Santa Cruz de la Sierra
14 Febrero 2020

El magistrado, Petronilo Flores, afirmó que el comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que avaló la sucesión presidencial de Jeanine Áñez, el pasado 12 de noviembre, “no tiene valor legal y no es vinculante”.

“Es un comunicado que no tiene ninguna relevancia jurídica. El Código Procesal Constitucional solamente reconoce como vinculante las sentencias constitucionales plurinacionales, las declaraciones constitucionales y los autos constitucionales. Ese comunicado, señora presidenta, a la pregunta, no es vinculante”, afirmó Flores.

Esa fue la respuesta del magistrado, cuando fue consultado ayer por miembros de la comisión de Justicia Plural, el Ministerio Público y de Defensa de la Cámara de Diputados.

El 12 de noviembre de 2019, el TCP emitió un comunicado que hace referencia a la declaración constitucional 003/01 de 31 de julio de 2001: "Frente a una sucesión presidencial en la vacancia de la presidencia de la República, ocasionado por el jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiere de ley ni de resolución congresal para que el vicepresidente asuma la presidencia".

“Consecuentemente, para la sucesión presidencial deberá aplicarse el contenido del artículo 169.1 de la CPE tomando en cuenta la parte pertinente del precedente jurisprudencial de la Declaración Constitucional 0003/01 de 31 de julio de 2001”, señala el comunicado que amparó a Áñez en la sucesión presidencial.

Por su parte, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, aseguró que el comunicado que avaló la sucesión presidencial de Áñez fue el único mecanismo del TCP para dar certidumbre jurídica al país.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

 

13 Febrero 2020

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha decidido paralizar el tratamiento de la Ley de Garantías, ahora denominada Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos, mientras se define su constitucionalidad.

La información fue proporcionada por el presidente del TCP, Paul Franco, quien indicó que también se ha admitido una solicitud de control previo de constitucionalidad a la norma, presentada por Jeanine Añez, y un recurso de nulidad presentado por el senador Óscar Ortiz contra una resolución de la Cámara Alta respecto a este proyecto de ley.    

“El tratamiento queda paralizado hasta que el Tribunal Constitucional, a través de su Sala Plena pueda resolver en el fondo y pronunciarse sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de este proyecto de ley”, indicó Franco.

Dicha ley fue aprobada en la Asamblea por parte de la bancada del MAS, bajo el argumento de precautelar a dirigentes y políticos de una persecución. La norma generó polémica debido a que el Gobierno y sus aliados consideran que dará impunidad a exautoridades y responsables de hechos de violencia durante la convulsión social.       

La autoridad del TCP recalcó que no se pueden hacer trámites ulteriores, mientras no se resuelve el asunto de la constitucionalidad. El caso pasará a sorteo de un magistrado relator y correran plazos para que se emita una decisión.

Redacción: Leo.com

Fuente: Erbol

06 Febrero 2020

El viceministro de gestión gubernamental Israel Alanoca presentó este jueves un memorial en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) subsanando la observación del presidente de la Comisión de Admisión, sobre la legitimación activa de la presidenta Jeanine Áñez, en la consulta de constitucionalidad de la Ley de Derechos Humanos impulsada por el MAS.

Alanoca explicó que en el plazo oportuno la presidenta subsanó esa observación del presidente de la Comisión de Admisión, Petronilo Flores, que firmó un decreto sin la participación de los otros dos miembros de la comisión.

La autoridad dijo que en su memorial también objetaron la decisión unilateral de Flores. “Nos extraña esa situación”, aseguró.

Alanoca reiteró el contenido de la consulta constitucional en la que piden al TCP velar por la supremacía constitucional y no avalar una ley, como es la ley de Derechos Humanos, impulsada por los asambleístas del MAS y que tiene otros fines más políticos que jurídicos.

Una vez subsanada la observación, Alanoca dijo que hasta la próxima semana el TCP debería admitir esta consulta y pronunciarse en el fondo.

Flores había observado la legitimación de la presidenta Áñez para presentar esta consulta, toda vez que la norma consultada no surgió en el Ejecutivo sino en el Legislativo, pero Alanoca explicó que fue iniciativa del Gobierno de transición que emitió el decreto 4100 de ayuda humanitaria a las víctimas de los conflictos del fraude electoral de octubre de 2019 y lo que el MAS pretende, con una nueva ley, es dejar en la impunidad a grupos minoritarios que actuaron al margen de la norma durante esos conflictos, según sus palabras.

Redacción: Leo.com                                                                                                                            

Fuente: Agencias

05 Febrero 2020

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de La Paz determinó que la Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos, que inicialmente llevaba el nombre de Ley de Garantías, sea enviada a consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), asimismo, estableció que el veto a esa norma sea tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El pasado 16 de enero, el abogado Martín de la Quintana, en representación del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), interpuso una acción popular contra la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, para evitar que esa norma sea promulgada. El pasado 31 de enero, la acción fue resuelta por la Sala Cuarta.

La Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos, que antes era llamada ley de garantías, fue cuestionada y criticada, puesto que establece que los dirigentes que promovieron movilizaciones después de las elecciones generales del 20 de octubre no podrán ser perseguidos judicialmente o aprehendidos. Algunos políticos y sectores sociales afirmaron que esa norma busca impunidad para exautoridades del Gobierno de Evo Morales.

Redacción: Leo.com                                                                                                                            

Fuente: Agencias

15 Enero 2020

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó por unanimidad avalar la ampliación de los mandatos del Órgano Ejecutivo, el Órgano Legislativo y las autoridades subnacionales, reportó el periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.

El TCP fue consultado por la Asamblea Legislativa para determinar la constitucionalidad del proyecto de ley de ampliación de mandato, y el Tribunal decidió darle luz verde.

Según dicho proyecto de ley, todas estas autoridades ampliarían su mandato hasta que se realicen los nuevos comicios elecciones y se posesione a las personas elegidas.

“Como resultado de la argumentación aplicada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se estableció que corresponde la prórroga del período de mandato de las autoridades de los órganos del poder público de los niveles central y subnacional, ejecutivo y legislativo, hasta la posesión de las nuevas autoridades electas”, ratifica un comunicado del TCP emitido tras conocerse la decisión.

El mandato de las autoridades nacionales debía fenecer el 22 de enero, sin embargo, la elección recién se realizará en mayo y la posesión sería en junio, pero incluso esos plazos se prorrogarían un mes más de haber una segunda vuelta.

En el caso de autoridades como gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales, su mandato terminaría en mayo, pero con la ampliación tendrían que ejercer hasta que se realice nuevas elecciones subnacionales.

El magistrado Carlos Alberto Calderón argumentó que un vacío de poder podría generar como efecto “la fractura del Estado constitucional de derecho”, y arriesgaría la vigencia de los principios y valores fundamentos de la Constitución Política del Estado, por lo cual se decidió la prórroga del mandato.

Explicó además que se quiso preservar el cumplimiento del artículo 12 de la CPE, el cual señala que el Estado se organiza en órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, y que estos poderes no se pueden reunir en un sólo órgano ni tampoco pueden ser delegados entre sí.

La prórroga se hará efectiva cuando la ley sea aprobada en las Cámaras Legislativas y se promulgue. 

Redacción: Leo.com

Fuente: Erbol

 

26 Diciembre 2019

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anunció la mañana de este jueves que el proyecto de Ley de Extensión de Mandato, enviado desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, pasó a la Comisión de Admisión y anunció que acotará plazos para dará una respuesta antes del 22 de enero, fecha en que debe terminar la gestión de las actuales autoridades nacionales electas.

La información fue proporcionada por el presidente del TCP, Paul Franco, quien indicó que el martes el Tribunal recibió la solicitud de consulta de constitucionalidad de la senadora Eva Copa, en su calidad de presidenta de la Asamblea.

“El Tribunal Constitucional está asumiendo este gran reto, esa responsabilidad institucional que le viene caracterizando para acortar todos estos plazos y, en breve, antes del 22 de enero tener una respuesta que pueda dar certeza, seguridad jurídica al país y de esta forma podamos llevar adelante este proceso de pacificación”, dijo Franco a PAT y Erbol.

El proyecto de ley plantea la extensión del mandato del Órgano Ejecutivo, Legislativo, además de las autoridades departamentales y municipales hasta la posesión de personas elegidas en nuevas elecciones.

Esto debido a la anulación de las elecciones del 20 de octubre y el tiempo que tardará la realización de los nuevos comicios nacionales y después subnacionales.

Franco explicó que el proyecto de ley está en la comisión de admisión del TCP. Una vez que se pase de esa etapa, en que se revisan sólo las formalidades, el Tribunal hará la evaluación respectiva para declarar la constitucionalidad de la norma.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

 

20 Diciembre 2019

La Asamblea Legislativa Plurinacional ingresará en el receso habitual de fin de año este lunes y reanudará sus actividades el lunes 6 de enero de 2020, confirmó la presidenta del Senado, Eva Copa.

Lo hará luego de aprobar la ley para ampliar el plazo de la convocatoria a las elecciones y enviar en consulta al TCP el proyecto de norma para ampliar el mandato del actual gobierno de transición de la presidenta Jeanine Áñez.

“Mañana a las 2 de la tarde vamos a tener una sesión en la Asamblea Legislativa para declarar el receso parlamentario que va a durar 15 días y nosotros estaríamos retornando la primera semana de enero”, explicó la legisladora este viernes.

Como se acostumbra, se conformará una comisión que atenderá los asuntos de emergencia.

Entre las últimas tareas que el Legislativo programó para este año está la sanción de la ley corta que ampliará el plazo, de dos hasta 10 días, para la convocatoria a las elecciones presidenciales de 2020.

Asimismo, se analizará el informe de la Comsión Mixta de Constitución y enviará al Tribunal Constitucional (TCP) la propuesta de norma para ampliar el mandato de la presidenta Áñez y los legisladores más allá del 22 de enero, cuando fenece su mandato. "Va ir a consulta al TCP", dijo Copa.

En esa misma norma se prevé incluir la prórroga de mandato de gobernadores y alcaldes puesto que se proyecta que la votación para elegir ese tipo de autoridades sea después de los comicios presidenciales.

Redacción: Leo.com

Fuente: Agencias

10 Diciembre 2019

El Gobierno, mediante al Ministerio de Justicia, presentó este martes un memorial ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con la finalidad de que unifique su jurisprudencia respecto a la interpretación del Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), también llamada Pacto de San José.

La premisa de la presentación es establecer que “la re-reelección no es un derecho humano”, indicó el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra.

El Ministro explicó que se está pidiendo al TCP que aclare su jurisprudencia respecto a las sentencias 084/2017, que habilita la reelección indefinida, y la 032/2019, que permite la reelección de autoridades electas sin la necesidad de renunciar, ambas que utilizan el artículo 23 de la CADH. El Gobierno considera que existe una contradicción que debe esclarecerse.        

“Además creemos como Gobierno y, también creemos que el sentimiento del pueblo boliviano es que existe una interpretación antojadiza en la sentencia constitucional 0084 respecto al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, puesto que es una norma que debe ser interpretada solamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no así por el Tribunal Constitucional”, acotó Coímbra.

Recalcó que la intención es que el TCP determine que no puede hacer una interpretación del artículo 23 de la CADH, sino limitarse a aplicar lo que dice la Corte Interamericana.

Señaló que existen otros tres recursos, presentados por diferentes entidades, que buscan la nulidad de la sentencia 084 por otras vías, pero el Gobierno, sin detrimento de las otras iniciativas, ha optado por la solicitud de que se unifique la jurisprudencia.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Erbol                

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