Santa Cruz de la Sierra
18 Octubre 2018

Al menos, 13 empresas que fueron nacionalizadas en el Gobierno de Evo Morales operan como privadas, lo que les posibilita a sus máximos ejecutivos actuar al margen de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Safco), a no regirse en normas de contratación de bienes y servicios del sector público y no tener límites salariales como los sus demás funcionarios, denunció el senador Óscar Ortiz (UD).

Durante una conferencia de prensa, el senador Ortiz dio a conocer los resultados de una investigación referida a las empresas que fueron nacionalizadas y que hasta la fecha se mantienen como sociedades anónimas, en perjuicio de una verdadera fiscalización a su gestión, pues sus gerentes y directores se niegan incluso a presentarse ante el Legislativo con el argumento de que trabajan bajo el Código de Comercio.

“¿Cuál es el problema de que estas empresa sigan funcionando como Sociedades Anónimas?, que estas empresas se escudan en su condición de sociedades anónimas, que es una figura del Código de Comercio para las empresas privadas, y por ejemplo, no regirse en  por las normas de contratación de bienes y servicios del sector público, sino que contratan directamente como empresas privadas”, señaló.

El legislador señaló que en las 13 empresas nacionalizadas que continúan operando como si fueran privadas, el Estado tiene más del 90% de la propiedad accionaria, y a pesar que se aprobó la Ley de Empresas Públicas hace cinco años, hasta la fecha no se convirtieron en empresas estatales mixtas.

En la lista de nacionalizadas figuran YPFB Chaco S.A; YPFB Transporte; ENTEL; Compañía Eléctrica Central de Bulo Bulo S.A.; Empresa Eléctrica Central Bulo Bulo S.A; Empresa Eléctrica Corani S.A.; Empresa Eléctrica Guaracachi S.A.; Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A; Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba-ELFEC S.A; Compañía Administradora de Empresas Bolivia S.A. (CADEB); Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro S.A; Empresa de Servicios (EDESER S.A y Transportadora de Electricidad S.A (TDE-SA).  

Redacción: Leo.com

Fuente: Radiofides

 

 

18 Octubre 2018

Miguel Castaños, abogado de Juan Pari, principal implicado en el desfalco millonario al Banco Unión, denunció que su defendido fue víctima de una brutal golpiza el fin de semana de parte de funcionarios policiales, en la cárcel de Chonchocoro.

“Ha sido golpeado por funcionarios policiales. Tiene que investigarse quiénes son los funcionarios, porque no se olvide que en el centro de Chonchocoro existe un director o gobernador, a quién también estamos poniendo en conocimiento al fiscal a efectos de que informe el porqué la conducta de los funcionarios policiales”, dijo Castaños en contacto con ERBOL.

Según el jurista, Pari y otros tres reclusos de la cárcel de máxima seguridad fueron víctimas de la golpiza el pasado domingo 14 de octubre. Señaló que se enteró del flagelo por fotografías que le llegaron de una fuente cuya identidad quiso resguardar.       

“Ha sufrido golpes en las extremidades superiores e inferiores y flagelos en las piernas. Los han golpeado con palos brutalmente. Aquí tengo las fotografías que demuestran que así evidentemente ha sido”, agregó.

Indicó que no conoce los motivos de la golpiza y que está enviando un memorial al Ministerio de Gobierno, para que investigue las razones del suceso que viola los derechos humanos y convenios internacionales.

Asimismo, anunció que se está pidiendo al Ministerio Público que forenses vayan al penal de Chonchocoro para certificar las lesiones de los afectados.

Recordó que antes ya se había pedido el traslado de cárcel para Pari, porque temía por su integridad. Ahora, pidió a las autoridades del Gobierno que se intervenga el penal de Chonchocoro, porque estaría ocurriendo cosas "sucias" en su interior.

Redacción: Leo.com

Fuente: Erbol

 

 

15 Octubre 2018

El Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) anunció este lunes que presentará en las próximas horas ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT), una denuncia por actitudes que calificó de fascistas de parte militantes del gobierno de Evo Morales, que impiden el derecho al trabajo de varios ciudadanos del Chapare, como represalia a la adhesión a la candidatura de Carlos Mesa.

El secretario general de ese partido Walter Villagra declaró a ERBOL que rechazan la decisión de militantes del MAS y seguidores de Evo Morales, de expulsar de la población de Shinahota  a transportistas que viven de esa actividad y que, acogiéndose a la etapa de preinscripción dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral,  decidieron inscribirse al FRI para participar en las elecciones primarias.

Dijo que el fascismo es un movimiento político de carácter totalitario y antidemocrático que surgió entre 1918 hasta 1939 en Europa, donde hacer política contraria a la ideología del gobierno era delito. Ese hecho se está repitiendo en Bolivia porque Evo Morales ha decidido enviar a sus sindicatos a impedir la inscripción de militantes de libros de los partidos opositores que ingresaron a  las poblaciones del Chapare cochabambino.

“Hay convenios ratificados por Bolivia, protegiendo principalmente los derechos humanos y el derecho de los trabajadores quienes en el Chapare fueron agredidos de manera fascista por militantes del MAS. Esas acciones no están dentro los principios que ha lanzado la OIT y que son ley en el país”, manifestó. 

Manifestó que Bolivia ratificó el 04 de julio de 1950 el Convenio CO87 sobre la “libertad sindical y la protección del derecho de sindicación”, donde el Estado boliviano se obliga a garantizar las actividades sindicales.

Citó que el artículo 2 señala que “los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas”.

Adicionalmente ratificó el C-111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) que fue ratificado por Bolivia y entró en vigor el 31 enero 1977, donde se afirma que “todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades, y considerando además que la discriminación constituye una violación de los derechos enunciados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Explicó que a los efectos del Convenio, el término discriminación comprende  cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.

Añade además que los términos “empleo y ocupación” incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo.

Villagra sostuvo que como partido legalmente habilitado, elevarán una protesta ante el Tribunal Supremo Electoral y pidiendo también garantías, dado que fue ese poder público, el que convocó a la fase de inscripción de militantes. También enviarán una carta similar al presidente Evo Morales para que se entere de la denuncia internacional y que el entorno palaciego evite ocultar la misiva tal como hace con muchas denuncias que hace la población.

Explicó que le recordarán a Evo Morales que después de haber marchado el 10 de octubre por la defensa de la democracia, “está actuando de manera fascista” al mandar a sus sindicatos” a bloquear la actividad de los partidos políticos y hostigar a los trabajadores para que no respaldar a fuerzas contrarias al masismo.

Redacción: Leo.com

Fuente: Erbol

 

 

12 Octubre 2018

Un grupo de militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) atacó un punto de inscripción del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) en la región de Shinahota, Trópico de Cochabamba, denunció Fernando Galindo en su muro de Facebook.

“Descaro y atropello de los masistas en Shinahota, se roban banner del candidato Carlos D Mesa, por orden de su dirigente cocalero Leonardo Loza, quien los intimida a muchos de la región a no inscribirse en partidos de la oposición... Lo que hacen los masistas es apología del delito...

... Leonardo Loza no va a permitir gente de otros partidos en el trópico... Muchos por temor no se inscriben, se habrán robado el banner, pero no los libros...”, escribió Galindo.

En el video difundido se ve a un grupo de personas vestidas de azul que arrebatan el cartel del punto de inscripción y lo meten a una vagoneta, y luego agreden a las personas que reclaman.

El vehículo en el que se movilizan las personas afines al Gobierno es una vagoneta Land Cruser Toyota con placa 2884ESB, que según el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) es un auto de uso oficial con radicatoria en Villa Tunari.

Galindo denunció en su cuenta de Facebook que las acciones de hostigamiento a partidos opositores al gobierno tienen que ver con una directiva del dirigente de los cocaleros, Leonardo Loza.

Loza comentó el lunes que el candidato a la presidencia por el FRI, Carlos Mesa, “representa el peor desastre que ocurrió en el país” y que “no es ningún rival para el MAS”.

Mesa fue presidente de Bolivia desde el 17 de octubre de 2003 hasta su renuncia el 9 de junio de 2005. En 2014 fue nombrado por el presidente Evo Morales vocero de la demanda marítima de Bolivia contra Chile.

Redacción: Leo.com

Fuente: Noticiasfides

 

 

 

09 Octubre 2018

Paola Barriga, la abogada de Franklin Gutiérrez, presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), anunció que presentará una demanda contra  el Estado de Bolivia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La denuncia tiene como base “vulneración de derechos y aprehensión ilegal e indebida”, realizada por organismos del Estado contra Gutiérrez dijo la abogada Barriga.

La denuncia presentada por Gutiérrez, mediante su defensa, será “analizada” por la CIDH, aunque no determina tiempos para señalar si la acción es aceptada o no por ese organismo internacional.

El pasado 28 de agosto, el juez octavo de instrucción en lo Penal, Orlando Rojas, determinó enviar a la cárcel de San Pedro a Gutiérrez, acusado de los delitos de asesinato en grado de instigación y tentativa, además de portación ilegal de armas, entre otros. Para el Gobierno el dirigente cocalero organizó los enfrentamientos en La Asunta que dejaron el saldo de tres personas muertas (un policía y dos cocaleros).

Redacción: Leo.com

Fuente: Radiofides

18 Septiembre 2018

Los diputados Wilson Santa María y Rafael Quispe presentaron el martes en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) una denuncia por los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y consorcios contra la jueza Patricia Pacajes.

El memorial fue presentado esta mañana ante la FELCC, para que la autoridad jurisdiccional sea sometida a una investigación por los tres delitos que hubiera cometido en el ejercicio de sus funciones.

“Contra la jueza hemos presentado una denuncia por prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, consorcios y se intervenga su oficina como lo hizo la FELCC en otros casos. Este es un pedido de acción directa”, declaró el diputado Santamaría.

Los legisladores asumieron la acción después que el Consejo de la Magistratura no ha asumido acciones, por lo menos de suspensión de sus funciones, pero además los diputados no confían en las instancias disciplinarias de la institución.

Asimismo, el legislador cuestionó que ahora las autoridades dilaten asumir acciones contra la jueza, porque supuestamente se debe verificar el audio; cuando en el pasado en otros casos de corrupción de fiscales se procedió a su suspensión o en su caso a su destitución.

“¿Pero qué nos importa cómo o de dónde viene el audio señor Fiscal General?, sus vendettas y líos no es nuestro problema. Ud y sus secuaces han perjudicado gente inocente. Han protegido a la médico forense y destruido la vida de personas”, sostuvo el diputado.

Este pasado lunes se conoció un audio que supuestamente pertenece a la jueza Pacajes, que revela la forma en la que se sustanció el caso del bebé Alexander y en el que reconoce que sabía que el médico Jhiery Fernández fue denunciado sin pruebas en  noviembre de 2014, porque no hubo el delito de violación.

Redacción: Leo.com                      

Fuente: Radiofides

07 Septiembre 2018

El Gobierno, mediante el Viceministerio de Transparencia, denunció un hecho de “megacorrupción” de parte del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, y sus colaboradores, respecto al proyecto “Ciudad Segura”, en el cual se calcula un daño económico al Estado de al menos 29 millones de bolivianos.

El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, sostuvo que este hecho es “mucho más grave” que las compras de mochilas escolares, y que con esto se observa que Demócratas ha puesto en marcha en Cochabamba una red dedicada de manera de manera sistemática a la corrucpción.

La nueva denuncia es por las adquisiciones de cámaras de seguridad con sus aditamentos y torres de telecomunicaciones con enlaces de fibra óptica, que la Alcaldía realizó en el marco del proyecto “Cochabamba Ciudad Segura”.

Respecto a las cámaras de seguridad, Jiménez explicó que en ese proyecto la Alcaldía de Cochabamba, teniendo un presupuesto de 14 millones de bolivianos en 2016, contrató de manera directa en tiempo “récord” (27 días) a la empresa Huawei por 69 millones de bolivianos, en dos lotes, uno de más de 64 millones y otro que supera los 4 millones.                             

El Viceministro observó que también el pago del primer lote de 64 millones de bolivianos se hizo en tiempo “récord” el 28 de diciembre de 2016, pero no existe el acta de recepción definitiva, es decir, el documento que certifique que los equipos entregados se adecúan a las especificaciones.

Señaló que además, el Viceministerio realizó cotizaciones de varios ítems de esa contratación y logró establecer que hubo precios “inflados”, como por ejemplo el hecho que se pago 7 millones de bolivianos por 200 cámaras domo, cuando éstas se pueden conseguir a 4 millones.

Señaló que en la evaluación parcial de los precios en la compra de las cámaras y sus aditamentos, el daño económico es superior a los 22 millones de bolivianos.

Respecto a las torres de telecomunicación, el Viceministro señaló que la Alcaldía de Cochabamba contrató a la empresa Hansa por 38 millones de bolivianos, con similares irregularidades en el tiempo de contratación, habiendo pagado los adelantos el 22 de diciembre de 2016.

Indicó que en el caso de las torres el daño económico calculado es superior a los 6 millones de bolivianos, que sumados a los más de 22 millones de las cámaras, suman los 29 millones que se habría afectado al Estado por parte de la administración de Leyes.

Jiménez infirmó que este viernes se está presentando la denuncia penal por los delitos de malversación, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, en contra de José María Leyes, quien está con detención domiciliaria; Velka Krellac, que era directora de Seguridad Ciudadana; Diego Moreno, que era secretario de Finanzas; además de otros 12 funcionarios.

El Viceministro indicó que se dependerá del Ministerio Público determinar si investiga a las empresas.

Redacción: Leo.com                      

Fuente: Erbol

04 Septiembre 2018

El senador opositor Arturo Murillo informó este martes que denunciará a los siete vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ante la sala plena, por faltas graves y gravísimas por las reuniones secretas con el presidente Evo Morales.

“Vamos a presentar una denuncia por faltas graves y gravísimas (en contra de) los siete vocales Katia Uriona, José Exeni, María Choque, Antonio Costas, Lucy Cruz, Idelfonso Mamani y Carmen Sandoval porque hay principios que no se cumplieron como la imparcialidad, sabemos que Morales se aferra a su candidatura ilegal y obtuvo información privilegiada de los vocales, incluso (el Presidente que) les haga cambiar lo que él quiere. En su entrevista reveló que los indígenas pueden ser candidatos sin (necesidad) de un partido (político) y eso iba a partir al MAS, confiesa él; entonces (el mandatario) les ordena que cambien la ley y la modifican (los vocales), eso demuestra la clara injerencia a lo que están sujetos”, señaló.

 El legislador explicó que existen los canales correspondientes para que el Ejecutivo y el Órgano Electoral coordinen temas de interés nacional pero no en reuniones secretas y menos en la “residencia presidencial” sino públicamente ante los medios de comunicación y los ojos de los ciudadanos. Incluso, Morales podría haber acudido a su delegada en el Órgano Electoral, Lucy Cruz, para informarse y no violar la independencia de poderes.

“Está en juego la democracia, si Morales es candidato a la fuerza entonces la democracia será ‘asesinada’ en complicidad de (los vocales) del TSE. Los bolivianos debemos mantener una movilización constante para que esta ley caiga como cayó el Código Penal, no podemos ser cómplices de la muerte de la democracia en el país”, subrayó.

Redacción: Leo.com                      

Fuente: Radiofides

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