Santa Cruz de la Sierra
24 Enero 2020

Cientos de residentes bolivianos hacen filas en el Consulado en Buenos Aires, Argentina, para realizar el trámite de empadronamiento en el marco de las elecciones generales del 3 de mayo.

Muchos acudieron desde la madrugada y hasta la tarde no fueron atendidos. Denunciaron que el sistema para realizar el empadronamiento es obsoleto y que la cantidad de funcionarios es mínima con relación a los residentes que intentan hacer el trámite.

Desde el Consulado anunciaron que atenderán a todos los residentes bolivianos, pese a que el horario es de 8:00 a 16:00.

Tras la hora de cierre de esas oficinas, la fila conformada por cientos de bolivianos permanecía. El consulado informó que brindará atención a puertas cerradas, pero exclusivamente para el trámite de empadronamiento.

En las elecciones del 20 de octubre, anuladas por fraude, el expresidente Evo Morales obtuvo 78.226 votos, lo que representa el 82,52% de los 98.458 ciudadanos bolivianos que acudieron a las urnas en ese país.

Según datos proporcionados por el Cónsul General, Alberto Pinto, el empadronamiento en Argentina se realiza con normalidad desde el pasado sábado 18 de enero y continuará hasta el domingo 26 de enero de 2020.

Redacción: Leo.com                                                                                                                            

Fuente: Agencias

22 Enero 2020

A decir del director nacional de la AEV, Alberto Melgar, que llegó a Sucre este miércoles, se identificaron que varias viviendas fueron construidas en lugares inapropiados, como en terrenos sin sanear el derecho propietario, otras alejadas de los servicios básicos.

Agregó que la actual administración de la Agencia Estatal de Vivienda sigue su curso con auditorías de manera paralela y anunció que este año se incrementará el número de construcción de viviendas sociales, de 17.000 a 20.000.

Redacción: Leo.com                                                                                                                            

Fuente: Agencias

24 Febrero 2017

El flamante gerente de la Caja Nacional de Salud (CNS), Juan Carlos Meneses, confirmó que existen irregularidades en la compra de la clínica Los Ángeles de Sucre, que debía ser convertida en un hospital de tercer nivel.

El caso ya fue denunciado por el exgerente Juan Alfredo Jordán, quien denunció que había un sobreprecio de 7 millones de bolivianos en la compra de este inmueble.

La CNS compró la clínica Los Ángeles en 2016 por 87 millones de bolivianos, sin embargo, el departamento jurídico de esta entidad recomendó romper ese contrato al encontrar indicios del sobreprecio.       

Meneses informó que el 22 de febrero visitó Sucre y constató que la Clínica no cumple los parámetros para ser de tercer nivel Y ni siquiera de segundo nivel. Aseveró que el hospital está en “total deterioro”.     

Asimismo, aseveró que después de revisar el proceso de contratación se halló “varios vicios” administrativos. El caso fue remitido a la unidad de auditoría para realizar un informe preliminar.

“Los diferentes vicios identificados aparentemente han sido digitados desde instancias superiores. Con el proceso de auditoría se identificarán a los diferentes responsables”, dijo,

Meneses reveló también que se estableció una reunión con los dueños del inmueble, pero se pudo detectar que “hay intereses de por medio”.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: Erbol

 

08 Julio 2016

La defensa de Juan R.C., discapacitado acusado de violación., identificó al menos 15 irregularidades y vulneraciones a los derechos del acusado, que van desde la aprehensión sin orden hasta la ausencia de prueba de la comisión del delito.

Según relata el abogado Franklin Vargas, lo central es que el acusado es parapléjico de la cintura para abajo, lo que le impediría cometer el delito; la víctima tiene una discapacidad intelectual que le impediría emitir un testimonio con noción de tiempo y espacio, mientras que el único testigo es ciego.

“Desde su derecho al acceso a la justicia, el derecho a la defensa, el debido proceso legal como establece la norma, la accesibilidad para personas con discapacidad, son algunos de los derechos del señor Juan R. C. que hasta el momento han sido vulnerados”, explicó Vargas.

La Constitución Política del Estado en su artículo 180 hace referencia a que la justicia se fundamenta en los principios de transparencia, honestidad, legalidad, accesibilidad, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez, entre otros.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece que para que este grupo acceda a la justicia, ya sea en condición de víctima o de imputado, se deben hacer ajustes razonables e inclusive modificando procedimientos, para que se tenga igualdad de condiciones y se garanticen los derechos.

 

A continuación se citan las irregularidades identificadas por la defensa en orden cronológico:

  1. El arresto del acusado, realizado el 29 de junio, es ilegal porque no hay orden de aprehensión.
  2. Tampoco hay un abogado que lo defienda en la aprehensión.
  3. Durante ocho horas fue sometido a fuerte presión psicológica y a pedidos para que él mismo se autoincrimine en el hecho.
  4. No existe un estudio que determine la violación porque el estudio médico forense señaló que no se pudo determinar la comisión del delito por no existir indicios biológicos a causa de los días trascurridos
  5. La presunta víctima tiene un grado de discapacidad mental severo, del 78%, lo que le impediría identificar tiempo y espacio.
  6. La supuesta víctima pone la huella digital en una declaración que no pude ni leer, por su tipo de discapacidad.
  7. El único testigo, Willy Góngora, tiene 80% de discapacidad visual y refiere que le contaron el hecho.
  8. No se aceptó realizar una valoración neurológica para determinar si fue posible que el acusado haya cometido el delito ya que, según el estudio realizado por el Ministerio de Salud para otorgarle el carnet de discapacidad, cuenta con el 61% de discapacidad física grave y está inmovilizado de la cintura para abajo.
  9. No se aceptó el pedido tanto de la defensa como del informe médico forense, para que se ejecute una valoración psicológica a la víctima.
  10. Cuando se realizó la entrevista a la víctima, no se cumplieron con las formalidades legales, ya que se debió contar con la presencia de especialistas que determinen si sus declaraciones tenían relación con la realidad, ya que debido a la discapacidad mental de la presunta víctima no tendría noción de tiempo ni espacio como para poder relatar un suceso de esa magnitud.
  11. Actualmente solo el Ministerio Público tiene acceso a conversar con la víctima.
  12. La defensa presentó ante el juez un audio donde se establecería que el único acusador y la víctima sostenían una relación de amistad, pero éste no fue tomado en cuenta.
  13. Juan tiene derecho a la presunción de inocencia, pero éste no fue tomado en cuenta por el juez que lo envió a la cárcel.
  14. El acusado no cuenta con antecedentes penales ni policiales, aspecto que tampoco fue tomado en cuenta.
  15. En las cárceles no existen condiciones para acoger a una persona con discapacidad, donde Juan debe sobrevivir como puede.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: ANF

 

24 Mayo 2016

Abogados del país califican de irregular, la calidad de detención en la que se encuentra Eduardo León, desde hace varios días.

Coinciden en señalar que no se estaría respetando lo establecido por el Código Procesal Penal, al mantenerlo aprehendido, durante seis días, mientras que la norma oficial solo establece una aprehensión de 24 horas hasta que se realice la audiencia de medidas cautelares.

El jurista León es acusado por cuatro delitos, entre ellos asociación delictuosa y trata de personas, después de defender a Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, por temas intrafamiliares.

Molestia. El abogado defensor de León, Ricardo Maldonado, indicó a El Día que la detención de este estaría aplicándose fuera de norma, considerando el tiempo transcurrido en donde no obtiene ninguna respuesta. "Lo tienen en condición ilegal, la norma dice que en 24 horas debe haber audiencia y al doctor León lo tiene de aquí para allá dilatando su caso, perdiendo el tiempo mientras él sigue tras las rejas", dijo

A su turno, el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, remarcó que se estaría cometiendo una ilegalidad al mantenerlo en detención al jurista, irrespetando los derechos constitucionales que este tiene en el libre ejercicio de la abogacía.

"Se debe librar su libertad irrestricta, no es responsabilidad de un abogado la presentación de pruebas. Gracias a la ineptitud de la Fiscalía y la parte acusadora tiene que sufrir el detenido. Nosotros estamos solidarios con el colega y seguimos en estado de emergencia", precisó.

Acciones. En la misma línea se manifestó el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Cabrera, quien anunció que hoy terminarán de redactar una notificación informativa del hecho para enviar además de al Ministerio de Justicia y a las autoridades del órgano judicial, al Relator Especial de Principios Internacionales sobre independencia y responsabilidad de jueces abogados y fiscales de las Naciones Unidas, para hacer conocer los problemas y persecución de los que se ven afectados. "A este paso los abogados tenemos que pensar dos veces antes de asumir una defensa, más aún si se trata contra alguna autoridad del Gobierno. Parece que existe una firme intención de mantenerlo detenido, se está evidenciando un manejo formalista indiscriminado", lamentó el representante de los juristas.

Espera. Ayer debía llevarse a cabo la audiencia de acción de libertad, en la ciudad de Oruro; sin embargo, el juez Franco Sanabria, se excusó de conocer el recurso interpuesto por Eduardo León.

Con esta excusa ya son tres los jueces que no quieren tratar el caso de León; la primera fue la jueza de La Paz, Margoth Pérez, el segundo hecho fue presentado por el juez de El Alto, Javier Chaca. Por lo que ahora deberá esperar nueva fecha y hora.

Redacción: Leo.com.bo
Fuente: El Día

 

14 Abril 2016

Siete fiscales de materia, inmiscuidos en procesos disciplinarios por diferentes irregularidades, fueron destituidos en las últimas horas, por resolución jerárquica emitida por el fiscal general, Ramiro Guerrero.

“Victoria Fuertes Flores, Magalí Mirtha Gonzales Ríos, Lenny Rojas Panoso, Miriam Gloria Pacheco Herrera, Julio Cesar Guerrero Arraya, Carlos Fernando Acosta Quispe y Olivia Marce Fernández fueron destituidos del cargo que desempeñaban”, informó la máxima autoridad del Ministerio Público.

Guerrero señaló que la determinación fue tomada en el marco dentro la sustanciación de procesos disciplinarios. Los destituidos cumplían funciones en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí y Pando.  

“Este es un claro mensaje que desde la Fiscalía General estamos luchando contra la corrupción”, expresó.

Las razones para la destitución están referidas a incumplimiento doloso de las instrucciones o circulares recibidas, inactividad injustificada de actos investigativos por 30 días o más, incumplimiento doloso de plazos que dé lugar a la extinción de la acción penal, o la preclusión, deserción o pérdida de recursos de apelación restringida o casación.

Asimismo, resoluciones indebidas o insuficientemente fundadas, con el fin de perjudicar o beneficiar a una de las partes.

“La gente que va a la Fiscalía no debe pagar ni un centavo y si algún funcionario público le cobra, debe denunciarlo inmediatamente para que el peso de la ley caiga sobre ese mal servidor público”, sostuvo Guerrero.

Otro de los aspectos que la ciudadanía debe exigir es el cumplimiento de plazos en los procesos. “Si se evidencia incumplimiento, se debe denunciar de manera rápida y sin ningún temor”, finalizó.

Redacción: Leo.bo

Fuente: Erbol

 

07 Septiembre 2015

El director jurídico del Ministerio de Autonomías, Javier Zúñiga, dijo que 38 ONG y fundaciones declaradas “irregulares” debido a que en un año de trámites no lograron el reconocimiento de su personería jurídica, no pueden realizar transacciones financieras en los bancos del país.

En declaraciones a ANF, Zúñiga dijo que tanto la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) como el  Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) deberían comunicar a todos los bancos que las ONG y otras entidades sin fines de lucro deben presentar su resolución ministerial de personería jurídica para realizar cualquier transacción financiera.

Las 38 afectadas no cuentan con esa resolución y deben empezar sus trámites “desde cero”. Zúñiga dijo que otras 290 están cerca de ser declaradas también “irregulares” debido a que se acerca el plazo de un año sin que hayan logrado obtener su personería.

El gobierno aprobó en 2013 la ley 351 de Otorgación de Personerías Jurídicas, que le permite al gobierno disolver a cualquiera de ellas sin orden judicial y las obliga a establecer en sus estatutos que pueden ser liquidadas por el Ejecutivo y que éste asumiría todos sus bienes. La Defensoría del Pueblo han presentado ante el Tribunal Constitucional  una demanda de inconstitucionalidad, porque la ley afecta el derecho de libre asociación, protegido por la CPE. Las NNUU han criticado la ley y respaldo los argumentos de la Defensoría. El Tribunal todavía no se ha pronunciado.

Redacción: Leo.bo

Fuente: ANF

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