Santa Cruz de la Sierra
05 Diciembre 2019

El Gobierno transitorio decretó este jueves otorgar un resarcimiento de 50 mil bolivianos para las familias de los fallecidos en el conflicto postelectoral, así como brindar asistencia a los heridos.

“He pedido al gabinete que haga todo lo necesario para asegurar la viabilidad económica a este proceso, que es muy importante en el marco de la pacificación de Bolivia”, manifestó la presidenta Jeanine Añez, tras firmar el Decreto Supremo respectivo.

El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, indicó que el Decreto tiene cinco artículos y que su objeto es “indemnizar a los familiares de las personas fallecidas y prestar asistencia médica, alimentaria, social y psicológica a las personas heridas, producto de los conflictos suscitados en el país entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre”.

En el artículo cuarto se establece que se hará “un pago global y único de Bs50.000 a favor de los familiares de cada uno de los fallecidos, que serán otorgados en prelación y de manera excluyente a los hijos al cónyuge o conviviente debidamente legitimado o en su defecto a los padres”.

La norma aclara que “los familiares de las personas fallecidas heridas tendrán por reparado su derecho ante cualquier instancia internacional, una vez hecha efectiva la indemnización”.

El financiamiento será con el Tesoro General de la Nación y otros recursos que provengan de las incautaciones del narcotráfico, contrabando y de las actividades de desestabilización sucedidas con posterioridad al 20 de octubre.

En otros artículos, se establece que ministerios y la Fiscalía realizarán la sistematización de la nómina de personas que resultaron fallecidas. Además, el Ministerio de Salud registrará a las personas heridas en los conflictos sociales a fin de brindarles la respectiva asistencia médica hasta su restablecimiento físico.

El ministro Coímbra indicó que de momento se tiene registradas a 29 personas fallecidas.

Aseveró que ningún proyectil que causó muertes corresponde a armas de la Policía o las Fuerzas Armadas. Agregó que en la investigación se comprobará que los fallecimientos fueron causados por grupos subversivos que buscaban afectar la imagen del gobierno transitorio.

Ley de Garantías “innecesaria”

El Ministro sostuvo que la Ley de Garantías que pretende aprobar el MAS en el Legislativo es innecesaria.

El MAS argumenta que en la Ley se establece que se debe dar indemnización a los fallecidos y ayuda a los heridos, pero también se busca garantizar los derechos de legisladores, dirigentes y exautoridades.

Coímbra dijo que esa norma no corresponde porque las garantías ya están establecidas en la Constitución y no se puede ratificarlas por ley, puesto que están vigentes.             

Redacción: Leo.com      

Fuente: Erbol

28 Noviembre 2019

La presidenta Jeanine Áñez abrogó hace minutos el Decreto Supremo 4078 que eximía a los efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) de responsabilidad penal cuando actuaran en legítima defensa.

En una conferencia de prensa desde Palacio Quemado, la Mandataria sustentó su decisión debido al haberse levantado las protestas en el país y aseguró que su Gobierno tuvo que tomar la medida porque enfrentó acciones violentas “que nunca antes hemos visto en nuestra historia”.

Asimismo, Áñez dijo que el cuestionado decreto es un “recurso constitucional que los gobiernos tienen a su disposición cuando la seguridad del Estado o de la ciudadanía se siente amenazada por acciones de violencia que ponen en peligro la estabilidad del país y la vida de los bolivianos”.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias                                                                                                      

                        

21 Noviembre 2019

El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, aseguró hoy que el Gobierno está dispuesto a derogar el Decreto Supremo 4078, que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas (FFAA) en caso de "legítima defensa o estado de necesidad".

"Podemos derogarlo, no es una charla de sordos, lo derogamos, damos un paso. ¿Ustedes qué paso van a dar para que sigamos en el diálogo?", señaló Justiniano, en entrevista con ATB.

Dijo que la propuesta fue planteada a sectores movilizados que analizarían con sus bases una respuesta al Gobierno.

Pidió a la Fiscalía agilizar las investigaciones para determinar la procedencia de los disparos que cegaron la vida de las ocho personas que murieron en Senkata, El Alto, tras la salida de un convoy de cisternas cargadas de combustibles para la ciudad de La Paz.

"El uso de la fuerza militar fue absolutamente proporcional", subrayó Justiniano, al indicar que las Fuerzas Armadas solo actuaron cuando se derribó el muro de la planta de Senkata y se procedió a quemar tres minibuses en su interior, porque esos actos de vandalismo pudieron desatar una reacción en cadena de importantes dimensiones en una factoría altamente inflamable.

La cuestionada norma

“El personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones, actúen en legítima defensa o estado de necesidad", dice la norma.

"Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante D. S. 27977 de fecha 14 de enero del 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionalmente a los riesgos operativos", señala el decreto.

Asimismo, indica que "todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del estado, de acuerdo a las necesidades, deben prestar el apoyo requerido a las Fuerzas Militares y Policiales".

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

18 Noviembre 2019

El Gobierno de la presidenta transitoria Jeanine Añez aprobó el Decreto Supremo 4082 que autoriza la asignación de 34,7 millones de bolivianos del Tesoro General de la Nación (TGN) a las Fuerzas Armadas de Bolivia para su equipamiento.

La norma fue aprobada el pasado 15 de noviembre por la mandataria y el Consejo de Ministros conformado por las 17 autoridades del Ejecutivo y publicada en la gaceta nacional.

De acuerdo a la norma, la autorización de los 34.796.098 bolivianos se enmarca en el requerimiento del Ministerio de Defensa para la "asignación presupuestaria de recursos adicionales y la adquisición de equipamiento, destinado a las Fuerzas Armadas".

El desembolso será efectuado a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Defensa.

La Policía y las Fuerzas Armadas realizan operativos conjuntos desde el pasado lunes debido a la crisis política y social que se agudizó después de que el presidente Evo Morales anunciara su renuncia.

Los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) tomaron las calles exigiendo el retorno de Evo Morales y la renuncia de la presidenta transitoria, Jeanine Añez.

Hace dos días, se confirmó que el Gobierno también aprobó otra norma -Decreto Supremo 4078- que autoriza a las Fuerzas Armadas de Bolivia a realizar operaciones que buscan el restablecimiento del orden público, y, en caso de necesidad de asumir medidas extremas, se los exime de responsabilidades penales.

La medida fue criticada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI), legisladores del partido del anterior Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB).

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

18 Noviembre 2019

El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, dijo este lunes que el Gobierno provisional no descarta llamar a nuevas elecciones mediante un decreto ante la falta de acuerdos con el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

"Si vemos que hay dificultades para poder convocar a las elecciones, una de las sugerencias que va a hacer el Ministerio de la Presidencia a la señora presidenta (Jeanine Áñez) es que de manera inmediata convoquemos a elecciones a través de algún otro instrumento legal", dijo a radio Panamericana.

La convocatoria a elecciones mediante decreto tiene jurisprudencia en el mandato del presidente provisional Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006).

A una semana de la dimisión de Evo Morales a la Presidencia y posterior asunción de Áñez para la etapa de transición, las fuerzas políticas no logran ponerse de acuerdo e iniciar en la ALP la modificación al sistema legal electoral que permita llamar a elecciones dentro de 90 días.

"Nuestra voluntad no es quedarnos en el Gobierno más allá del lapso que establece la Constitución", afirmó Justiniano.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

18 Noviembre 2019

La Central Obrera Bolivia (COB) pidió este lunes abrogar el cuestionado Decreto Supremo 4078, emitido por el Gobierno de Jeanine Añez,  que exime de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas por su participación en operativos para restablecer el orden público.

 “Como entidad matriz, muy preocupados de este Decreto 4078, pedimos la abrogación inmediata de este decreto 4078”, manifestó el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi. 

El dirigente señaló que la COB repudia el Decreto, porque considera que deja impune a quienes utilizan el armamento en las FFAA.

“Si de verdad queremos pacificar abrogaremos Decreto”, pidió Huarachi.

El dirigente sindical agregó que el derecho a la protesta, a las marchas, a las huelgas, no está penado por ley, sino está amparado por la Constitución Política del Estado.

Consideró  que al emitir el mencionado decreto se agrava el conflicto. “Si esto es hablar de democracia, reprimiendo al pueblo boliviano, con el Ejército con las Fuerzas Armadas, esto es un país que no está viviendo en democracia”, cuestionó.

De ese modo llamó a la “reflexión”, a deponer actitudes por el bien de la pacificación del pueblo boliviano.

El polémico Decreto fue emitido por la presidenta transitoria Jeanine Añez la semana pasada. La CIDH y Amnistía Internacional ya expresaron su rechazo al mismo, El Gobierno negó que se trate de una "licencia para matar", puesto que condiciona el uso de la fuerza a la legítima defensa, situación de necesidad y proporcionalidad.

La norma dictada por Añez, en su parte central dispone que: “el personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad".

La COB manifestó su solidaridad con las familias de los fallecidos en Cochabamba el viernes pasado. En vías de la pacificación del país, el ente sindical pidió dejar de lado “el resentimiento político, las diferencias políticas”

Huarachi aprovechó de aclarar que en ningún momento la Central Obrera Boliviana se ha reunido con el gobierno transitorio.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Erbol

27 Septiembre 2019

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió admitir una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 3973, que autoriza el chaqueo y el desmonte en Cochabamba y Santa Cruz. Además, dio un plazo de 15 días para que el presidente Evo Morales responda a la demanda.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada hace unas tres semanas  por los diputados Horacio Poppe,  Grover Huanca y Gina Torrez, quienes iniciaron este proceso debido a las quemas que consumieron millones de hectáreas en la Chiquitanía, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.

Poppe explicó que la autorización de los chaqueos se deben realizar por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional  y no por decreto. Agregó que actualmente, nadie se prestaría a aprobar una ley en este sentido y ponerle su firma a las millones de hectáreas incineradas.

El recurrido en este proceso es el presidente Evo Morales, por ser quien emitió el Decreto. En ese entendido, el TCP dio un plazo de 15 días al primer mandatario para responder.

El Tribunal dispuso “poner la presente acción normativa en conocimiento de Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en representación del ente emisor de la norma impugnada, a objeto de su apersonamiento y formulación de alegatos que considere necesarios, en el plazo de quince días, a partir de su legal notificación”.

Una vez que llegue la respuesta de Morales, el Tribunal Constitucional tendrá 30 días para emitir una sentencia.  

Poppe destacó que, con la admisión, el TCP consideró que existen suficientes elementos para poner en tela de juicio la constitucionalidad del Decreto, que permite chaqueos en Santa Cruz y Beni. 

“Esta es una esperanza, es una señal es una luz al final del túnel que debemos celebrar todos los bolivianos, pues creo yo que en un mes y medio máximo vamos a tener una respuesta de este Tribunal de frente a este problema que no solamente ha generado impacto en el contexto nacional, sino que ha sido de mucha preocupación también en el ámbito internacional”, resaltó.

El opositor sostuvo que este es un revés para Evo Morales. En tono irónico, dijo que ahora el primer mandatario llamará a los magistrados para darle un “jalón de orejas”.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Erbol

30 Agosto 2019

El gobernador de Beni, Alex Ferrier, defendió hoy el Decreto Supremo 3973 aprobado en julio de este año por el presidente Evo Morales, que autoriza el desmonte y quema controlada para actividades agropecuarias y dijo que la norma permite el desarrollo de su departamento.

Ferrier calificó de "mentirosos" a los sectores que atribuyen a ese decreto el incendio de magnitud que se registra en la Chiquitania.

Explicó que la norma sólo incorpora a ese departamento amazónico al Decreto 26075 aprobado en 2001 por Hugo Banzer Suárez, a pedido de los propios benianos. "Ese decreto se promulgó después de 18 años que los benianos pedimos que nos incorpore, para ampliar nuestra capacidad agropecuaria", puntualizó.

La autoridad aseguró que para su aplicación el Beni está elaborando el mejor Plan de Uso de Suelos (PLUS) en las áreas clasificadas.

"Ahora critican estos decreto, que no está reglamentado para atacar al Presidente", puntualizó al asegurar que pretenden también "postergar" a esa región olvidada por años, "para que sólo seamos vendedores de materias primas, carne, arroz y no permitir el desarrollo".

"Una vez más se está atentando contra los benianos por la pelea política como se ha hecho en otras oportunidades (...) debemos lamentar que malos benianos por el tema político se presten a esta situación", enfatizó.

El Decreto 3973, promulgado por Morales, modifica el Decreto de Banzer e incluye a Beni como departamento donde se autoriza la quema y desmonte.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

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