Santa Cruz de la Sierra
La estrella del oriente

La estrella del oriente

Write on Miércoles, 20 Marzo 2019

“Hay esa posibilidad”, dijo ayer miércoles la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Cristina Choque, quien aseguró que la Sala Plena analiza  reducir la participación en las elecciones del 20 de octubre, de los compatriotas que residen en el exterior.

“Será decisión de Sala Plena analizar la situación del número de países” declaró  Choque a radio Compañera. Y cuando se le consultó que si  ¿existe la posibilidad de reducir el número de países donde votan los ciudadanos bolivianos?,  la presidenta del TSE respondió: “sí hay esa la posibilidad”.

En las elecciones generales del 2014, el TSE informó que 272.058 compatriotas fueron habilitados para votar en 33 países del exterior.

En el referéndum constitucional del 2016, para decidir sobre la repostulación del presidente Evo Morales, 258.990 compatriotas estuvieron habilitados para a emitir su voto.

“Ahora estamos en 11 países y cuatro ciudades levantando el empadronamiento permanente. A esto se sumará el empadronamiento masivo en los países donde Bolivia tiene consulados”, argumentó la presidenta del Tribunal Electoral.

 Para las elecciones nacionales del 6 de diciembre de 2009, unos 169.096  bolivianos fueron los inscritos en países como: Argentina, Brasil, España y Estados Unidos.

Por su parte, representantes de los bolivianos que radican en Argentina expresaron el miércoles su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de fijar para el 20 de octubre de este año las elecciones generales, una semana antes de los comicios argentinos. “Si coincidía hubiese sido imposible que podamos nosotros, los bolivianos, ejercer el derecho al voto, porque todas las escuelas iban a estar implicadas en la elección nacional argentina, también lo que conlleva la seguridad, la logística”, dijo Leandro Ruiz, residente boliviano.

Argentina y Uruguay concurrirán a elecciones generales el próximo 27 de octubre. 

Write on Miércoles, 20 Marzo 2019

El Gobierno emitió el Decreto Supremo 3837, mediante el cual posterga por 30 meses el inicio de la operaciones de la Gestora Pública como administradora de pensiones de jubilación. Es decir, hasta septiembre de 2021.

La Gestora debía comenzar a operar en junio de 2016, pero el Gobierno lo postergó 15 meses. En 2017 tampoco se pudo iniciar, por lo cual se dio otros 18 meses. Ahora, en 2019, la Gestora tampoco está lista para administrar las jubilaciones, por lo cual se amplió el plazo 30 meses.

El ministro de Economía, Luis Arce, apuntó la responsabilidad por la demora a la empresa contratada para desarrollar el software que usará la Gestora para administrar las pensiones. La compañía es la Sysde de Panamá.

Precisó que la empresa encargada del software debía entregar 83 productos, pero al momento solo entregó 28; debía entregar 890 adecuaciones normativas, pero sólo presentó 75; además debía completar el 100% de la migración de datos y llegó a más de 90%.

Señaló que en esas condiciones no se podrá iniciar  con la Gestora en la administración de pensiones desde abril, como se quería. 

Están evaluando sanciones a la empresa. 

Agregó que la situación tal vez sería mejor si los mismos funcionarios fuesen los encargados del software.

Arce explicó que las dos AFP, Previsión y Futuro, tiene sistemas distintos, y que la intención de la Gestora es tener uno solo para la administración. Además, sostuvo que las empresas privadas siguen haciendo gran parte de su trabajo de manera manual, y que la intención de la Gestora es que todo sea automatizado.              

El ministro aclaró que la Gestora está trabajando en la administración de la Renta Dignidad y el Fondo de la Renta Universal de Vejez.

Con la COB firmaron acuerdo para ampliar el plazo y reunirse “por tiempo y materia”, para considerar ajustes a las normativas para mejorar el rendimiento de los aportes de trabajadores.

 

 

erbol

Write on Miércoles, 20 Marzo 2019

Resoluciones de asentamiento y posicionamiento de tierras fiscales serán entregadas a 18 comunidades en el municipio de San Miguel de Velasco,  en Santa Cruz, informó, ayer, Juan Carlos León, director del Instituto Nacional De Reforma Agraria (INRA), en conferencia de prensa. 

“Mañana (jueves) la Federación de Campesinos y las centrales se están organizando para que ingresen 18 comunidades en tierras fiscales que son atribución exclusiva del Gobierno central, asimismo, se entregarán cinco nuevas resoluciones, que benefician a 150 familias que se asentarán en 1.700 hectáreas”, precisó la autoridad. 

León aclaró que esos asentamientos no vulneran, ni avasallan las reservas forestales, reservas municipales, ni las concesiones forestales de esa región.

El director del INRA explicó que inicialmente se entregaron las resoluciones a 69 comunidades de diferentes organizaciones, entre ellos campesinos e interculturales, de los cuales 38 no pudieron cumplir con su asentamiento en las tierras fiscales otorgadas por el Gobierno, “por diferentes motivos”, entre ellos entredichos de parte de autoridades y gente del municipio, por lo que, León pidió “comprensión”. 

De esas 38 comunidades pendientes, se pudo alcanzar acuerdos conforme a la normativa de asentamientos, con el objetivo de que esas familias “puedan mejorar su calidad de vida”, expresó el representante del INRA.  

“Que quede claro que la administración y distribución de tierras fiscales son de competencia exclusiva del nivel central. En ese sentido, queremos que la población sepa que las comunidades que ingresan mañana al municipio de San Miguel, lo  hacen de manera pacífica y con autorización del Estado, como corresponde”, precisó León. 

A su turno, el ejecutivo de la Federación de Campesinos de Santa Cruz, Adolfo León, aseguró que ese sector respeta las áreas de reserva y privadas.

“Nuestro sector nunca ha vulnerado ninguna propiedad privada y para ingresar a una tierra fiscal se ha seguido el procedimiento que manda la ley (...), el objetivo es garantizar la seguridad alimentaria en zonas productivas”, subrayó.

En la actividad prevista para esta jornada, estarán presentes, además de representantes del INRA, personeros del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Pedro Damián Dorado.  

 

 

mabel pericon

Write on Miércoles, 20 Marzo 2019

Como Octavio Díaz Morales, de 39 años, fue identidentificada la segunda víctima del fatal accidente que se registró en la carretera a Camiri.

El director de la  Unidad Operativa de Tránsito, Richard Cordero, dijo que Díaz era el conductor del minibús.

La autoridad explicó que el cuerpo fue encontrado en la parte trasera del bus, se pensó que podía ser un pasajero que quedó atrapado entre las llamas, sin embargo testigos mencionaron que el minibús estaba vacío.

Debido a que el cuerpo estaba calcinado era difícil  identificarlo, además que sus documentos se quemaron. Sin embargo su esposa logró reconocerlo por la hebilla del cinturón que estaba medio quemada, comentó el hermano del occiso, Santos Díaz.

Señaló que ellos  tenían la esperanza de hallarlo con vida en alguna clínica, sin embargo su esposa decidió apersonarse a la morgue para ver los restos de la ropa que quedaban de él y es así que identificó la hebilla de su cinturón. El hombre era el sustento de su hogar, deja una cuantiosa deuda, ya que había sacado un crédito en una entidad bancaria de 15.000 dólares para comprar el minibús con el que estaba trabajando todos los días. Al margen de ese préstamo tiene otro de $us 5.000 que era para abrir un restaurante de comida para que lo administre su esposa, sostuvo Santos Díaz.  La familia está muy preocupada por estas deudas ya que serían $us 20.000 los que adeudan a dos entidades financieras. El cuerpo del hombre fue velado en su domicilio ubicado en la zona Barrio Lindo, kilómetro 17 de la carretera a Camiri y por la tarde le dieron cristiana sepultura en un cementerio de la zona. 

Sobre el tema, la comandante de la Policía de La Guardia, Cristina García, indicó que fue el motociclista quien impactó contra el minibús y se produjo la explosión que ocasionó el incendio. Dejó en claro que hubo una invasión de carril por parte del motociclista y que aún están investigando si llevaba los bidones de gasolina que indican los testigos y para ello revisarán cámaras de seguridad de los surtidores  cercanos a la zona del accidente.  

 

 

 

 CAROL SUAREZ MELGAR

 

Write on Miércoles, 20 Marzo 2019

El ministro de Justicia, Héctor Arce, informó ayer que la ciudadana brasileña que fue víctima de violación de parte de policías en una cárcel de Rurrenabaque ya recuperó su libertad.

Según la información del ministro, la mujer fue liberada ayer en la tarde y fue acompañada por gente de esa cartera de Estado a su audiencia judicial. Además, Arce aseveró que la víctima recibirá protección integral del Estado.

“En la tarde de hoy la súbdita brasileña presunta víctima de violación ya recobró su libertad y asiste a una audiencia judicial en Trinidad Beni acompañada de la Viceministra y dos Directores del Ministerio de Justicia. Será protegida integralmente por el Estado”, señaló Arce a través de su cuenta de Twitter.

Ayer, Arce anunció que una investigación logró verificar que existen varias irregularidades en el caso que se siguió en contra de la joven por una denuncia de robo, por lo que fueron anulados los obrados del proceso. De hecho una de las denuncias es que la ciudadana brasileña fue condenada sin presencia de un abogado de defensa.

El diputado de oposición Yerko Núñez hizo público el caso de reiteradas violaciones a la joven por parte de policías. Además se reveló que por las vejaciones quedó embarazada y fue obligada a abortar.

Los policías Juan Q. T., Mario E. Q. Q., Lucio A. C., Luis A. B. M., Eddy T. C. A., Roberto C. R. B., Omar A. A. M. y Elizeo C. B. guardan detención preventiva por la presunta comisión del delito de violación y Amparo Y. L. P. fue imputada por encubrimiento del abuso sexual y se benefició con medidas sustitutivas a la detención.

El martes, un juez de Rurrenabaque anuló el proceso y ordenó la libertad de la ciudadana brasileña, tras verificarse que existieron varias irregularidades para el dictamen de su condena por una denuncia de robo. Por seguridad, la joven brasileña fue trasladada el sábado a la capital del Beni, Trinidad, porque sus supuestos agresores fueron recluidos en la carceleta de Rurrenabaque. 

 

 

 oxigeno.bo

Write on Miércoles, 20 Marzo 2019

Jazmani Torrico Lecrere, al abogado conocido por extorsionar y torturar a sus víctimas, habló ayer tras más de un mes que fue traslado de la cárcel de El Abra, Cochabamba a Chonchocoro, de La Paz. Prestó sus declaraciones ante un juez cautelar por formar parte de una red de corrupción y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados.

Con la sonrisa en los labios y en tono sarcástico, luego de su audiencia, el ‘abogánster’ conversó con los medios de comunicación. Negó ser líder de una organización criminal y se atribuyó a que todo lo que la gente conoce de él y se vio en las imágenes, lo hacía de forma particular.

“No me justifico, en ningún momento me voy a justificar, pero debería hacerse algo. Vuelvo a decir de una u otra manera le he exigido que le pague al señor René su dinero. Pero se debe aprender que ciertas conductas tienen ciertas consecuencias, esa es la realidad. Ahora ¿bueno o malo el método? es más rápido que un juicio civil, porque el otro ha pagado en dos días su deuda, lo que no le daba la gana de pagar en dos años”, declaró Torrico.

El 18 de enero, el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, acusó al calificado como un ‘aboganster’  de liderar un organización criminal, a tal punto que si le secuestraban el CPU del estudio jurídico en Cochabamba, Leclere & Asociados “ temblaría el Órgano Judicial y la Fiscalía”.

“No niego absolutamente nada, si me dan la oportunidad de ir a un juicio oral y voy hacer mi planteamiento desde el punto de vista legal (…). Debo negar que soy líder de una organización criminal, eso sí,  yo asumo mi responsabilidad como está en el video de manera individual e independiente”, sostuvo Torrico.

El juez 2do Anticorrupción determinó que el abogado, permanezca con detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz.

El pasado mes de enero se filtraron dos videos en los que se observa al abogado torturando y amenazando a dos personas, por separado, por supuestas deudas que las víctimas tenían con sus clientes. Además del sindicado, participan en los ultrajes sus presuntos cómplices. 

 

 

 urgentebo / oxigeno.bo

Write on Miércoles, 20 Marzo 2019

La Alta Comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció que las fuerzas de seguridad venezolanas, respaldadas por milicias progubernamentales, han reprimido la disidencia pacífica con uso excesivo de la fuerza, muertes y torturas que han sido documentadas por su oficina.

“Estoy muy preocupada por el debilitamiento de la democracia, especialmente por la continua criminalización de las protestas pacíficas”, aseguró la chilena. Y agregó: “En el contexto de la última ola de protestas en todo el país contra el Gobierno, en los primeros dos meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones a los derechos humanos y abusos por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales -los ‘colectivos armados’- incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, amenazas e intimidaciones”.

En la comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la ex presidente de Chile citó denuncias de que la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) había ejecutado a 37 personas en enero en Caracas en redadas ilegales en casas de zonas pobres que apoyaban a la oposición.

Bachelet, además, pidió al régimen de Venezuela que garantice a los expertos de su oficina que actualmente están en ese país el acceso a los lugares y personas que elijan, sin represalias contra los entrevistados.

“Un equipo técnico de mi oficina se encuentra actualmente en el país y considero que esta es una primera medida positiva”, destacó Bachelet en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, donde señaló que “es esencial que el equipo tenga acceso sin restricciones”.

También pidió que no haya represalias “contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos”, sin dar detalles sobre las personas con las que su equipo contacta.

La misión técnica está en Venezuela para estudiar una posible visita de Bachelet, ya que el Gobierno de Maduro le ha extendido una invitación, pero el organismo de Naciones Unidas quiere asegurarse de que tendrá libre acceso a opositores y disidentes.

En su intervención, Bachelet analizó las situación de los derechos humanos en Venezuela durante el último año, período en el que según la ex presidente chilena continúa habiendo una grave crisis que “constituye, además, un inquietante factor de desestabilización regional”.

“Desde junio de 2018, el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente”, subrayó Bachelet, quien destacó que las autoridades venezolanas “se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos”.

Añadió que su oficina continúa investigando las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, con al menos 205 muertes atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en 2017 y otras 37 sólo en las protestas del pasado enero, coincidiendo con la juramentación del líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela.

“La mayoría de estas muertes se han producido según un patrón similar, ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada”, explicó Bachelet.

“También me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela”, subrayó la alta comisionada, quien denunció que la “ley contra el odio” aprobada por el régimen en noviembre de 2017 se ha usado arbitrariamente contra periodistas, dirigentes de la oposición y disidentes. 

 

 

INFOBAE.COM

Write on Miércoles, 20 Marzo 2019

Las empresas de Donald Trump cobraron 1,3 millones de dólares de la propia campaña de reelección del presidente estadounidense desde su llegada a la Casa Blanca, transfiriendo así dinero de los donantes al bolsillo del magnate. 

Así lo asegura una información publicada ayer miércoles por la revista financiera Forbes con base en una revisión de los informes de gastos de la plataforma para las elecciones de 2020.

La mayor parte de ese dinero ha ido a parar en concepto de alquileres a Trump Tower Commercial LLC, la compañía con la que el presidente controla su participación en la Torre Trump de la Quinta Avenida de Nueva York.

La campaña para la reelección de Trump ha pagado más de 800.000 dólares a esa sociedad, a los que se suman otros 225.000 dólares por renta abonados por el Comité Nacional Republicano en coordinación con la campaña, según Forbes.

Además, también han recibido decenas de miles de dólares otras empresas del Grupo Trump, incluido su negocio de restaurantes y otra sociedad inmobiliaria que controla varios edificios residenciales en Nueva York.

Según Forbes, no está claro a qué corresponden algunos de estos pagos, pues esos inmuebles aparentemente no están siendo utilizados para la preparación de los comicios de 2020.

Las normas electorales estadounidenses permiten a los candidatos dirigir dinero de sus campañas a sus propios negocios, siempre que paguen precios de mercado por los bienes o servicios en cuestión.

En 2015, cuando se lanzó a por la Casa Blanca, Trump insistió en varias ocasiones en que iba a usar su propio dinero para financiar la campaña electoral, algo que hizo de entrada, invirtiendo 50 millones de dólares .

 

 

INFOBAE.COM

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