Santa Cruz de la Sierra
15 Enero 2020

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó por unanimidad avalar la ampliación de los mandatos del Órgano Ejecutivo, el Órgano Legislativo y las autoridades subnacionales, reportó el periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.

El TCP fue consultado por la Asamblea Legislativa para determinar la constitucionalidad del proyecto de ley de ampliación de mandato, y el Tribunal decidió darle luz verde.

Según dicho proyecto de ley, todas estas autoridades ampliarían su mandato hasta que se realicen los nuevos comicios elecciones y se posesione a las personas elegidas.

“Como resultado de la argumentación aplicada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se estableció que corresponde la prórroga del período de mandato de las autoridades de los órganos del poder público de los niveles central y subnacional, ejecutivo y legislativo, hasta la posesión de las nuevas autoridades electas”, ratifica un comunicado del TCP emitido tras conocerse la decisión.

El mandato de las autoridades nacionales debía fenecer el 22 de enero, sin embargo, la elección recién se realizará en mayo y la posesión sería en junio, pero incluso esos plazos se prorrogarían un mes más de haber una segunda vuelta.

En el caso de autoridades como gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales, su mandato terminaría en mayo, pero con la ampliación tendrían que ejercer hasta que se realice nuevas elecciones subnacionales.

El magistrado Carlos Alberto Calderón argumentó que un vacío de poder podría generar como efecto “la fractura del Estado constitucional de derecho”, y arriesgaría la vigencia de los principios y valores fundamentos de la Constitución Política del Estado, por lo cual se decidió la prórroga del mandato.

Explicó además que se quiso preservar el cumplimiento del artículo 12 de la CPE, el cual señala que el Estado se organiza en órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, y que estos poderes no se pueden reunir en un sólo órgano ni tampoco pueden ser delegados entre sí.

La prórroga se hará efectiva cuando la ley sea aprobada en las Cámaras Legislativas y se promulgue. 

Redacción: Leo.com

Fuente: Erbol

 

26 Diciembre 2019

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anunció la mañana de este jueves que el proyecto de Ley de Extensión de Mandato, enviado desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, pasó a la Comisión de Admisión y anunció que acotará plazos para dará una respuesta antes del 22 de enero, fecha en que debe terminar la gestión de las actuales autoridades nacionales electas.

La información fue proporcionada por el presidente del TCP, Paul Franco, quien indicó que el martes el Tribunal recibió la solicitud de consulta de constitucionalidad de la senadora Eva Copa, en su calidad de presidenta de la Asamblea.

“El Tribunal Constitucional está asumiendo este gran reto, esa responsabilidad institucional que le viene caracterizando para acortar todos estos plazos y, en breve, antes del 22 de enero tener una respuesta que pueda dar certeza, seguridad jurídica al país y de esta forma podamos llevar adelante este proceso de pacificación”, dijo Franco a PAT y Erbol.

El proyecto de ley plantea la extensión del mandato del Órgano Ejecutivo, Legislativo, además de las autoridades departamentales y municipales hasta la posesión de personas elegidas en nuevas elecciones.

Esto debido a la anulación de las elecciones del 20 de octubre y el tiempo que tardará la realización de los nuevos comicios nacionales y después subnacionales.

Franco explicó que el proyecto de ley está en la comisión de admisión del TCP. Una vez que se pase de esa etapa, en que se revisan sólo las formalidades, el Tribunal hará la evaluación respectiva para declarar la constitucionalidad de la norma.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

 

20 Diciembre 2019

La Asamblea Legislativa Plurinacional ingresará en el receso habitual de fin de año este lunes y reanudará sus actividades el lunes 6 de enero de 2020, confirmó la presidenta del Senado, Eva Copa.

Lo hará luego de aprobar la ley para ampliar el plazo de la convocatoria a las elecciones y enviar en consulta al TCP el proyecto de norma para ampliar el mandato del actual gobierno de transición de la presidenta Jeanine Áñez.

“Mañana a las 2 de la tarde vamos a tener una sesión en la Asamblea Legislativa para declarar el receso parlamentario que va a durar 15 días y nosotros estaríamos retornando la primera semana de enero”, explicó la legisladora este viernes.

Como se acostumbra, se conformará una comisión que atenderá los asuntos de emergencia.

Entre las últimas tareas que el Legislativo programó para este año está la sanción de la ley corta que ampliará el plazo, de dos hasta 10 días, para la convocatoria a las elecciones presidenciales de 2020.

Asimismo, se analizará el informe de la Comsión Mixta de Constitución y enviará al Tribunal Constitucional (TCP) la propuesta de norma para ampliar el mandato de la presidenta Áñez y los legisladores más allá del 22 de enero, cuando fenece su mandato. "Va ir a consulta al TCP", dijo Copa.

En esa misma norma se prevé incluir la prórroga de mandato de gobernadores y alcaldes puesto que se proyecta que la votación para elegir ese tipo de autoridades sea después de los comicios presidenciales.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

10 Diciembre 2019

El Gobierno, mediante al Ministerio de Justicia, presentó este martes un memorial ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con la finalidad de que unifique su jurisprudencia respecto a la interpretación del Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), también llamada Pacto de San José.

La premisa de la presentación es establecer que “la re-reelección no es un derecho humano”, indicó el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra.

El Ministro explicó que se está pidiendo al TCP que aclare su jurisprudencia respecto a las sentencias 084/2017, que habilita la reelección indefinida, y la 032/2019, que permite la reelección de autoridades electas sin la necesidad de renunciar, ambas que utilizan el artículo 23 de la CADH. El Gobierno considera que existe una contradicción que debe esclarecerse.        

“Además creemos como Gobierno y, también creemos que el sentimiento del pueblo boliviano es que existe una interpretación antojadiza en la sentencia constitucional 0084 respecto al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, puesto que es una norma que debe ser interpretada solamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no así por el Tribunal Constitucional”, acotó Coímbra.

Recalcó que la intención es que el TCP determine que no puede hacer una interpretación del artículo 23 de la CADH, sino limitarse a aplicar lo que dice la Corte Interamericana.

Señaló que existen otros tres recursos, presentados por diferentes entidades, que buscan la nulidad de la sentencia 084 por otras vías, pero el Gobierno, sin detrimento de las otras iniciativas, ha optado por la solicitud de que se unifique la jurisprudencia.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Erbol                

10 Diciembre 2019

La presidenta transitoria Jeanine Áñez ratificó hoy que si el proyecto de Ley de Garantías se aprueba en el Senado, acudirá al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pues considera que la norma es inconstitucional.

“La Ley de Garantías es inconstitucional, en todo caso lo que sabemos en este momento es que ha sido postergada, de todas maneras si es que llegara a aprobarse en la Cámara, que espero que no sea así porque es una demanda de todos los bolivianos, la enviaremos al Tribunal Constitucional”, expresó Áñez en contacto con la prensa.

Dicha ley tiene por objeto "garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, civiles, políticos y de libre expresión para los líderes sociales, dirigentes sindicales, pueblos indígenas originario campesinos, interculturales, afrobolivianos, personas movilizadas, actores políticos, ciudadanos en general, autoridades electas, funcionarios designados y de libre nombramiento y prohibir detenciones, aprehensiones y persecuciones por la crisis en Bolivia después de las elecciones. Pide a los órganos del Estado y fuerzas del orden garantizar que los asambleístas bolivianos y autoridades electas no sean "objeto de persecución". Además, exige garantías para el "pleno ejercicio de los derechos y libertades", y protección para ellos y sus familias a sola denuncia de sentirse amenazados.

La ley también exige la "entrega inmediata" de salvoconductos a exautoridades, dirigentes y personas particulares que tengan asilo, además de "viabilizar su inmediata salida".

La pugna por esta norma reactivó las amenazas de movilizaciones de sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS), que respaldan la norma, y activistas, que la rechazan por considerar que con este instrumento se busca liberar de culpa a personas que promovieron la violencia entre octubre y noviembre.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias        

04 Diciembre 2019

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió acortar plazos para tratar un recurso contra la sentencia 084/2017, que habilita la reelección indefinida, por lo cual procederá a su re-análisis y tendrá una resolución en “breve”.

La información fue proporcionada por el presidente del TCP, Paul Franco, quien precisó que la resolución estaría lista en dos o tres semanas, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.

Este análisis se hará en el marco de una Acción de Cumplimiento que presentó Luis Fernando Camacho ante el Tribunal Constitucional, en instancia de revisión. Este recursos solicita que se cumpla con el dictamen del referendo del 21 de febrero de 2016 por sobre la sentencia 084/2017.      

“Dada la connotación que ha tomado este aspecto y sobre todo que se ha puesto en tela de juicio la vigencia de la sentencia constitucional 084, se ha procedido a su anticipo de sorteo y será en breve la sala correspondiente la que tenga que emitir una resolución o en su caso el pleno también tendrá que tomar una decisión al respecto”, dijo el magistrado Franco.

El presidente del TCP ratificó que acortaron los plazos y, además, se determinó suspender las vacaciones colectivas del pleno, para tener una resolución “a la brevedad posible”.

Franco aseveró que dentro de la jurisprudencia se conoce que se puede modular sentencias, cambiar la línea jurisprudencial o incluso reconducir un fallo. “La jurisprudencia se caracteriza por ser dinámica”, enfatizó.

 Redacción: Leo.com     

Fuente: Erbol

27 Septiembre 2019

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió admitir una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 3973, que autoriza el chaqueo y el desmonte en Cochabamba y Santa Cruz. Además, dio un plazo de 15 días para que el presidente Evo Morales responda a la demanda.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada hace unas tres semanas  por los diputados Horacio Poppe,  Grover Huanca y Gina Torrez, quienes iniciaron este proceso debido a las quemas que consumieron millones de hectáreas en la Chiquitanía, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.

Poppe explicó que la autorización de los chaqueos se deben realizar por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional  y no por decreto. Agregó que actualmente, nadie se prestaría a aprobar una ley en este sentido y ponerle su firma a las millones de hectáreas incineradas.

El recurrido en este proceso es el presidente Evo Morales, por ser quien emitió el Decreto. En ese entendido, el TCP dio un plazo de 15 días al primer mandatario para responder.

El Tribunal dispuso “poner la presente acción normativa en conocimiento de Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en representación del ente emisor de la norma impugnada, a objeto de su apersonamiento y formulación de alegatos que considere necesarios, en el plazo de quince días, a partir de su legal notificación”.

Una vez que llegue la respuesta de Morales, el Tribunal Constitucional tendrá 30 días para emitir una sentencia.  

Poppe destacó que, con la admisión, el TCP consideró que existen suficientes elementos para poner en tela de juicio la constitucionalidad del Decreto, que permite chaqueos en Santa Cruz y Beni. 

“Esta es una esperanza, es una señal es una luz al final del túnel que debemos celebrar todos los bolivianos, pues creo yo que en un mes y medio máximo vamos a tener una respuesta de este Tribunal de frente a este problema que no solamente ha generado impacto en el contexto nacional, sino que ha sido de mucha preocupación también en el ámbito internacional”, resaltó.

El opositor sostuvo que este es un revés para Evo Morales. En tono irónico, dijo que ahora el primer mandatario llamará a los magistrados para darle un “jalón de orejas”.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Erbol

17 Septiembre 2019

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante un fallo, dispuso que la Policía no aleje de la sede de la familia a mujeres policías embarazadas y, por tanto, queden excluidas de los cambio de destino que vayan en contra de esa premisa. Asimismo, ratifica su inamovilidad laboral hasta que el o la menor fruto de ese proceso gestación cumpla un año.

La decisión del tribunal contenida en la sentencia del 0167/2019-S2 y divulgada recientemente, se da en el marco de la acción de amparo constitucional que interpuso la Defensoría del Pueblo contra la Policía Boliviana en 2018 por el caso de Yola Y. Z. S., a quien la fuerza del orden la destinó a Cobija en plena gestación pese a que su pareja y familia residían en Oruro.

El despacho del ombudsman presentó ese recurso constitucional debido a que la subteniente, pese a su condición de embarazo y de contar con dos informes emitidos por reparticiones de trabajo social de esa institución, que señalaban que por encontrarse embarazada no debía ser cambiada de destino, fue transferida del Comando Departamental de Oruro al de Pando, precisa un boletín.

La afectada, además de haber sufrido un cambio de sede de trabajo y de no recibir un trato acorde a su situación por parte de la Dirección Nacional de Personal ni de la Dirección Nacional Administrativa, hasta el momento de la presentación del recurso constitucional no había recibido los subsidios establecidos por ley, añade la nota defensorial.

“(…) Habiéndose reunido la mencionada con el Director Nacional de Personal codemandado, éste le manifestó que la accionante recién ingresó a la Policía; por lo que, debía cumplir con el destino otorgado al entrar, sin importar su situación; no pudiendo concederle prerrogativas, añadiendo también que, “nadie muere por un embarazo” (Conclusión II.8).” (Sic), se lee en una parte del legajo del TCP.

También precisa que “si bien los destinos del personal de la Policía son efectuados en el marco de su normativa contenida en la Ley Orgánica de la Policía Nacional” y que se efectúa de acuerdo a las necesidades del servicio “por orden general, constituyéndose en requisito indispensable para el ascenso en los diferentes grados” para el caso de la mujeres gestantes, “debe propenderse a su cuidado y atención especial, sin que el destino al que sean designadas, conlleve una variación en las condiciones a la cual estaban sujetas normalmente”.

Para el control constitucional, la Policía obvió “su condición de mujer en estado de gestación y el especial cuidado y atención que merecía al formar parte de un grupo de atención prioritaria por el Estado”.

“Al agravarse su situación por lo anotado, correspondía por el lapso de su embarazo y hasta el año de nacimiento de su hija o hijo, considerar un destino en el que no se produjera un perjuicio a su salud y seguridad física, moral y psíquica, más aún si se considera que viviendo su familia en Oruro, al nacer su hija o hijo, no tendría el apoyo necesario para cumplir su rol de madre y de mujer trabajadora, en desmedro del ser a nacer”, añade el documento del TCP.

El fallo dispone que la policía “no puede ser sujeta a cambios de destino posteriores, hasta el año de nacimiento de su hija o hijo” y la cancelación los subsidios prenatales adeudados.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

 

 

                                   

  

 

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