Santa Cruz de la Sierra
18 Octubre 2019

Un perro callejero se ganó el cariño de los cruceños tras aparecer en las redes sociales como el fiel acompañante de la X Marcha de Pueblos Indígenas que recorrió Santa Cruz con el pedido de respeto a la Chiquitanía.

“Penoco” es el nombre del perro marchista que, según las fotografías, aparece acompañando a los marchistas en la carretera y en la plaza 24 de Septiembre.

En los cientos de comentarios, los usuarios cautivados por esta tierna historia piden un hogar para Penoco.

“Penoco recorrió kilómetros encabezando la marcha hasta llegar a la plaza 24 de Septiembre, gracias Penoco por esa Rebeldía y Resistencia”, dice la publicación de El Chaco, la página que hizo seguimiento a la marcha.

Penoco, es el nombre de un árbol típico del oriente boliviano.

Las 316 personas que protagonizaron la X Marcha Indígena y que llegaron a Santa Cruz después de 31 días de recorrido desde San Ignacio de Velasco pide la declaratoria de desastre nacional por los incendios en la Chiquitanía, así como la nulidad de normas que promueven los desmontes y quemas.

Los marchistas exigen la atención del Gobierno.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

18 Octubre 2019

Las 316 personas que protagonizaron la X Marcha Indígena y que llegaron a Santa Cruz después de 31 días de recorrido desde San Ignacio de Velasco esperan la atención del Gobierno a sus demandas de declaratoria de desastre nacional por los incendios en la Chiquitanía, así como la nulidad de normas que promueven los desmontes y quemas.

Según el vocero de la marcha, Adolfo Chávez, el grupo permanecerá en el atrio de la Catedral de Santa Cruz, en la plaza 24 de Septiembre, pese al Auto de Buen Gobierno por las elecciones generales.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) criticó a los dirigentes de la marcha e indicó que serán recibidos por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, pero sin condiciones.

Chávez lamentó la insensibilidad del Gobierno, pese a que el grupo recorrió 480 kilómetros y aseguró que permanecerán en el lugar hasta ser escuchados.

Reiteró que las principales demandas de la marcha son la declaratoria de desastre nacional por los incendios que calcinaron 3,6 millones de hectáreas en la Chiquitanía; exigir al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la reversión de “tierras dotadas de forma ilegal” a comunidades del occidente del país, y la aplicación de la consulta previa, libre e informada para la realización de cualquier proyecto petrolero, minero o carretero en territorio indígena.

En tanto, el presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Edgar Montaño, calificó la marcha de política por estar próxima a las elecciones. Indicó, además, que Romero los convocó el miércoles a una reunión, pero los líderes indígenas condicionaron el diálogo a la anulación de antecedentes de quienes estuvieron vinculados en el Fondo Indígena.

Indígenas reciben apoyo de cívicos

La X Marcha Indígena que llegó a Santa Cruz proveniente de San Ignacio de Velasco recibió ayer la visita y apoyo del presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien destacó la entrega y el compromiso de los marchistas con la región.

“Nosotros tenemos que tomar el ejemplo para poder seguir defendiendo nuestra tierra y vamos a estar acá apoyándolos, más allá de cualquier interés que exista, porque aquí no hay políticos ni ningún tipo de colores, es apoyo totalmente como cruceños, bolivianos”, dijo.

Otras instituciones también expresaron su respaldo a los indígenas.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

17 Octubre 2019

El presidente de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), Luis Héctor Tamo, denunció este jueves que el Gobernador de Beni, Alex Ferrier (MAS), pretende aprobar una Ley departamental de uso de suelos en beneficio de los ganaderos.

El Gobernador “no ha hecho conocer (la modificación de la Ley de uso de suelos) a todo el movimiento indígena del Beni, sino, ha sido a puros ganaderos y sectores empresariales. Pero al Movimiento Indígena del Beni, no. Por eso la observación. Nadie conoce a fondo lo que tiene esa Ley”, manifestó Tamo a ANF.

El líder indígena aseguró que desconocen la norma que pretender regular el uso de suelos en el departamento de Beni, porque nadie les informó. Además, dijo que este jueves el movimiento indígena se reunirá en el Beni para decidir sobre el tema.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Noticiasfides

17 Octubre 2019

La Presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa se sumó a la asistencia de salud, abrigo, alimentación, medicamentos y rehidratación a la marcha indígena que llegó a Santa Cruz.

La 10ª Marcha Indígena arribó anoche a la capital cruceña  luego de una titánica caminata a lo largo de casi 500 km. durante 30 días.  Son aproximadamente 260 mujeres y hombres, jóvenes, mujeres y niños, que llegaron a la misa de la Catedral y decidieron pernoctar en el atrio.

Anoche la presidenta del Legislativo llegó a saludarlos, a agradecerles por su sacrificio en defensa de los bosques chiquitanos y manifestarles su solidaridad. Inmediatamente las ambulancias y el personal médico del Sistema de Emergencias de Salud Municipal atendió a cada persona y disponen de los baños municipales. Esta mañana les envió  desayuno, bebidas rehidratantes y comprometió su ayuda en lo que necesiten para el restablecimiento de su salud.

Redacción: Leo.com      

Fuente: GAM

10 Octubre 2019

La organización Jatarishun, una unión de grupos indígenas en Ecuador, informó que desde ayer retiene a 47 militares y 3 vehículos de las Fuerzas Especiales, y pidió el cese a la violencia en las protestas contra las medidas económicas del presidente Lenín Moreno.

Jatarishun justificó la decisión al decir que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) había decretado el Estado de Excepción, limitando el tránsito de personas ajenas en sus territorios, donde los militares fueron encontrados.

“Al ser interrogados por las autoridades indígenas, sobre el traslado por esa zona no justificaron el motivo, por lo que se procedió a retener al personal militar en mención”, informó la unión indígena en un comunicado.

“Garantizamos los derechos humanos, físicos, psicológicos y de sobrevivencia en situación de conmoción social”.

En el documento, las autoridades indígenas pidieron el cese a la represión y aseguraron que las manifestaciones se realizaban de manera pacífica.

“(Exhortamos) cesen la represión en contra de nuestros hermanos indígenas y la liberación de nuestros hermanos y hermanas que se encuentran privados de sus libertades”, pidieron.

Jatarishun además exigió la comparecencia del Comandante de las Fuerzas Especiales #9, a la que presuntamente pertenecen los militares, por los hechos.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias           

08 Octubre 2019

Manifestantes indígenas tomaron hoy el edificio de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador al grito de "¡fuera Moreno fuera!", tras tirar abajo las verjas de seguridad que rodaban la sede.

La sede se encuentra cerca de un parque de Quito que servía de lugar de concentración a unos 10.000 miembros de colectivos indígenas, en la víspera de una marcha con la que esperan la derogación de recientes medidas económicas o la salida del presidente Lenín Moreno.

La toma de la sede parlamentaria se realizó en la calle Yaguachi de Quito, donde los manifestantes alcanzaron la plaza central compuesta por varios peldaños, desde la que se accede al edificio, ondeando banderas tricolores y de organizaciones de base, constató Efe.

El nutrido grupo de manifestantes logró romper el cerco de seguridad en la entrada principal del edificio y posteriormente un grupo de dirigentes, vestidos con ponchos y bastones llegaron al lugar donde se encontraba la fuerza pública, informó la emisora local Radio Calle.

Los dirigentes han solicitado a los manifestantes que mantengan la calma y no provoquen innecesariamente a las fuerzas de seguridad, y llegaron al lugar con las manos en alto.

Uno de ellos relató a la emisora que una vez que tomaron el hall del Parlamento, las fuerzas comenzaron a disparar gases lacrimógenos.

También se escucharon varias detonaciones en la aledaña Avenida 6 de Diciembre, a donde llegaron vehículos blindados antimotines.

En las inmediaciones del edificio también había miembros de la Policía Montada.

Los disturbios y protestas en diferentes puntos del país se registran desde el pasado jueves a raíz de medidas económicas adoptadas por el Gobierno como la retirada del subsidio a los combustibles.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

 

08 Octubre 2019

La sociedad civil boliviana que integra a pueblos indígenas e instituciones defensores de Derechos Humanos de Bolivia, denunció este martes ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) al Gobierno de Evo Morales, por llevar adelante un modelo del agronegocio y ganadería que provocó este año la deforestación e incendios forestales sobre más de 5 millones de hectáreas de bosques en la Amazonía, promover actividades extractivistas en Áreas Protegidas (AP) e incumplir con la consulta previa, libre a informada a indígenas en ocho casos emblemáticos.

La líder indígena de la comunidad amazónica de San José de Uchupiamonas, Ruth Alipaz Cuqui, fue la encargada de dar lectura al informe elaborado por la Alianza por los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, coalición de 50 organizaciones defensoras y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios Campesinas y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) en audiencia instalada en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

"Como mujer indígena, tengo la responsabilidad de hacerles conocer que las políticas económicas para promover el agronegocio y ganadería, están ocasionando la deforestación e incendio de más de 5 millones de hectáreas de bosques de la Amazonía boliviana", empezó su alocución Alípaz, en la audiencia especial para la sociedad civil de los Estados miembros, que se constituye en la pre-evaluación de Bolivia a un mes de su Examen Periódico Universidad (EPU) ante la ONU.

Con el respaldo del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que contempla de manera categórica denuncias de violación de los derechos de los pueblos indígenas y del medioambiente, la indígena dijo que el Estado boliviano logró importantes avances en el reconocimiento constitucional de los derechos al medio ambiente saludable y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, pero que la realidad contradice la norma.

"Recientemente, se ha ratificado mediante ley 1182 del 3 junio de 2019 el Acuerdo de Escazú, sin embargo en la actualidad, 28 millones de hectáreas, que representa el 25% del territorio de mi país, han sido reservadas para exploración y explotación hidrocarburífera. Esto compromete al 38% de los territorios indígenas titulados, poniendo en riesgo de exterminio a nuestros pueblos", aseguró.

La gravedad de la situación -alertó Alípaz- no guarda relación con las recomendaciones que Bolivia ha recibido en los dos anteriores ciclos de evaluación. "De 315 recomendaciones, solamente cuatro se refieren a medio ambiente, tres al agua y tres a consulta previa a pueblos indígenas", dijo en alusión al EPU al que se sometió el Estado boliviano el 2014.

"Necesitamos de su apoyo para mejorar esta situación y no sea invisibilizada por nuestro Estado; especialmente en la comunidad internacional. Para ello aportamos la siguiente evidencia de incumplimiento de las obligaciones internacionales, en base a 23 casos emblemáticos entre los que destacamos Tipnis, El Chepete-Bala, Rositas, Tariquía y ahora Chiquitanía", sostuvo.

Con voz firme dijo que las disposiciones constitucionales de protección y conservación del medio ambiente son incumplidas por normas que promueven actividades extractivas como la Ley minera 535 de 2014 y el decreto supremo 2366 de 2015, que permite realizar actividades hidrocarburíferas dentro de las áreas protegidas y los territorios indígenas.

En ocho casos emblemáticos dijo que se viola el derecho a la consulta previa para actividades hidrocarburíferas, minería y construcción de infraestructuras.

"A pesar de que existe la normativa para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario, las actividades extractivas están invadiendo los territorios en los que habitan poniendo en alto riesgo su existencia", aseguró en el foro internacional.

En cuanto a los defensores de derechos humanos reiteró la denuncia de 2014, que la Ley 351 ha deteriorado las condiciones para desarrollen su labor, en especial de las mujeres defensoras.

"Es censurable que la mayoría de estos ataques provengan de las más altas autoridades, como el caso del Ministro del Interior a las defensoras Paola Gareca y Ruth Alipaz Cuqui", dijo en referencia a su experiencia y de otra líder de la reserva Tariquía.

Alípaz solicitó a los Estados miembros de la ONU considerar algunas recomendaciones para Bolivia como la implementación del acuerdo de Escazú, la derogación de la ley 535 y los decretos supremos 2366 y 2992, por ser contrarios a este derecho.

También solicitó impulsar estudios que determinen el efecto de la contaminación minera por metales pesados y mercurio en la salud de las personas y pueblos expuestos, ajustar el marco jurídico sectorial minero e hidrocarburífero acorde al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como la derogación de la Ley 979 que permite la construcción de una carretera por el Tipnis.

La indígena dijo que es necesario adecuar la Ley 450, implementando la intangibilidad de los territorios y la prohibición de actividades extractivas, por el alto riesgo de etnocidio de pueblos indígenas, además de establecer protocolos urgentes en caso de avistamientos o contactos accidentales.

Para el derecho a defender los derechos humanos recomendó dejar sin efecto la Ley 351 y su Decreto Reglamentario para alentar el derecho a defender derechos humanos y la naturaleza.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

27 Septiembre 2019

La X Marcha Indígena por la Chiquitanía que exige la declaración de desastre en la zona de la Chiquitanía, llegó hoy a la comunidad Quitunuquiña, cerca del municipio San José de Chiquitos, tras 11 días de caminata.

El alcalde de San José de Chiquitos, Germaín Caballero les dio la bienvenida y aseveró que sus demandas son justas. La marcha prevé ingresar al municipio mañana.

150 indígenas que partieron de San Ignacio de Velasco el 16 de septiembre con la marcha denominada: “Gran décima marcha de las naciones indígenas contra las leyes y decretos que destruyen nuestra casa grande”.

Además de la declaratoria de desastre los marchistas piden la abrogación de la Ley 741 y el Decreto Supremo 3973 que autorizan los desmontes y en contra de nuevos asentamientos en su territorio.

Los Chiquitanos prevén llegar a la capital de Santa Cruz en 10 días más y sumar a otros ciudadanos que apoyen el pedido.

El fuego en esta región del país ya ha consumido cerca de 3,5 millones de hectáreas de área forestal, parques naturales y pastizales.

Redacción: Leo.com      

Fuente: Agencias

 

 

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