregados a sicarios del crimen organizado, según la fiscalía.

El suceso dejó por el piso al PRD, que además de gobernar la ciudad lleva las riendas del estado de Guerrero. Pero también salpicó al Gobierno, al que se le acusa de haber ignorado la crisis de seguridad que viven amplias regiones del país.

“México está en un punto de cinismo… Nunca pasa nada con funcionarios corruptos, es hora de que gente que sí quiere cambiar al país se integre en las cámaras”, dijo Iris Mora, una ex seleccionada nacional de fútbol femenino y actual entrenadora que aspira a ser diputada federal por el PRD.

Los partidos políticos son percibidos como el sector más corrupto del país después de la policía, según una encuesta del 2013 elaborada por el estatal Instituto de Estadísticas (INEGI).

Otros candidatos ajenos a la política tradicional son el actor Bernabé Meléndez, “El Gatillero”, y la campeona mundial de boxeo en categoría super pluma Jackie Nava. Ambos buscan ser legisladores por Baja California, fronterizo con Estados Unidos.

Hasta el conocido ex delantero de la selección mexicana Cuauhtémoc Blanco se registró hace días como precandidato a la alcaldía de Cuernavaca.

El recientemente creado Partido Encuentro Social anunció que está buscando que Carlos Villagrán, el actor que encarnó al célebre “Kiko” en la serie “El Chavo del 8″, lo represente con alguna candidatura en el central estado Quéretaro.

“Es tiempo de que un payaso de verdad gobierne”, reza un lema de campaña de Lagrimita, “El payaso correcto”.

Redacción: Leo.bo

Fuente: EFE

23 Diciembre 2014

El presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), monseñor Diego Padrón, sugirió hoy la necesidad de una nueva política económica en el país que responda a las necesidades de los venezolanos y de la liberación de los presos como "retos" importantes para el bienestar del país suramericano.

Uno de los retos "más concretos" es "la necesidad de una política económica que responda a las necesidades de Venezuela (...) porque se está sintiendo muy duramente la necesidad, ya el sueldo no alcanza para la cesta básica", señaló Padrón durante una entrevista en la emisora local Unión Radio.

"Pedimos a Dios que podamos tener la capacidad la inteligencia, la ciencia para tener una economía mejor", añadió el obispo venezolano.

Venezuela cerrará el año 2014 con un enfriamiento de la actividad económica, una inflación acumulada que ronda el 60 % según los últimos datos oficiales ofrecidos hasta agosto, y una reiterada escasez de productos de primera necesidad.

Para Padrón, el segundo reto es "superar la violencia" que, dice, es producto de la discrepancia política y social que vive el país suramericano.

"Tenemos que hacer un esfuerzo por lograr una distensión más grande en Venezuela, y yo diría que un punto importante es la libertad de los que están detenidos", indicó el presidente de la CEV, que ha pedido al Gobierno en varias oportunidades la liberación de los más de 40 detenidos en las protestas antigubernamentales que vivió el país a principios del año.

Para el líder de la Iglesia venezolana, "la raíz de la situación tan incierta que vive el país está en la política, (porque) hay una política equivocada, y en segundo lugar (porque) hay mucha corrupción y esos factores contribuyen a que haya una permanente desazón, disgusto, molestia porque los intereses se sobreponen al malestar común".

Según Padrón, "la Iglesia ha insistido mucho en recuperar el diálogo" en Venezuela, porque en el país "hace falta que el Gobierno cuente con los (empresarios) privados".

La Iglesia venezolana ha criticado en varias oportunidades las políticas del Gobierno presidio por Nicolás Maduro, al que ha calificado de "totalitario" y con quien tiene una relación marcada por los altibajos.

Maduro por su parte se ha referido al Episcopado venezolano como los "señores de la Inquisición", y los ha acusado de "hacer política de derecha desde sus púlpitos" durante su Gobierno y el de su predecesor, el fallecido Hugo Chávez (1999-2013).

Redacción Leo.bo

Fuente: EFE

 

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