Santa Cruz de la Sierra
11 Mayo 2018

El senador Demócrata, Oscar Ortiz, presentó ante la Contraloría General del Estado (CGE) una denuncia y solicitó una auditoría especial por presuntas  irregularidades en los procesos de contratación en el marco de la Organización de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 (Odesur).

Su pedido se refiere a la contratación de las firmas Kronopios y Arte Bolivia, además de otras empresas que se beneficiaron con contratos que no tenían ninguna relación con su "giro comercial" para la provisión de bienes y servicios en las diferentes actividades de los juegos deportivos.

En el memorial presentado por Ortiz, establece que existen suficientes “elementos, previamente descritos, donde se entendería que la empresa Arte Bolivia SRL se habría presentado en complicidad con la empresa Kronopios y los responsables del proceso de contratación, con el objetivo de simular una competencia real en este proceso de contratación cuando los hechos demostrarían presumiblemente que estaría todo previamente definido y pre digitado”.

Según el legislador por prestarse al simulacro en el proceso de contratación, la compañía Arte Bolivia habría sido recompensada con otro contrato de los juegos Odesur por 1,3 millones de bolivianos.

Redacción: Leo.com                                          

Fuente: noticiasfides

17 Marzo 2017

El presidente de YPFB, Guillermo Achá, informó que se ha procedido a hacer una auditoría interna al proceso de adquisición de tres taladros a la empresa italiana Drillmec, en el cual la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos  detectó varias irregularidades.

La compra es de 148 millones de dólares, según el senador Óscar Ortiz, quien  denunció anomalías en esta adquisición puesto que otras tres empresas tenían ofertas de menor costo.

La Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos investigó y concluyó que esa adjudicación se habría realizado de manera “incorrecta”, y que además habría indicios de incumpliendo de deberes de los funcionarios encargados.

Achá aseguró que la adquisición fue transparente y que entregará los descargos administrativos a las autoridades correspondientes. “Podemos garantizar que el proseo de licitación se ha hecho con absolutamente todas las medidas de transparencia”, dijo.

Respecto al supuesto sobreprecio que denunció Ortiz, el presidente de YPFB manifestó que no se puede comparar ofertas de empresas que no cumplían las especificaciones técnicas, con una que sí lo hacía.

El directorio de YPFB se reunió este viernes a puertas cerradas en Santa Cruz para tratar el informe de la Unidad de Transparencia. Achá se excusó, como lo sugirió la entidad fiscalizadora.

El presidente de Yacimientos anunció que el Directorio tomará las decisiones que ameriten el caso, respecto a la contratación de Drillmec.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

01 Septiembre 2016

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, señaló este jueves que existe más predominio en la falsificación de títulos profesionales de las carreras de Derecho y Auditoría.

“Hemos visto que hay preponderancia (en falsificación de títulos) en las carreras de Abogacía, Auditoría, en algunos casos Medicina, Administración de Empresas”, manifestó Albarracín.

Las declaraciones surgieron luego de que el martes 30 de agosto, la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, solicitara información a la Facultad de Derecho de la UMSA respecto a la tramitación de 16 títulos de abogados, en las gestiones 2000, 2002 y 2004, que serían falsos.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

05 Julio 2016

El nuevo Contralor General del Estado, Henry Ara, indicó que no se realizó una auditoría al Fondo Indígena porque no existen documentos. Explicó que lo que se hizo fue una supervición y posterior intervención, la que continúa.

Señaló que, dependiendo de los resultados de la citada intervención, se determinará si es o no pertinente realizar una auditoría.

“No existe una auditoría propiamente al Fondo Indígena, sino una supervisión. Cuando se ingresó, se planteó hacer la auditoría, pero en el proceso de selección de documentos se observó que no había documentación del Fondo Indígena, por ello se optó por la figura de supervisión”, dijo Ara en una entrevista en RTP.

Expresó que para realizar una auditoría se necesita la documentación pues se hace un análisis de esos papeles, pero “si no existe una documentación se determina que la acción es inauditable”.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

02 Julio 2016

El nuevo contralor General del Estado, Henry Ara, anunció que en los próximos días iniciará la auditoría a la Empresa Nacional Textil (Enatex) para investigar en qué se invirtió los más de 60 millones de dólares por parte del Estado a la instancia estatal.

Aclaró que no se convocará a la exministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, quien estuvo al tanto de los manejos administrativos de Enatex, antes que se anuncie su quiebre, porque “las auditorías no se hacen a personas, sino a instituciones”.

“Se pedirá a la ministra Ramos, la ministra actual, toda la información sobre la institución. Lo que es normal cuando nos llega un requerimiento, es que se pide información necesaria a la empresa o en este caso al Ministerio de Desarrollo Productivo y en base recién plantear si se puede hacer una auditoría”, afirmó.  

El secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, confirmó que una nota fue enviada por esta organización sindical a la Contraloría General del Estado, solicitando esta auditoría.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

14 Junio 2016

Expertos en finanzas públicas del Senado brasileño harán una nueva auditoría de las cuentas del Gobierno de Dilma Rousseff para confirmar si incurrió en las irregularidades que la llevaron a un juicio político, informó este martes la Corte Suprema.

La decisión de realizar ese nuevo análisis de las cuentas fue tomada por el presidente del Supremo, Ricardo Lewandowski, quien acogió una apelación de la defensa de la mandataria, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo, cuando asumió el poder en forma interina el hasta entonces vicepresidente, Michel Temer.

La nueva autoría había sido solicitada por la defensa de Rousseff y negada inicialmente por la comisión del Senado que está a cargo del proceso.

Sin embargo, Lewandowski, quien comparte con esa comisión las responsabilidades del juicio, aceptó la apelación, aunque determinó que la nueva auditoría sea realizada por expertos del Senado y no por peritos extranjeros, como pretendía la defensa.

Según la acusación, Rousseff incurrió en maniobras contables ilegales, como la contratación de créditos para el Gobierno con la banca pública, lo que configuraría un "delito de responsabilidad", como la Constitución brasileña califica las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.

La defensa de Rousseff lo niega, aunque admite que el Gobierno, a lo sumo, pudo haber cometido algún tipo de "falta" administrativa, que no bastaría para que sea despojada de su mandato.

El resultado del nuevo análisis de los resultados que el Gobierno de Rousseff presentó en 2015 será entregado a la comisión del Senado y pasará a engrosar los documentos probatorios del proceso.

La comisión, formada por 21 senadores de todos los partidos con representación en la Cámara Alta, volverá a reunirse hoy, cuando escuchará a los primeros testigos de la defensa.

La fase procesal concluirá a fines de julio, cuando el instructor de la comisión presentará un informe en el que deberá recomendar la destitución de la mandataria o que la causa sea archivada.

Ese informe será sometido entre los días 1 y 2 de agosto al pleno del Senado, que deberá decidir por una mayoría simple de 41 votos entre sus 81 miembros si la causa prosigue.

Si así fuera, la Corte Suprema convocará al pleno de la Cámara Alta para una última sesión, que sería a mediados de agosto.

En esa definitiva instancia, Rousseff será destituida si así lo decide una mayoría calificada de dos tercios de los senadores (54 votos).

En ese caso, Temer debería completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019, pero si Rousseff fuera absuelta recuperaría el poder una vez que sea publicada la sentencia.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: EFE

08 Junio 2016

Mientras el vicepresidente Álvaro García Linera anunció un proceso de auditoría al manejo de la fábrica estatal textil Enatex, un grupo de extrabajadores cumple 17 de días en huelga de hambre en La Paz, en un piquete que demanda la reincorporación de la unidad productiva.

García dijo que las organizaciones sociales del Conalcam reunidas en Palacio de Gobierno solicitaron una investigación al manejo financiero de la empresa y la conformación de una comisión social para ayudar a los trabajadores desafectados.

Explicó que el Estado asumió la administración de Ametex de Marcos Iberkley cuando estaba en quiebra y el gobierno la hizo revivir mediante una terapia intensiva, inyectando 60 millones de dólares para capital de trabajo y la indemnización a los extrabajadores en un promedio de 70 a 100 mil bolivianos.

Sin embargo las condiciones adversas de la industria textil internacional evitaron que la empresa pueda levantarse no obstante el esfuerzo del gobierno por reactivarla.

Entre tanto, los trabajadores mantienen una huelga de hambre que ingresa a los 17 días con  10 bajas, mientras algunos empleados se incorporan a la medida de presión, que tiene el respaldo de la Federación de Fabriles de la Paz y la Central Obrera Boliviana.

Los huelguistas aseguraron que no levantarán la huelga y esperan que el organismo matriz de los trabajadores arranque del gobierno un compromiso para preservar las fuentes de trabajo.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

16 Mayo 2016

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra recibió este lunes un informe de la Lic. Norma Borja, directora de Auditoría Interna, respecto a los avances de la auditoría especial a la adquisición de la unidad móvil de video vigilancia y el vehículo, drone, en el que se dejó en claro que dicha auditoría no tiene plazos para su conclusión y que se está realizando cumpliendo con los procedimientos establecidos por ley.

Borja asistió a brindar esta explicación, respondiendo a una invitación de la directiva del órgano legislativo, para que todos los concejales, vecinos y medios de comunicación, conozcan la situación real de la auditoría y las etapas por las que debe que pasar antes de emitir su informe final.

La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, agradeció la explicación ofrecida por la Dirección de Auditoría Interna a la que calificó de pertinente, oportuna y muy responsable.

“Nos hizo conocer que se está cumpliendo con todos los procedimientos que requiere una auditoría especial, de acuerdo a lo que establecen las leyes. Nos han explicado que no existe un tiempo determinado para que se concluya la auditoría, no hay plazos, son un órgano independiente que maneja el principio de confidencialidad y sus personas no están sujetas a exposiciones públicas”, expresó Sosa.

Según la explicación ofrecida por la directora, toda auditoría gubernamental consta de tres etapas, planificación, ejecución y comunicación de resultados. El pasado 04 de marzo se recibe la instrucción de realizar una auditoría especial al proceso de adquisición del drone e inmediatamente se organiza y selecciona al personal multidisciplinario para poder asumir la evaluación de estos bienes.

“La obtención de la información no es de un día para otro, es un proceso”, dijo la Lic. Borja, explicando que el procedimiento de entrevistas con posibles actores en la adquisición del drone requiere días, puesto que algunos son funcionarios, otros ex funcionarios e incluso instituciones.

Luego de obtener toda la documentación se debe comprobar su veracidad, al igual que los datos proporcionados en las entrevistas, por lo que se envían oficios a instituciones externas como la Policía, Impuestos Internos, Recaudaciones, Viceministerio de Seguridad Ciudadana, Ministerio de Gobierno, Fundempresa, entre otras.

Durante los meses de marzo y abril, en el proceso de relevamiento, se pudo advertir la necesidad de contar con especialistas para evaluar los equipos adquiridos; para tal efecto, se enviaron cartas a las universidades y a la Sociedad de Ingenieros para que proporcionen los nombres de los posibles profesionales que podrían asumir esta tarea.

Las universidades no emitieron respuesta y la Sociedad de Ingenieros facilitó tres nombres, personas que al ser invitadas se excusaron de realizar el trabajo debido a compromisos laborales asumidos en el extranjero.

Se envió un oficio de solicitud de reunión con los fiscales del Ministerio Público asignados a este caso, así como con el fiscal de Distrito, encuentro que se llevó a cabo y en el cual dichas autoridades comprendieron la necesidad de Auditoría Interna de poder acceder a los equipos tecnológicos que a comienzos de marzo fueron precintados, imposibilitando acceder a ellos para verificar las especificaciones del contrato.

Posteriormente, se realizó una invitación pública a nivel nacional, difundiendo en cuatro importantes periódicos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Sucre, la convocatoria a los especialistas que se requieren para analizar los equipos. A la fecha, se está en el proceso de recepción de las propuestas que están haciendo llegar los profesionales.

“En ningún tipo de auditoría se establece plazos, las auditorías están sujetas a los factores internos y externos que se presenten”, remarcó Borja.

Por su lado, José Luis Pérez, del área legal de la Dirección de Auditoría Interna, indicó que esta auditoría tiene dos objetivos: la evaluación del proceso de contratación hasta la suscripción del contrato y la verificación de cada uno de los ítems – bienes que conforman el centro de monitoreo y el drone.

Pérez subrayó la necesidad de acceder al equipo de monitoreo para obtener un informe técnico del especialista que indique si se ha cumplido con los términos de referencia, calidad, garantía, funcionamiento, entre otros aspectos. 

“El tiempo que demora una auditoría está sujeto a la complejidad, volumen de información y el acceso que se tiene a los bienes objeto de la auditoría”, añadió el abogado, señalando que el acceso a los equipos tecnológicos tiene que ser autorizado por el Ministerio Público, para luego determinar qué tipo de indicios de responsabilidad se va emitir, si correspondiere. Dichos indicios de responsabilidad pueden ser civiles, penales o administrativos.

Finalmente, la Lic. Norma Borja manifestó que la auditoría se encuentra en la etapa de ejecución, para obtener la evidencia de las áreas críticas y riesgos identificados; paralelamente se está finalizando la etapa de planificación y se continúa con las gestiones con el Ministerio Público para que se defina la fecha conveniente para poder acceder a verificar el objeto de la auditoría.

Redacción Leo.com.bo

Fuente: GAM

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