Santa Cruz de la Sierra
18 Marzo 2019

La Fiscalía de Roma pidió reformar las sentencias en primera instancia y condenar a cadena perpetua a los 24 miembros de las Juntas militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay acusados de la desaparición de italianos en el Plan Cóndor, la operación represiva ejecutada entre 1970 y 1980.

 Los fiscales de Roma Francesco Mollace y Tiziana Cugini justificaron su petición en apelación asegurando que 23 italianos fueron asesinados en el marco de un "programa de exterminio abominable" y que todos los acusados son "responsables de todo de lo que se les acusa porque han sido ejecutores de muerte".

 El juicio en primera instancia concluyó el 17 de enero de 2017 con la condena a cadena perpetua de los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, el uruguayo Juan Carlos Blanco, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa, mientras que el resto fueron absoluciones y 6 sobreseimientos.

En el proceso solo se ha personado el militar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, de 69 años, único de los imputados residente en Italia tras escapar de la Justicia de su país y que hoy no acudió al tribunal, mientras el resto no participa en las vistas y se encargan de su defensa abogados de oficio.

De Troccoli, absuelto en primera instancia, la fiscal Cugini afirmó hoy que "fue en realidad el jefe de la S2 (el servicio de la inteligencia de la Marina militar uruguaya) en el FUSNA, la sede del Cuerpo de Fusileros Navales donde se llevaban a los prisioneros, y que de él dependía si vivían o eran asesinados".

 La lista de imputados ha ido menguando al morir algunos de ellos debido a su avanzada edad, los últimos el dictador de Bolivia Luis García Meza, el ex primer ministro de Perú Pedro Richter Prada y el exdictador uruguayo Gregorio Álvarez Armelino, encarcelado en su país desde 2007.

El Tribunal de apelación, presidido por la jueza Agatella Giufridda, programó otras cinco vistas, la última en julio cuando podría llegar la sentencia.

El resto de acusados son el exministro de Interior boliviano Luis Arce Gómez, de 80 años y detenido en La Paz y los chilenos: el exfuncionario Carlos Luco Astroza, el exsuboficial Orlando Moreno, el excoronel Hernán Jerónimo Ramírez, el exoficial de artillería Rafael Ahumada, el excapitán Manuel Abraham Vasquez Chahuan y el exprefecto Daniel Aguirre Mora.

Mientras que la acusación al antiguo jefe de la Inteligencia chilena Pedro Octavio Espinoza fue por el momento suspendida por problemas en las notificaciones.

Los peruanos acusados son el antiguo presidente Francisco Morales Bermúdez y los exmilitares Martín Martínez Garay y Germán Ruiz Figueroa.

Los uruguayos son Troccoli, el excanciller Juan Carlos Blanco, el exteniente Ricardo Eliseo Chávez, el excoronel Pedro Mato Narbondo, el excapitán José Ricardo Arab, el militar José Horacio Gavazzo Pereira y el marino Juan Carlos Larcebeau.

También el excapitán Luis Alfredo Maurente Mata, el exmilitar Ricardo José Medina, el excoronel Ernesto Ramos Pereira, el exgranadero José Felipe Sande Lima, el excoronel Gilberto Vázquez Bisio y los exmilitares Jorge Alberto Silveira y Ernesto Soca.

 La Operación Cóndor, ideada por el general chileno Augusto Pinochet, coordinó la represión de la oposición política entre 1970 y 1980 por parte sobre todo de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: EFE

 

 

 

 

08 Marzo 2019

El Ministerio Público pidió la condena a cuatro años de prisión para el teniente del Ejército, Juan de Dios O. B., quien en agosto de 2018 perdió la banda y la medalla presidencial tras visitar una zona de burdeles en la ciudad de El Alto.

 "El Ministerio Público ha presentado acusación formal contra el señor Juan de Dios O. B. en fecha 18 de febrero por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, abandono del cargo y peculado culposo. Se pide la pena máxima de estos tres delitos acusados, asimismo la confiscación del vehículo que ha servido como instrumento para el robo de la medalla presidencial", informó la fiscal Edna Montoya.

 El juicio contra el militar iniciará una vez se notifique a todas las partes del caso con la acusación formal y se sortee un tribunal para llevar adelante el proceso.

 La fiscal Montoya dijo que en este caso también estaba investigando a otros oficiales implicados pero no alcanzó el tiempo, debido a que el Juzgado Primero de Instrucción de El Alto conminó a finalizar la investigación porque ya se había cumplido el plazo de seis meses, tiempo establecido para las tareas de investigación de un caso.

 La noche del 7 de agosto de 2018, se produjo el robo de la presea presidencial cuando el militar custodio ingresó a dos lenocinios de la zona 12 de Octubre de la ciudad de El Alto y dejó dentro de una mochila en un auto la medalla y la banda del Presidente de donde fue sustraída por antisociales.

 Por ese hecho el uniformado fue detenido preventivamente en el penal de San Pedro y el Ejército dispuso su baja definitiva.

 El militar en varias ocasiones pidió la cesación a su detención, pero sus peticiones fueron rechazadas. Recién el 27 de febrero de este año, la Sala Penal Segunda le concedió la detención domiciliaria.  El teniente podrá salir de la cárcel una vez que cumpla con los requisitos judiciales establecidos por el juez, como presentación de garantes y arraigo.

 Los familiares del sindicado pidieron al presidente Evo Morales considerar el caso del uniformado y reincorporarlo a las FFAA, ya que no cometió ningún delito sino una falta que debería ser juzgada en la instancia militar.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: Noticiasfides

07 Marzo 2019

La Fiscalía española pidió hoy al Tribunal Supremo que los cinco hombres conocidos como "La Manada" sean condenados a 18 años de cárcel por delitos de agresión sexual contra una joven en 2016, frente a los nueve años a los que fueron condenados por abusos sexuales, un delito más leve.

 El Ministerio Público recurre así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región de Navarra (norte de España), que confirmaba la sentencia de una instancia inferior.

 Esa condena por abusos sexuales causó un gran rechazo tanto entre grupos políticos como sociales, al considerar que no se habían castigado de manera suficiente los hechos y se había cuestionado el testimonio de la víctima, una mujer que entonces tenía 18 años.

 En esa sentencia, emitida en abril de 2018, los jueces no apreciaron violencia ni intimidación (necesarias para considerarse agresión sexual) en los cinco hombres que atacaron a la joven, quien afirmó que se sometió a sus agresores por miedo.

"No es admisible forzar el derecho hasta extremos de exigir de las víctimas actitudes heroicas que inexorablemente las conducirán a sufrir males mayores", sostiene la Fiscalía en su recurso ante el Tribunal Supremo.

 Los hechos ocurrieron en julio de 2016 durante las famosas fiestas de los Sanfermines de Pamplona, capital de Navarra.

 La discrepancia de criterio de la Fiscalía respecto a las sentencias dictadas hasta ahora en dos instancias inferiores, radica en la intimidación ya que, a juicio del Ministerio Público, los hechos "fueron realizados mediante intimidación suficiente para anular la voluntad de la víctima".

"Intimidación no es otra cosa que causar o infundir miedo, miedo o pánico que, en casos como el analizado, se infunde con la sola presencia de cinco individuos de fuerte complexión rodeando a una víctima en un habitáculo cerrado y sin posibilidad alguna de escapar", añade el fiscal, quien describe así los hechos.

Los cinco condenados, entre ellos un militar y un guardia civil, están en libertad provisional, a la espera de una sentencia definitiva por parte del Tribunal Supremo.

Este caso y la consiguiente sentencia causó un gran impacto social en España, con un amplio seguimiento del juicio por parte de la prensa, y con manifestaciones en todo el país tras la sentencia.

Desde entonces se han denunciado más agresiones en grupo parecidas en España.

Redacción: Leo.com                                                                                                     

Fuente: EFE

 

12 Febrero 2019

La modelo Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, quien este martes fue declarado culpable de todos los cargos en un juicio internacional de distribución de drogas, en Nueva York, se mostró tranquila con el veredicto.

Al parecer Coronel, de 29 años, ya esperaba que eso podría pasar.

Según las cadenas de televisión que cubren el importante evento, ‘Emma le levantó el pulgar de la mano derecha, se cruzó las manos en el pecho y le tiró un beso’ antes de que los alguaciles retiraran a El Chapo rápidamente de la sala, de acuerdo con la red CNN.

El narcotraficante mexicano fue declarado culpable de todos los cargos en un juicio internacional de distribución de drogas en Nueva York.

Su sentencia se conocerá el 25 de junio, pero recibiría cadena perpetua, aunque sus abogados ya informaron que van a apelar la decisión del juez.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Agencias

06 Febrero 2019

La Justicia brasileña condenó hoy al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel en un segundo proceso penal por los delitos de corrupción y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

Lula (2003-2010) ya cumple condena desde el pasado abril por otro caso de corrupción, después de que la Justicia diera por comprobado que recibió un apartamento en una playa de Sao Paulo a cambio de sobornos.

En la nueva causa, la jueza federal Gabriela Hardt consideró que Lula se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 271.000 dólares) que tres empresas -Odebrecht, OAS y Schain- hicieron en una casa de campo en Atibaia, municipio en el interior del estado de Sao Paulo.

La casa está a nombre del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, que la cedió temporalmente al expresidente en 2010 para que pudiera disfrutarla con su familia.

No obstante, según la Justicia, pese a no ser el propietario de la casa de campo, Lula se benefició ilegalmente de las reformas en la misma por parte de empresas que fueron favorecidas en su Gobierno con contratos amañados con la petrolera estatal Petrobras.

Además de Lula, la jueza Hardt condenó a algunos empresarios, entre ellos al expresidente de OAS José Adelmario Pinheiro Neto (1 año y 7 meses de prisión); a Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht (3 años y 3 meses de cárcel), y a su hijo Marcelo Odebrecht (5 años y 4 meses de detención).

Se trata de la segunda sentencia en menos de dos años contra Lula, de 73 años, quien se encuentra detenido desde el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, por orden del entonces magistrado Sergio Moro.

Moro comandó en primera instancia la operación que destapó las corruptelas en Petrobras, si bien dejó el cargo a finales del año pasado para poder asumir en enero el Ministerio de Justicia en el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

El juez fue sustituido entonces por Hardt, quien interrogó a Lula el pasado noviembre sobre el caso por el que ha sido condenado este miércoles.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: EFE

18 Diciembre 2018

El gobierno de Bolivia se abstuvo de firmar una fuerte declaración de condena de los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) contra la represión “generalizada y sistemática” en Nicaragua en contra de ciudadanos y extranjeros, que se suscita desde el pasado 18 de abril.

Pese a que el presidente Evo Morales viajó hasta Montevideo, Uruguay, para participar de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, Bolivia no es parte de esta declaración que sí fue firmada por el resto de los países parte del bloque: Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, además de los estados asociados de Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

A Bolivia se suman también Guyana y Surinam, que tampoco firmaron la declaración. En el caso de Venezuela, que es un Estado parte del Mercosur, pesa todavía una suspensión por la “ruptura del orden democrático”.

“Los Estados Partes del Mercosur y los Estados Asociados de Chile, Colombia, Ecuador y Perú manifestaron su preocupación por el agravamiento de la situación en Nicaragua que viene deteriorándose hace ya ocho meses”, se lee en la primera parte de la declaración.

Leyenda

“En particular reiteran enfáticamente su condena a los hechos de violencia que han provocado la pérdida de numerosas vidas y rechazan la represión generalizada y sistemática contra ciudadanos y extranjeros, especialmente las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias perpetradas contra la población civil, incluidos los defensores de derechos humanos”, señala el pronunciamiento.

Los países del Mercosur demandan al gobierno de Nicaragua permitir trabajar a los mecanismos nacionales, regionales e internacionales de protección de derechos humanos y permitir investigaciones de los hechos de violencia. Así también instan a desarticular las organizaciones paramilitares. Además, se aboga por que se retome el camino del diálogo para encontrar una salida pacífica a sus conflictos.

Hoy se cumplen 8 meses del estallido social de abril pasado, que desató una crisis que, según organizaciones defensoras de los derechos humanos, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 610 "presos políticos", cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio. El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 detenidos que califica de "terroristas", "golpistas, y "delincuentes comunes".

Las protestas contra Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal de las manifestaciones.

Aunque en los últimos meses declinó el movimiento de protestas en las calles de Nicaragua, el gobierno arremetió contra organizaciones de derechos humanos y medios de prensa críticos del presidente Ortega.

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Agencias

08 Noviembre 2018

El Ministerio Público ha determinado levantar la apelación que había presentado la fiscal Susana Boyán para aumentar la sentencia contra Jhiery Fernández a 30 años de cárcel, dentro el caso Alexander.

El fiscal general Juan Lanchipa informó que se tomado esa decisión al evidenciar que la apelación presentada por el Ministerio Público no tenía la suficiente argumentación.

Explicó que para fundamentar una apelación tiene que haber existir una debida argumentación jurídica y se debe comprobar que se han agraviado los intereses del Ministerio Público, pero esos requisitos no se cumplido.

Lanchipa indicó que también se tomó en cuenta el informe del Defensor del Pueblo, en el cual se advierte que el trabajo de los fiscales en el caso Alexander careció de los principios de legalidad y transparencia.

Fernández fue condenado a 20 años de cárcel en marzo de este año. Luego se presentaron dos apelaciones: una de parte de la defensa que pidió anular la sentencia y la segunda de parte de la fiscal Boyán que solicitó aumentar el castigo.

Ahora, con el retiro de la apelación de la Fiscalía, sólo sigue en curso la apelación de la defensa de Jhiery Fernández.

El fiscal Lanchipa dejó en manos del Tribunal Departamental de Justicia determinar si la sentencia de primera instancia se mantiene vigente.

Respecto a los fiscales que abordaron el caso, como Boyán y Edwin Blanco, el Fiscal General señaló que se está esperando el informe de la comisión encargada de revisar el proceso, para tomar una determinación.           

Redacción: Leo.com                        

Fuente: Erbol

03 Diciembre 2016

El largo y complejo juicio del ex jefe militar de los serbios de Bosnia, Ratko Mladic, apodado el "carnicero de los Balcanes", se acerca a su conclusión con el inicio de los alegatos finales previsto el lunes, más de veinte años después del conflicto. Mladic, de 72 años, está acusado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), de La Haya, de haber llevado a cabo la "limpieza étnica" de una parte de Bosnia, con el fin de crear un Estado serbio étnicamente puro.

Debe responder por 11 cargos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Bosnia (1992-1995), que dejó más de 100 mil muertos y 2,2 millones de desplazados. La acusación tendrá tres días a partir del lunes para presentar su argumentación antes de dejar la palabra, el viernes, a la defensa para su alegato, con el que se cerrará el proceso iniciado en 2012. Se espera que el fallo se haga público en 2017.

Tras haber escapado a la justicia internacional durante 16 años, fue detenido en la casa de un familiar, en Serbia, el 26 de mayo de 2011. Acusado oficialmente en julio de 1995, continuó viviendo con normalidad hasta el año 2000, cuando se escondió después de que el presidente serbio Slobodan Milosevic fuese destituido del poder.

Mladic deberá responder principalmente por el asedio de Sarajevo, cuando, durante 44 meses, 10.000 civiles perdieron la vida por los disparos de mortero lanzados desde los cerros que rodean la ciudad o por los tiros de francotiradores. Procesado por haber secuestrado como rehenes a personal de Naciones Unidas, Mladic declaró: "las fronteras siempre se trazan en la sangre y los Estados se marcan con tumbas".

También está siendo juzgado por la masacre de cerca de 8.000 hombres y niños musulmanes en julio de 1995 en Srebrenica, la peor masacre cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Munira Subasic, presidenta de la asociación de madres de Srebrenica, declaró a la AFP que esperaba que acabe siendo condenado a cadena perpetua.

El alter ego político de Mladic, Radovan Karadzic, fue condenado recientemente a 40 años de detención, principalmente por el genocidio de Srebrenica. "Los que todavía piensan que Karadzic y Mladic son héroes quizá hablarían de otro modo hoy si hubieran sido condenados rápidamente tras la guerra", lamentó Subasic.

Mladic "no tiene mucha confianza en este tribunal, no tiene grandes esperanzas", aseguró su abogado, Branko Lukic. "Piensa que si los jueces fundan su decisión en hechos, será absuelto, pero que si es un proceso político, será condenado", agregó.

Durante el pleito, la defensa de Mladic bombardeó a los jueces con más de 950 mociones e incluso solicitó que el proceso fuera anulado al no considerarlo equitativo. La mayor parte de las mociones fueron rechazadas.

Este proceso es el último del TPIY, establecido por Naciones Unidas en 1993, en plena guerra, para llevar ante la justicia a los autores de las peores atrocidades cometidas durante los conflictos que devastaron la antigua Yugoslavia.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: AFP

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