Santa Cruz de la Sierra
21 Febrero 2017

Donald Trump ha abierto la puerta a las deportaciones masivas. Las nuevas directrices del departamento de Seguridad Interior, difundidas este martes, entierran el legado de Obama y amplían la persecución a casi todos los sin papeles. No se trata solo de que los funcionarios incrementen sus competencias o de la contratación de 15.000 nuevos agentes. El núcleo de la ofensiva migratoria radica en la posibilidad de aplicar las expulsiones inmediatas a prácticamente todos aquellos que lleven menos de tres años en el país.

El giro es radical. El país que se hizo grande con la emigración le da la espalda ahora a 11 millones de indocumentados, la mitad mexicanos. Hasta ahora los agentes tenían como objetivo prioritario la captura de todos aquellos que hubiesen cometido un delito grave. Con las nuevas directrices el foco se amplía y se reducen a “extremadamente limitadas excepciones” los casos que se libran de la norma.

“Todos aquellos que violen las leyes de inmigración pueden ser sujetos de los nuevos procedimientos, incluyendo la expulsión de Estados Unidos”, dice la directriz.

También se restringe la práctica de dejar en libertad condicional a los detenidos. “Esta medida será usada excepcionalmente y solo en los casos donde, después de un atento estudio de las circunstancias se considere necesaria por razones humanitarias o por un significante beneficio público”, reza la orden.

Ahora, el objetivo es devolverles lo antes posible a sus países de origen. Para ello, se rompen los candados del proceso de expulsión inmediata. Esta modalidad se aplicaba hasta ahora a aquellos inmigrantes que hubiesen pasado menos de dos semanas en el país y estuviesen a no más de 160 kilómetros de la divisoria.

Con la nueva directriz, se anulan los límites geográficos y se extiende su aplicación a todos aquellos que lleven hasta dos años en territorio estadounidense. Sólo quedarán fuera los menores, los peticionarios de asilo y quienes pueden demostrar la legalidad de su estatus migratorio.

En este plan, México figura como gran diana. El Gobierno de Trump considera prioritario asegurar la frontera sur. Para ello pone en marcha con carácter inmediato la búsqueda de fondos para “diseñar, construir y mantener el muro”. En esta línea, también abre el proceso para “identificar y cuantificar todas las fuentes directas o indirectas de ayudas federales y asistencia al Gobierno mexicano”.

Esta iniciativa tiene como fin fijar la cantidad que el vecino del sur recibe de Washington y utilizarla para forzar el pago del muro por parte de México, uno de los axiomas del presidente de Estados Unidos.

Fuera de estos planes queda, según los borradores, el programa de Obama destinado a proteger a los dreamers, los menores escolarizados que llegaron sin papeles a Estados Unidos. Un sistema que ha permitido otorgar permiso de trabajo a 750.000 inmigrantes y que el propio Trump ha reconocido, en tono de culebrón, que le será complicado liquidar.

 “La situación de estos menores es muy difícil para mí, mucho… porque yo amo a esos niños; yo mismo tengo niños y nietos, y encuentro muy, muy difícil hacer lo que las leyes ordenan. Y todos saben que la ley es dura”, dijo la semana pasada..

Redacción: Leo.com.bo                                              

Fuente: AFP

 

 

07 Febrero 2017

La misión oficial del gobierno que vino a la Argentina salió satisfecha de la reunión con el vicecanciller Pedro Villagra, porque se descartó una posible ola de deportaciones de los bolivianos ilegales y que la mayoría de los connacionales llegan para trabajar de manera honrada, aunque las autoridades admiten que hay una mínima cantidad de bolivianos detenidos por delitos del narcotráfico.

La comisión estuvo conformada por el ministro de Desarrollo Rural, Cesar Cocarico, el viceministro de Comercio Exterior, Clarems Endara, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, e ingresó acompañado por el embajador Santos Tito y el cónsul Ramiro Tapia que trajeron la posición boliviana con relación al decreto migratorio.

Cocarico dijo que el primer elemento de la reunión a rescatar y es el hecho de que el decreto precautela el ingreso de personas que cometan delitos en territorio argentino, es decir, es un decreto de cuidado.

“Había una interpretación de la comunidad boliviana en sentido que se utilizaría el decreto como argumento para que en cualquier situación, los bolivianos sean deportados de territorio argentino, creo que hay que desechar esa primera idea y, obviamente, es un hecho que merece una aclaración  hacia nuestra comunidad”, declaró la autoridad.

Anunció que en la reunión que sostendrán con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, podrán consolidar estas aclaraciones para continuar con las relaciones armoniosas que siempre existió entre Bolivia y Argentina. El encuentro se producirá es martes por la mañana (10:00 Hora boliviana) y en la tarde serán recibidos por el director de migración argentina.

Sostuvo que la estigmatización se dio más por los medios de comunicación y por ello la reunión con el vicecanciller “fue muy positiva porque no es el  hecho de estigmatizar absolutamente a nadie y tampoco el objetivo de la norma es implementar un proceso de regularización, sino por el contrario, cuidar el ingreso de delincuentes a territorio argentino o de no permitir la estadía de delincuentes, eso lo hace cualquier país”, indicó.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales también salió satisfecho frente al clima negativo que se ha generado tras el decreto y señaló que está claro que la norma no es para estigmatizar a los bolivianos con temas del tráfico de drogas.

Gonzales sostuvo que demostraron al vicecanciller que en la provincia de Buenos Aires, en el sistema carcelario, hay aproximadamente 39 mil presos. De esa cantidad, 190 son bolivianos, y de esos, 14 están vinculados a causas del narcotráfico

“El hecho de vincular al narcotráfico es una injusticia un atropello, que no es lo que busca la norma, sino es lo que se ha generado en medios de  comunicación. Hemos notado un aflojamiento, porque el ánimo de esta visita es bajar las tensiones. No nos interesa seguir inflando y generando discrepancias o diferencias, no vamos a hacerlo de esa manera”, manifestó. 

El cónsul boliviano, Ramiro Tapia, informó que a partir de ahora iniciará contactos con la colectividad boliviana para “devolverle la tranquilidad”, porque el derecho a la ciudadanía está garantizado, así como la reinserción familiar para que cualquier boliviano que tenga familia en Argentina venga a integrarse a su familia, también se respetará el derecho al trabajo digno, el derecho a la salud y educación.

“Estamos dando pasos sólidos para devolver tranquilidad a los bolivianos que en todo caso es una persona honesta, trabajadora, y no hacía falta epítetos innecesarios con anterioridad. El gobierno boliviano seguirá trabajando en favor de los compatriotas”, declaró.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Erbol

24 Octubre 2016

Un enorme cartel incita a las mujeres indocumentadas de la ciudad de Austin, en Texas, a buscarse un "sugar daddy" o compañero adinerado, para evitar la deportación, y fue inspirado en las promesas de campaña de Donald Trump, según admitió la empresa.

Se trata de la última estrategia de mercadotecnia del sitio de internet para citas Arrangement Finders, el cual se autodescribe como una página que conecta a mujeres y hombres que buscan llegar a acuerdos con "beneficios mutuos".

En el cartel aparece una joven latina con los colores de la bandera mexicana de fondo con la leyenda: "¿Eres una inmigrante indocumentada? Consíguete a un rico para evitar la deportación". El cartel ya se viralizó y ha causado la indignación de la comunidad inmigrante de todo la nación.

Cesar Espinoza, director ejecutivo de la organización pro inmigrante FIEL, dice que es una falta de respeto para todos, en especial a las mujeres inmigrantes de la comunidad latina, sin embargo confesó que este tipo de cosas ya no le sorprenden.

"Se esta viendo el efecto (de Donald) Trump", afirmó en referencia al candidato presidencial republicano que ha prometido deportar a todos los inmigrantes en situación irregular.

El jefe de mercadotecnia del sitio de internet, Jacob Webster, dijo al canal Fox 7 que se había inspirado en las promesas del magnate republicano de deportar a 11 millones de indocumentados, y que el cartel le ha dado muy buenos resultados ya que ha incrementado el número de suscripciones, las cuales son gratuitas para las mujeres.

Webster dice que un tercio de sus clientas son latinas y que pensó que esta era una buena manera de atraer a esta población. Sin embargo, no todos piensan lo mismo ya que la idea para este cartel fue rechazado en muchos de los mercados latinos.

"Nos aprobaron en varios sitios, pero nos negaron en muchos otros más", dijo Webster a Fox 7, añadiendo que Los Ángeles, San Diego, Phoenix y Dallas no lo aprobaron.

Y es que además de lo denigrante que es para la comunidad latina, a muchos les preocupa que el cartel promueve la unión fraudulenta con el propósito de ajustar el estatus migratorio, un crimen federal.

"Es un crimen federal que puede tener consecuencias muy graves", dice Espinoza, de la organización pro inmigrante basada en Houston. "Ademas agrega dolor a una herida ya hecha, promoviendo una idea insultante e ilegal". Por su parte, Webster dice que no tienen planes de remover el cartel y lo dejará durante cuatro semanas.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: Tvnws

12 Octubre 2016

El secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Jeh Johnson, aseguró  durante una visita a México que detuvo momentáneamente las deportaciones de haitianos, debido a la devastación que provocó el huracán Matthew en el país.

Desde mayo de 2016, la llegada masiva de migrantes haitianos puso en jaque, en su intento por llegar a los Estados Unidos, a las oficinas migratorias de Baja California (noroeste), estado fronterizo donde las autoridades calculan que hay 4.000 haitianos varados.

Johnson reconoció que hace dos semanas rescindió el estatuto especial que permitía a los ciudadanos de Haití pedir asilo en los Estados Unidos, el cual se estableció tras el terremoto de 2010, "así, los migrantes haitianos que llegaran a nuestro país ilegalmente debían ser tratados como los demás migrantes que entran ilegalmente a nuestro país", dijo.

Sin embargo, con la llegada de Matthew, que dejó mas de 1.000 muertos, 1,4 millones de afectados y una epidemia de cólera en la isla caribeña, se dio marcha atrás a la nueva política.

"Tuvimos que hacer frente a esa situación empáticamente con el pueblo de Haití", dijo Johnson, pero advirtió que, pasada la contingencia, intentará reanudar la política de deportaciones.

Por su parte, el secretario de la Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que su país está implementando políticas públicas para darles "condiciones humanas necesarias" a los migrantes haitianos varados en el país.

Osorio Chong también señaló que en la conversación sostenida con el secretario de seguridad interna se le solicitó que los Estados Unidos los reciban con mayor celeridad para resolver su situación migratoria.

Además, el ministro del interior estimó que el flujo de haitianos se incrementará en las próximas semanas debido a la emergencia actual que azota a la isla caribeña.

Redacción: Leo.com.bo

 

Fuente: AFP                                           

07 Octubre 2015

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, aseguró hoy que su gobierno no va a deportar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país, tal y como ha prometido hacer el multimillonario Donald Trump si es elegido presidente.

"No vamos a deportar a 11 millones de personas", dijo hoy Johnson a en la conferencia anual del Instituto del Caucus Hispano del Congreso (CHCI) en Washington. "No vamos a deportar una población similar en tamaño a la de la ciudad de Nueva York y a la de Chicago", añadió el responsable de Seguridad Nacional.

"Viven entre nosotros, los conocemos y se están integrando en la sociedad", razonó el secretario de Seguridad Nacional, quien aseguró que la prioridad para su departamento será la deportación de los indocumentados que son delincuentes y criminales, no separar familias.

Por otro lado, Trump ha prometido que si gana las elecciones presidenciales en 2016 deportará a los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos y que construirá un muro en la frontera.

Trump calcula que deportar a todos los indocumentados llevaría entre 18 meses y dos años. Sin embargo, según la organización conservadora American Action Forum (AAF), se tardaría 20 años en llevar a cabo este programa de deportación masiva en Estados Unidos.

El "think tank" o laboratorio de ideas Center for American Progress calcula que deportar a todos los inmigrantes indocumentados costaría a los contribuyentes estadounidenses 114.000 millones de dólares, un promedio de 10.070 dólares por indocumentado.

"Como nación soberana debemos proteger nuestras fronteras, pero construir un muro a lo largo de toda la frontera suroeste no es la respuesta", dijo el responsable de Seguridad Nacional respecto a la propuesta de Trump de construir un muro en la frontera con México. "Como alguien dijo una vez: 'Construye un muro de 4,5 metros y te enseñaré una escalera de 5 metros", añadió.

Washington quiere dar su apoyo al "Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte", lanzado conjuntamente por los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador para crear mejores oportunidades en sus países para que la inmigración sea una opción y no una obligación.

Redacción: Primicia.bo

Fuente: DPA

03 Septiembre 2015

La canciller colombiana, María Ángela Holguín, dijo que Venezuela comenzó a deportar ciudadanos de este país desde Caracas, 32 de los cuales llegaron al departamento fronterizo de Arauca (este).

Así lo aseguró Holguín durante un consejo extraordinario de ministros celebrado en Cúcuta al que asisten embajadores de 17 países acreditados en Bogotá y en el que divulgaron cifras sobre las deportaciones de colombianos desde Venezuela.

"Me acaban de avisar que acaban de llegar por Arauca 32 deportados que vienen de Caracas. Dicen que el tema en Caracas ya empezó. Así que están entrando los primeros deportados que vienen de la ciudad de Caracas", dijo la funcionaria.

Hasta ahora los más de mil colombianos deportados de Venezuela, y los cerca de 10.000 que salieron de ese país de manera apresurada en los últimos días para no correr la misma suerte, procedían del estado fronterizo de Táchira.

De otro lado, la canciller señaló que el Gobierno otorgará la nacionalidad colombiana a 158 venezolanos que han llegado al país en medio de la crisis fronteriza, según un primer censo realizado en albergues de Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con la canciller, desde que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cerró la frontera con Colombia el 19 de agosto pasado, han sido deportados 1.326 colombianos.

De esa cifra, 1.097 están en Cúcuta, cuyo paso fronterizo con la ciudad venezolana de San Antonio es el más activo entre los dos países y fue el primero cerrado por la orden de Maduro.

Otros 59 llegaron a Arauca y los restantes 170 a Maicao, la segunda ciudad del departamento de La Guajira, también fronterizo con Venezuela.

Redacción: Leo.bo

Fuente: EFE

01 Septiembre 2015

El cantante colombiano Juanes se manifestó hoy indignado con la situación humanitaria que enfrentan sus compatriotas expulsados de Venezuela, por decisión de Caracas, que cerró el paso fronterizo a la altura del estado de Táchira.

"Con mucha indignación, con mucha tristeza, yo cuando veo esas imágenes y recuerdo aquella época de hace ocho años es muy triste. Ese momento era un mar de gente celebrando, hoy ver la infamia y la falta de humanidad en este aspecto", sostuvo Juanes.

El intérprete de "La camisa negra" y múltiple ganador de premios Grammy recordaba así el recital por la paz que realizó junto a otros cantantes internacionales en 2007, precisamente en la frontera que hoy está cerrada, durante uno de los momentos de mayor tensión entre Bogotá y Caracas.

Colombia y Venezuela enfrentan un nuevo problema diplomático como consecuencia de la deportación de miles de colombianos asentados en zonas de frontera, por orden de Caracas que busca frenar la violencia en la zona y ponerle fin al contrabando.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Teleshow

26 Agosto 2015

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continúa arremetiendo contra las zonas en las que viven colombianos del lado venezolano de la frontera. Afirmó que el cierre es apenas "la punta del iceberg" de la respuesta que su gestión está dando a la "violencia paramilitar" y adelantó que en la reunión bilateral de este miércoles se dirán "verdades muy duras".

Más allá de los dichos del mandatario, lo cierto es que más de 500 familias en el área conocida como La Invasión, donde se ejecuta la "Operación de Liberación del Pueblo", tienen un plazo de 72 horas para desalojar sus casas.

De acuerdo a lo que informa El Nacional, las autoridades dividieron el asentamiento en 6 áreas y éstas, a su vez, en 62 subáreas. Todas fueron inspeccionadas para intentar encontrar a los responsables del atentado en el que resultaron heridos los tenientes Daniel Santaella y Alexis Rodríguez Arias, y el cabo primero Miguel Núñez Martínez.

Desde que el presidente venezolano ordenó el cierre de la frontera, por el puente internacional Simón Bolívar no paran de transitar centenares de colombianos deportados de Venezuela, a la espera de que la "firmeza" prometida por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ponga fin a esa crisis humanitaria.

"Solo nos dijeron que nos deportaban por ser colombianos. Nos decían ¿venezolanos o colombianos?, pues camine", relató Rocío Angarita sobre su expulsión del país en el que ha vivido los últimos 13 años.

La mayoría de los deportados llevaban viviendo en Venezuela varios años y señalaron que han sido expulsados de sus casas a empujones, en mitad de la noche, por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela. "Sólo nos dejaron ponerle los zapatos a los niños", agregó Angarita.

Algunos de los expulsados explicaron que cuando se marchaban, sus casas fueron derribadas con todos sus bienes en el interior, y añadieron que varios hogares habían sido marcados por los soldados venezolanos con la letra "D" de demolición y destrucción.

Las personas que fueron deportadas de La Invasión regresan por una trocha que da al río Táchira para buscar sus cosas con permiso de las autoridades venezolanas. Colchones, muebles, sillas, bolsos y hasta refrescos y cerveza se los echaron al hombro y, con ayuda de agentes de la Policía Nacional de Colombia, para evitar que la corriente se los llevara, cruzaron el río que sirve de límite entre los dos países hasta el sector La Parada.

Por su parte, el alcalde del municipio Pedro María Ureña, Alejandro García, afirmó que quienes tienen almacenado combustible de manera indebida se están deshaciendo del hidrocarburo a través de drenajes en sus viviendas. Las autoridades han indicado que la "Operación Liberación del Pueblo" se ejecutará en esa localidad en las próximas horas.

"Exhortamos a todos los que negocian con gasolina que no se han podido llevar a Colombia a que, por favor, desistan de tirarla en cañerías porque están convirtiendo esto en una bomba de tiempo. Los gases acumulados pueden hacer una explosión", advirtió García, quien indicó que ya ocurrió un estallido en el barrio La Esperanza a causa de esa situación.

Gladys Navarro, su esposo y sus tres hijos fueron sorprendidos por las patadas que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, armados con fusiles, les daban a la puerta y muebles mientras ellos dormían. El diario colombiano El Tiempo informó que Navarro, que estaba en pijama, vivía en ese barrio desde hacía 10 años, pero eso no les importó y la sacaron a empujones.

Ni sus tres pequeños hijos se salvaron del supuesto "censo" que los uniformados dijeron que iban a realizar y que se convirtió en lo que los colombianos deportados han denominado "un plan de limpieza".

Por su parte, Yormari Castaño, residente del barrio Ezequiel Zamora, denunció que la llevaron a un parque con sus dos pequeñas sobrinas. Allí, decenas de colombianos no entendían lo que ocurría. La zozobra fue peor cuando los hombres de la Guardia empezaron a marcar con una "R" o una "D" las casas en las que llevaban varios años viviendo. Horas después se dieron cuenta de que las primeras habían sido "revisadas" y las segundas serían "demolidas".

Redacción: Leo.bo

Fuente: Reuters

 

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